Lo que más sorprende es la combinación de un tipo de educación legal, heterogénea, dispersa a lo largo y ancho del territorio colombiano, capturada por intereses privados - cuando no políticos - y de baja calidad académica, con una profesión de ejercicio prácticamente libre, sin casi ningún control por parte del Estado y con un sistema de nivelación informal y económicamente determinado por el mercado de los postgrados. Todo eso en un país donde la justicia enfrenta desafíos enormes debidos al aumento de la criminalidad organizada.