Esa política llevó a la entrada en vigor, en julio de 2014, del Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos entre México y Estados Unidos, que canceló el legado de la expropiación petrolera cardenista para permitir la explotación del petróleo y el gas natural a empresas transnacionales como ExxonMobil, BP y Chevron, entre otras.
