La velocidad como proyecto

Fue una verdadera blitzkrieg. Una semana antes de completar su primer año legislativo, el gobierno logró aprobar tres de los proyectos más significativos de su programa, que además han sido los más resistidos por la oposición de derecha: el Pacto de Uniones Civiles, la sustitución del sistema electoral binominal por otro proporcional y el eje de la reforma educacional, con el fin del lucro, el copago y la selección. Junto con la tributaria, estas reformas materializan el principal propósito del regreso de Michelle Bachelet al gobierno: producir un país nuevo.

El adjetivo lo pone el cliente -en La Moneda predomina hace tiempo el de “inclusivo”, un giro que confirma el sesgo sociológico imperante-, pero el caso es que sin cambios perceptibles, sin transformaciones que modifiquen los hábitos y las prácticas de la cultura social, el gobierno sentiría que carece de sentido. No está para administrar, sino para cambiar.

Los éxitos políticos que se anotó esta semana tuvieron bajo costo y hasta consiguieron evitar los riesgos que podía haber entrañado un cambio de gabinete anterior a las votaciones en el Parlamento, porque sacar ministros siempre es derramar sangre.

Este fino sentido del tiempo debe ser atribuido, sin sombra de duda, al equipo político, que en la hora crítica ha mostrado la destreza que le fue desconocida a lo largo del 2014.

El gobierno tampoco cedió a los temores suscitados por el deterioro de su popularidad, que a estas alturas confirman todas las encuestas. En lugar de negarlas, ha elegido interpretarlas en sus matices. Su lectura dominante es que el rechazo a las reformas no toca a su fondo, sino a la incertidumbre que antecede a su ejecución. Una vez que comiencen a mostrar resultados -entre fines de este año y el próximo-, las cifras de las encuestas mejorarán. Es una confianza arriesgada, cómo no, pero el riesgo ya parece un sello del actual gobierno.

No es todo. La aprobación de los tres proyectos de estos días puso por primera vez a prueba la capacidad de disciplinamiento de la Nueva Mayoría. Lo que el gobierno debió ceder para consolidar ese efecto parece muy menor al lado del peso simbólico de, por ejemplo, eliminar el binominal después de 25 años de hablar en su contra.

Este orden no empezó hace unos días, sino el 24 de octubre, cuando el cónclave entre el gobierno y la Nueva Mayoría fijó el conjunto de proyectos que debía estar aprobado o enviado al Congreso antes del 31 de enero. Con su peculiar sentido del dramatismo, el gobierno planteó allí que sin este conjunto de leyes se pondría en riesgo la continuidad misma de la Nueva Mayoría. Esto explica la solicitud con que los parlamentarios oficialistas atendieron las llamadas telefónicas del ministro del Interior durante los días de las votaciones, algo que no sucedía desde los años de Lagos.

Es verdad que la arremetida del gobierno se encontró con una oposición en ruinas. Los congresistas de su partido principal, la UDI, se clasifican por estos días entre los que se defienden, los que acusan a otros y los que se esconden. Aunque conservan sus votos, apenas hablan de los temas ajenos a Penta. Quienes tuvieron que sacar la voz ante los proyectos de La Moneda fueron los dirigentes de Renovación Nacional, pero aun ellos dejan entrever que la oposición se ha vuelto inviable mientras no genere su propia reorganización. Sin embargo, esto no se sabía el 24 de octubre, por lo que no resta méritos a la gestión del gobierno.

La devastación de la UDI no cesará por unas cuantas semanas, quizás meses. Ni siquiera es seguro que se detenga cuando se produzca el inevitable acuerdo entre el gobierno y la Alianza para mejorar y endurecer las normas sobre financiamiento de la política.

Este sería un incentivo suficiente para que el gobierno no refrene su ímpetu reformista. Pero la verdad es que antes que eso hay razones más estructurales.

La reforma laboral ya está lanzada y mientras permanezca en estado de proyecto sólo incrementará la incertidumbre productiva. La Moneda estima que debería quedar promulgada hacia el fin del primer semestre, antes de que se convierta en un obstáculo para las expectativas de una lenta reactivación de la economía.

La despenalización del aborto también es una discusión para después de vacaciones, aunque en este caso la velocidad del trámite pasa por resolver su radicación entre el Ministerio de Salud (donde puede ser tratado como un problema de salud pública) y el Sernam (donde tiende a adoptar el enfoque de un derecho de género).

En la reforma educacional hay tres proyectos previstos para el 2015: el de carrera docente, que el gobierno prevé completar durante el primer trimestre; el de educación pública, que podría concluir antes de julio si se mantiene el aparente consenso que suscita, y el de educación superior, que será la materia central de la segunda mitad del año, aunque queda por ver si el movimiento estudiantil se recompondrá antes que eso.

En fin: no hay indicios de que el gobierno considere que sus acelerados avances sean suficientes. En alguna parte, en algún momento de su desarrollo llegó a la convicción de que la velocidad es una parte constitutiva de su misión, hasta el punto de que sin la primera no logrará la segunda.