Pedro Cayuqueo's Blog, page 134

Soberbios y belicosos

“LA GENTE que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa…”, ésta descripción de Alonso de Ercilla por siglos ha llenado de orgullo a nuestros connacionales, lo que explica que sea por lejos la estrofa más citada de La Araucana. Qué duda cabe que contiene dos adjetivos claramente elogiosos: granada y gallarda; pero los mezcla con otros dos que solo una mirada muy especial podría considerar como elogiosos: soberbia y belicosa. Recordemos que son soberbios quienes se comportan con arrogancia y belicosos los que son agresivos.

¿Somos realmente así? Tradicionalmente los chilenos éramos más bien modestos, opacados, quitados de bulla, en el contexto de un país que realmente no tenía mucho de que vanagloriarse. Primero los éxitos económicos y luego los deportivos han cambiado radicalmente esta situación. Nos pusimos pesados, prepotentes y sobradores. Parece que la sobriedad chilena no era tal, sino solo una máscara fruto de circunstancias adversas.

Y qué hay del otro adjetivo, el de belicosos. Más allá de que los textos de historia se han encargado de machacar nuestras victorias militares, lo cierto es que la agresividad nunca había sido considerada como una característica de nuestro comportamiento público y mucho menos una cualidad, hasta estos últimos años. Día a día esto pareciera ir cambiando, la violencia en el lenguaje, en los gestos e incluso la física, va imponiéndose en nuestras relaciones.

Para comprobar lo primero basta con acceder a cualquier red social o blog, donde algo que no sea un ataque pareciera ser un comentario aburrido o intrascendente. Por otra parte, las manifestaciones de violencia física son cada vez más recurrentes, sobre todo cuando las personas pueden esconderse entre las masas. Ya resulta común leer sobre agresiones de grupos o patotas (recordemos que fue una particularmente inaceptable la que dio lugar a la Ley Zamudio contra la discriminación). A ello hay que sumarle los cada vez más reiterados casos de violencia en los estadios y los niveles descontrolados de vandalismo y destrucción que acompañan prácticamente todas las manifestaciones públicas. Por supuesto, también hemos debido enfrentar casos más agudos de uso de la violencia como instrumento de expresión política.

Lo más grave ahora es que lo que parecía una anomalía que se producía entre ciertos grupos o en determinados contextos, que aún podíamos catalogar como marginales y eran objeto de reprobación pública, corre el riesgo de que se naturalice y se tome incluso el debate político. Al menos por lo visto durante las recientes primarias, la agresividad y las descalificaciones personales parecieran ser hoy mucho más rentables que los planteamientos fundados y la discusión de ideas.

Después de todo, quizás no sea tan malo perder de vez en cuando un partido de fútbol, si de pronto eso nos hace ponernos un poco más humildes. Y puede también que alguna lección positiva saquen los candidatos presidenciales del bochornoso debate de Chile Vamos. Hay que ser optimistas, a ver si en una de esas dejamos de ser tan soberbios y belicosos.

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Sexo sin ley

RECIENTEMENTE un juzgado civil ordenó rectificar la partida de nacimiento de un menor de 5 años, a petición de sus padres, modificando su nombre y disponiendo que su sexo en adelante sea femenino. Ello en base a un diagnóstico de Disforia de Género Infantil emanado de la Unidad de Psicología y Psiquiatría Infantil del SML además de otras pruebas psiquiátricas y psicológicas. En lo jurídico, el tribunal se fundó en los Principios de Yogyakarta, que reconocen el derecho humano de las personas a identificarse con un sexo diferente al asignado al momento de nacer, lo que se conoce como Deseo de Cambio de Sexo (DCS).

Al no existir una ley expresa que resuelva la materia, el juez aplicó la Constitución y concluyó que la marcada identidad de género femenina que presenta el menor es suficiente para abordar el problema y anticiparse a los conflictos y discriminaciones que le impedirían desarrollarse y llevar una vida digna, ordenando inmediatamente la rectificación de la partida de nacimiento.

Sobre esta delicada materia que atañe a una persona menor de edad y con especial respeto a sus padres, que han actuado en su defensa y con incuestionable amor, nos permitimos algunos comentarios. En primer lugar, el Tribunal ordenó el cambio de sexo del menor a petición formal de sus padres, pero en función de la percepción que el propio menor tiene de su sexo. Es éste quien expresa el Deseo de Cambio de Sexo (DCS). El juez, pues, en esta materia parece confundirse y acepta la petición de los padres cuando en verdad lo que está resolviendo es la voluntad del menor, que jurídicamente es incapaz de comparecer por sí mismo ante un tribunal.

En segundo lugar, esta decisión implica, con carácter definitivo, la rectificación de la partida de nacimiento del menor, con lo cual debe emitirse nueva documentación en todas las reparticiones correspondientes, sean de salud, pensiones, educacionales, públicas o privadas, organismos internacionales, policía, servicios electorales, entre muchos otros. La sentencia, pues, produce efectos universales y obligatorios respecto de terceros.

Por otro lado, el proyecto en actual tramitación señala que “se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna del género, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo verificado en el acta de inscripción de nacimiento”. Y agrega que, “toda persona mayor de edad podrá obtener la rectificación del sexo”.

El criterio del legislador en cuanto a optar por la mayoría de edad para rectificar la partida de nacimiento es una señal coherente con la naturaleza del deseo de cambio de sexo, que es una convicción personalísima que debe ser expresada por alguien dotado de voluntad reconocida por el derecho. En el caso de la Disforia de Género Infantil, existen estudios científicos que han puesto de relieve que las condiciones del deseo de cambio de sexo pueden mantenerse o variar, lo que sugiere el mayor respeto al menor y a su inviolable dignidad hasta que pueda expresar su propia voluntad.

En definitiva, el sujeto de protección es el niño o niña, y no las ideologías de género o corrientes de pensamiento divergentes, que a veces sacrifican sin contemplaciones a quienes dicen cuidar.

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La eliminación del Crédito con Aval del Estado

LA SEMANA PASADA , el gobierno presentó una indicación sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) en el proyecto de Educación Superior que se tramita en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y si bien el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dio algunas luces de lo que contendría el nuevo sistema de financiamiento educacional, aún no hay claridad sobre la herramienta concreta que lo reemplazará si se llega a eliminar a partir de enero de 2019. A ello se agrega, la necesidad de conocer el monto total asignado como subsidio fiscal, y cuál será el nuevo mecanismo que permitirá financiar las carreras universitarias de aquellos estudiantes, sobre todo de los deciles 8 y 9.

Sin duda, el replantear y mejorar las políticas públicas es básico para lograr el cometido de un país mejor y con más oportunidades.

Sin embargo, no se puede avanzar en base a presiones, pues cada decisión significa el futuro de la educación en Chile. Así, para poder transitar hacia otra vía, es necesario conocer cuál es el impacto que ha tenido el CAE en estos años. Según los datos entregados por la Comisión Ingresa hace unas semanas, 808.366 estudiantes han cursado estudios con este tipo de financiamiento. Casi 300 mil de ellos ya terminaron sus carreras técnicas o profesionales y del total de egresados en 2016, el 58,8% proviene de familias de los quintiles I y II.

Es más, muchos jóvenes de clase media que no pueden acceder a financiamiento por no ser “elegibles”, utilizan este mecanismo para poder estudiar.

En ese contexto, quienes plantean la eliminación del CAE no reconocen que esa política pública sería extremadamente negativa, pues significaría dejar sin posibilidades a muchos estudiantes – transversales a nivel socioeconómico- que no tendrían otro método para poder matricularse en una Institución de Educación Superior.

Debe considerarse que, desde el punto de vista de los recursos públicos, el CAE permite financiar a muchos más estudiantes de lo que ese mismo monto lograría asignándose a la gratuidad. Debemos considerar también, que vivimos en un país en donde las necesidades son muchas y los recursos escasos.

Con lo anterior, quiero poner sobre la mesa la evidencia de que las modificaciones en una política pública son muy importantes, siempre que contengan cambios y mejoras que apunten a tener educación superior con mayor calidad y equidad.

Un instrumento para eso es centrarnos en dar oportunidades al acceso y continuidad de los estudiantes con problemas para financiar su Educación Superior.

Tomemos el peso de lo que significa tomar acciones en base a un diagnóstico ideologizado, pues las consecuencias pueden ser irreversibles para el desarrollo futuro de la educación en nuestro país.

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Maduro y sus buenas intenciones

La excarcelación de Leopoldo López el pasado sábado 8 de julio, ha tomado por sorpresa a Venezuela y a la comunidad internacional.

Gracias a la medida “casa por cárcel” concedida por el gobierno chavista, López se encuentra junto a su familia tras permanecer tres años y cinco meses detenido en el penal de Ramo Verde, lugar donde fue confinado tras ser declarado culpable del delito de instigación a la violencia el año 2014.

No obstante la alegría que genera la liberación de López en sus seguidores y en la comunidad internacional, es necesario poner especial atención a su trasfondo.

Sí, la liberación de Leopoldo, sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión, supone un importante gesto por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esto teniendo en cuenta que al menos mediáticamente, el dirigente no solo es el más célebre preso político que mantiene el chavismo, sino que también, en la noción colectiva, es quien representa la encarnación del sector más temido y sólido de la oposición.

Ahora bien, según el Tribunal Supremo, la medida fue tomada por razones humanitarias que hablan de la deterioración en la salud de López. Sin embargo, Edith López, tía del dirigente político, descarta que la excarcelación de su sobrino tenga que ver con un factor de salud ya que, tal como consigna al diario El País, “(Leopoldo) se encuentra en perfectas condiciones”.

Siendo así, resulta inevitable dudar de las buenas intenciones de Nicolás Maduro y de paso se manifiestan diversas posibilidades que podrían justificar la liberación del dirigente de Voluntad Popular (VP).

Por un lado, es posible barajar la opción de que el gobierno esté respondiendo a la necesidad imperiosa de aquietar al estallido social que, tras 100 días de movilizaciones en su contra, no solo no ha disminuido su intensidad, sino que también ha dejado un saldo de 91 personas fallecidas y de paso ha abierto grietas insanables en el apoyo del chavismo al Presidente Nicolás Maduro.

Otra de las posibilidades se relaciona con un importante cambio de estrategia. Por un lado, que esta liberación dé señales claras de apertura al diálogo, pero que por otro, no sea más que una forma para ganar tiempo y distraer la atención pública. Lo anterior, con miras a la ejecución de un golpe mayor que se daría con la elección de una Asamblea Constituyente afín al gobierno el próximo 30 de julio. Como consecuencia, este “triunfo” significaría la posterior destrucción de la única “arma” que posee la oposición: la mayoría en la Asamblea Nacional.

Según la ONG Foro Penal, organismo no gubernamental venezolano que actúa en la promoción del respeto a los Derechos Humanos, el número de “presos políticos” que tiene Venezuela en la actualidad asciende a 433, sin embargo, el gobierno no reconoce esa condición, más bien, asegura que se trata de personas que se encuentran detenidas por haber incurrido en graves actos de violencia que nada tienen que ver con política (aun cuando la gran mayoría de los reclusos hayan sido detenidos en manifestaciones contra el gobierno). ¿Qué pasará con estos presos? ¿Tendrá Maduro el mismo gesto “caritativo” que ha tenido con Leopoldo López? ¿Continuará el chavismo dando muestras concretas de querer avanzar hacia las negociaciones?

Tranquilidad. No se debe confundir el regreso de López a su casa con una victoria parcial ni mucho menos como un motivo para bajar los brazos. Es necesario recordar que el “cambio de sede” no implica modificación alguna en su condena y tampoco asegura que no vaya a regresar a la cárcel, como sucedió con el ex alcalde Daniel Ceballos, detenido también en 2014, a quien concedieron el arresto domiciliario durante unos meses, para luego continuar su reclusión en un recinto penitenciario donde aún continúa.

Si bien la lucha de Leopoldo López es loable, la opinión pública y los medios de comunicación deben evitar mitificar su figura y poner su rostro a la resistencia de un pueblo que a diario se manifiesta y pelea por sus derechos. Es por este pueblo, por los 433 presos políticos restantes, por los 91 fallecidos, por el retorno a la paz y a la democracia -y no por Leopoldo López- que la actual movilización debe continuar, dentro y fuera de Venezuela.

Es de esperar que la liberación del líder opositor sea el comienzo de la apertura a un diálogo honesto y profundo, que propicie un cambio en las directrices del gobierno. Que sea un giro asertivo que retome las vías democráticas existentes y recupere las perdidas, un movimiento que beneficie y sane al país, y no otro de los hábiles trucos políticos que acostumbra a mostrar el chavismo cada vez que se ve en situaciones similares: acorralado.

 

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Los resultados de la Alianza del Pacífico

 

*Esta columna fue escrita junto a Cristóbal Kubick, estudiante de economía Universidad de Chile.

En abril del año 2011 se estableció la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Dentro de los objetivos de este acuerdo se encuentran la construcción de un área de integración que avance progresivamente hacia la libre circulación de bienes, impulsar un mayor crecimiento y competitividad de las economías y convertirse en una plataforma de articulación y proyección económica con especial énfasis en el mercado asiático.

A partir del establecimiento de este acuerdo, numerosas actividades se han llevado adelante para la concreción de los objetivos. Entre ellas, en mayo del 2016 se puso en marcha el protocolo comercial que eliminó los aranceles entre estos países para prácticamente la totalidad de los productos transados.

Dentro del análisis económico del comercio internacional, uno de los aspectos que más se estudia es el efecto que tienen los aranceles o las tarifas sobre las exportaciones e importaciones de los distintos países. Existe cierto consenso en la literatura de que la liberalización de los aranceles trae consigo beneficios para todos los países involucrados ya que optimiza la asignación de los recursos. Esto es, las aperturas comerciales traen consigo un aumento de la productividad promedio de las industrias exportadoras (Melitz, 2003), lo que posibilita alcanzar mayores niveles de ingreso. Si bien es cierto que los efectos de los TLC son difíciles de cuantificar, se estima que en el largo plazo se puede llegar a duplicar los volúmenes comercializados entre dos países (Baier y Bergstrand, 2007 y 2009, Santos-Paulino, 2002).

Usando datos recolectados por el Servicio Nacional de Aduanas y datos del Banco Mundial con el detalle del promedio del nivel arancelario de los productos para cada uno de los capítulos del Sistema Armonizado, hicimos el ejercicio de estimar el efecto de la reducción arancelaria de mayo del 2016 sobre las exportaciones chilenas, utilizando el método de diferencias en diferencias.

Los resultados del análisis econométrico sugieren un impacto positivo y significativo de la reducción arancelaria de la Alianza del Pacífico sobre el volumen de exportaciones de los productos tratados, tanto para la fecha de su anuncio mediático como para la reducción misma de los aranceles. La magnitud de los resultados sugieren un impacto entre un 50% y un 60% dependiendo de qué fecha se utilice como tratamiento.

Creemos que los resultados son claves en varios sentidos. En primer lugar, los resultados muestran que la reducción arancelaria sí parece tener el efecto que buscaba y no es sólo teoría. Sin duda que falta mucho más análisis para entender mejor los efectos de la rebaja arancelaria, pero esta primera aproximación va en la dirección esperada. En segundo lugar, en nuestra opinión, los resultados invitan a profundizar este tipo de acuerdos para aumentar todavía más nuestras exportaciones al resto del mundo, con todos los resultados positivos que esto implica.

En un año marcado por el ambiente electoral y ya conocidos los resultados de las primarias presidenciales, sería positivo que quienes aspiren a presidir nuestro país se pronuncien sobre sus políticas y visiones acerca de los posibles acuerdos comerciales de Chile con el resto del mundo. Tal vez aquí se puede encontrar una ayuda para encontrar el esquivo crecimiento.

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Es el momento de transparentar la identidad de los controladores de las empresas

El año 2016, el mundo empresarial sufrió un fuerte golpe. Esto tras la investigación global de los papeles de Panamá, conocida popularmente como los Panamá Papers. Estos reportes periodísticos transparentaron grandes fortunas de políticos y empresarios provenientes de todo el mundo, ganados vía fraudes, corrupción, crimen organizado o evasión de impuestos. Estremecidos por los casos que salieron a la luz, múltiples voces se alzaron pidiendo avanzar en la transparencia de las identidades de quiénes son realmente los propietarios de las empresas, sea a nivel nacional e internacional.

El Reino Unido fue el primer Estado en avanzar con pasos concretos hacia el “open beneficial ownership”: bajo el liderazgo de David Cameron, quien posteriormente reconoció haberse enriquecido a través de una sociedad de su padre en Panamá, se anunció en 2013 un registro público de los dueños finales de las empresas. Cameron entregó dos argumentos poderosos: 1) un registro de propiedad de empresas que permitiría al Gobierno controlar eventuales fraudes y que también, de hacerlo público, permitiría que cualquier persona pudiera gestionar el debido control social sobre los datos; y 2), al mismo tiempo, facilitaría la probidad en los negocios.

El ejemplo de Reino Unido fue replicado por Noruega y los Países Bajos. Además, un conjunto de organizaciones sociales internacionales, entre ellos, Transparency International y el Open Contracting Partnership, lanzaron la plataforma openownership.org, con el fin de empezar a juntar datos de los controladores finales de empresas en todo el mundo.

Chile todavía está al debe en este aspecto. No tiene un registro unificado y actualizado de los controladores de empresas, – y aunque el Servicio de Impuestos Internos (SII) debiera quizás ser uno de los más interesados en manejar los datos respectivos, hasta la fecha, tampoco ha emitido una resolución que permitiera a empresas interesadas registrar su “beneficial ownership”, de forma voluntaria y estandarizada.

Medio año atrás, ChileCompra ya definió como prioritario avanzar de a poco en la gestión y apertura de datos sobre los propietarios de las empresas proveedoras del Estado. Sin duda, al no disponer de bases de datos sobre las personas que controlan las empresas que participan en licitaciones públicas, el Estado asume elevados costos en las contrataciones: no solamente pierde la eficacia en el control, sinos también la eficiencia en el gasto.

Un ejemplo claro de ello es el sector salud. Según un estudio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), un 11% del gasto directo de los Servicios de Salud está destinado a la compra de prestaciones al sector privado (2016). Esto, principalmente, son servicios profesionales para intervenciones quirúrgicas o prestaciones de salud realizados por establecimientos fuera de la red pública. Las compras de estas prestaciones crecieron desde USD 141 MM en 2008 a USD 327 MM en 2015, cifra 2,5 veces más alta que el gasto total de la Contraloría para 2015. Relacionado, existen denuncias de médicos con contrato vigente en un hospital, prestando servicios a través de sus sociedades a la misma entidad, lo que genera un claro conflicto de interés. No obstante, ni para el Estado ni para la sociedad civil interesada existe una manera fácil de saber quiénes están detrás de estas sociedades. Sin ir más lejos, ni el SII tiene una base de datos de calidad para evaluar ello de manera certera para algunos tipos de empresas.

Para ponernos a la altura de las necesidades en nuestro país, se hace imperativo avanzar en el “Beneficial Ownership”, partiendo por el mercado público. El SII por su lado pudiera empezar a recopilar información sobre los propietarios finales de los distintos tipos de empresas en un registro único, que sea de acceso público – hacia donde apunta la tendencia mundial.

Recordemos que las sociedades pantallas son el vehículo de escapada para corrupción y crimen. No hay tiempo que perder en esta lucha contra el fraude que instituciones “anónimas” podrían cometer con fondos públicos.

 

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Cultura y remuneraciones

En 1980, los gerentes generales de las 100 compañías más grandes listadas en la Bolsa de Londres tuvieron remuneraciones 25 veces superior a las que recibía el empleado promedio. En 2016 -sumando sueldos, fondos de retiro, programas de salud, primas por contratación y desvinculación del cargo de gerente general- esa diferencia era de 130 veces. La justificación de esta bonanza -así lo señalan los directores- fue el criterio de contratar a sus gerentes en el mercado abierto, remunerándoles según su valor de escasez. Esto es, por su aporte a la organización valorizado en salarios de mercado.

Pero la realidad es distinta. Por una parte, la mayoría de los gerentes generales son personas que escalan en la misma compañía hasta alcanzar esta posición de privilegio. Por otra, los resultados: entre los años 2000 y 2008, el índice de precios de las acciones británicas cayó 30%, mientras la remuneración de sus gerentes generales subió en promedio 80%.

Lo anterior alienta el actual debate referido a la forma de compensar a los altos ejecutivos. Tal decisión, hasta ahora considerada una facultad exclusiva y excluyente del mundo directivo y, específicamente, de su Presidente o del controlador, se abre hoy a un escrutinio más amplio que incorpora nuevos actores. Es lo que promueve, por ejemplo, la nueva legislación en los Estados Unidos al recomendar que el acuerdo sobre estas compensaciones tome en cuenta el parecer de los inversionistas institucionales, tanto en lo que se refiere al paquete de remuneraciones de los altos ejecutivos, como a la diferencia entre ellas y la del común de los empleados. 

La trasparencia es un valor que las compañías u organizaciones de cualquier naturaleza consideran en sus códigos de buenas prácticas. Bajo este sano e ineludible predicamento, es necesario que los gobiernos corporativos fundamenten con claridad los mecanismos que usan para fijar la compensación de sus altos ejecutivos y el rango que hay entre esas remuneraciones y las que reciben los demás empleados. Tales fundamentos han de servir para defender estos acuerdos, tanto al interior de la empresa como frente a los accionistas e interlocutores externos.

Lo que hacía grande a una empresa en el pasado descansaba principalmente en las competencias y habilidades de quien la lideraba. Hoy, en un mundo más complejo y diverso, las competencias residen en los equipos.

El ser humano tiende por naturaleza a rodearse de similares. Nuestra cultura, en la que aún predomina el tipo “one man show”, hace que quienes comparten la cúpula del poder se relacionen, comparen y compitan entre ellos por ser los mejor remunerados. Esta lógica de “club” que induce a una escasa movilidad y a privilegios que se entrecruzan y comparten, es cada vez menos sostenible. Las empresas deben transitar a una cultura de colaboración y trabajo en equipo que les permita atraer, desarrollar y retener talento.

En una cultura colaborativa, la equidad de dar a cada cual lo que aporta, y donde el esfuerzo y el éxito es del equipo, el diferencial de remuneraciones es un factor crítico que valida modelos de negocios sumando habilidades y compromisos. Es, en definitiva, una cultura empresarial sustentable.

Parte del descontento de muchos jóvenes con el modelo de desarrollo que tanto éxito, progreso y bienestar ha traído a la humanidad, obedece a este comportamiento anacrónico de “club”, conducta que debe dar paso a una cultura colaborativa, donde la trasparencia y el mérito prevalezcan.

 

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Las equivocaciones de la ministra de Educación

HACE UNOS días, la ministra Adriana Delpiano aseguró que los sostenedores de colegios subvencionados que pasen a particular pagado en 2018, están cometiendo un abuso con las familias, debido a que la ley de inclusión no disminuye los recursos que hoy reciben estos establecimientos.

La ministra tiene razón de reaccionar frente al problema que significa para las familias de casi 60.000 estudiantes, darse cuenta de que ya no tendrán derecho a ninguno de los beneficios que aseguraba la ley de inclusión. En efecto, una parte de ellos, en vez del derecho a la prometida gratuidad, cancelarán mensualmente el doble o triple de lo que cancelaban como escolaridad y aquellos que no puedan hacerlo, pierden el derecho de continuar en el proyecto educativo que los padres habían escogido para sus hijas e hijos, con la dificultad adicional de encontrar una alternativa similar. Esto principalmente está ocurriendo en Antofagasta, Copiapó, Serena, Coquimbo, Ovalle y Puerto Montt.

Pero, se equivoca al señalar a los sostenedores como responsables del problema y calificar injustamente como un abuso su proceder. También cuando les atribuye que el cambio de sus colegios a particulares pagados lo hacen exclusivamente debido a la disminución de recursos de la subvención. Veamos los hechos indesmentibles regulados por la ley de inclusión, que han impulsado a los sostenedores a esta lamentable decisión. Primero, se disminuye progresivamente el recurso que aportaban los padres, sin que exista un retorno real peso a peso, mientras se mantengan en el financiamiento compartido cuyos montos, en más de un 60%, han sido destinados a incrementar remuneraciones y planta docente para mejorar la gestión pedagógica, asumiendo el carácter de gastos fijos. Esto genera en el corto y mediano plazo graves problemas financieros.

En segundo lugar, quedan reducidos al rol de administradores de los recursos financieros que reciben del Estado, con estrictas regulaciones y sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Educación, hecho que dificulta la gestión administrativa, financiera y pedagógica de los establecimientos, afectando severamente la calidad del proceso educativo.

En tercer lugar, la exigencia de ser propietarios de la infraestructura de sus establecimientos, los obligará a una compleja toma de decisiones que requerirá asesoría jurídica y financiera con los costos consiguientes. Ella no estará exenta de dificultades, especialmente en los casos que dicha propiedad pertenezca a terceros no relacionados. La posibilidad de acceder a créditos bancarios con aval de la Corfo para acceder a la propiedad, de acuerdo a la información de la banca, prácticamente es inviable para todos aquellos establecimientos educacionales que cuentan con menos de 600 estudiantes, los que son cerca del 90% del total.

Estas son algunas de las razones que explican la decisión ya prevista por tantos sostenedores, muchos de los cuales no la hicieron efectiva para el 2018, confiados en que teniendo a la vista los desastrosos efectos de la legislación aprobada, un futuro gobierno pueda realizar las correcciones que sean pertinentes. Esto, con el fin de garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, con un régimen de provisión mixto público y particular diversificado, que permita a los padres escoger libremente el proyecto educativo que desean para sus hijas e hijos.

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Norcorea: un desafío inmanejable para el mundo

El régimen de Kim Jong-un lo hizo de nuevo. Con el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM, por su sigla en inglés), el régimen norcoreano no solo ha vuelto a poner en alerta a Estados Unidos, sino también a toda la comunidad internacional.

En apenas 39 minutos, el proyectil Hwasong-14 (o KN-14) alcanzó una altura de 2.800 kilómetros y recorrió una distancia de 993 km antes de caer en el mar, al oeste de Japón. Un “regalo” para “los bastardos estadounidenses”, habría dicho Kim, considerando que su lanzamiento se concretó precisamente el pasado 4 de julio.

Además, según la agencia norcoreana KCNA, este proyectil sería capaz de transportar una cabeza nuclear.

Hace años que Washington y aliados asiáticos como Corea del Sur y Japón, miran con preocupación los avances del programa nuclear norcoreano, responsable de cinco ensayos subterráneos comprobados hasta hoy, así como de numerosas pruebas que ha realizado con misiles balísticos (este año ya van once).

Todo misil capaz de superar los 5.500 kilómetros de alcance es considerado un proyectil intercontinental. Y en esas condiciones, se calcula que el KN-14 podría llegar incluso hasta los 10.000 kilómetros, lo que le permitiría atacar territorio de EE.UU., específicamente, Alaska.

En este punto es que surgen un conjunto de interrogantes respecto del futuro. Por ejemplo, si Corea del Norte efectivamente atacara con un ICBM a EE.UU. —tuviese carga nuclear o no—, ¿acaso cree que no habría una respuesta de parte de Washington? ¿El régimen de Kim ha calculado realmente las consecuencias de un acto de este tipo? Porque no solo se activaría el escudo antimisiles estadounidense, lo que teóricamente permitiría interceptar el misil norcoreano en vuelo, sino que además sería esperable una respuesta militar demoledora.

En ese sentido, ¿cuál sería la actitud de China? ¿Beijing intentaría evitar ese ataque, aunque eso le significara bombardear a su aliado histórico? Después de todo, Kim está apostando a que el hecho de ser un país fronterizo con China, ubicado dentro de la esfera de influencia de este gigante asiático, le otorga una condición casi intocable frente a EE.UU.

Desde que llegó al poder en 2013, el Presidente Xi ha intentado avanzar en la desnuclearización de la península. Sin embargo, hasta ahora la posición de Pyongyang se ha resistido a cualquier gestión que implique perder su capacidad nuclear (tendría entre 8 y 10 ojivas), que además es su garantía de permanencia en el poder.

Sin embargo, a pesar de la amenaza que Norcorea representa para la región y que es el tema que permanentemente tensiona la relación Washington-Beijing, China sabe que la permanencia de la dinastía Kim representa una ventaja estratégica para sus intereses.

Es que la eventual caída de los Kim abriría de manera casi inevitable un escenario de reunificación entre las dos Coreas. Y que llevaría a Norcorea a ser absorbida por su vecino del sur, dando nacimiento a una Corea democrática, pro occidental y abierta al libre mercado. Pero sobre todo, esta Corea reunificada seguramente mantendría la presencia de los 30.000 efectivos estadounidenses desplegado actualmente en zona sur de la península. Un escenario que China no ve con buenos ojos.

Entonces, ¿queda alguna opción? Considerando que las numerosas sanciones de la ONU sobre Norcorea llevan años sin dar los resultados esperables, y que Kim Jong-un no parece dispuesto a facilitar una transición hacia un modelo democrático las opciones se ven reducidas.

La idea de un levantamiento similar al de Siria resulta poco probable, considerando lo difícil que sería que un grupo opositor lograra acceso a armas de guerra. Salvo, obviamente, que las fuerzas armadas norcoreanas se fracturaran, lo que hasta ahora se ve poco factible.

Otra opción es que finalmente el régimen norcoreano —ya sea Kim o un sucesor— acepteun cambio del modelo, promoviendo una mayor apertura económica, aunque conservando el régimen de partido único, similar al de China.

Un tercer escenario —más difícil, por cierto— es que finalmente Corea del Norte sea aceptada por la comunidad internacional como un actor nuclear más, al igual que India, Pakistán o Irán. Y sobre la base de eso, establecer las condiciones para una convivencia relativamente civilizada, bajo la tutela de países como China o Rusia.

De momento, todo indica que el mundo deberá seguir tolerando las bravuconadas de Kim, con el costo que eso implica para la estabilidad mundial. Sobre todo, considerando la impulsividad del actual inquilino de la Casa Blanca.

 

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¿Es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China?

Tucídides, un ateniense que vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo (a. C.) fue un mal general y un buen historiador. Su Historia de la Guerra del Peloponeso, relata la conflagración que estalló entre Esparta y Atenas en el siglo V antes de Cristo. Muchos consideran este libro el primer intento de explicar hechos históricos recurriendo al análisis y a los datos y no a los designios de los dioses.

Basándose en su estudio de las causas que llevaron a Atenas y Esparta a la guerra, Tucídides mantiene que es difícil que una potencia en pleno auge, en ese caso Atenas, coexista pacíficamente con la potencia dominante, que en ese caso era Esparta. Graham Allison, profesor de la universidad de Harvard, ha popularizado este concepto llamándolo “la trampa de Tucídides”. Allison estudió 16 situaciones ocurridas en los últimos 500 años en las cuales surge una nación con la capacidad de competir con éxito con la potencia dominante. En 12 de estos 16 casos el resultado fue la guerra.

Todo esto tiene profundas implicaciones para nuestro tiempo y ese es el tema del reciente libro de Allison: Destinados a la guerra: ¿Pueden América y China evitar la trampa de Tucídides? Según él, “de continuar el rumbo actual, el estallido de una guerra entre los dos países en las próximas décadas no solo es posible, sino mucho más probable de lo que se piensa”.

El libro del profesor Allison no es el único que alerta sobre las consecuencias del auge del Oriente y el declive de Occidente. Gideon Rachman, periodista de Financial Times ha escrito un libro titulado Easternization, refiriéndose a la orientalización del mundo. Su mensaje central es que está llegando a su fin la ascendencia internacional que han tenido por varios siglos las potencias occidentales, concretamente EE UU y Europa. Según Rachman el centro de gravedad del poder mundial residirá en Asia y, más concretamente, en China. A Bill Emmot, ex editor de The Economist, también le preocupa el destino de Occidente y así titula su nuevo libro. Según Emmott, “Occidente es la idea política más exitosa” y aclara que no es un lugar sino una serie de conceptos, valores y condiciones sociales y políticas guiadas por la preservación de la libertad individual, la apertura económica y la búsqueda de igualdad y justicia para todos.

Naturalmente, el aumento de la desigualdad económica que están sufriendo los países de Occidente y los problemas políticos que esto ha acarreado preocupan a Emmott.

Los pronósticos de una China que logra convertirse en una potencia hegemónica a nivel mundial subestiman las debilidades del gigante asiático. También suponen que las dificultades que limitan la influencia internacional de Estados Unidos y Europa son taras insolubles y, por tanto, permanentes. Pero ni los problemas de Occidente son insolubles ni los de China son insignificantes. La realidad es que si bien el crecimiento económico de China es asombroso, su progreso social indiscutible y la modernización de sus Fuerzas Armadas intimidante, sus problemas son igualmente abrumadores. Ian Buruma, un experto en asuntos asiáticos, mantiene que de todos los libros recientes sobre el auge de esa región, el peor es el del profesor Allison. Según Buruma, el profesor evidencia una gran ignorancia sobre China y minimiza los problemas que plagan a ese país. A pesar de su acelerada expansión, la economía china es frágil y está llena de desajustes y distorsiones.

La desigualdad económica se ha disparado y en las zonas rurales persiste una generalizada miseria. Militarmente, China sigue estando muy por detrás de Estados Unidos, país que además tiene una amplia red de aliados en Asia que ven a China con temor.

Pero quizás la objeción más importante a la visión de una China convertida en líder del mundo es que su modelo autocrático es cada día menos seductor y difícil de sostener. Mantener a cientos de millones de personas subyugadas a los designios de un dictador es una ruta que en estos tiempos conduce a la inestabilidad política. Y un país políticamente inestable no es un buen candidato para prevalecer en las conflagraciones que pronosticó Tucídides.

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