Junio 2021: El contexto venezolano en 5 minutos

Luego de la desaparición física de Hugo Chávez, ocurrida en marzo de 2013, su proyecto político sufre las consecuencias de la aparición de una profunda crisis económica y la pérdida de apoyo popular, que fue evidente en diciembre del año 2015 cuando la oposición obtuvo dos millones de votos por encima de las candidaturas oficiales a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento Nicolás Maduro toma una serie de decisiones que alejaron a su gobierno de la democracia.

Desde el año 2014 Venezuela sufre una Emergencia Humanitaria Compleja. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), para el año 2020 el 79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos. El 1 de mayo del 2021 el gobierno ordenó que el salario mínimo, el cual percibe una cantidad importante de venezolanos, fuera de 7 millones de bolívares mensuales, lo cual equivale a dos dólares y medio al mes. Los cortes recurrentes de los servicios de electricidad, agua y gas doméstico, que son más graves en las ciudades del interior del país, han obligado según ACNUR a que 5,4 millones de venezolanos se hayan ido a otros países en calidad de migrantes forzados. Nicolás Maduro atribuye como causa de la crisis a las sanciones económicas impuestas en años recientes. Sin embargo, tal como lo expresó la Alta Comisionada Michelle Bachelet en su Informe sobre Venezuela; si bien las sanciones económicas pueden agravarla, la crisis económica y social es preexistente a las sanciones.

Desde diciembre del año 2015 las autoridades han implementado una estrategia para ganar elecciones siendo minoría. Entre otras decisiones se ha intervenido la junta directiva de partidos políticos, se ha obligado a miembros notables de la oposición a exiliarse, se ha inhabilitado a candidatos y se han modificado las normas por las cuales se realizan los procesos electorales en el país. Todo esto ha disminuido la confianza de la población en la capacidad del voto para lograr cambios en el país y ha posibilitado la realización de elecciones en condiciones fraudulentas. Los diferentes poderes públicos no cuentan con la independencia necesaria para garantizar la vigencia de la Constitución ni responder los reclamos de la ciudadanía. La ausencia de controles institucionales ha generado un contexto de corrupción generalizada en el manejo de los asuntos públicos.

En marzo del año 2020 se detectó el primer caso de Covid-19 en Venezuela. La respuesta de las autoridades fue decretar un estado de alarma en el país, aumentando los mecanismos de control sobre la sociedad y los niveles de censura y represión. No existe información confiable sobre la evolución de la enfermedad ni la cifra de enfermos y fallecidos. El país tiene en los actuales momentos una de las tasas de inmunización más baja de la región, y no existe un cronograma de conocimiento público sobre el proceso de vacunación ni los sectores priorizados para obtener una dosis. Según declaraciones oficiales, las vacunas privilegiarán a las personas inscritas en el llamado “Sistema Patria”, un mecanismo de identificación paralelo al establecido en la Constitución y que ha venido siendo utilizado para el control político. Según cifras de Provea durante el año 2020 ocurrieron 15.470 detenciones arbitrarias en el país, un aumento del 464% respecto al año anterior. Durante el primer año de pandemia 123 voceros e integrantes de partidos políticos fueron detenidos, mientras que 68 detenciones fueron contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Por su parte 27 defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron víctimas de una privación arbitraria de su libertad. La difusión de estadísticas que contraríen la versión oficial puede generar represalias, por lo que la información sobre la evolución del coronavirus diferente a la versión oficial debe consultarse en foros privados.

La grave situación de los derechos humanos en Venezuela ha motivado la activación de 5 mecanismos internacionales de protección: La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo; El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; La presencia en el país de 6 oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; La Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, decidida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, finalmente, un examen preliminar por la Corte Penal Internacional. En contraparte, las autoridades promueven iniciativas para vulnerar el derecho a la libre asociación y reunión, mediante campañas sistemáticas de criminalización y desprestigio y, paralelamente, la promulgación de normas para restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la recepción de cooperación internacional.

La ausencia de una institucionalidad democrática en Venezuela, lamentablemente, otorga un papel fundamental a la comunidad internacional en la contención del abuso de poder de las actuales autoridades en nuestro país.