En agosto de 1990, el primer y único parlamento electo de la RDA aprobó una ley que garantizaba el derecho del pueblo a ver sus propios expedientes. Pero el gobierno de Alemania Federal, en su borrador del Tratado de Unificación de ambos países, recomendó que se enviaran todos los expedientes a los archivos federales de Koblenz, en Alemania Federal, donde lo más probable era que se guardasen bajo llave. Los ciudadanos de a pie de la RDA estaban horrorizados. Temían que se siguiera utilizando toda la información sobre ellos, o que no llegasen a saber nunca cómo había manipulado sus vidas la
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