El nombre de Bacrim tenía más una connotación política, que una intención de describir la realidad. El Gobierno buscaba destruir el concepto de paramilitarismo y, sobre todo, borrar a cualquier costo todo posible indicio de relaciones entre agentes estatales y estos grupos. Además, esperaba no darle una connotación política a estos grupos. Es decir, no darles estatus de beligerancia y, ante todo, borrar la imagen de grupos ilegales de dimensión nacional. Entre 2006 y 2008 lo que se dio fue un proceso de reconfiguración criminal en las zonas.
