Hay cosas de las que se habla con mucha frecuencia y terminan convirtiéndose en significantes vacíos. Un significante vacío es un término que no tiene un concepto fijo y preciso, sino que depende del contexto en el que se utiliza. Tal es el caso de la palabra “corrupción”.
Corrupción viene del latín corruptio que significa “acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción, también acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien”.
La corrupción es un fenómeno inherente a cualquier sistema, que ha alcanzado cotas obscenas en el sistema capitalista, que privilegia la acumulación de riqueza ya que el prestigio, la honra y el “poder” se garantizan desde la capacidad adquisitiva, desde la posibilidad de mover influencias y cooptar opiniones, hasta, incluso, amedrentar a la gente para que todo se ajuste a quien tiene los medios para hacerlo.
En general, los países que sufren conflictos armados o autoritarismo suelen tener una mayor tendencia a la corrupción. Pero también es común que esto ocurra en aquellos países que por años han diseñado sofisticados sistemas para apoderarse de los recursos públicos. Países en los que los representantes de los entes de control son elegidos por los gobernantes de turno, o aquellos en los que el Congreso, que tiene la responsabilidad de evaluar la toma de decisiones por parte del Estado y garantizar su bienestar, está conformado por actores que no tienen la educación, el perfil, ni la vocación necesaria para ejercer esta función. Lo que si tienen es compromisos con empresarios, actores armados al margen de la ley y un sinnúmero de condiciones que determina su paso por el ejercicio político como un acto pensado simple y llanamente para llenar sus propias arcas, aún por encima de los intereses de una nación y sus propios electores.
Tal es el caso de Colombia, un país en el que, desde la década de los 80, ha tenido un sistema político secuestrado por el sistema económico y cubierto siempre por la sombra del narcotráfico y la presión de grupos armados que, en la mayoría de los casos, se benefician de aquello.
Según un estudio de Jenny Pearce, Profesora e investigadora Latin America and Caribbean Centre, publicado en 2022, el clientelismo es uno de los principales ejes ordenadores de las relaciones políticas y sociales en Colombia, arrojando como consecuencia que un número muy reducido de personas ha dominado el escenario político y por ende el económico en Colombia: se identificaron 44 familias cuyos miembros son propietarios o accionistas principales de algunas de las 1000 empresas más grandes según el ranking publicado de la Revista Semana y 68 familias cuyos miembros han permanecido en altos cargos estatales en las últimas tres décadas.
En el caso particular de la Costa Atlántica, una de las familias más poderosas que atraviesa los sistemas político y económico es la familia Char, que llegó desde el lejano Líbano a Lorica (Córdoba) a finales del Siglo XIX y poco a poco fue cimentado una dinastía que los ha llevado a ser hoy en día, una de las familias más poderosas del país.
Si bien en sus inicios desarrollaron negocios e implementaron sistemas novedosos para la época que les sirvieron para llegar a abrir una famosa cadena de supermercados e incluso tener su propio banco, poco a poco se dieron cuenta de que el dinero estaba en el sistema político, del cual se han adueñado a punta de maromas inescrupulosas que se detallan perfectamente en el valiente y necesario libro de Laura Ardila, La Costa Nostra. Los Char son el ejemplo de lo que se puede lograr a punta de dinero que, sin ir más lejos, es el único lenguaje del mundo.
Si tienes dinero, tienes poder. Y si tienes mucho dinero, tienes mucho poder. Tanto como para comprar alcaldías, gobernaciones, concejales, congresistas e incluso el mismo sistema judicial. De la casa Char han salido políticos que han permanecido por largos períodos en el Congreso, sin haber pronunciado palabra y mucho menos sin haber propuesto proyectos de ley. Los Char construyeron un imperio en el que poco o nada les importa el bien común, siempre y cuando mantengan sus posiciones privilegiadas, más allá de la ley, teniendo incluso el descaro de salir a defender su honorabilidad en contra de toda evidencia objetiva. Eso sin mencionar que también ha corrido sangre durante el crecimiento de su imperio, construido con el dinero de todos los colombianos y que muchos de sus miembros o amigos, han sido condenados por hechos de corrupción.
Uno de los ejemplos más groseros (porque hay muchos) de todo este entramado de corrupción es un congresista como Arturo Char, que en los inicios de su carrera política aceptaba no tener la capacidad de hablar en público, que llegó al Congreso entre otras cosas a punta de mochileros (que es como se le llama a las personas que se dedican a mover los votos el día de las elecciones), que en su paso por el Congreso resultó absolutamente intrascendente, al que le demostraron evidencias objetivas e irrefutables de compra de votos, cohecho y quien sabe cuántas cosas más, y resultó absuelto por ¡vencimiento de términos! Quién sabe cuántos ceros habrá tenido esta grosera absolución.
Los detalles sobran en el libro, una investigación seria y juiciosa de una periodista que llegó incluso a estar amenazada, que sufrió intimidaciones y a quien le cerraron la puerta de la editorial, cuando el libro ya estaba ad-portas de imprimirse.
Afortunadamente aún existe un reducto de gente que cree en la libertad de prensa y que no se resigna a entregar este país a los corruptos. Algo así como un pequeño ejército de Pirros.
Hoy, a enero de 2024, no se sabe si este libro tendrá algún efecto político o económico en el clan Char, yo espero que sí; lo cierto es que el periodismo hecho con honestidad y sin temor, como lo que hace Laura Ardila, es el último rayo de esperanza en un mundo que parece haberse rendido ante el imperio del poder surgido de la corrupción y el clientelismo. Y en ocasiones, a punta de balas.