Álvaro Bisama's Blog, page 25

Piñera y Guillier debate al fin

Esta mañana, a solo una semana del fin de la campaña de segunda vuelta presidencial se produjo el debate radial organizado por la Archi. Y al fin pudimos ver a Sebastián Piñera y a Alejandro Guillier recuperar el tono centrado en propuestas, y en establecer sus diferencias no en otra cosa que en las legítimas diferencias que provienen de dos visiones distintas de la sociedad. 

 Dejar atrás el tono beligerante y descalificados es quizás el mayor aporte de este primer debate, la excesiva polarización de las últimas semanas. Menos votos marcados y meterle la mano al bolsillo de los chilenos, y más definiciones concretas y propuestas. También los medios tienen en esto un rol, el quedarse solo en la frase destemplada de turno, que tantas veces invisibiliza una propuesta o tema que cada candidato quería poner en discusión con los ciudadanos. 

 

Esta moderación en el tono, pone en evidencia algo complejo para ambos candidatos, que las diferencias en propuestas no difirieren tanto como ellos quisieran, solo como ejemplo frente al problema del CAE, donde Alejandro Guillier insiste en usar la palabra condonación para el 40% más pobre, cuando en realidad su propuesta consiste en una suspensión de pago contingente al ingreso. El problema de Guillier y que explica que siga usando la palabra condonación aunque sea erróneo es que porque así su propuesta se parece a la demanda del Frente Amplio en este tema, aunque en realidad su propuesta es casi igual a la que propuso Sebastián Piñera como Presidente el 2012, que los estudiantes y los parlamentarios de izquierda rechazaron. 

 

Es precisamente que Guillier en cada tema se vea tensionado por acercar sus propuestas al lenguaje del Frente Amplio, sin pasar a llevar sus electores de la Nueva Mayoria ni tampoco enajenar a los más moderados de la DC, lo hizo aparecer indefinido o poco claro. El avanzar desde la generalidad a algo más concreto se le hace un ejercicio difícil cuando no imposible. 

Esto le dio ventaja a Sebastián Piñera que tiene un electorado más ordenado, permitiéndole incluso moverse hacia el centro más moderado en algunos temas, sin generar tanto ruido entre sus partidarios. 

 

Vuelven a coincidir en la importancia del crecimiento, como eje del desarrollo, aunque la ironía de Piñera a que la izquierda chilena siempre centra en la mala suerte con los precios de los comodities como el cobre, las razones de su mal desempeño en esta materia. Sin duda que es positivo que ambas opciones se pongan metas en mejorar el crecimiento aunque siempre la credibilidad en estas materias corre en ventaja para Piñera en la evaluación ciudadana.  

 

Lo apresurados que muchos de los dirigentes del Frente Amplio tomaron su decisión de apoyar al Senador Guillier, como la mismísima Beatriz Sánchez, los pondrá en una incómoda posición, al ver que ninguna de sus propuestas o exigencias fueron recogidas realmente por El candidato del oficialismo y aún así deberán votar por él. Dejando en evidencia que no fue su programa o cercanía con las propuestas lo que motivó su decisión sino solo el estar contra Sebastian Piñera. 

 

El debate abrió una oportunidad de recuperar el sentido de la campaña de segunda vuelta, de que fueran los problemas de los chilenos y no las peleas intrascendentes entre los candidatos lo que dominará la agenda. De ellos depende que este tono se mantenga y proyecte, desterrar el lenguaje del odio y que sean las diferencias programáticas y las capacidades de los candidatos quienes inclinen la balanza en esta última semana de campaña. 

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¿Es justo condonar el CAE?

La necesidad de Alejandro Guillier de contar con el apoyo del Frente Amplio para mejorar su posición ante la segunda vuelta lo ha llevado a incorporar a su discurso nuevas consignas, tan difíciles de justificar como de cumplir. Así, con cierta liviandad pero con gran entusiasmo se anunció una condonación del Crédito con Aval del Estado cuyo diseño y efectos merecen un análisis riguroso.

Lo primero es determinar si efectivamente se trata de una verdadera condonación. La respuesta de su propio comando es que en realidad se trataría de una suspensión de los pagos mientras el deudor esté entre el 40% de menores ingresos, de tal forma que mejorando sus ingresos vuelve a pagar reconociendo la deuda total. No es muy diferente a lo que Sebastián Piñera plantea en su programa de gobierno al referirse a un nuevo sistema de créditos estudiantiles.

Despejada la duda de la condonación, queda por aclarar quienes serían los beneficiados. Cuando se anunció la medida, se dio a entender que estaba dirigida a quienes al momento de tomar el crédito estaban en situación de vulnerabilidad. Esa propuesta desconoce por completo el efecto en movilidad social que tiene la educación superior y conlleva una muy equivocada forma de focalizar el gasto público. De hecho, de los jóvenes que están al día en sus créditos, un 62% de ellos pertenecía a los dos primeros quintiles de ingreso al momento de pedirlo y solo un 11% se mantiene en la misma situación durante la etapa de pago. ¿Por qué habría que condonar la deuda a quienes hoy están en mejor situación?

Cabe preguntarse entonces si la condonación de los créditos se enmarca dentro de un criterio de justicia que debe tener la política y el gasto público. La educación superior aporta bienes públicos, lo que justifica la inversión del Estado, pero también beneficia en forma exclusiva a quien accede a ella, facilitándole el acceso a nuevas oportunidades y mejorando su situación económica. De hecho, de acuerdo a la OCDE en promedio en Chile una persona que tiene estudios superiores gana 2,8 veces más que otra que no los tiene. Esto explica que los mecanismos de crédito sean un elemento importante de la política de ayuda estudiantil, combinados adecuadamente con la gratuidad y las becas. La clave es que dicho crédito no genere sobreendeudamiento, lo que se aborda con un diseño que vincule la cuota a pagar con los ingresos, de tal forma que nunca excedan de un porcentaje de los mismos o que si estos son muy bajos o no se tiene trabajo, el pago se suspenda.

La condonación, que implica un enorme gasto fiscal, tampoco es justa respecto de quienes con esfuerzo han cumplido su obligación de pagar el crédito, o bien en relación a quienes tienen otras carencias que deben ser abordadas por la política pública y, por razones de vulnerabilidad o exclusión ni siquiera han podido acceder a la educación superior. Además, se establece un mal precedente para Chile. ¿Qué incentivo habrá para que el Estado cobre los créditos del nuevo sistema de financiamiento que ambos candidatos proponen?

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Ante el dilema

La segunda vuelta es una elección incómoda para muchas personas, pues les plantea legítimas dudas respecto de las consecuencias de optar por uno u otro candidato. Quisieran que hubiera una alternativa distinta, más cercana a sus ideas, pero ya no es posible. Por lo tanto, su decisión tiende a estar condicionada no por la esperanza de conseguir lo mejor, sino por el deseo de evitar lo peor.

En Chile existe un régimen marcadamente presidencialista, por lo que el elegido contará con un enorme poder, que usará bien o mal según el equipaje intelectual, cultural y moral de que disponga. ¿Qué rumbo le darán uno u otro a su gestión, con qué equipos trabajarán, con qué prioridades? ¿Serán capaces de actuar con cordura, temple y sentido nacional?

Los aciertos o desatinos de quien gobierna son determinantes para la suerte colectiva. Por eso, es obligatorio preguntarse qué harían Piñera o Guillier para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad, sin lo cual todo está en riesgo. Qué pasos darían para estimular el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Cómo actuarían frente a una crisis institucional que nadie quiere que llegue.

Necesitamos cuidar este país. O sea, proteger las condiciones que hacen posible la paz, la libertad y el derecho. No puede haber concesiones a la violencia. La política no puede seguirse degradando, que es lo que ocurriría si se impone la lógica de las trincheras. El Presidente no puede usar el poder arbitrariamente, ni entregarlo a un comité de partidos, una secta o un grupo corporativo. El Congreso debe tratar de inspirar algún respeto.

Es indispensable combatir las corruptelas en el aparato del Estado, el despilfarro y la captura de los ministerios y servicios públicos por parte de los gremios de funcionarios. El país necesita alentar la inversión, el ahorro y la productividad, y focalizar los recursos públicos en necesidades tales como financiar un seguro universal de salud, elevar la pensión básica solidaria, invertir en la educación preescolar, erradicar los focos de pobreza que son los guetos de inmigrantes, etc.

“Vamos a estar como perros cancerberos”, dijo Miguel Crispi, del Frente Amplio, al anticipar cómo actuará su bloque ante un eventual gobierno de Piñera (LS, 1/12). Hay que impedir que la soberbia y la irracionalidad conviertan a Chile en tierra de perrerías.

“Los gobiernos no pueden hacer feliz a nadie -dice Fernando Savater-; basta con que no le hagan desgraciado, que es cosa que sí pueden lograr en cambio bastante fácilmente”. Debemos tenerlo presente en esta hora.

¿Cuál es la mayor amenaza? El populismo, entendido como técnica de embaucamiento. ¿Y la mayor exigencia? El diálogo democrático, orientado a establecer un clima de cooperación que permita que Chile progrese.

Nadie debe indicarnos cómo votar. Ser ciudadano implica ejercer nuestra autonomía, que es intransferible, y asumir las consecuencias.

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Reportera del dolor

Son muchos los documentales biográficos que adolecen de jerarquización de la información y tensión narrativa. Sus realizadores confían en que el solo nombre (o la fama) garantiza el atractivo de la película, desconociendo que la personalidad de cualquiera puede ser delineada a través de unas pocas experiencias. La lección de Borges, en este sentido, también resulta fundamental para los cineastas: uno o dos acontecimientos permiten entender el destino de un hombre.

Parece que los biopic beben demasiado de Freud: se enredan en la infancia, en la relación con el padre y en detalles que más que alumbrar, aburren. Me ha pasado con documentales de rockeros, narcotraficantes, deportistas y, ahora mismo, con El centro cede, sobre la escritora Joan Didion. Distinto es el caso de Boris Becker, el jugador, que está lejos de la exhaustividad biográfica: a partir del presente, marcado por una deuda que atemorizaría a cualquiera y el desgaste irreversible de un tobillo, la cinta indaga en lo que hace que Becker desconozca las derrotas económicas que se han sucedido, una tras otra, después de su retiro.

Pero me desvío. El documental de Didion se detiene en cada etapa de su vida y repasa sus libros con una ecuanimidad que termina ocultando las cimas. Poco jugado, El centro cede se limita a mostrarla como la gran cronista de la movida contracultural de los 60 y los cambios vertiginosos que la sociedad gringa experimentó en los 70 y 80.

Puede que todo eso sea verdad, pero lo que Didion ha hecho mejor que nadie es reportear el dolor, desde las migrañas hasta la muerte de un ser querido. Su propia internacionalización vino con la publicación de El año del pensamiento mágico, un ensayo sobre el duelo, es decir, sobre la fragilidad, la autocompasión, la culpa, la aflicción y el sinsentido en que se puede transformar la vida sin el otro. Es un texto sentido y abierto en múltiples direcciones, que Didion escribió casi un año después de que su esposo falleciera de un infarto, en circunstancias especialmente complicadas, pues su única hija se encontraba en coma debido a una septicemia.

“Te sientas a cenar, y la vida que conoces se acaba”, escribe Didion en este ensayo que cuestiona “el deber ético del goce”, esa admiración que existe hacia quien no demuestra su dolor. Asimismo, analiza su enfermedad (porque eso es el duelo), en aspectos muy puntuales, como las fallas en la memoria, la falta de apetito y esa sensación descorazonadora de vivir sin futuro, cuando ya todo son recuerdos.

Dos años después de la partida de su esposo, Didion sufrió la muerte de su hija. Narró este duelo en Las noches azules, volumen que junto a El año del pensamiento mágico conforman una melancólica meditación sobre el paso del tiempo. No sé si fue Pessoa o Tabucchi el que definió la vida como “una suma de restas”, una imagen que podría aplicarse a estos hermosos libros que Didion le ha dedicado al dolor y la pérdida.

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Ley de Inclusión Laboral

*Esta columna fue escrita junto a  Juan Pablo Prüssing , Palma Abogados

En diciembre del año 2010 se dictó la ley N° 20.422 de “igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”. Dicha normativa tenía – y tiene – como objetivo establecer igualdad de oportunidades para aquellas personas con discapacidad, de manera que puedan lograr plena inclusión social, asegurándoles sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación que se relacione con la discapacidad. Ahora bien, el pasado 1 de diciembre comenzó a regir la Ley de Inclusión Laboral, Ley N° 21.015, que viene a modificar la legislación vigente, tanto para el ámbito público como el privado, por cuanto no sólo modifica la Ley N° 20.422, sino que también el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo.

En efecto esta nueva normativa, entre otras temáticas, consagra por una parte el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo y por otra deroga el artículo 16 de la Ley que establece normas sobre deficientes mentales, eliminando la remuneración libre convenida entre las partes, rigiéndose en consecuencia la remuneración que perciba una persona con discapacidad mental por las normas sobre ingreso mínimo.

En el ámbito privado, no sólo incorpora un nuevo capítulo al Código del Trabajo – Libro I denominado “De la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad” – sino que obliga a aquellas empresas de más de 100 trabajadores a contratar o mantener contratadas a personas con discapacidad o que tengan pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, lo que en definitiva – según los cálculos realizados por los expertos – permitirá que se habiliten hasta 27.500 cupos laborales aproximadamente para personas con discapacidad.

La medida sin duda es positiva, ya que llega a reforzar otras acciones que buscan instaurar una cultura inclusiva, profundizando la normativa que se encontraba vigente. Sin embargo, quedan dudas respecto a la aplicación material de la ley y qué tan preparados están en las empresas para ello, sobre todo pensando en el derecho de opción que otorga la ley.

Este derecho de opción es novedoso. La misma ley otorga la posibilidad para aquellas empresas que por razones fundadas no pudieren cumplir con la cuota, cumplan con la obligación de manera alternativa ya sea celebrando contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o bien efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones de la Ley N°19.885 (Ley de Donaciones). Cabe señalar que la ley considera como razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

Por último, también resulta positiva la obligación de evaluar la implementación de la ley de manera conjunta entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social cada cuatro años, informando a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados.

A pesar de todo lo positivo que presenta esta normativa surgen algunas dudas. Éstas principalmente se relacionan con la amplitud de las razones fundadas, los tipos de trabajos que se ofrecerán por parte de las empresas, la existencia en el mercado de capacitación adecuada para los trabajadores que presenten alguna discapacidad y cómo las empresas podrán adaptarse a las personas con discapacidad, considerando que en ocasiones requerirán de capacitaciones puntuales, específicas, donde el método de aprendizaje es completamente distinto al de una persona sin capacidad, aunque no por eso invalidante.

Habrá que esperar la dictación de los reglamentos que ordena la ley para aclarar los puntos dudosos de una normativa que de por sí presenta luces de una sociedad mejor.

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Desigualdad de género y educación

El 2017 será recordado como un año de reivindicación de los derechos de las mujeres. El momentum lo estableció Naciones Unidas durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, con un potente exhorto por la igualdad de género. De ahí en más, el desafío de la equidad de género se tomó gran parte de la agenda de todo foro internacional. En paralelo, una multiplicidad de reportes globales y el despertar de nuevos movimientos sociales, hicieron eco del carácter pandémico que posee la discriminación y violencia hacia la mujer.

Sin embargo, estamos frente a una batalla cuesta arriba. Informes anuales de la OCDE y el Foro Económico Mundial nos presentan un panorama invariante. La igualdad de género no se ha logrado en ningún país del mundo y no ocurrirá en el corto plazo. Los modelos señalan que bajo el statu quo, tomará cerca de un siglo llegar a una equidad general en el mundo. Esto en oportunidades económicas, educación, salud y empoderamiento político. Las mayores desventajas para las mujeres se detectan a nivel laboral, y las menores en cuanto a acceso y logros educacionales. Esto indicaría que, en esta larga marcha por la igualdad, la educación puede ser el caballo de carrera para llegar a la meta.

A nivel educacional, se puede desarrollar una estrategia para cambiar el escenario de desigualdad desde una dimensión novedosa. Estudios recientes han identificado que las mujeres se sienten estimuladas a llevar a cabo proyectos con fines sociales. Así, en algunos países desarrollados, la tendencia en programas de ciencias e ingeniería es incorporar la solución de problemas que persigan el bien social, como el desarrollo sostenible y la inequidad económica. Cabe preguntarse si, en Chile, los objetivos formativos se enmarcan en estas áreas, o si debemos potenciarlos. El diagnóstico es preocupante. Según el último  informe de la OCDE, tenemos una de las mayores brechas en participación laboral y de salarios entre hombres y mujeres, y el mayor aumento en la diferencia de sueldos en los últimos años. Nuestro país tiene la representación más baja de mujeres en educación superior en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Entonces, ¿Qué frena la participación femenina en las áreas de la ciencia y la tecnología? Destacan factores culturales contenidos en estereotipos profesionales y sociales para hombres y mujeres. Un 50% de los padres chilenos esperan que sus hijos de 15 años estudien en áreas STEM versus un 18% para sus hijas. Por lo demás, a nivel escolar, las pruebas PISA muestran una marcada diferencia en matemáticas con un mucho mejor desempeño masculino. La tendencia prácticamente no ha variado en los últimos años.

La desigualdad de género tiene un alto costo económico. Estimaciones indican que reducir la brecha laboral en un 25% de aquí a 2025, puede traducirse en un incremento en el PIB de hasta 1% anual para los países de la OCDE. Es prioritario abordar este problema con un diseño de largo plazo. Las reformas educacionales del próximo gobierno deben incluir políticas de inclusión femenina y modificaciones curriculares que reflejen las necesidades sociales más relevantes. Así el género femenino, altamente atraído por el altruismo, se verá representado de mejor manera y en áreas donde existen remuneraciones profesionales más altas.

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Una expresión, dos significados

Recientemente el Congreso de Estados Unidos aprobó la reforma tributaria enviada por el presidente Donald Trump, quien obtuvo la primera gran victoria legislativa de su administración.

Más allá de las diferencias propias de sistemas y tradiciones legales, que responden a historias y herencias culturales diversas, el contrataste entre la reforma de Estados Unidos y la reforma tributaria de Chile no puede ser más evidente. La expresión “reforma tributaria” deja de ser una expresión neutra, y adquiere en la opinión pública un contenido que refleja la idiosincrasia política de cada nación. En Estados Unidos, hablar de reforma en materia impositiva implicó claramente hablar de disminución de impuestos, mientras que en Chile casi siempre implica precisamente lo contrario: un aumento de la carga tributaria.

¿A qué se debe esta diametral diferencia en torno a un mismo concepto político?

Un primer factor es que, en Estados Unidos, existe plena conciencia en parte importante de la población en cuanto a que los llamados “los recursos públicos” son en la práctica, los dineros de los contribuyentes. Desde una perspectiva histórica, los impuestos y su impacto en las personas se encuentran en el corazón de la identidad estadounidense: la revolución americana, el nacimiento de Estados Unidos mismo, está marcado por una disputa relativa a la carga tributaria. En el fondo, el votante estadounidense tiene una mayor auto comprensión de sí mismo, pues se reconoce ciudadano y contribuyente, mientras que el votante chileno parece reconocerse exclusivamente como ciudadano. A menudo los chilenos no advierten que son contribuyentes, pues hay amplios sectores que no pagan impuesto a la renta; olvidando que pagan un cuantioso IVA, impuesto específico a los combustibles y una serie de otros impuestos. Al considerar este aspecto, en la cultura norteamericana hay claridad en cuanto a que el dinero que se obtiene por impuestos, más allá del legítimo y buen uso que se pueda dar, es dinero que deja de ingresar a los bolsillos de los ciudadanos. Se trata de recursos que no pueden ser disfrutados ni administrados directamente por las personas, y de ahí la preocupación para que sean usados responsablemente.

Un segundo factor, tan relevante como el primero, es la adhesión de la derecha política norteamericana a esta visión, es decir, la convicción de que menos impuestos significan más libertad para las personas al poder disponer de más recursos a discreción. En Estados Unidos los republicanos tienen este elemento como uno de sus motores electorales y, en consecuencia, es una parte central de sus programas de gobierno y de su actividad política, y cada cierto tiempo libran batallas épicas con la izquierda por este asunto. El tema de fondo no es que un aumento de impuestos afecte la inversión y la creación de empleos, sino que un incremento de impuestos aumenta el poder del Estado sobre las personas, y en última instancia, disminuye su libertad. El prisma con el que se observa el asunto en Estados Unidos es distinto, sin quedar reducido a un criterio meramente económico y un argumento de orden práctico. Este crecimiento del Estado se ha podido ver con claridad en Chile en los últimos años, con más contrataciones y burocracia que eficiencia y mejor calidad de vida (si pensamos en salud o la situación de los niños, por ejemplo).

A pesar de las profundas diferencias, lo que sí es igual en ambas latitudes es la pasión que desata este asunto. Al terminar cargada de sentido y significado, la expresión “reforma tributara” despierta rápidamente un intenso debate, agrupando en bandos a los partidarios y detractores. Esta situación solo se entiende al considerar que el debate no es sobre un aspecto económico, sino que, por el contrario, es una discusión eminentemente política.

Para resumir: la reforma tributaria de Bachelet fue el mayor aumento de impuestos en Chile desde 1989, complejizó el sistema tributario -al punto de necesitar otra ley-, afectó considerablemente la inversión y ralentizó la economía. De otro lado, la reforma de Trump es la mayor reducción de impuestos en Estados Unidos, simplifica el sistema tributario y busca inyectar dinamismo a la economía.

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¿Somos ingenuos?

Los chilenos quieren un país tranquilo, ordenado, que no cambie de un plumazo todo lo que se ha construido, lo que se ha realizado con tanto sacrificio. La gente desea modificar aquello que siente que no funciona bien, pero tomando el debido tiempo para estudiar los asuntos y de esta manera no cometer los errores del pasado reciente.

Se puede decir sin temor a equivocarse que las grandes mayorías son prudentes, que están satisfechas con el sistema. A esa mayoría silenciosa, que se va a expresar en las urnas el próximo 17 de diciembre, le interesa mantener la actual economía de mercado pues le ha permitido adquirir una serie de bienes materiales que han incrementado su bienestar personal. Quienes intentaron retratar a los chilenos como unos revolucionarios dispuestos a desbaratar este sistema, se equivocaron medio a medio pues la gente no votó por los planteamientos rupturistas; todo lo contrario, los rechazó. Una cosa es querer realizar cambios para mejorar y progresar, y otra muy diferente es pretender destruir lo que funciona bien, o bastante bien.

La gran clase media chilena no es ingenua, no comulga con los discursos que demonizan a los que se esfuerzan, a las personas que por su empeño y trabajo han acumulado una cierta fortuna. Son millones los compatriotas que han experimentado un auge económico en las últimas décadas, y están dispuestos a compartir una parte del mismo para ayudar a los más vulnerables. Pero, ellos saben que los políticos que vociferan contra “los ricos” no van a generar mejores empleos, tampoco van producir aumentos en las remuneraciones, mayor equidad o derrotar la pobreza de esa manera. Esto último se logra mediante la implementación de buenas políticas públicas, con gobiernos competentes que ejecutan eficientemente sus programas y que no saltan de manera temeraria al vacío, como lo propone y hace la izquierda ideologizada que hoy es gobierno.

La prosperidad nacional depende del liderazgo positivo proveniente de un estadista que capture aquello que la gente y el país necesitan, precisamente en estos momentos cruciales de nuestra historia. Un líder con experiencia comprobada y exitosa, no en dos o tres años de participación política y pública, sino con varias décadas de contribución real y eficaz al desarrollo integral del país. Un líder que incentiva el trabajo personal de cada uno de nosotros, de todos los chilenos; que evita emitir juicios arbitrarios y sanciones morales absurdas contra las personas de esfuerzo cada vez que tienen éxito gracias a un quehacer honesto y laborioso, como suelen manifestar tantos revolucionarios de escritorio que ahora intentan dominar la escena pública. Vamos en Chile a cambiar esta mentalidad negativa, abrazando la oportunidad que se nos presenta de volver crecer y progresar – después de cuatro años perdidos-, para transformarnos más temprano que tarde en un país fuerte y desarrollado.

Ayudar y proteger a los que tienen menos es una necesidad país, nadie se restaría de ese tipo esfuerzo; acá todos somos solidarios y concordamos en términos generales con una agenda social. Sin embargo, no se debe confundir lo anterior con un apoyo real y tangible a la gestión del actual gobierno, situación que dista mucho de ser efectiva, a pesar de todos los intentos por manipular la opinión pública que realiza el oficialismo. Ellos no entienden que el país ya cambió, al elegir el camino del crecimiento personal y colectivo como base para la futura grandeza de Chile.

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Reformas que aportan mayor transparencia

Tal como señala el profesor Daniel Chasquetti de la Universidad de la República del Uruguay, la democracia chilena ha tomado el rumbo correcto, con reformas que la fortalecen y le otorgan sustentabilidad. Esto, gracias a la visión de Estado con que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, decidió dar un enorme salto para modernizar la manera en que concebíamos la política y cómo ésta se relacionaba con los ciudadanos.

Aquello está nítidamente reflejado en el libro Reformas Políticas en Chile: 2014-2016 -y que ha sido presentado por nuestra Mandataria- el cual nos permitirá entender por qué las elecciones 2017 resultan inéditas, luego de introducirse transformaciones que moldearon al sistema electoral, los partidos políticos y al Servel, entre otros pilares de nuestro sistema democrático.

El diagnóstico inicial daba cuenta que la confianza hacia la política venía en una curva descendente. Los datos del Informe de Auditoría de la Democracia 2014 reflejaban una baja confianza ciudadana en instituciones claves para el funcionamiento del régimen democrático.

Esto requería corregir los defectos del diseño institucional (baja competencia, dineros privados en la política, campañas desreguladas, partidos solo enfocados en lo electoral y ausencia de transparencia), para relegitimar el sistema político. Así, durante los últimos años, la necesidad de fortalecer la democracia se hizo patente, y como gobierno llevamos a cabo estos cambios gracias al compromiso de los partidos políticos y el Congreso Nacional, quienes alcanzaron acuerdos y brindaron un sólido apoyo.

Las reformas tienen como finalidad aportar mayor competencia, representatividad, y transparencia al sistema político. En primer lugar, se amplió la ciudadanía con la incorporación del voto de los chilenos en el exterior, donde incorporamos al padrón electoral más de 39 mil compatriotas que antes no podían ejercer su derecho a sufragio por residir fuera del país. Asimismo, se definieron mecanismos para una participación efectiva de las mujeres en la política por medio de la ley de cuotas, que permitió aumentar el número de candidatas de 91 en 2013 a 397 en 2017.

En segundo lugar, se instituyó el rol público de los partidos políticos con el establecimiento de derechos -financiamiento público-, y obligaciones -transparencia y democracia interna-. En la práctica, los aportes reservados y anónimos se terminan, dando paso a un financiamiento principalmente fiscal, lo que ayuda a emparejar la cancha.

En tercer lugar, se agregó mayor representatividad y competencia al sistema político mediante nuevas reglas electorales de representación. Los efectos más visibles de estas medidas han sido la aparición de nuevas fuerzas en el Congreso, ajenas a los partidos tradicionales.

Por último, se otorgó más transparencia a las actividades políticas con el fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras del Servicio Electoral, al cual se le otorgó autonomía constitucional, lo que conlleva la independencia en su actuar respecto a otros órganos del Estado.

En conclusión, destaco el esfuerzo por resignificar la democracia y reencantar a los ciudadanos. Sin embargo, son ellos quienes deben evaluar si las reformas han sido efectivas para alcanzar una democracia más madura y así devolverles la confianza en sus instituciones.

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Constitución: responsabilidad

Chile necesita y merece una Constitución nacida en democracia, deliberada y aprobada por los representantes del pueblo en el Congreso  y ratificada luego mediante un plebiscito. Esta nueva Constitución no puede ni debe nacer a partir de una página en blanco sino que debe tener en cuenta toda la evolución constitucional que ha experimentado nuestra patria desde los albores de su independencia aprendiendo también de las lecciones de la historia.

Los asuntos a ser discutidos en el marco de la elaboración de nuestra nueva Carta Fundamental son bien conocidos, a saber, entre otros, los principios constitucionales, los derechos y libertades fundamentales, la organización de los poderes públicos a partir del sistema democrático y el respeto del estado de derecho, dentro de ello el sistema de gobierno, el rol del Presidente de la República y el Parlamento, el proceso de formación de la ley, la recepción del derecho internacional, los órganos que ejercen jurisdicción, los órganos constitucionalmente autónomos, el gobierno y administración regional y local además de las normas de reforma constitucional. Sobre ello ha habido un nutrido desarrollo en los últimos años. En este sentido cabe mencionar el proceso participativo, en el que participaron muchos ciudadanos. También el debate constitucional ha estado presente en el programa presidencial de los distintos candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, entre los que destaca el de Carolina Goic, el que aboga por una nueva Constitución que nos represente a todos, constituyendo un instrumento eficaz que resguarde y promueva de mejor manera posible los valores de la dignidad humana, la democracia y el derecho.

Tan importante como los contenidos es el mecanismo para elaborar esta nueva Constitución. En este sentido es claro que la elaboración de una nueva Constitución debe respetar las disposiciones que contempla la actual Constitución para su reforma integral y ello conlleva lograr un acuerdo de los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Un eventual llamado a plebiscito sobre estas materias también requiere de una reforma constitucional aprobada por igual mayoría calificada de 2/3. Digamos la verdad siendo responsables, no se trata de que el Presidente llame por sí a un plebiscito.

Lo anterior implica emprender un decidido esfuerzo para lograr un acuerdo político transversal entre todos los sectores políticos respecto de la Constitución. No olvidemos que ella es el “rayado de cancha” compartido por todos, en el cual se desenvolverá nuestra institucionalidad democrática. Es por ello que la Constitución debe ser, como lo ha dicho la DC, la casa común en la que todos nos sintamos que formamos parte.

Solo de esta forma lograremos contar con una Carta Fundamental nacida en democracia en la que todos nos sintamos interpretados, que sea el marco comúnmente compartido a partir del cual podamos desarrollar libremente nuestras visiones de país para llevar a cabo nuestros ideales.

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