Chile sigue estando en Dicom

UNA DE las pocas frases de la Presidenta Bachelet referidas al conflicto en su fallida visita a La Araucanía fue aquella donde reconoció que “los gobiernos y el Estado de Chile tienen una deuda histórica con la región”. Y si bien no se refirió directamente al pueblo mapuche, para nadie es un misterio quién o quiénes son los “deudores” y quién o quiénes son los “acreedores”. La única duda, hoy por hoy, es cómo los primeros pretenden pagar esta obligación. Si es que está en sus planes hacerlo, por supuesto.

Hablar de la “deuda histórica” es hablar del Estado chileno y del pueblo mapuche, los actores de un conflicto político, histórico y cultural que porfiadamente ha cruzado el último siglo de nuestra vida republicana. Desde 1910, fecha en que fue fundada la primera organización mapuche contemporánea, con mayor o menor repercusión pública, los acreedores de esta deuda han demandado al deudor que responda con su parte. No ha sucedido y desde el retorno de la democracia el conflicto no ha dejado de agravarse. El estreno en 1997 de los sabotajes a camiones, una de sus consecuencias.

¿Es la “deuda histórica” un concepto acuñado por los mapuches? No originalmente. El primero que utilizó el término fue el ex obispo de Temuco, Sergio Contreras, el año 1998, al calificar la ley indígena como “el reconocimiento a una deuda histórica de la nación por los atropellos de que fueron víctimas”. Un año más tarde, la Identidad Territorial Lafkenche, liderada por el actual alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, le daría sustento político al exigir al Gobierno la formación de una “Comisión de Verdad y Deuda Histórica”.

Fue el ex Presidente Ricardo Lagos, aconsejado por su entonces ministro Francisco Huenchumilla, quien asumió la tarea de reconocer desde el Gobierno tanto la “deuda histórica” como el carácter de “deudor” del Estado. Lo hizo a través de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. “El Estado reconoce una deuda histórica hacia los pueblos originarios, sea por omisión de sus derechos o por el no reconocimiento político de su existencia”, consigna su informe final. La instancia estuvo compuesta por un grupo interdisciplinario de expertos, encabezados por el ex Mandatario Patricio Aylwin.

Hoy solo los sectores más conservadores y opositores al avance de la comprensión de Chile como un Estado Plurinacional, desconocen o restan validez a la “deuda histórica”. Pero incluso ellos están solos. Y es que la existencia de un conflicto político -y no “delictual” o de “pobreza” como sostiene el ministro Jorge Burgos- llegó a ser reconocida por el más destacado intelectual conservador del último tiempo, Gonzalo Vial Correa. En un lúcido artículo publicado en la revista Perspectivas de la Universidad de Chile, Vial señala que “la noción de que la sociedad chilena tiene una ‘deuda histórica’ con los mapuches corresponde plenamente a la realidad. Al fin y al cabo, eran los originales pobladores y fueron tratados -en forma sucesiva- de una manera injusta y lesiva para su dignidad, intereses y cultura”. Para saldar dicha deuda propone oficializar la lengua mapuche y fortalecer la educación intercultural. No solo eso; también aporta un meridiano procedimiento en materia de tierras. “Muy simple; expropiando la superficie necesaria y pagándoles a sus dueños el verdadero valor de la misma, según las reglas de cualquiera expropiación y conforme a la Carta Fundamental”, señala. Lejos, muy lejos del actual negociado de tierras con fondos públicos existente en la zona sur. ¿Qué opinarán la derecha, los grupos madereros y agricultores al respecto? El artículo de Vial data del año 2000. A quince años y cuatro gobiernos, Chile sigue estando en Dicom.