Predicar, pero no con el ejemplo.

Cuando los abusadores pertenecen a una institución con el poder social que ha ostentado la Iglesia católica, las víctimas tienen derecho a una reparación pública por el daño recibido. La Conferencia Episcopal Española tendría que sentir el deber moral de asistirles en su herida enfrentándose al hecho de que protegieron a un buen número de abusadores que camparon durante décadas a sus anchas.

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