Detrás de la guerra en Colombia (Ensayo) (Spanish Edition)

by Ariel Ávila

•Secuestro de venganza: el secuestro y asesinato de autoridades públicas, no solo tuvo una motivación de cálculo militar y político, también fue una venganza

Con las entrevistas que se realizaron quedaba claro que durante un tiempo del proceso de paz de La Uribe, las Farc pensaron que sí se podía hacer la paz y creyeron en esa posibilidad. Por ello, varios de sus cuadros fueron a hacer política y a la gran mayoría los asesinaron.

En diferentes medios de comunicación se han calificando estas retenciones como secuestros, pero desde el DIH, es decir desde un punto de vista técnico, son capturas en combate.

La idea era crear zonas seguras, sin guerrilla en las ciudades y en las partes centrales del país. Y en la periferia hacer una guerra permanente de desgaste, esa guerra de desgaste fue la parte complementaria o la otra cara de la contención.

La tercera línea consistía en una gestión de cifras. Se trataba de dar golpes a los GAI que fuesen de tipo acumulativo, hasta llevar a su desintegración.

Por último, debía emprenderse una “guerra mediática” encaminada a quitarle la legitimidad a las guerrillas. Se llegó incluso a hablar de una guerra contra el terrorismo y se negó el concepto de conflicto armado. Además, se buscaba crear una imagen de las guerrillas, principalmente de las Farc-EP, basada en eliminar cualquier idea positiva en el exterior.

Por ello, se realizaron acciones tendientes a cortar lo que se denominaba la red internacional de las Farc-EP, sus redes políticas, entre otras. A la vez, dicha estrategia le permitía a Uribe controlar y neutralizar la oposición democrática a su gobierno.

Sobre el papel la Política de la Seguridad Democrática se basaba en los principios de la cohesión social, confianza inversionista y la seguridad en general. Esta estrategia en lo operativo se tradujo en una gran máquina de propaganda y polarización social.

Lo cierto es que gran parte de esta nueva estrategia se encaminaba a la irregularización de las Fuerzas Armadas colombianas, al menos en gran parte del campo operativo.

Este debate también nos lleva a una pregunta más pertinente y es determinar qué fue lo que agregó la era Álvaro Uribe a la estrategia de transformación y modernización militar. La respuesta es simple y es que por primera vez involucró todo el aparato estatal, y no solo la fuerza pública, al combate de los GAI, en particular a los grupos guerrilleros.

Este factor, si bien trajo consecuencias desastrosas en términos de derechos humanos, política interna, garantías para la oposición, logró limitar en varias zonas del país el accionar de los grupos guerrilleros.

Esto significa que el objetivo de la PSD no era destruir las guerrillas, aunque así se vendió públicamente, sino tirarlos hacia zonas apartadas y desde allí desarrollar una estrategia de contención.

La siguiente estrategia fue la acelerada profesionalización de la fuerza pública, que se desarrolló bajo cuatro factores rectores descritos en el documento de lanzamiento de la PSD.

La PSD se acompañó de la creación de una amplia red de cooperantes, que sobre el terreno significó el involucramiento de la población civil en el conflicto armado colombiano.

Se reclutaron en las zonas guerrilleras centenares de soldados y se les puso a operar en los territorios donde habían nacido. Cada 15 días se les regalaban mercados para las familias y de ahí en adelante se trataba de poner en contra a la comunidad de las guerrillas.

En el caso del departamento de Arauca se habilitó el estadio de fútbol para albergar los presos que se capturaban bajo esta figura, un año más tarde el 90 % quedaban libres por falta de pruebas. El daño que se hizo al movimiento social fue increíble.

Las Farc antes, durante y después de la Zona de Distensión se acostumbraron a mover grandes contingentes de tropa, en una sola marcha podían mover hasta mil guerrilleros, como en ese momento lo hicieron en varias lanchas.

De tal forma que al final de la Zona de Distensión se crearon cerca de 4 frentes, y 17 estructuras móviles en todo el país. A la postre, estos reclutados que entraron en medio de la efervescencia del poderío que demostró las Farc-EP en el Caguán, serían los primeros en desertar una vez iniciada la ofensiva de la fuerza pública

La ofensiva militar desarrollada en el departamento de Cundinamarca, desde el 6 de junio hasta el 31 de diciembre del 2003, permitió neutralizar el denominado “Plan Estratégico” de las Farc-EP, que consistía en tomarse el centro del país, bloqueando a Bogotá.

cuando los frentes del occidente de Cundinamarca, el 22 y el 42, fueron destruidos casi en su totalidad, los paramilitares de alias el Águila lanzaron operativos contra estas dos estructuras de manera simultánea. Es decir, todo parece indicar que hubo acciones coordinadas entre las AUC y las Fuerzas Militares.

La Política de Seguridad Democrática logró controlar los centros de producción y comercialización legales del país y las vías principales de comunicación. Pero no hubo derrota militar y tampoco resquebrajamiento de las Farc-EP.

Así las cosas, las Farc-EP se apostaron en sus zonas históricas y no recibieron golpes importantes. Sin embargo, fueron desalojados de los centros de comercialización y producción.

El tercer golpe se dio en los alrededores de Medellín. Allí, el frente urbano Jacobo Arenas fue prácticamente desmantelado con la operación Orión que coordinó el jefe paramilitar alias don Berna y las Fuerzas Militares, en una de las historias más oscuras sobre las operaciones militares.

fue apresurada como en Cundinamarca, pero la lógica era sencilla: las Farc-EP cedían territorio a cambio de lograr tiempo para reacomodarse.

Sin embargo, al analizar las diferentes regiones donde operó el grupo guerrillero se podría concluir que las Farc-EP nunca estuvieron tan debilitadas como se dijo en el segundo mandato de Álvaro Uribe, pero su salida del centro causó un impacto en la percepción.

hasta 2006. Sin embargo, el cese significó una reducción de la violencia masiva, pero las acciones contra la población civil, organizaciones sociales y sindicales continuaron, pero de forma selectiva. Además, disputas internas entre los paramilitares incrementaron fuertemente la violencia en varias regiones del país, como en Meta y Casanare.

las AUC mataron a Marta Lucía Hernández, directora del Parque Tayrona, quien se oponía a la titulación fraudulenta de predios

En abril de ese mismo año, las AUC mataron a su propio jefe, Carlos Castaño, y la negociación siguió como si nada.

En julio de ese mismo año se encontró una avioneta con cocaína, atribuida a Ernesto Báez. Durante todo el cese hubo evidencia abundante de que las AUC seguían en el negocio del narcotráfico. Y nadie se levantó de la mesa.

En febrero del 2005, paramilitares de Urabá y miembros del Ejército masacraron a dos familias en La Resbalosa, San José de Apartadó. Entre otras cosas, degollaron a los niños. Pero nadie se levantó de la mesa (Ruiz, 2013).

Eligieron cerca del 40 % del Congreso de la República en 2002, centenares de alcaldes, concejales y gobernadores. Si bien la presente tesis se refiere a las estrategias de la guerra, todo parece indicar que la cooptación del Estado fue un estadio superior de un proceso que tenía a la violencia como estrategia primera.

Edward Gibson escribió hace algunos años uno de los textos más relevantes para entender los efectos políticos de estructuras armadas y políticas en un territorio.

En casos de existencia de estructuras criminales y grupos armados organizados se pueden transformar en verdaderas dictaduras locales.

La tercera estrategia es la parroquialización del poder, lo que en esencia significa aislar los debates regionales y locales del orden nacional.

Se podría decir que en varias regiones los grupos armados sirvieron como guardias pretorianas, para líderes políticos y económicos.

Lo que se conoce como la parapolítica hace referencia a las relaciones que se establecieron entre la clase política, mayoritariamente local y regional, con grupos paramilitares cuyo objetivo fue capturar la representación política y las funciones públicas por medio del posicionamiento de agentes políticos y funcionarios públicos en instituciones nacionales, locales y regionales (López

Es decir, a excepción de algunos casos puntuales, no surgieron figuras públicas nuevas. De lo que se trató fue de la consolidación de élites viejas, que aprovecharon esta unión con paramilitares para destruir la oposición política.

El proceso de descentralización administrativa derivada de la Constitución de 1991, no logró crear una organización social estable y fuerte.

los intentos de democratización a nivel local y regional llevaron a que las élites regionales acudieran a los grupos paramilitares para evitar perder el control estatal. El principal ejemplo fue la masacre de la Unión Patriótica:

Llegó a ser tan rentable el control de la administración pública que durante la consolidación paramilitar, 1998-2003 se crearon una serie de municipios como Sabanas de San Ángel y Coveñas en Sucre,

bajo la evidencia recogida en 6 años de investigación (Romero, 2003), se ha logrado determinar que se presentó una situación diferente en Colombia, pues fueron agentes legales, la clase política tradicional en las regiones, quienes buscaron estructuras armadas ilegales para mantener su influencia en la distribución del poder local, regional y nacional.

Para el año 2006 la situación no cambió, las estructuras que se habían visto fortalecidas por los acuerdos con los grupos paramilitares se consolidaron en el 2006 (A.

De fondo hay dos conclusiones hasta este punto. Por un lado, no hay una relación proporcional entre violencia y presencia de organizaciones ilegales. El sentido común diría que donde había alta violencia y luego disminuye abruptamente es porque la situación institucional mejora y, por ende, hay un éxito de las políticas de seguridad del Estado. Mientras que donde la violencia es alta, todo va mal. Pero lo que nos enseñó el fenómeno paramilitar es que las caídas abruptas en la violencia son producto de la dominación de una sola organización criminal.

el territorio es una renta que vincula lo legal y lo ilegal, donde en diferentes zonas pueden convivir regímenes de regulación social, uno legal y otro ilegal, pero ambos con grados altos de aceptabilidad a la población. Por

Efectivamente las zonas de mayor control paramilitar muestran una concentración alta de partidos investigados, la tabla anterior aplica para las elecciones de 2006.

En el interior de las AUC y en la propia clase política los debates sobre las relaciones que debían establecer con la otra parte fueron acalorados y no todos estuvieron de acuerdo con lo que se produjo.

Esta situación se presentó en todo el país: las guerrillas en las zonas rurales y las cabeceras urbanas controladas por las AUC.

Estas dos congresistas Pineda y Arias fueron las primeras en ir a la cárcel, obviamente por ser recién llegadas al mundo político no tenían redes de protección.

Ernesto Báez o Jorge 40, prefirieron la alianza con políticos tradicionales.

Jorge 40 era de la élite del Cesar, se conocía de infancia con todos los políticos tradicionales.