Infancia vulnerada: prioridad inexcusable

El pasado domingo 19 reveló un nuevo escenario con la emergencia potente de actores en uno u otro lado del diálogo político. Sin duda, la última fase de campaña será altamente competitiva disputando un electorado huérfano de candidato o aquél que se abstuvo en la primera vuelta.

Por ello que sabiendo la eventual polarización resultante, es más que nunca necesario converger en umbrales mínimos que permitan avanzar como nación en aquellas prioridades que resultan inexcusables para quienes aspiren a conducir un país con visión de Estado y pensando en la unidad de todos, más allá de nuestras legítimas diferencias.

Es evidente que uno de esos mandatos perentorios es la capacidad con la que el Estado garantizará el bienestar y los derechos de la infancia y en particular la que ha sido vulnerada una y otra vez, muchas veces por el mismo Estado que dice protegerla.

Existen en la actualidad 6 proyectos de Ley en discusión en el Parlamento: el de Garantías, Subsecretaría de la Niñez, Defensoría, entrevistas video-grabadas,  Servicio de Reinserción Juvenil y el nuevo Servicio de Protección Especial. Tales proyectos constituyen un cuerpo referencial de la nueva institucionalidad que se espera dé respuesta a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile, en distintos tratados internacionales, a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño hace más de un cuarto de siglo.

Si bien es cierto ha habido avances importantes en la tramitación de algunos de dichos proyectos, la ley marco y fundamental sobre la cual se articulan ha evidenciado importantes carencias que permitan dar operatividad al sistema que pretende ser garante de los derechos de la infancia. La fragmentación de la estrategia legislativa ha puesto de manifiesto graves postergaciones como las de remitir a la tramitación del Sistema de Protección la realidad de los niños más vulnerados, suponiendo una lista de espera legislativa frente a la realidad del resto de la infancia, otra lista de espera que por situaciones de pobreza y exclusión deben enfrentar.

Es necesario que las candidaturas se pronuncien de manera contundente en estas materias. La postergación legislativa de los niños que requieren más protección transgrede un límite que no se condice con un Estado definido desde su constitución para esos fines, más aún  en el ámbito de la gestión resulta de la mayor gravedad que los poderes públicos no adopten eficazmente las medidas correctivas que pongan término con urgencia al actuar negligente  e incluso culpable, derivando en la muerte o el riesgo inminente de ella de miles de niños bajo el sistema de protección.

Precisamente una, sino la principal razón de la crisis ha sido el abandono de la intersectorialidad al sistema de Sename, que finalmente depende de la capacidad de articulación con los otros ministerios y que, como sabemos, han fallado rotundamente. Por esta razón, resulta preocupante  que no habiendo claridad ni evidencia respecto a los beneficios de establecer un margen de protección administrativa se esté avanzando en un marco legal que tendrá un trámite legislativo sin resolver materias fundamentales de operación. Un ejemplo de ello es la falta de acceso a cobertura de atención en salud física y mental para niños en grave riesgo.

Es en estos temas que esperamos que los candidatos encuentren un camino común para converger en soluciones que demuestren el compromiso del Ejecutivo en dar sustento a las acciones que tanto el Poder Legislativo como el Judicial han previsto desde sus ámbitos y que hasta el momento siguen siendo una deuda dolorosa con los niños más postergados y excluidos de Chile, donde debiera estar el fundamento del estándar ético de nuestra sociedad.

 

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