Pedro Cayuqueo's Blog, page 61

Crisis y tensiones del Estado Nación: el repliegue del sentido común

Gran variedad de conflictos políticos contemporáneos remiten a una imagen recurrente y potencialmente catastrófica: la gran tensión a la que está sometido el Estado Nación. Formas diversas de nacionalismo en el mundo tienen efectos contradictorios frente a él: fortaleciéndolo, por ejemplo en el caso del nacionalismo ruso impulsado por el Presidente Vladimir Putin; generando resultados contradictorios en el caso del Presidente Donald Trump, quien, con un liderazgo chauvinista y personalista, debilita la institucionalidad republicana estadounidense; o erosionando su legitimidad para construir un Estado nuevo e independiente en el caso de Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya.

Sin embargo, es justo recordar que el Estado como forma predominante de organización política tiene una larga historia de resilencia, pues irrumpió históricamente después de la Paz de Westfalia en 1648 para no dejar de expandirse y transformarse. De hecho, ha mudado sus formas y configuraciones institucionales, ha visto el desplazamiento de los grupos que ejercen el poder institucional y ha adaptado las modalidades de reproducción ideológica que favorecen su continuidad en el tiempo mediante diferentes narrativas (parafraseando a Esping-Andersen, “diversos mundos”). Pensemos en las diferentes adaptaciones mediante reformas políticas en la segunda mitad del siglo XIX en Chile que transformaron un Estado presidencialista y de sello conservador, organizado por la Constitución de 1833, en uno liberal y de orientación laica, conciliando esta forma institucional renovada con el proyecto de la elite dominante en aquel momento. De modo que la fortaleza y capacidad de adaptación a diferentes contextos históricos de esta institución no puede negarse.

Asumiendo esta robustez, la crisis del Estado se explica precisamente por inadecuación o envejecimiento de las instituciones, pérdida de hegemonía de la élite política o debilidad del proyecto histórico que encarnan. Si lo propio en la historia del Estado ha sido la adaptación ¿por qué entonces el tono catastrófico y lapidario que se observa en las críticas frente al papel que hoy juega?

En los comienzos, el número de Estados fue equivalente solo al conjunto de las monarquías europeas. Desde las primeras décadas del siglo XX su cantidad aumentó, pasando desde alrededor de 50 a aproximadamente 190 a fines del mismo siglo. Parece improbable que el crecimiento de la cifra de Estados Nación continúe durante el siglo XXI, entre otras razones por los elevados costos de transacción y gobernanza del sistema internacional. La mayor tensión en este punto consiste en la oposición entre un sistema internacional cosmopolita versus un sistema estructurado en base al interés unilateral de los estados. Incluso en la Unión Europea, frente a la intensidad del fenómeno migratorio, las élites han constituido bloques políticos con orientación xenófoba, reactiva y euroescéptica como el Movement for a Europe of Nations and Freedom, integrado por partidos de la nueva derecha como el Partido de la Libertad en Austria, Vlaams Velang en Bélgica, Vox en España, Amanecer Dorado en Grecia, la Liga Norte en Italia y el Frente Nacional en Francia.

 

Aunque no es posible conocer las últimas implicancias de las tensiones y crisis que afectan al Estado, sí podemos identificar algunas de sus manifestaciones concretas:

Primero, una crisis de estructuras de intermediación (principalmente partidos políticos) que en la mayor parte de los casos se acompaña del desplazamiento de los “partidos de masa” por “partidos atrapa todo” carentes de plataformas programáticas históricas. Al menos, desde inicios del siglo XX el Estado se desarrolló en el contexto de una democracia con partidos políticos capaces de organizar, movilizar y generar sentido común en la ciudadanía. Contemporáneamente, las colectividades tradicionales poseen una popularidad decreciente, cumpliendo una función de representación en una lenta e irreversible agonía. Perversamente, los nuevos partidos juegan a ganar adhesión ciudadana utilizando un discurso antipolítico o “impolítico” (como diría Pierre Rosanvallón), fundado en el desprestigio de los actores tradicionales. Si esta narrativa del “escándalo” permitirá profundizar la democracia es todavía un enigma. Aunque, a primera vista y analizando los datos de confianza y apoyo a la democracia que proveen las encuestas de opinión pública, no será así.

En seguida, se advierte una segunda capa de la crisis del Estado asociada a un desequilibrio institucional de las normas establecidas frente a los cambios sociales y culturales más relevantes. Así ocurre, por ejemplo, con la presidencialización de la democracia, la radicalización del pluralismo y la proliferación de episodios de “nacionalismo centrífugo” en las últimas décadas.

Si durante algunos períodos el conflicto de clase constituyó un eje fundamental de la democracia, desde fines de los ´80 las democracias en buena parte del mundo, especialmente aquellas recuperadas desde la experiencia del autoritarismo, se caracterizaron por la representación de intereses colectivos transversales a las clases. Actualmente, no existe el optimismo generado inicialmente con la perdida de centralidad del conflicto de clases. Por el contrario, cada vez más se analiza el pluralismo en tono problemático, debido al debilitamiento o destrucción del sentido común en las democracias. No es casualidad que en el conflicto entre independentistas catalanes y el gobierno español, que puede ser leído como un enfrentamiento entre “nacionalismo centrífugo” (Generalitat) y “nacionalismo centrípeto” (Gobierno español), se hable al presente de recuperar el “seny” (palabra que en el hablar popular catalán podría traducirse como sensatez, cordura o sentido común).

Asimismo, una tercera dimensión de la crisis corresponde a la evolución de la subjetividad política en las últimas décadas. Este fenómeno ha producido un conjunto de síntomas como por ejemplo el paso de una democracia de partidos a una democracia de audiencias, definida por un descentramiento de los espacios de formación de creencias sociales. Precisamente, la pérdida de control del Estado sobre los procesos de reproducción social hace posible la exacerbación de algunas patologías de la democracia, como la gestión ciudadana de las demandas sociales al margen del Estado (informalidad política), tan habituales en América Latina en expresiones como el clientelismo y la narcodemocracia; y la irrupción de partidos, coaliciones, grupos de presión y movimientos construidos sobre la base de creencias que dificultan la coexistencia dentro del Estado. En el caso del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, reconocido por buscar la supresión de la Eurozona y su lucha contra la “invasión de extranjeros”, ha aumentado su respaldo electoral desde 4,7% en 2013 a 12,6% en 2017, convirtiéndose en la tercera fuerza política a nivel federal después de la CDU y el SPD.

Parece ser que esta última dimensión de la crisis del Estado, referida a la subjetividad política y las creencias sobre lo público y lo institucional, escapa a cualquier reflexión sobre la coyuntura, conduciendo más bien a un razonamiento sobre el futuro del proyecto civilizatorio democrático liberal, amenazado por concepciones espontáneas respecto del orden social. Si la crisis del Estado se explica por factores ligados a la reproducción social y una cultura basada en el orden espontáneo, efectivamente el Estado podría caminar hacia el abismo. En esta hipótesis, el Estado generaría las condiciones de su propia destrucción por pérdida del cemento normativo básico que lo hace posible. Si no es así, el problema consistiría en reconstruir el contrato que otorga legitimidad al Estado en sociedades caracterizadas por desgaste del sentido común, fragmentación valórica e intolerancia.

 

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¿Cuán público es el gasto del Estado?

Durante la semana pasada se llevó a cabo el Stewart Meeting de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés) en Washington, uniendo representantes de las economías de 20 países, delegados del Fondo Monetario Internacional, de la OECD, del Banco Mundial y de organizaciones de la sociedad civil como el Open Knowledge Network, el Open Contracting Partnership, las fundaciones Gates y Ford. Y desde Chile, el Observatorio del Gasto Fiscal.

Junto con compartir los últimos avances en apertura fiscal, la preocupación de los asistentes no era sólo la publicación de datos, sino el fomento de su uso. Más que mal, ¿de qué sirve la rendición de cuentas si no llega a la ciudadanía? Los portales de datos abiertos y visualizaciones se están poniendo de moda, no obstante, su bajo uso frustra a varios Ministerios de Hacienda a nivel mundial. Ellos saben que la letargia por parte de la ciudadanía es un desafío cultural: después de pasar gran parte de la evolución humana sin tecnologías, democracias o información útil y abierta, el súbito acceso a datos no provoca inmediatamente entusiasmo, sobre todo porque aún no están las competencias requeridas para usarlos.

Un error que comúnmente se está cometiendo es el lanzamiento de datos abiertos sin considerar las necesidades de los usuarios. ¿Lo que se publica en contenido es lo que requiere la sociedad civil y la academia? En respuesta, el GIFT Meeting tuvo una conclusión principal: para la solidez de nuestras democracias, es esencial conectar mejor la oferta de datos abiertos con su demanda, cambiando el paradigma de “publicar por publicar”, con la publicación de “mejor información”.

Aparte de este desafío estructural, se revisaron los avances regionales en transparencia fiscal. El Gobierno de EEUU presentó la web “Open Spending” como resultado del “Data Act” que establece estándares de calidad y publicidad para los datos del gasto. Uruguay mostró su portal de datos abiertos, vinculando presupuesto e indicadores de desempeño con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. También crearon cuentas contables adicionales, para identificar en cada momento el gasto relacionado con la equidad de género, y pronto el gasto en infancia. Colombia también expuso los avances de su portal de datos abiertos, incluyendo mapas con el gasto sub-nacional, actualizadas 24 horas después de su ejecución.

México fue el más aplaudido por acercar datos de gasto a sus ciudadanos, entre otros por un diplomado online que enseña cómo ejercer control sobre el gasto público, con más de 17 mil personas inscritas. Además, su portal de datos abiertos integra información de desempeño a los datos financieros, condición que permite analizar la eficacia y eficiencia del gasto público. Aun así, no todo lo que brilla es oro: desde el Ministerio de Hacienda mexicano reconocieron que lo que se mide como desempeño del gasto nacional todavía debe afinarse mejor, considerando mucho más las voces de usuarios.

Mientras tanto, en Chile, la información de desempeño todavía ni siquiera se vincula al Presupuesto. De lo contrario, los indicadores de monitoreo existentes no se usan ni como input para la Ley de Presupuestos, ni para gestionar mejor los procesos de la gestión pública; tampoco pasan por una validación de usuarios. Más allá de ello, la ejecución presupuestaria se sigue publicando recién a 30 días de sus ejecución, en archivos fragmentados de poca profundidad y precisión.

Sobre este escenario, hay que celebrar el reciente anuncio de la DIPRES de publicar pronto una primera versión de datos abiertos del gasto público. Aun así, también está claro que nuestro país seguirá estando atrás en la región en materia rendición de cuentas del gasto público – a menos que la próxima administración ponga énfasis en estos temas, venciendo desde el centro de Gobierno las voces que siempre dicen “no se puede”.

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En la carrera contra el hambre, nos alejamos de la meta

*Esta columna fue escrita junto a Pablo Aguirre, asesor de la oficina FAO para América Latina y el Caribe

El 15 de septiembre se dio a conocer el informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”, publicación conjunta de cinco organizaciones de las Naciones Unidas, incluida la FAO.  El estudio presenta numerosos resultados y análisis en diversas dimensiones e indicadores, pero el mensaje es uno: tras una larga tendencia a la baja en los niveles de hambre en el mundo, hoy estamos en retroceso.

Se estima que 815 millones de personas sufren hoy hambre, lo que corresponde a un aumento de 38 millones respecto al año anterior. Este es un retroceso inaceptable, en especial si recordamos que hace solo dos años, los países del mundo asumieron una meta central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: eliminar el hambre del planeta al 2030.

Complementando el anterior informe, la FAO y la Organización Panamericana de la Salud, han publicado recientemente el “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2017”. El mensaje central es el mismo: también en nuestra región estamos perdiendo terreno en la batalla contra el hambre.

Comparando con la última medición, 2.4 millones de personas han caído en condición de subalimentación. En total, 43 millones de personas en América Latina y el Caribe sufren el flagelo del hambre. En siete países, más del 15% de la población está en esta condición: Antigua y Barbuda, Estado Plurinacional de Bolivia, Granada, Guatemala, Haití, Nicaragua y Santa Lucía.

Si proyectamos sin cambios las tasas más recientes de reducción del hambre, sólo ocho países alcanzarán la meta de Hambre Cero en el 2030: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Uruguay. Es decir, hay que hacer un mayor y un mejor esfuerzo para llegar a la meta comprometida.

Brasil, Cuba y Uruguay lideran los progresos hechos contra la subalimentación y Chile, Argentina, y México son parte del grupo de países avanzados. Todos ellos tienen menos de 4.2% de su población carente por subalimentación. Sin embargo, varios de estos han entrado en una etapa en que el avance es más lento, justo cuando la meta está ya al alcance de la mano. Desde 1990, México solo ha reducido la incidencia del hambre en 2.5 puntos porcentuales, y Argentina apenas en 1.7.

Países como Nicaragua y Bolivia representan otra realidad. Son naciones en las que los niveles de hambre son altos, superiores al 17%, pero lo importante es que están haciendo bien las cosas y avanzan rápidamente en la dirección correcta. Destacamos el caso de Nicaragua, con una impresionante reducción de 35 puntos porcentuales desde 1990. Bolivia también se mueve a buena velocidad en la dirección adecuada, disminuyendo el hambre en casi 16 puntos porcentuales desde 1990.

Podemos identificar un tercer grupo de países, donde el problema empeora respecto al último año. Costa Rica, con 5.6% de su población sufriendo de subalimentación, es uno de los países con mejores cifras, pero el problema ha aumentado recientemente.

Antigua y Barbuda, Granada, Perú, Santa Lucia y Venezuela, han también retrocedido en comparación con el 2016 y, en el último caso, de manera significativa. El reciente retroceso de Perú se debe considerar a la luz del hecho de que este país tiene una trayectoria exitosa de largo plazo, pues ha disminuido el hambre en 22 puntos porcentuales desde 1990, lo que lo deja país con solo 8% de incidencia de subalimentación.

Dadas las tendencias resumidas anteriormente, ¿cuáles deben ser las estrategias para que en el año 2030 podamos declarar que América Latina y el Caribe es una región libre de hambre, como lo comprometieron nuestros líderes políticos?

En países como Guatemala o Haití, que aún cuentan con un alto porcentaje de su población con hambre, es necesario desplegar una estrategia amplia y transversal, es decir, que cubra casi cada rincón de sus sociedades. El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC o la Iniciativa Mesoamérica sin Hambre, contienen propuestas basadas en las mejores y más exitosas experiencias regionales. Estos países, pero especialmente Haití, requieren de la cooperación internacional, la que para ser fructífera debe ser acompañada de una voluntad política nacional fuerte y de largo plazo, superando la lógica humanitaria y amarrando la reducción del hambre a la promoción del desarrollo sostenible.

En países que ya tienen la meta a la vista, pero que aún no pueden cantar victoria, la estrategia básica que ha funcionado en décadas anteriores, debe ser ajustada.

Estos países entran a la etapa más dura de la lucha contra el hambre, la que persiste en bolsones sociales y territoriales de pobreza profunda, donde factores como las debilidades institucionales, las desigualdades étnicas y de género, la exclusión social, o el aislamiento geográfico, hacen que las políticas habituales, sean menos eficaces.

Es como el alpinista que busca llegar a la cumbre del Everest: el esfuerzo en los últimos 500 metros, es mucho mayor que el requerido en las etapas anteriores, y para alcanzar la meta debe recurrir a estrategias especiales. Desde la FAO proponemos que se identifiquen con precisión los bolsones sociales y territoriales del hambre, país por país, y, para cada uno de ellos, se diseñe un programa hecho a su medida.

Hay un factor, sin embargo, que es el más importante en cualquiera de los países. América Latina y el Caribe solo podrá anunciar que es una región libre de hambre en el 2030, si es que nuestros líderes políticos, sociales, empresariales, todos y cada uno de nosotros, hacemos realidad la convicción de que tener poblaciones hambrientas en una afrenta a nuestra propia dignidad y una marca vergonzante que no estamos dispuestos a tolerar.

 

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Donald Trump y el acuerdo nuclear con Irán: ¿momento de quiebre en la Arquitectura Nuclear Global?

Hoy la Arquitectura Nuclear Global está enfrentando profundas tensiones. No solo es la cuestión del Programa Nuclear de Corea del Norte; sino que, además, la reciente amenaza del presidente Donal Trump, más allá de las razones sostenidas para esto,  de revocar el acuerdo alcanzado con el gobierno de Irán para detener su programa nuclear; pacto que fue logrado durante el período de la presidencia de Barack Obama.

El acuerdo llamado Plan de Acción Conjunto y Completo firmado, en 2015, entre Irán y China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, se sostiene sobre la base de la verificación y no sobre el de la confianza. Lo central se orientó a detener el programa nuclear iraní considerado de carácter no pacífico.  El acuerdo tuvo como punto medular el que Irán se comprometió a no producir uranio altamente enriquecido y eliminar 2/3 de las centrífugas. A cambio, las Naciones Unidas levantaron las sanciones contra Irán.

Son, fueron y serán precisamente estas situaciones las que han empujado al desarrollo de una Arquitectura Nuclear Global. Esta fue conceptualizada en 1953 con el famoso discurso Átomos por la Paz pronunciado, en la Naciones Unidas, por el entonces presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower; momento en el que también se inicia la Guerra Fría y se afianza la organización del sistema internacional sobre la base de la destrucción mutua asegurada (MAD en su sigla en inglés). Lo central del discurso, ya habiéndose concretado el estatus nuclear militar de la Unión Soviética, no fue la eliminación del arsenal existente, sino que la correcta administración del mismo (quienes podían y quienes no podían acceder a la tecnología nuclear con objetivos militares). La institucionalidad de la arquitectura se inicia, en 1957, con la creación de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Desde entonces con tratados, acuerdos y convenciones se ha trabajado, principalmente, para evitar la proliferación y avanzar en el desarme nuclear.

Los resultados, más allá de las críticas de la efectividad o no de la arquitectura nuclear, han sido importantes. Efectivamente, por sobre la histórica discusión sobre por qué unos Estados poseen armas nucleares y otros no las pueden poseer, la arquitectura ha sido capaz de contener la proliferación nuclear dejando que hasta hoy solo 7 países se sumaran a los dos iniciales, estos dos primeros responsables de la proliferación estratégica y latente. De este modo, estos nueve países, son efectivamente considerados con desarrollo, conocimiento y tecnología nuclear con objetivos militares: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Los cinco primeros son parte del Tratado de No-Proliferación y Desarme y los otros cuatro no.   

Sin embargo, al igual que como lo ha sido desde 1957, hoy la actual arquitectura se enfrenta a situaciones que están presionando hacia una nueva etapa de alta complejidad en la problemática que representa la existencia de las armas nucleares. En otras palabras la posibilidad que el número de países con este tipo de armamento aumente y, con ello, que el número de armas nucleares también lo haga es una posibilidad cierta.

De este modo, el nuevo proceso de consolidación del presidente de China, Xi Jinping; la renaciente Rusia del presidente Putin, el proceso de ascenso de India (y su tensión con Pakistán y China), el programa nuclear de la República Democrática de Corea del Norte y, con la misma fuerza que estas variables, las declaraciones del presidente Donald Trump en relación a aumentar el número de armas nucleares y el anuncio de declarar “sin valor” el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, solo están debilitando la existente Arquitectura Nuclear Global.   

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Acortar la prisión preventiva: hacia un debate de fondo

Reiteradamente, en lo profesional y en lo académico, hemos sostenido que la única persecución penal eficiente es la que se realiza en la forma más enérgica posible, respetando plenamente las garantías de todas las personas inmersas en ella. Ahora bien, usando los términos del Tribunal Supremo Penal Alemán, no se debe olvidar que existe una “obligación del estado de derecho a una persecución penal efectiva”. De lo anterior se colige que no es una mera facultad ni depende de un arbitrio la represión sistémica de los delitos. En esa misión, el actual sistema penal se ha demostrado superior a la antigua justicia criminal, un diagnóstico ampliamente compartido, salvo en el caso de los delitos contra la propiedad, donde persisten serias deficiencias. Todos los operadores del sistema relevan la necesidad de mantener tal rendimiento, pero buscando solucionar los errores o deficiencias de la aplicación práctica de las normas procesales penales. En tal sentido, se ha instalado en el debate público la eventual necesidad de reformar las normas sobre la prisión preventiva.

En primer lugar, pensamos que una reforma exclusivamente dirigida a “intervenir” los plazos en que puede imponerse y mantenerse la prisión preventiva resulta innecesaria y puede conducir a inconsistencias normativas. En efecto, el Código Procesal Penal contempla facultades de los jueces penales para revisar de propia iniciativa esta medida cautelar, tanto cuando hayan transcurrido seis meses sin debate sobre ella -incluso pudiendo sustituirla por otra medida, según el art.145 CPP-, como cuando se haya alcanzado la mitad de la pena probable a imponer, teniendo, además, la facultad de hacerla cesar si estiman que no subsisten los motivos que la justificaron.

Las medidas cautelares van en contra de la presunción de inocencia, pero todas las naciones, con más o menos matices, las establecen y mantienen, para lograr los fines del procedimiento, dar protección a la víctima o testigos o evitar otros males. Y su legitimidad, en gran medida, deriva de la irrestricta necesidad de “jurisdiccionalidad” en su imposición y de la publicidad del procedimiento. En otras palabras, no puede privarse a alguien de su libertad o restringirla, sino por orden de un juez, en un proceso público y contradictorio y jamás por parte de una autoridad administrativa.

Establecido que las medidas cautelares y la prisión preventiva son necesarias, creemos que el foco del problema debe centrarse en reformas de fondo. En primer lugar, el sistema de cumplimiento de penas y, sobre todo, el Código Penal están obsoletos. Ese cuerpo legal es anterior a la Guerra del Pacífico y contiene graves desproporciones en las sanciones que contempla. Y, en el caso de ciertos delitos, considerando las altas penas que se establecen, prácticamente se fuerza a los jueces a decretar el encarcelamiento provisional y a los fiscales a solicitarlo. Por otra parte, la ineficacia de los medios de monitoreo electrónico deviene en que, salvo casos todavía numéricamente excepcionales y por la vía de una condena firme, no exista la medida de vigilancia electrónica del imputado que se busca cautelar.

Para ponerlo en claras palabras, creemos que es tiempo de reformas en serio, meditadas, democráticamente debatidas y de carácter orgánico, más que cambios de parche o nuevas cortas agendas.

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Nueva educación pública y desafíos del próximo gobierno

El 3 de octubre el Congreso Nacional aprobó la ley de Nueva Educación Pública, conocida coloquialmente como desmunicipalización. En ella se crean 70 Servicios Locales de Educación (SLE) que se pondrán en marcha gradualmente entre el año 2018 y el 2030. Estos servicios locales gestionarán y apoyarán a las escuelas públicas actualmente a cargo de los municipios. La ley también trae consigo un aumento de recursos para financiar al personal de los servicios locales y la Dirección Nacional de Educación Pública, que coordinará a estas entidades.

La puesta en marcha de esta nueva ley, que corresponderá en la práctica al próximo gobierno, requerirá un amplio tiempo de maduración para la instalación de los SLE—por las contrataciones e infraestructura necesaria—y posteriormente llegar a la operación en régimen. A esto se le debe añadir que la NEP tendrá que interactuar con la Ley de Inclusión y, muy especialmente, con la Ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Gestionar los vasos comunicantes y crear sinergias prácticas entre estos cuerpos legales será uno de los principales desafíos que enfrentará la siguiente administración.

La reforma estructural al sistema escolar realizada por este gobierno, con las tres leyes mencionadas, llaman a que en el futuro próximo gobierno el énfasis gubernamental se centre en fomentar una gestión que priorice el funcionamiento de esta nueva estructura en vez de intentar realizar nuevas reformas estructurales. Hay tres aspectos en los que la nueva administración debe centrarse.

En primer lugar, es necesario un cambio cultural para que cualquier medida ponga al centro a los niños y niñas y se pregunte cómo esta ayuda a mejorar las posibilidades de desarrollo integral de nuestros estudiantes.

En segundo lugar, se requiere profesional la gestión en los SLE para salvaguardar lo pedagógico y disminuir las cargas administrativas sobre las escuelas. Esto implica que los SLE deberían estar al servicio de las necesidades de los estudiantes y las escuelas, conteniendo el peso de la inmensa cantidad de procedimientos burocrácticos que establecen las más de cien leyes a las que están sujetos los establecimientos educativos.

En tercer lugar, otro cambio cultural importante, consiste en cambiar la tesis de la mejora por la competencia por una de la mejora por la colaboración al interior y entre establecimientos. Se trata de un elemento contracultural después de 37 años de competencia entre escuelas por matrícula y Simce, además de los altos niveles de desconfianza en el país. Por ello será necesario poblar la gestión de metodologías probadas de colaboración para la mejora, pues apelar solamente a la buena voluntad de las personas involucradas para aprender a colaborar para construir más oportunidades para los niños será una receta para acumular tropiezos.

Finalmente, el próximo gobierno deberá priorizar en la gestión efectiva del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la Ley de Inclusión y de la Nueva Educación Pública. Al país no le convendría que cada nuevo gobierno, después de todo el esfuerzo realizado por el Ejecutivo y el Congreso Nacional, quiera deshacer lo que hizo el anterior. Esto no habla de un país con políticas públicas serias con visión de Estado y de largo plazo.

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Los desafíos hídricos de la nación

En los tres últimos años se ha abierto decididamente la polémica sobre la gestión de los recursos hídricos en el país. Para ser riguroso, tal vez debiera fijar el inicio del debate, ya más estructurado, con la aparición de la “Política nacional para recursos hídricos” publicada por el gobierno de la Presidenta Bachelet en enero de 2015. Desde luego, hay esfuerzos anteriores por plantear el tema. Entre ellos posiblemente el más completo es el trabajo de la Comisión de Aguas del Instituto de Ingenieros de 2012 “Hacia una gestión integrada de recursos hídricos”. Cabe destacar que en 2010 el Colegio de Ingenieros en su publicación “Proyecto País Etapa III”, que revisaba los desafíos nacionales en temas que iban desde “mujer y trabajo” hasta “energía nuclear”, pasando por biotecnología y digitalización, no consideró el tema hídrico como una de las áreas estratégicas de preocupación en el horizonte a 2025.

Es decir, el tema hídrico, su distribución entre usos alternativos y la gestión del recurso pasó en engrosar la agenda de políticas públicas solo en los últimos años y, me atrevo a postular, a raíz de la sequía que aquejo al país a partir los años 2010-2011. Notablemente, durante una de las sequías más prolongadas y profundas que ha experimentado nuestro país, ninguna de las grandes aglomeraciones urbanas sufrió cortes o racionamiento de agua como había sido la práctica habitual en episodios de sequía anteriores.

Con esto no pretendo ignorar que, en varias zonas rurales, especialmente de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, ha sido necesario abastecer de agua a muchos hogares con camiones aljibe. Pero lo que esa experiencia demuestra es que agua hay en el entorno de esos hogares y lo que no se ha resuelto es el tema de cómo abastecerlos debidamente. Por lo demás, cuando las instalaciones se construyen bien y son bien gestionadas, el costo del agua entregada por cañería directamente a las casas es muy inferior al costo de entregarla en camiones aljibe. Por lo tanto, en estos casos hay una evidente ineficiencia que nos conviene corregir.

La escasez del recurso hídrico ha pasado a ser un dato. Más aún, las proyecciones nacionales e internacionales muestran que para nuestro país el agua fresca será cada vez más escasa básicamente porque con el proceso de cambio climático que está experimentando nuestro planeta, en la zona centro sur de Chile precipitará entre 30 y un 40% menos de lo que considerábamos “normal” hasta antes de la última sequía.

Esta menor precipitación ira acompañada de una elevación de la temperatura ambiental y, en consecuencia, la isoterma cero (altura a la cual la lluvia se convierte en nieve) estará a mayor altura. Esto último es importante porque al acumular menos nieve en la cordillera, el agua fluye más rápidamente hacia el mar con lo que las nieves dejan de ser un reservorio natural de agua para el período estival. Adicionalmente, las reservas de agua, en cualquier forma, serán menores porque al aumentar la temperatura también aumenta la evaporación, efecto no despreciable sobre los cuerpos de agua y nieve. No escapará a la atención del lector que esta combinación de factores hará que los glaciares disminuyan de tamaño y con ello el agua acumulada, como ya está ocurriendo.

Por el lado de la demanda, los usos “consuntivos”, en agricultura, industria, minería y humano tenderán a aumentar junto con el aumento de la producción y el crecimiento de la población. El consumo de agua dulce se reparte entre estas actividades aproximadamente en las siguientes proporciones: agricultura 81%, industria 7%, minería 6% y consumo humano otro 6%. A pesar que sobre estas cifras hay consenso, la verdad es que son estimaciones ya que no tenemos cómo medirlo, sobre todo en el sector agrícola. Además, el consumo no se reparte uniformemente a lo largo del territorio nacional. En la zona Norte el 85% del consumo de agua fresca lo realiza la minería. En cambio, en la zona sur la minería representa un 3% del consumo de agua fresca.

Tampoco tenemos buenas estimaciones de la oferta de agua. Todo lo que hay son estimaciones y cálculos educados. Especialmente importante es el poco conocimiento de las aguas subterráneas donde hay grandes diferencias entre los expertos. La Dirección General de Aguas del MOP, acaba de publicar el primer Atlas del Agua 2016 donde no hay datos de la oferta de agua y sólo hay estimaciones de los usos. Incluso algunas mediciones de las precipitaciones tienen más de 15 años. Un importante primer paso para conocer mejor el recurso y su disponibilidad, pero indicativo también de lo mucho que queda por hacer para entender lo que tenemos y los desafíos que enfrentamos.

Por la diversidad climatológica y geográfica de nuestro país, en primer lugar, necesitamos contar con información de calidad y oportuna sobre cada una de las 101 cuencas existentes en el país. La información debe incluir la disponibilidad de agua y también su uso, el que debe ser medido por una entidad imparcial que dé garantías a todos los interesados que los usos son los apropiados. Así se podrá administrar el recurso de una manera racional y asignar los derechos de uso de agua apropiadamente. El tema de la falta de información es tan serio que en la Política Nacional de Recursos Hídricos se puso en primer lugar de importancia.

En segundo lugar, necesitamos tener un criterio acordado de distribución. Las Naciones Unidas ha incluido el acceso al agua fresca y a sistemas sanitarios adecuados como un derecho humano. Ese estándar aún no ha sido incorporado a nuestra legislación y hay mucha preocupación entre los tenedores de derechos de agua, otorgados legalmente, respecto de lo que pueda ocurrir con sus derechos si se modifica el Código de Aguas y la Constitución. La razón es obvia: el precio de una propiedad o el valor de una propiedad minera tienen directa relación con la disponibilidad de agua fresca, aunque recientemente las grandes mineras están usando agua de mar. Relacionado con la distribución, los usos priorizados deben incluir la disponibilidad de agua que permita la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. La vida humana depende de ello.

En tercer lugar, necesitamos mejorar la institucionalidad que rige la asignación y gestión del recurso hídrico. Hoy hay decenas de instituciones que tienen poder de decisión, o de bloqueo de las mismas, en temas hídricos. Un solo ejemplo basta para ilustrar la descoordinación existente: la Política Nacional elaborada por un “zar del agua” priorizó ciertos proyectos de embalses para riego. Sólo un par de esos proyectos están considerados en los programas de inversión de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Todo esto en el mismo gobierno. Los ejemplos de descoordinación son prácticamente ilimitados. Al menos es necesario avanzar hacia la creación de una Subsecretaría de Asuntos Hídricos con capacidad para ordenar las actividades y políticas del sector.

Por último, es necesario dejar al mercado lo que este hace bien. Si se acuerdan los usos prioritarios y se asegura su cumplimiento, en base a acuerdos políticos refrendados en legislación, hay que dejar que los mercados resuelvan los usos productivos del agua. Evidentemente, asegurados los usos básicos (humanos y ambientales) el mercado es el mejor mecanismo para asignar el uso del agua a fines consuntivos. El sistema de precios es un gran incentivo para realizar las inversiones necesarias para conservar y distribuir el agua existente y generar nuevas fuentes, como es desalar. Asimismo, se puede invertir en sistemas de acumulación y de reciclaje de agua, así como en la tecnificación de los sistemas de distribución que en nuestro país son bastante primitivos. Todo esto significa que el agua y su uso dejará de ser gratis para fines productivos. Como se sabe, nunca ha sido gratis para el consumo humano, al menos en las zonas urbanas y podemos argumentar que no falta agua en las ciudades precisamente porque los consumidores pagan por ella y por los sistemas de saneamiento.

Lo que en el año 2010 el Colegio de Ingenieros no incluyó en una larga lista de preocupaciones, hoy se ha convertido en una prioridad nacional. Ojalá tengamos la sabiduría para llegar a un acuerdo razonable y razonado antes de enfrentar una crisis como las que hubo en Australia o California. Sería lamentable que tuviéramos que quedarnos “sin agua” para comenzar a diseñar un sistema que se haga cargo de los desafíos que enfrentamos. No tenemos mucho tiempo. Este será un problema que el próximo gobierno no podrá postergar.

 

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Chile: 10 claves ambientales para un desarrollo sostenible e inclusivo

Chile enfrenta una elección presidencial en la que crecimiento económico y desarrollo social acaparan la discusión pública. No obstante, si el país aspira a transitar hacia un escenario donde el progreso de hoy comporte más prosperidad mañana, es necesario que la dimensión ambiental gane protagonismo en el debate político y ciudadano.

Con ese propósito, el PNUD ha lanzado recientemente 10 claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo, poniéndolas a disposición de las candidaturas presidenciales y la sociedad en general.

El espíritu de nuestra propuesta es claro: la calidad ambiental debe formar parte integral del progreso económico y social. Solo así Chile logrará satisfacer el fin del desarrollo sostenible: generar bienestar humano a corto, medio y largo plazo.

Es innegable que el país ha avanzado en materia ambiental en los últimos años: ha adoptado acuerdos internacionales en ámbitos como cambio climático y biodiversidad; ha fortalecido su institucionalidad y aumentando su presupuesto; ha mejorado el desempeño de sectores y actores claves para avanzar hacia la sostenibilidad.

Más aún: ha sido uno de los primeros países del mundo en identificar sus retos para implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en presentar sus progresos ante Naciones Unidas.

Sin embargo, el modelo productivo chileno sigue generando impactos importantes sobre los sistemas naturales y los bienes y servicios que proveen y, en especial, sobre las comunidades humanas que dependen de ellos. El deterioro ambiental se manifiesta en Chile de manera heterogénea: algunos territorios están expuestos a condiciones mucho más negativas que otros, lo cual amenaza con acrecentar desigualdades y vulnerabilidades.

A ese contexto de avances y retos responden las 10 claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo. Con ellas lanzamos una invitación, decidida y esperanzadora, a consolidar la mirada ambiental en el centro de las decisiones que repercuten sobre el funcionamiento del país.

¿Cómo diversificar la matriz productiva? ¿Cómo hacer de la equidad ambiental un principio activo de las políticas públicas? ¿De qué modo se puede garantizar la disponibilidad de agua en todo el país? ¿Cómo impulsar un cambio cultural y tecnológico para un consumo responsable? ¿Cómo acelerar la transición hacia la energía limpia? Estas preguntas, que impregnan a las 10 claves ambientales y conversan con los retos identificados por Chile como prioritarios para cumplir la Agenda 2030, forman parte de una discusión imprescindible si el país quiere crecer económicamente sin poner en riesgo el bienestar de las siguientes generaciones. De ello surge esta invitación, a las candidaturas presidenciales y a la ciudadanía, a conversar sobre los temas mencionados.

Chile posee el capital social, político, intelectual, económico y natural para abordar con éxito tales interrogantes; es por esta razón que un debate en torno al medio ambiente sólo puede suponer oportunidades y ventajas para avanzar hacia un país más sostenible y donde se viva mejor.

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Un Estado en las nubes

Cuando usted lea esta columna, Carlos Puigdemont, Presidente de la Generalitat, debiera haber respondido la segunda pregunta que le formuló el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Recordemos que, en la novela por entregas en que se ha ido convirtiendo la más reciente etapa del secesionismo catalán, no respondió directamente si declaró o no la independencia a la primera consulta. Por el contrario, optó por irse por la tangente, demandando un diálogo sin condiciones sobre sus aspiraciones de desconexión. Rajoy le respondió que todo lo que tienen que hablar será dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que diga, de una buena vez, si declaró la independencia la semana pasada. Sin señales de rectificación de su parte, todo apunta a que el gobierno intervendrá Cataluña recurriendo al artículo 155 de la Constitución. Dado que el separatismo se ha echado a la calle, decretando el estado de “movilización permanente”, su aplicación está lejos de ser un mero procedimiento administrativo.

El intercambio epistolar, en apariencia curioso, no debiera hacer perder de vista que la situación, calificada como la más grave desde que España recuperara su democracia, salpica también a Europa. El continente, primero con distancia, luego con espanto, ve que el precedente podría servir de contagio por lo que muchos se apresuran a sacar las lecciones del caso.

Un ingenioso tuit de Ignasi Guardans entrega algunas pistas: “España se comunica con el mundo vía embajadas con tradición del siglo XVII. Cataluña usa redes sociales y buenos agitadores locales en todo Occidente”. Efectivamente, el bloque separatista, desde el poder autonómico, ha logrado dominar la cobertura en los principales medios. El actuar de la policía durante el referéndum ilegal del 1-O permitió pasar, de una cobertura centrada en el aspecto territorial a otra, relativa al respeto a los derechos humanos. La rigidez discursiva del gobierno y lo paquidérmico de su aparato se estrelló con una comunicación diferente, mostrando un choque entre paradigmas y donde el relato es tan solo un aspecto. En el caso de la Generalitat, se trata de una utilización eficaz de la tecnología, con Estonia como referente, país modélico en gobernanza digital. Los únicos trámites que requieren presencia física son casarse y divorciarse.

Bernardo Larraín, líder de la Sofofa, ha señalado que le sorprende que la modernización del Estado no sea el tema principal de la campaña presidencial. Las retóricas en referencia, centradas en términos de su mayor o menor tamaño en relación al PIB o a una estructura capturada por los partidos políticos, poco ayudan a ganar votos pero, además, escamotean aspiraciones de fondo como la posibilidad de que Chile se proponga -¿por qué no?- llegar a tener una estructura estatal etérea.

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Gestión y convicción

La derecha enfrenta una oportunidad histórica en las próximas elecciones. La debilidad y la división de sus rivales auguran un triunfo relativamente cómodo en las presidenciales, mientras que en las parlamentarias el panorama también asoma favorable.Hasta ahora, a Chile Vamos le ha bastado con mostrarse ordenado detrás del liderazgo de su candidato para gozar de una posición privilegiada. Si en 2013 tuvo un resultado catastrófico a nivel presidencial y parlamentario, en 2017 abriga la expectativa de recuperar La Moneda y convertirse en la coalición más numerosa en el Congreso.

Como bien aprendió la Nueva Mayoría, una cosa es ganar el poder y otra muy distinta saber usarlo. En el caso de la derecha, la pregunta es si está en condiciones de transformar esos resultados esperables en influencia política duradera o si arriesga dilapidar el enorme capital político que seguramente conquistará. Todo depende de cómo resuelva lo que para ella es un dilema antiguo: ¿De dónde proviene el éxito en la política? ¿De la gestión o de la convicción?

En el gobierno de Piñera primó el criterio de que una buena gestión sería suficiente. En el actual, la cosa fue al revés: mucha convicción y cero gestión. En ambos casos el resultado fue similar: tanto Piñera como Bachelet fueron duramente cuestionados y bastante impopulares.

La enseñanza es que la gestión resulta un requisito imprescindible, pero insuficiente. Se requiere mucho más que indicadores azules y posicionamiento en rankings internacionales; se necesita un relato basado en ideas profundas que provengan de la identidad propia del sector. Solo una autenticidad sin complejos es capaz de entusiasmar y convencer.

Por desgracia, poco de eso asoma hasta ahora. En algún momento se dio en el sector una discusión interesante y se produjeron documentos valiosos que pudieron resultar orientadores. Sin embargo, hoy ya no se escucha nada por el estilo.

La próxima divulgación del programa de la candidatura presidencial del sector permitirá evaluar si la derecha posee una propuesta contundente y distintiva sustentada en convicciones propias o si otra vez cree que una lista de supermercado con ideas de parche es suficiente. Si no ofrece una alternativa verdadera, cambiarán los nombres de los intérpretes y el ritmo al que bailamos, pero la música seguirá siendo muy parecida a la que venimos escuchando desde 2011.

En buena medida gracias a los desaciertos de un gobierno torpe y obcecado, la derecha se encamina sin demasiado esfuerzo a conseguir un triunfo electoral que puede ser tan amplio como inédito. Pero si es incapaz de aprender de sus errores y no se atreve a recurrir al instrumental propio para proponer -sin nostalgia ochentera o noventera- soluciones a los problemas actuales, volverá a conquistar el poder político por cuatro años para seguir cediendo espacios en las cuestiones que definen nuestra convivencia en el largo plazo.

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