El último golpe a la clase media

Hace exactamente cuatro años, en plena campaña, Michelle Bachelet anunció 50 medidas para sus primeros cien días. La gran promesa para la clase media y el adulto mayor, era mejorar las pensiones y crear una AFP estatal.

Ha pasado el periodo presidencial casi completo, la AFP estatal se archivó y la Comisión Bravo, creada el 2014, nunca llegó a acuerdo y sus propuestas se guardaron en un cajón desde septiembre de 2015. Recién hoy, nuevamente en campaña, el gobierno presentó su propuesta de pensiones. ¿Se trata, esta vez, de una propuesta pensada y seria o es un nuevo Hospital de Curepto, con objetivo únicamente electorales? Júzguelo usted mismo: el gobierno aumenta 5 puntos las cotizaciones con cargo al empleador. De ellos, el 40%  se quita al trabajador y se destina a una nueva entidad estatal llamada Consejo de Ahorro Colectivo.

La principal oferta de esta propuesta es un aumento de las pensiones en un 20%. ¿Es cierto? Definitivamente no. Muchos chilenos no recibirán nada, partiendo por los 600 mil chilenos más vulnerables que viven de una pensión básica de 120 mil pesos y que no recibirán ni un solo peso. Lo leyó bien: ni un solo peso.

Tampoco se aumentará la pensión al cerca de medio millón de chilenos pensionados del sistema antiguo y que están en el Pilar Solidario, ni a los trabajadores más jóvenes, quienes deberán aportar y no recibirán nada a cambio. A pesar de lo anterior, el gobierno defiende su reforma como “solidaria”.

Veamos si es cierto. Primero: la propuesta tiene un costo de 1.400 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto de este costo lo paga el Estado? Nada. Todo es pagado con la cotización del trabajador.

Segundo: ¿Serán los trabajadores de mayor ingreso, quienes más contribuyan para financiar la propuesta? Tampoco.

Aunque parezca el mundo al revés, el trabajador que menos gana, por ejemplo, pues percibe el sueldo mínimo, deberá contribuir proporcionalmente más que el gerente cuyo salario es veinte o treinta veces mayor, y que además tiene un tope imponible por el que no cotizará sobre el total. Tampoco aportarán los que no están en el sistema de AFP, aun cuando ganen más de los que si deberán aportar, ni los que reciban otras rentas, distintas a la remuneración y que generalmente son los  de mayores ingresos.

Tercero: ¿Es solidaria la propuesta a la hora de repartir los beneficios? Todo lo contrario. Con esta propuesta, el trabajador que ahorró para una pensión de 150 mil pesos, podrá recibir hasta 30 mil pesos de incremento; mientras que el ejecutivo que tiene una pensión de 3 millones de pesos, recibirá un incremento cuatro veces mayor. Y no nos olvidemos que el pensionado antiguo y aquel trabajador que no pudo ahorrar y que solo cuenta con la pensión básica solidaria, no recibirá nada.

¿Qué nuevo paradigma pretende imponernos el gobierno ahora, que al tiene más se le entrega más y al que tiene menos se le da menos?

El sesgo ideológico de la nueva mayoría es más fuerte. Se pretende crear una entidad estatal para que sea la única que administre los nuevos fondos, sin que el trabajador pueda elegir. Lo que no se dice es que este Consejo no será gratuito y cobrará al trabajador tanto y finalmente más que lo que hoy cobran algunas AFP. Se propone construir, entonces, un sistema más caro que el que hoy existe.

Finalmente, este mundo al revés del gobierno es más evidente cuando los propios creadores de la propuesta reconocen en el informe de productividad, que su “idea” podría terminar afectando hasta 400 mil puestos de trabajo,  lo que obviamente aumenta  las lagunas previsionales y bajan las pensiones.

Cuesta imaginar lo qué pasa por la cabeza de quienes diseñaron esta reforma. Es regresiva, injusta y poco solidaria. En mi opinión, esto ocurre, precisamente, cuando se legisla en forma improvisada, con fines electorales, por un gobierno de salida.

Chile necesita una reforma para aumentar las pensiones, pero hay que hacerla bien. Se trata de un cambio demasiado importante para una nueva improvisación del gobierno.

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