Pedro Cayuqueo's Blog, page 93

Fiscal opinante

El conflicto en La Araucanía adquirió otro nivel cuando en poco tiempo hubo dos atentados que resultaron en la quema de casi medio centenar de camiones, uno de los cuales implicó extender la violencia a una nueva región. Y volverán a suceder hechos similares y a alcanzar nuevas zonas, en una escalada que ya dura veinte años, porque los autores saben que gozan de impunidad: el riesgo que tengan que pagar por sus fechorías es muy bajo.

Es así, cuando las diversas instancias del Estado encargadas de reprimir la ola delictiva han fracasado en cumplir con su función. Para qué mencionar el papel del gobierno, que distrae siempre el debate hacia la pertinencia de la ley antiterrorista, como si ella fuera el obstáculo para resolver los casos, sino que hay simples pero graves desaciertos: ¿alguien puede entender que la declaración del implicado en que se basa el nuevo juicio por el caso Luchsinger Mackay no haya sido grabada, algo que debiera ser un estándar, facilitando su retractación y que la confesión sea puesta en duda?

Por eso sorprenden las opiniones del Fiscal Nacional, que en vez de asumir alguna cuota de responsabilidad, les echó la culpa a las víctimas por no protegerse debidamente. Declaraciones que molestaron, puesto que los particulares carecen de capacidad para defenderse de ataques de ese tipo; y porque ese es el rol del Estado. Como dijo alguien: ¿qué podrían hacer un par de guardias con linternas para enfrentar algo así? Además, son cuestionables porque equivalen a la “venta del sofá”: si se hubieren protegido mejor, entonces los ataques los habrían sufrido otros. Hace un tiempo fueron las iglesias, ¿acaso los templos debieran fortificarse?

Pero nadie se preguntó sobre qué derecho tiene el Fiscal de emitir opiniones sobre materias que no son de su competencia. Porque su institución es la encargada de investigar los delitos cometidos y de la persecución penal, no de fijar normas para incrementar la seguridad pública, lo que compete al gobierno. En Chile se ha confundido el debate democrático con un asambleísmo en que todos opinan.

Los organismos públicos especializados deben ceñirse a su rol y en ninguna democracia organizada se les permite a sus personeros prevalerse de su figuración para intervenir en el debate, atribuyendo culpas, exigiendo medidas o zanjando discusiones, menos aún para diluir su propia responsabilidad. Solo pueden formular declaraciones para dar explicaciones o información sobre su tarea. La discusión pública la llevan los representantes del pueblo, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y la prensa.

Y tampoco en ninguna democracia moderna la autonomía del aparato de persecución penal implica que los fiscales sean inamovibles y que no haya forma de exigirles que asuman la responsabilidad de su gestión. Se requiere una reforma, que no es consagrar la acusación constitucional, como quieren algunos parlamentarios, que se basa en infracciones jurídicas, sino que se trata que respondan por los resultados de su gestión.

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Autogolazo

No me refiero al de Arturo Vidal en el partido contra Paraguay -que probablemente nos dolió a todos, sin distinción- sino al que se propinó el gobierno, de manera inexplicable, y que echó por tierra el mejor tranco que el ejecutivo exhibía este último mes. Sin ir más lejos, mi columna del domingo pasado, “Tres pases seguidos”, destacaba cómo el oficialismo comenzaba a recuperar el control de la agenda pública, la que mediante la aprobación de diversas iniciativas de ley, terminaba por dibujar el sentido más profundo del ideario que impulsó Michelle Bachelet. En perspectiva, esos logros también paliaban los sinsabores políticos y personales que la Presidenta debió experimentar en su segundo mandato. Pero tal como ella alguna vez declaró, cada día puede ser peor.

Creer que lo ocurrido tuvo solo que ver con la decisión de un Consejo de Ministros, es tan iluso como erróneo. Dominga es un síntoma de algo más profundo, que excede con mucho las diferencias entre dos ministros, donde nada tuvo que ver la protección del medio ambiente. Lo que aquí se produjo fue una acumulación de desencuentros entre el equipo económico y político del gobierno, cuyos episodios públicos y privados se multiplicaron a un punto tal en los últimos meses, que hicieron insostenible la leal convivencia en el marco de propósitos comunes.

Fue además un conflicto pésimamente mal administrado, cuya solución pudo haberse provisto a tiempo y sin las consecuencias que hoy observamos. Pero las indefiniciones y silencios, en el contexto de un evidente vacío de poder y ausencia de mando en el Palacio de la Moneda, no solo facilitaron que la trifulca se profundizara y prolongara, sino también escenificaron el quiebre definitivo entre estas dos almas de la coalición de centroizquierda. Pese al esfuerzo en la elección de los reemplazantes, los que se fueron representaban el último bastión de resistencia a una mirada de las políticas públicas, tanto en la forma como en el fondo, que se reafirma a pocos meses de terminar este gobierno. En los hechos, la Moneda le quitó los patines al equipo económico.

Y así como los dolorosos casos de corrupción que afectaron a sus gobiernos, dilapidaron ese activo de superioridad moral que la antigua Concertación ostentaba sobre la derecha; hoy la Nueva Mayoría echa por tierra esa ventaja que en los últimos años pretendió exhibir frente a la oposición: me refiero a ser la única fuerza política que garantizaba gobernabilidad. No cuestiono la decisión de la Presidenta. Creo que fue consistente y coherente con lo que genuinamente ella aspira a que sea su legado. Pero sí reprocho la desidia y la torpeza para afrontar y resolver este conflicto, pues hace todavía más cercana y nítida esa imagen de Bachelet entregándole por segunda vez la banda presidencial a Piñera.

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Un gobierno que va de crisis en crisis

El gobierno de Bachelet parece que nunca dejará de sorprendernos, por cierto para que se cumpla a cabalidad su lema: “cada día puede ser peor”. La última crisis de gabinete ha sido inédita, al menos desde 1990. El equipo económico completo esta vez fue pulverizado por el pecado de defender la trascendencia del crecimiento económico, la madre de todas las batallas. Es el tercer cambio en tres años y medio. Lo curioso es que ella misma dijo que “sin crecimiento económico no había desarrollo social”, que se suponía era el sello de su gobierno. Pero nunca le interesó la economía. Ergo, no tenemos ni crecimiento ni desarrollo social.

A días de haber asumido se mandó un bono que definió como un “derecho social”, algo impensado en políticas públicas de calidad. Ahí no más se lanzó un gasto permanente de US$ 500 millones por año. Y así continuó gastando y generando la enfermedad crónica de déficit fiscal agudo y aumento de deuda. Es decir, hipotecó la casa para la gran farra, que deberán pagar los gobiernos sucesivos. Sus reformas fundacionales aprobadas con retroexcavadora son todas literalmente contra el crecimiento e improvisadas. Prometió que nadie se repetiría el plato, y hoy tiene ocho ministros de Lagos.

Terminada la noche oscura de Arenas, de la gestión de Valdés se esperaba mucho, especialmente acoplado con un buen jefe de gabinete como Burgos. Pero no fue así. Burgos fue prontamente sacrificado, y Valdés apoyó algunas de las peores reformas contra el crecimiento, como la reforma “sindical”. Prometió controlar el déficit fiscal pero en los hechos no fue capaz. Prometió mejorar la productividad (con Céspedes), pero ésta cayó. Prometieron más y mejores empleos y fue exactamente lo contrario, y en esa desesperación contrataron más de 100.000 funcionarios públicos adicionales. Valdés nunca fue capaz de acertar a un solo pronóstico de la economía y siempre el ajuste fue a la baja, lo que le permitía gastar más y así se generó el tremendo déficit.

La izquierda dura lo despreciaba y lo atacaba sistemáticamente por no soltar aún más la billetera fiscal ya reventada. La derecha lo alababa por parar los goles del populismo, pero su tarea era meter goles en el crecimiento de la economía. El prestigio técnico de Valdés se deterioraba día tras día lo que culminó con el episodio Dominga. Ahí se le paró la pluma y dijo basta. Esta actitud decidida contrasta con su gestión anterior, pero con ello desenmascara las enormes debilidades de la Presidenta y su verdadera agenda. Con esta decisión de Valdés y todo el equipo económico, su prestigio se ha recuperado, ya que el foco del problema quedó muy bien identificado.

Ahora vuelve Eyzaguirre, que ha sido el mejor ministro de Hacienda de todos los gobiernos de centroizquierda. Fue él (ideada por Marcel) quien instauró la sana regla del superávit fiscal y el gasto en función del ingreso permanente. Una regla que fue literalmente despedazada en los dos gobiernos de Bachelet. Qué paradoja tan grande de la historia. Ahora concluirá en Hacienda con las cuentas fiscales totalmente desequilibradas. Como ya dejó de ser técnico, fracasó en educación, y pasó a ser político, y a estas alturas del año, si hace algo será aumentar aún más el gasto para enfrentar las elecciones. Este es el ministro que cree que todo lo ocurrido en la gestión de este gobierno fue en realidad “mala pata”, lo que no parece un comentario muy profesional de un economista serio.

Bachelet seguirá en el limbo soñando con la refundación del país, defendiendo al chavismo, y con el peso de sus malas reformas, todas repudiadas por la ciudadanía. Todos queremos cambios, reformas y progreso, pero no estos continuos transantiagazos. Esta gran falta de competencias y sobreideologización que ha mostrado la Presidenta, dan pánico en los meses que le quedan de gobierno.

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To be or not to be

Se cita al Comité de Ministros para un lunes temprano. El viernes anterior comienzan a llegar por email decenas de documentos del polémico proyecto Dominga. El ministro Céspedes se retira argumentando que no hubo tiempo para analizar y digerir los argumentos. Pero el golpe blanco ya estaba orquestado. El proyecto se rechaza. Micco sale en defensa de la institucionalidad y del sentido común. El ministro Mena, el héroe político de este capítulo, intentó explicar lo inexplicable usando argumentos de todo tipo. Incluso, después de una respuesta más bien confusa, el ministro de Medio Ambiente termina abruptamente una entrevista radial, argumentando que era un programa que “analizaba inversiones”.

Mientras tanto, el Hamlet de Hacienda masculla el dilema del ser o no ser hasta que finalmente declara que “algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas”. La Presidenta no lo recibe y le responde en público hablando de “la economía verde y la economía azul” y la preocupación del gobierno por el medioambiente. Entre dimes y diretes, el capítulo termina con la renuncia de todo el equipo económico. Y Valdés, en un gesto simbólico, la anuncia en el mismísimo Ministerio de Hacienda.

Pero como a Bachelet no le entran balas, rápidamente reemplaza a Valdés por Eyzaguirre y a Céspedes por Rodríguez Grossi. Durante su discurso de cambio de gabinete, manteniendo esa porfía y contumacia que algunos voceros todavía prefieren llamar “su determinación” o “sus convicciones”, la Presidenta insistió con el “ciclo de cambios” y el “camino de cambios” que inició su gobierno. Por su parte, el ministro Valdés se despidió hidalgamente aclarando la importancia de que “el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables”, reconociendo que no logró que “todos compartieran esta convicción”. Enseguida, Bachelet, en una actividad de entrega de aguinaldos dieciocheros, agregó que no concibe “el desarrollo a espaldas de las personas, no me imagino un país donde solo importan los números”. Y el viernes reaccionó nuevamente rematando: “Yo siento que, lamentablemente, la política se ha transformado mucho en proyectos más individuales que en proyectos colectivos. Porque es dura la política, es duro para las mujeres todavía, para quienes entraron no desviarse del camino” (sic.).

Ahí están los hechos y algunos dichos. Ahora vamos a las interpretaciones. Aunque es sabido que la relación entre economía y política es compleja -no en vano en sus orígenes se hablaba de economía política y la primera Facultad de Economía en la Universidad de Cambridge (1903) se llamó Faculty of Economics and Politics-, veamos el carácter de Bachelet. Se habla de cómo en estas situaciones ella “afianza su liderazgo y autoridad”. Desde ese inolvidable “cartillazo” a Carabineros el año 2006 -escoltada entonces por el presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier-, los ejemplos del ejercicio de su autoridad sobran. Y vuelve a la memoria el lapidario y tal vez premonitorio diagnóstico del historiador y columnista de este medio Alfredo Jocelyn-Holt, cuando en un seminario, en plena campaña presidencial en agosto del año 2005, encaró a la candidata Michelle Bachelet afirmando: “Pienso que es usted un producto mediático, populista, una carta tapada, no reconocida aún de la fuerza militar”. Es evidente que hay una actitud militar en su manejo de la autoridad o en su forma de gobernar. Valdés lo debe saber.

Sebastián Edwards, en su libro Conversación interrumpida, recuerda cómo en las marchas de trabajadores y obreros un Land Rover, que parecía sacado de una película, se abría paso entre la muchedumbre con un guapo joven rubio al volante y una rubia estupenda flameando la bandera socialista sobre el techo del jeep (pp. 59-60). El joven Edwards, que también vestía una camisa verde oliva, descubrió que era una pareja de estudiantes de Medicina. Eran Michelle Bachelet y Ennio Vivaldi. Bachelet proviene de esa aristocracia socialista en la que, como nos recuerda Orwell, algunos son más iguales que otros. Y por eso es la tribu cercana la que cuenta con su venia y confianza. Entonces, no debe sorprendernos que Eyzaguirre reemplace a Valdés.

Quizá estas dos características contribuyen a explicar su conducta y esa especie de desapego a la realidad. Pareciera no importarle lo que opine la gente. De hecho, al contraponer medioambiente versus crecimiento o al empujar la reforma constitucional a como dé lugar, ignora las grandes prioridades y preocupaciones de la ciudadanía. En la última encuesta CEP, ante la pregunta “¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno?”, las grandes preocupaciones siguen siendo delincuencia, salud, educación, sueldos, empleo y corrupción. En ese orden. En cambio, la reforma constitucional y el medioambiente comparten el lugar número 14. Quizá no estamos tan mal como ella cree en ambos aspectos.

La renuncia de Valdés fue la crónica de una muerte anunciada. Dominga, la gota que rebasó el vaso. A mi juicio, hizo lo correcto, incluso desde el punto de vista republicano. Contrario a lo que pareció sugerir la Presidenta Bachelet, no fue fruto de un “proyecto individual”. Valdés encarnó una señal colectiva potente. Si cabe alguna crítica, quizá Valdés, en su afán de compatibilizar lo “político con lo económico”, cedió demasiado a lo primero.

El del jueves fue un amargo partido para el equipo económico. Pero no es el fin de ‘la roja’. El rule of law -esas “reglas claras y estables” a las que se refirió Valdés en su discurso de despedida- sigue en pie. Y es de esperar que después de este paréntesis sesentero liderado por Bachelet, Chile siga jugando por la copa del progreso.

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Guillier sin margen

La encuesta CEP conocida el viernes vino a ilustrar la consolidación de las tendencias que han marcado el proceso político de los últimos meses. En primer lugar, un gobierno que no logra dejar atrás sus bajos niveles de aprobación, contrastando con la visible mejoría que las administraciones anteriores han exhibido en sus etapas de cierre. En paralelo, el reforzamiento de Sebastián Piñera como el candidato con más probabilidades de ganar la próxima elección, optimizando no solo sus eventuales resultados en primera y segunda vuelta sino, incluso, mostrando también avances importantes en la valoración de sus atributos personales y en expectativas de gestión.

El estudio de opinión del CEP dejó a su vez en una encrucijada compleja al candidato del oficialismo Alejandro Guillier, que se enfrenta a un empate técnico con la abanderada del Frente Amplio, al tiempo que tiene a la candidatura DC quitándole votos decisivos para asegurar su paso a segunda vuelta. En rigor, la enorme cantidad de respaldo que Beatriz Sánchez le arrebata a Guillier por la izquierda y que Carolina Goic le impide obtener en el centro, generan un escenario de muy difícil solución política, donde cualquier diseño que implique disputar en serio los votos de una, supone el riesgo de consolidar la pérdida de votos hacia la otra.

El dilema en que se encuentra el candidato de la Nueva Mayoría lo obliga entonces a una costosa ambigüedad, a una letanía que complica su posicionamiento y resta consistencia a sus definiciones públicas. Y en un momento donde precisamente lo que está en juego es la consolidación o eventual rectificación del ciclo político, momento que exige mostrar convicciones y claridad estratégica, el representante de la Nueva Mayoría es quien hoy se ve más limitado en sus opciones y movimientos, condenado a un camino de generalidades e impresiones, para no seguir arriesgando votación por el centro y por la izquierda.

El senador Gullier se encuentra en este cuadro forzado a un equilibrio en el límite de lo imposible, derivado de la amenaza que suponen dos candidaturas que se mueven en coordenadas políticas y culturales similares a las de su propio electorado, pero ninguna de las cuales disputa o pone en riesgo las bases de sustentación de quien es, en realidad, la única amenaza real para la continuidad en el gobierno de la Nueva Mayoría, es decir, Sebastián Piñera.

En definitiva, en el actual escenario todos los actores políticos parecen estar trabajando de manera coordinada para asegurar el triunfo del candidato de Chile Vamos. De los ocho abanderados que hoy compiten en la elección presidencial, seis se disputan el electorado de centroizquierda: casi un suicidio colectivo, al cual contribuye además un gobierno que no deja de hacer sus mejores esfuerzos para seguir cometiendo errores e impedir así avances significativos en sus niveles de aprobación. Al final del día, la encuesta CEP conocida a menos de tres meses de la primera vuelta, mostró a Alejandro Guillier, candidato que representa la continuidad de la Nueva Mayoría y de sus emblemáticas reformas, en un lugar muy parecido al peor de los mundos.

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El bacheletismo

Si acaso es cierto que la actividad política se caracteriza por la capacidad de lograr acuerdos entre grupos de distinto signo, lo menos que puede decirse es que este gobierno ha fracasado rotundamente. Esto ocurre porque la Presidenta -más allá de su voluntarismo y de su triunfo de 2013- nunca ha dejado de tener enormes dificultades para comprender que, en democracia, el ejercicio del poder implica una dimensión colectiva. El gobierno de una persona debe ser también el gobierno en torno al cual muchos convergen.

La memoria de Michelle Bachelet es persistente y, por lo mismo, se prometió no olvidar cuán intervenida se sintió con la llegada de Edmundo Pérez Yoma a su primer gobierno. Con la férrea voluntad de no volver a permitir nada semejante, y de mantener el mando firme a cualquier costo, la Mandataria ha ido radicalizando esa curiosa estrategia de rodearse de personas de mucha confianza, pero sin peso específico. Un caso insigne es el de Nicolás Eyzaguirre, talentoso ministro de Lagos, que se ha transformado en una pantomima de sí mismo, incapaz de darle a todo esto la menor conducción (todo sería por “mala pata”). Eyzaguirre eligió, para quedarse en el gobierno, una mal entendida lealtad personal, en desmedro de la lealtad política propia de la democracia (que implica ejercer contrapesos internos).

Así, la Presidenta se ha ido rodeando de un círculo hermético de incondicionales que cumple (supuestamente) la función de protegerla, pero pagando el alto costo de desconectarla completamente del mundo real. Eso explica que sus intervenciones sean torpes, como a destiempo, a intervalos y casi siempre molesta. Es cierto que nuestro régimen es presidencial, pero un presidencialismo bien entendido tiene por función aunar criterios, construir confianzas, conciliar voluntades y constituir equipos de trabajo capaces de resolver los desacuerdos. Cada vez que Michelle Bachelet se ha visto enfrentada a una dificultad, termina cediendo a la tentación de insistir en su encierro, de seguir estrechando su radio de acción y su base política. Por eso, no resulta fortuito que su coalición se haya quebrado, y que las críticas más severas a su administración no provengan de la oposición, sino de las propias filas oficialistas.

En el fondo, Michelle Bachelet ha renunciado a la política democrática en beneficio de una comprensión cuasi monárquica del poder. Por extraño que suene, es el resultado lógico de la gestación de su segunda candidatura a Palacio: recibida como salvadora de una coalición agonizante, impuso su programa sin aceptar diálogo ni discrepancias y diseñó un gobierno despreocupándose de los equilibrios políticos. El último acto de este gobierno estará marcado por un bacheletismo de alta intensidad. Será un último acto coherente (nadie podrá apartarse de la línea), y también completamente solitario. Al menos ya sabemos que el bacheletismo ha sido muchas cosas -una ilusión, un carisma, un triunfo electoral, una historia personal-, pero que nunca logró encarnar una actividad política digna de ese nombre.

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El cómplice

Siempre has sido tú, Nicolás. Menita y Ana Lya podrán compartir un fin de semana en Tunquén y satanizar Dominga hasta convencer a la Presidenta, pero el verdadero cómplice, en ésta y en casi todas las jugadas, eres tú.

¿Quién estuvo dispuesto a sacar adelante una pésima reforma educacional con tal de instalar una nueva concepción, ideológica de principio a fin? ¿Quién trasnocha en el Congreso reuniendo voto a voto para aprobar proyectos de dudosa calidad legislativa? ¿Quién si no tú Nicolás puede hablar de “Gordi” sin recibir un castigo de por vida?

Es cierto, esto de que el crecimiento no debía ser el eje del gobierno formó parte del diseño desde el primer día en La Moneda. Y de seguro, tú bien lo sabías.

Recuerda lo que decían los chicos listos de Peñailillo: Presidenta, Pedro Aguirre Cerda es recordado por sus obras, por la Corfo y la educación. Nadie sabe cuál fue el crecimiento económico durante su gobierno, así que tranquila, lo que aquí importa son las reformas.

Y ese mismo discurso es el que ha guiado las acciones de este gobierno hasta el día de hoy, punto. De hecho, sospecho que el problema de Valdés consistió en pensar que podría influir desde Hacienda e irradiar un poco de cordura entre este grupo de “ex artesas”, viudos y viudas del Café del Cerro, la fogata en Horcón y una que otra peña ochentera.

Pero su origen lo traicionó. Nadie que viviese en La Dehesa podría formar parte del clan. Por cierto, no es tu caso, Nicolás. Tú tocas la guitarra, te dejas una uñita más larga y algo sabes de trasnoches y bohemia.

Tampoco el de Menita, que monta bicicleta y adorna las oficinas del Ministerio con sus fotografías pedaleando por Santiago.

Dominga fue únicamente la excusa. Eso también lo sabes. El problema con Rodrigo Valdés no se reducía a un proyecto minero o portuario en particular, por mucho que la familia presidencial tuviese alguna parcelita en la zona o que un senador de tu partido estuviese a favor de privilegiar otra iniciativa cercana.

El problema es que se vienen las elecciones y el ex rostro no prende, no funciona, no tiene carisma y le pone poco esfuerzo. Así las cosas, el riesgo de quedarse sin pega o, peor aún, de tener que en realidad trabajar, se vuelve una amenaza evidente para este mundo “ex artesiano”.

Frente a ello, no cabe más que sacar a relucir la billetera fiscal. Nada de ponernos a pelear unos pesos con los empleados públicos. Contigo, todos suponen que el reajuste será suculento.

Y en los meses que quedan, a gastar se ha dicho. Mira que con la Ley de Aborto y el matrimonio igualitario retomamos la agenda. Eso es lo que todos dicen. La Presidenta está contenta. Echémosle para adelante. Tú eres el cómplice, recuerda.

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Privacidad cero

El gobierno quiere que las policías y el Ministerio Público tengan más datos sobre nosotros. No sólo los datos privados que circulan libremente como mercancía a granel, entre bancos, casas comerciales y compañías de seguros y que revelan la casi inexistente institucionalidad que proteja la privacidad de los chilenos. No sólo los datos que cualquier operador de call center repite mientras llama para ofrecer un nuevo producto, avisándonos que sabe dónde vivimos y cuántas tarjetas de crédito tenemos. Ahora quieren los datos que las compañías de telecomunicaciones tienen sobre nosotros: con quién nos conectamos, qué vemos, cuándo lo hacemos, a quién le enviamos mensajes y desde donde. Mediante un decreto -como quien dispone de un asunto menor- parte de nuestra vida privada será almacenada por un par de años para quedar disponible al uso de la policía sin la necesidad de una orden judicial para obtenerlos. Aparentemente, la lógica detrás de la decisión es allanarles camino a Carabineros y la PDI en la solución de determinados casos. Es decir, en lugar de impulsarlos para mejorar sus habilidades de investigación y lograr, por ejemplo, detectar a tiempo millonarios desfalcos que ocurren bajo sus propias narices llevados a cabo por sus compañeros de oficina, lo que hace el gobierno es entregarles una llave maestra para mantenernos a todos bajo vigilancia. Alguien decidió, sin preguntarnos siquiera, recortar un poquito más nuestra privacidad en beneficio de una seguridad que poco a poco va tomando forma de jaula.

El mero hecho de que algo así se haga sin una discusión abierta recuerda esas viejas disposiciones de la dictadura que los adictos a la obediencia justificaban con el argumento de “quien nada hace nada teme”, una frase hinchada de estupidez que se acomoda en la sospecha alimentada de ignorancia y en el desdén por la democracia y la libertad. La misma lógica del control de identidad, que en Chile no es más que la reglamentación de los prejuicios sociales en formato policial. ¿Para qué buscar pruebas si los podemos mantener bajo vigilancia permanente? Bastará recolectar imágenes de cámaras callejeras, globos espías y llamar a las compañías de telecomunicaciones para resolver los casos que se quedan ahí congelados sin avance ni esperanza de tenerlo. Tal vez si este decreto hubiera estado vigente hace 20 años, ya habrían encontrado a José Huenante en Puerto Montt, a los asesinos de Jorge Matute en Concepción o el destino que tuvo Ricardo Harex, desaparecido en Punta Arenas en 2001. Incluso, la policía podría haberse ahorrado el bochorno de culpar a las niñas desaparecidas de Alto Hospicio de haberse fugado de sus casas para prostituirse, cuando lo que estaba sucediendo era algo muy distinto.

Seguramente si el decreto llega a entrar en vigencia, tendremos el consuelo de que el poder que les conferirá a los organismos del Estado será administrado de manera criteriosa, como fue manejada la reciente denuncia de una becaria costarricense de la Escuela de Oficiales de Carabineros, que luego de haber denunciado a un instructor por violación, fue enviada a una clínica psiquiátrica privada en donde la mantuvieron sedada contra su voluntad, incluso amarrada, según el testimonio entregado. ¿Nuestros datos privados estarán a disposición de personas como aquel instructor denunciado o como el oficial que mandó a la víctima a una institución psiquiátrica sin comunicárselo al cónsul de su país?

El gobierno espera resolver de modo más eficiente determinados delitos abriendo a la fuerza una puerta sin siquiera tener la delicadeza de golpear y pedir permiso. En ese gesto nos transforma a todos en sospechosos y le da a la democracia la apariencia de un gendarme.

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La riña del año

En su derivación latina, el término cataströphe significa “tardío”, y la teoría literaria lo usa para describir el desenlace de una obra dramática. Recuperando el origen griego, donde katastréphein significa “destruir”, las dos principales acepciones modernas son, en primer lugar, “suceso que produce gran destrucción o daño” y luego “persona o cosa que defrauda absolutamente las expectativas que suscitaba”.

Es curioso: todos estos significados están presentes en la refriega gubernamental que culminó con la primera renuncia masiva de un equipo económico desde los tiempos de Pinochet; más exactamente, desde febrero de 1985, cuando los ministros de Hacienda y Economía, Luis Escobar Cerda y Modesto Collados, fueron removidos por el general Pinochet después de meses de sostenidas tensiones entre ambos y La Moneda. O sea, hace 32 años. Los contextos son muy diferentes, aunque en materia de conducción económica, los conflictos adquieren una semejanza de base: criterios técnicos contra condiciones políticas.

La de esta semana ha sido (hay que decirlo) una riña muy poco comedida, con escaso cuidado por las formas, enteramente inelegante. Los ministros de Hacienda y Economía han tenido que irse, no por el desflecado rechazo al proyecto de la minera Dominga, sino porque, en un momento tardío, han descubierto que la Presidenta no piensa como ellos. Después de horas de versiones y ríos de tinta, aún no es posible descartar que la pendencia haya sido desatada puramente por razones personales, broncas de temperamento y de modales sin un gran contenido económico, ni menos ideológico.

Sin embargo, en el cierre de la crisis, como postrera cachetada a los ministros caídos, la Presidenta insinuó un desacuerdo de este último tipo, cuando dijo que “no concibo un desarrollo al margen de las personas y donde sólo importan los números y no el cómo lo están pasando las familias en sus casas”. La conexión entre “los números” y “las familias en sus casas” es precisamente la economía; en otras palabras, sin divisar ese vínculo no se entiende la economía.

Lo que hace presumir que pudo haber más componentes personales que políticos es la escasa racionalidad de los hechos, su lado de katastréphein y de cataströphe: el inmenso daño, el carácter destructivo y la dimensión tardía.

Es muy difícil imaginar que algún gobierno pudiese planificar el despido de todo su equipo económico a seis meses del término de su mandato y a dos y medio de unas elecciones generales, en un cuadro donde todos los indicios apuntan a una victoria de la oposición. No, la sola idea de un tal plan resulta descabellada. Nadie quiere terminar su proyecto deshilachándose, cayéndose a pedazos. Los gobiernos tratan de irse de a poco, en lo posible sin que se note, con discretos cortesanos que aplaudan sus logros. Es insensato que un gobierno se provoque una estampida.

Pero, sin que nada de esto haya estado organizado, tampoco ha existido contención, ni siquiera por el sensible hecho de que hay elecciones en 10 semanas. Las perspectivas de todos los candidatos presidenciales situados desde el centro hacia la izquierda ya eran bastante malas antes de esta crisis, como lo confirmó la encuesta del CEP. Después de la charada de los ministros, ¿existe alguna posibilidad de que mejoren? Ninguna. Si el candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, sindicaba al gobierno como una de las instituciones que más lo perjudican, ahora puede decir que también es la que más está contribuyendo a incrementar las posibilidades de la oposición.

Esta cuestión vuelve una y otra vez como una incógnita ciega. Es claro que a la Presidenta no le interesa ni le gusta la política a la escala de los partidos. Le gustó, en cambio, la idea de construir su coalición propia -la Nueva Mayoría-, pero el trabajo de los tornillos lo hicieron Rodrigo Peñailillo y sus boys, cuya corta vida puede ser un indicio sobre la fortaleza de la criatura. El hecho es que, una vez nacida, La Moneda se ha acordado de ella sólo a la hora de distribuir los cargos públicos, sin más atención que la que se tiene hacia los controladores de los partidos, los inspectores de siempre. Punto.

Es extraño que la existencia de una coalición sea concebida solamente dentro del espacio de los funcionarios públicos y -por presión de los partidos- dentro de una reunión semanal cuya utilidad es de tal naturaleza que a veces no se convoca. Pero es incomprensible que un programa de reformas de largo plazo, proyectadas para modificar aspectos profundos de la vida social y, por lo tanto, para desarrollarse a través de muchos años, no considere ni por asomo el problema de la sucesión o, con más claridad, el de la continuidad. Sin tenerlo en cuenta, se llegará siempre a las mismas dos conclusiones que han sido favoritas en este cuatrienio: a) el gobierno es demasiado corto, y b) el gobierno tiene mala pata.

También es posible que sucesión y popularidad no sean lo mismo, y que el desanclaje entre ambas haga posible elegir una sin ocuparse de la otra. La Presidenta tiene la experiencia del 2010, cuando entregó el mando a un opositor y se fue a la ONU en las nubes de la simpatía popular. ¿Puede ser esa la expectativa de esta vez? Parece difícil: caen los ministros, el gobierno se desbanda, la coalición se quiebra, las elecciones se ven mal, en fin, cae la noche.

Pero viene el Papa.

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Los saldos y el legado

“Es Chile -dijo el ex Presidente Ricardo Lagos- el que pierde”, al referirse al cambio de gabinete de esta semana. Ojalá eso no ocurra. Lo que sí está claro es que es difícil encontrar ganadores en la operación, aun cuando fue el propio gobierno el que la libreteó, la montó y la orquestó. Rodrigo Valdés tuvo que abandonar su puesto porque ya no le quedaba ninguna otra alternativa tras la escenográfica desautorización que la Presidenta Bachelet protagonizó en El Maule con el ministro de Medio Ambiente.

Al irse lo siguieron el ministro Céspedes y el subsecretario Micco, esto es, el núcleo básico del equipo económico. Si bien su gestión en Hacienda no fue especialmente gloriosa, sí proyectó dentro del gabinete una imagen de solvencia técnica, sentido común y racionalidad política que era importante dentro de una administración que se ha distinguido por sus chapucerías e improvisaciones.

Es probable que el gobierno no haya quedado ni mejor ni peor. Quedó donde mismo, aunque por cierto más desgastado en términos de imagen y conducción. El cambio ministerial, sin embargo, bien podría ayudar a transparentar lo que hasta aquí ha sido su hoja de ruta. De alguna manera la salida de Valdés hace caer algunas máscaras. Entre otras, la máscara de una administración que valoriza el crecimiento. A estas alturas importa poco el apellido que se le ponga: crecimiento sustentable, inclusivo, equilibrado, ciudadano o como quiera llamársele. El fracaso ha sido parejo, cualquiera sea la métrica que se utilice, y en el fondo representa el costo que la Presidenta decidió pagar, convencida como lo estuvo y lo sigue estando -legítimamente, por lo demás- que eran otras las variables que su segunda administración estaba llamada a priorizar. Otro cuento, por cierto, es que hubiera sido preferible, en tributo a la higiene política, explicitarlo desde el principio.

Con el tiempo, cuando se conozcan todos los antecedentes que condujeron al rechazo del proyecto minera Dominga, el país recién podrá empezar a calibrar la forma enredosa, oblicua y visceral en que se tomaron muchas de las decisiones de este gobierno. Cada día se hace más evidente que en ese rechazo lo que menos pesaron fueron las consideraciones ambientales. Al final este fue un mero juego de pulsos que convirtió un proyecto de inversión de 2.500 millones de dólares en una mera carta de desaires, estrellones, desquites y cahuines. En ese sentido es que cabe afirmar que el crecimiento nunca fue tema.

Al parecer, por desencuentros anteriores, las cuentas entre la Presidenta y su equipo económico estaban muy cargadas emocionalmente. Pero no cabe duda de que existían terapias bastante más económicas para limpiarlas. Un oportuno cara a cara, por ejemplo, hubiera sido harto más sano y más barato.

La renuncia de Valdés pone en su lugar también otro mito: que uno o dos ministros pueden ser capaces de conducir al norte un gobierno resuelto a navegar al sur. Eso no funciona. No al menos si no son empoderados y de ninguna manera si no cuentan con la confianza irrestricta de los mandatarios. Los gobiernos son máquinas en las cuales con frecuencia los gabinetes son apenas engranajes de un todo mayor y son tantos los factores que inciden en el rumbo de una administración que no tiene mucho sentido sobredimensionar lo que puedan hacer los llaneros solitarios.

La decisión de Bachelet, Mandataria que volvió a La Moneda con el más ideológico de los programas de gobierno que ha conocido el país desde el año 90 en adelante, es no mostrar deserción alguna en los meses que le restan de mandato. A eso vino y nadie la convencerá de otra cosa. Ni siquiera su propia coalición, con la cual, por lo demás, mantiene sus distancias. Su manera de entender las funciones de gobierno pasa mucho antes por un tema de lealtades incondicionales a su persona que por un proyecto histórico del cual los partidos y las bancadas parlamentarias puedan sentirse parte.

Porque, ¿de qué proyecto estamos hablando? La verdad es que no es fácil visualizarlo. Es borroso. El discurso presidencial insiste en la igualdad, en la inclusión y en los derechos sociales. Veta el crecimiento a cualquier costo, como si alguien estuviera por eso. Insiste en que el país debe comenzar a hacer las cosas de otra manera, lo cual es un eufemismo para instar a la demolición de la obra de la Concertación.

El oficialismo, que se emocionó y embriagó con esa propuesta, solo ahora comienza a tomarle el peso. Y se lo está tomando porque -como dicen todas las encuestas- a la ciudadanía no le gustó la aventura. Los indicadores de rechazo al gobierno no aflojan. La izquierda está más fragmentada que nunca desde el retorno a la democracia. Y la candidatura presidencial DC sigue debatiéndose en la irrelevancia.

Como saldo, qué duda cabe que es decepcionante. A la Presidenta, sin embargo, el asunto no le importa, porque solo estaría preocupada de su legado. La pregunta es si se puede, a partir de malos resultados, construir una pirámide perpetua de reconocimiento histórico. ¿Para quiénes se gobierna? ¿Para chilenos de hoy o para los que se cuenten cuentos en cien años más?

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