Pero el obispo también sabía que el acusado no era un ciudadano común. La posición de don Juan Vicente entre los criollos de Venezuela era de privilegio; sus honores y títulos provenían directamente de la corte de España. El obispo decidió recomendarles a las mujeres que se dedicaran a orar, que evitaran el contacto con su verdugo y tomaran un estricto voto de silencio. A don Juan Vicente le dio a entender que realmente no les daba crédito a las testigos pero que, si se seguían denunciando violaciones similares, se vería obligado a corregir a su señoría “con el rigor de la ley”[69].
