Notas ponencia foro “Violación a los DDHH en Venezuela” 08.06.21

1) La situación de violación a los DDHH en Venezuela no ha ido “desapareciendo”. Al contrario la emergencia humanitaria compleja y la ausencia de institucionalidad democrática se ha agravado bajo la pandemia de Covid-19. La situación es de tal preocupación que tenemos la expectativa sobre la posible apertura de una investigación formal sobre nuestro país por parte de la Corte Penal Internacional.

2) Es insuficiente la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela para detener las actuaciones abusivas del poder. 1) Los informes del ACNUDH han generado alrededor de 60 recomendaciones, las cuales hasta ahora se han incumplido en su gran mayoría. Sólo citar la disolución del FAES. 2) Debido a su mandato de mantener el dialogo con las autoridades venezolanas, el ACNUDH ha priorizado la cooperación técnica sobre otros componentes de su mandato, por ejemplo, el componente de protección. Y esa cooperación técnica, incluso, no esta siendo respetada por las actuales autoridades venezolanas. 3) A pesar de la presencia del ACNUDH continúan repitiéndose patrones de violación a los derechos humanos y promoviéndose nuevas iniciativas restrictivas de derechos humanos. Si tenemos que evaluar la situación del país antes de la llegada del ACNUDH con la que tenemos en estos momentos, debemos afirmar que ha continuado deteriorándose. Algunas de estas recomendaciones sólo dependen de la voluntad política del Ejecutivo, como por ejemplo la publicación de estadísticas oficiales. Hay una intención clara por parte de las autoridades venezolanas de instrumentalizar su relación con el ACNUDH y simular ante la comunidad internacional que hay voluntad de cooperación con los sistemas de protección.

3) La llegada del Coronavirus a Venezuela no ha sido abordada como una emergencia sanitaria, sino como una amenaza política que debe enfrentarse, igualmente, con criterios políticos, no con criterios técnicos. Ha sido una oportunidad para aumentar los mecanismos de control sobre la población y los territorios. Según datos recopilados por Provea, durante el primer mes del estado de alarma se han realizado un total de 318 detenciones arbitrarias, 123 contra líderes y miembros de partidos políticos de oposición, 68 contra periodistas, 35 sindicalistas y 27 defensores y activistas de la sociedad civil. Por otro parte han ocurrido 628 detenciones en el contexto de manifestaciones y 7 personas asesinadas en las adyacencias de una protesta. Por otra parte se han incrementado los mecanismos de censura y opacidad de información pública. Los venezolanos no conocemos la real dimensión del impacto del coronavirus en nuestro país, siendo las cifras de enfermos y fallecidos no confiable. Por otra parte, como parte de la política de exagerar los resultados oficiales, las cifras sobre pruebas realizadas y vacunas administradas no es real. En Venezuela no tenemos políticas públicas sino actos de propaganda.

4) Ante la ausencia de instituciones democráticas, la única contención que tenemos los venezolanos contra el aumento del autoritarismo es el monitoreo y la presión de la comunidad internacional. Ahora hay 5 mecanismos internacionales activados sobre el país (CIDH, ACNUDH, MDH, OIT y CPI). Para nosotros, los mecanismos más contundentes han sido, por un lado los informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que han afirmado que existen elementos suficientes para creer que han ocurrido crímenes contra la humanidad en Venezuela, los cuales contaron con el conocimiento y la tolerancia de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio Nicolás Maduro. El segundo ha sido el examen preliminar de la CPI. La difusión de los dos informes de la Misión y la inminencia de una decisión sobre Venezuela por parte de la fiscalía de la CPI, ha obligado a las autoridades venezolanas a tomar medidas y reconocer responsabilidades para intentar impedir una decisión desfavorable en La Haya. Por ejemplo, en los últimos meses han disminuido las personas detenidas en manifestaciones y los operativos realizados por la FAES en todo el país. Se ha decidido la libertad plena de diferentes personas sometidas a presentación periódica en tribunales por participar en las protestas del año 2014 y 2017. Cada vez que un gobierno, su cuerpo diplomático u organizaciones sociales de otros países deciden abandonar los mecanismos internacionales de protección, para el caso venezolano aumentan las posibilidades que una persona privada de libertad por razones políticas, o las comunidades que son víctimas de la acción del FAES, sean víctimas de tratos inhumanos, crueles o degradantes, o sencillamente torturas.