Financiamiento responsable

Financiar el Programa de Gobierno del expresidente Piñera cuesta US$14.000 millones en 4 años. Esto es, unos US$3.500 millones por año (1,3% del PIB). La mitad se financiará aumentando el crecimiento económico en un punto anual. Cada punto de crecimiento genera recaudación por unos US$ 700 millones. Así, el primer año hay un punto más de recaudación y crecimiento; el segundo dos puntos más (uno de la mayor base del primer año, más el punto adicional del segundo año); el tercero 3 más, y el cuarto año 4 puntos más de PIB. Todo esto permite recaudar US$ 7.000 millones adicionales en el periodo.

Los US$ 7.000 millones restantes provienen de un esfuerzo de austeridad fiscal y reasignaciones de gastos mal evaluados, lo que equivale a 2,5% del gasto público anual. Algunos dicen que esto no puede o no debe hacerse. Nosotros creemos que es un imperativo. En los últimos cuatro años el gasto fiscal ha aumentado más de 23% en términos reales, el déficit fiscal ha escalado a niveles cercanos a 3% del PIB y la deuda pública se ha más que duplicado. Además, el gobierno actual ha comprometido prácticamente todos los ingresos proyectados de los años venideros. La irresponsabilidad fiscal y el frenazo económico nos han significado una rebaja de la clasificación de riesgo país por primera vez en un cuarto de siglo. En este insostenible escenario, usar bien los recursos que son de todos los chilenos no solo es inevitable; es un deber. Quienes deben dar explicaciones son los que han estado detrás de estos hechos y que hoy se niegan a enmendar rumbo.

Al heredar un déficit fiscal sobre 4% del PIB en 2009 y enfrentar un terremoto, en 2010 y 2011 debimos reasignar gastos por cerca de US$750 millones de dólares cada año (unos US$820 millones de hoy). Redujimos horas extras, viáticos, materiales de oficina, útiles de aseo, insumos computacionales, telefonía fija y celular, publicidad y difusión, servicios generales, suscripciones, pasajes y fletes, arriendos de vehículos, gastos de representación y electricidad. Esto equivale a unos US$ 3.300 millones en 4 años. Sabemos cómo hacerlo y se puede volver a hacer.

Pero además se ha abierto un debate importante sobre el buen uso de los recursos fiscales. El 60% de los programas públicos revisados por expertos externos han sido mal evaluados. Es un deber actuar aquí y no quedarse de brazos cruzados. Por ejemplo, necesitamos invertir en capacitación y deberíamos tener buenos programas públicos para hacerlo. Pero si los resultados no son los esperados, deberíamos reformularlos para mejorar la capacitación, especialmente para las PYMEs, donde poco y nada llega. Si seguimos haciendo lo mismo, estaremos dilapidando recursos que son de todos los chilenos y que debiesen ir en beneficio de los trabajadores más vulnerables.

Varios estudios independientes muestran que las capacitaciones del Sence no dan resultados positivos y están mal diseñadas (ver nota técnica del BID 155 de 2010 o el informe de la Comisión Larrañaga de 2013). Este programa cuesta al fisco unos US$ 360 millones anuales (Presupuesto 2018), o casi US$ 1.500 millones en 4 años. Lo que debe hacerse no es eliminar la capacitación, sino reformular el programa, mejorarlo y reemplazarlo por uno de mejor calidad. Es una responsabilidad mínima, y no se entienden las posturas que defienden institucionalidades que malgastan los recursos públicos.

Para reformular programas mal evaluados se recurrirá a evaluaciones expertas e independientes. Lo responsable es mejorarlos o reemplazarlos por otros de mejor calidad, que sí cumplan con sus objetivos. Tal como lo haría cualquier familia chilena con la administración responsable de las finanzas de su propio hogar. Por ello, quienes están a cargo de las finanzas públicas deben ser especialmente cuidadosos a la hora de cuidar los recursos que son de todos los chilenos. Llegó la hora de hacerlo.

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