El propio Estado de Israel, a través de las declaraciones formuladas antes del juicio por el primer ministro Ben Gurión, y también mediante el modo en que el fiscal formuló la acusación, creó una mayor confusión al formar una larga lista de las finalidades que el proceso debía alcanzar, todas las cuales se hallaban más allá de las finalidades propias de la aplicación de la ley mediante el procedimiento legal.