La regulación impuesta de forma prepotente puede resultar aún más corrosiva del espíritu comunitario que los incentivos monetarios. Permitir a los habitantes de una localidad que estimen ellos mismos los riesgos, posibilitar que los ciudadanos tengan parte en la tarea de decidir qué lugares son los que mejor sirven al interés público, conceder a las comunidades receptoras el derecho a cerrar instalaciones peligrosas si fuera necesario, todas ellas son formas más seguras de ganar el respaldo público que simplemente intentar comprarlo.
