De manera paralela, las múltiples violaciones al cese de hostilidades –que realmente nunca existió– y las abiertas confrontaciones por el poder territorial, minaron la confianza en el proceso de desmovilización por parte de la comunidad internacional y de un amplio sector de la sociedad colombiana, que incluso llegó a cuestionar la legitimidad de una mesa de negociación entre un Estado patrocinador del paramilitarismo y los paramilitares.
