Astorga ha documentado con suficiencia cómo el Estado mexicano disciplinó y subordinó a las organizaciones criminales durante la segunda mitad del siglo XX, forzándolas a operar bajo el control del poder político del PRI hasta mediados de la década de 1990. Como un asunto de seguridad nacional y bajo el dominio político absoluto del Estado, soldados y agentes policiales concibieron un fluido y ordenado sistema de tráfico con un reducido índice de violencia.
