El bus en disputa: hay que distinguir para unir

Al igual que en otros países, como España y México, ha causado gran polémica en Chile el paso del llamado “bus de la libertad”. Lamentablemente, en estos días, la discusión ha sido mucho más emocional que racional. Ni siquiera, lo que constituiría un mínimo en el debate público entre posiciones encontradas, ha sido razonable. Pero antes de hablar sobre el fondo, me parece importante hacer un par de aclaraciones de forma.

La primera es que el bus tiene el legítimo derecho a circular. Si la prohibición del bus fuese una norma, habría que prohibir no sólo los planteamientos que se oponen a las demandas políticas (por ejemplo, legislativas) del movimiento LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex), sino también todos los discursos que, por ejemplo, consideran que la homosexualidad es un trastorno mental y, al mismo tiempo, un vicio moral. Además, estando (como expresaré más abajo) absolutamente en desacuerdo con lo que el bus representa, prefiero que las “ideas” contrarias a las mías se expresen bajo la luz del sol más bien que de manera solapada. De esta forma, cuando dichas ideas son erradas o se basan en tergiversaciones insostenibles, yo dispongo de la posibilidad no sólo de refutarlas, sino que de hacerlo con mucha menor dificultad.

La segunda es que, creo, las organizaciones LGBTI han sido comunicacionalmente derrotadas en estos días. Lo digo con dolor, porque yo soy parte de esta comunidad como persona transgénero. Esto se debió, precisamente, al planteamiento de algunas de ellas, y de no pocos activistas, a favor de prohibir el tránsito del bus o, incluso, al hecho de solicitarle al gobierno un pronunciamiento en contra. ¿Por qué es necesario siempre acudir a las “faldas” del gobierno para, en este caso, contradecir un mensaje equivocado? Por supuesto, se puede acudir a él para garantizar una convivencia pacífica, basada en la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, pero ¿es necesario incitarlo a que se sume, de manera partisana, a la batalla cultural de la que el bus da cuenta? Por lo demás, los promotores del bus —en buena medida, gracias a la publicidad gratuita que le dieron dichas organizaciones y activistas— lograron instalar la idea de que las demandas del mundo de la diversidad sexual serían totalitarias: que implicarían imponerle al resto una manera de pensar y de vivir. ¿Es esto cierto? Aquí entramos al tema de fondo.

¿Qué es lo que se estaría imponiendo? La llamada “ideología de género”, concepto al que me referí con mayor detalle en una columna anterior. Aquí sólo diré que, para importantes sectores conservadores —entre los que se encuentran los promotores del famoso bus—, esta ideología consistiría esencialmente en dos cosas: a) toda doctrina que desafíe el “orden natural” en materia sexual, es decir, que apunte a legitimar (cultural y legalmente) las identidades LGBTI; y b) en particular, el reconocimiento del derecho de las personas trans a modificar su carnet de identidad de acuerdo a su autopercepción de género.

Para dichos sectores, la imposición estatal se daría por el solo hecho de que el estado reconozca (por ejemplo, en términos legales) a las personas LGBTI como normales y, por lo tanto, con los mismos derechos que las que no lo son. Es decir, la pura circunstancia de que el estado abandone la visión de sexualidad que ellos defienden (patologizante, heteronormativa, procreacionista y discriminadora) constituiría una especie de “vuelta de tortilla” en contra de las personas heterosexuales y sus familias, que son la mayoría en términos estadísticos (esto nadie lo discute).

Pero el punto débil de este planteamiento es que las demandas de la población LGBTI no son excluyentes, sino, por el contrario, incluyentes e igualitarias desde un punto de vista jurídico. En concreto, al defender la idea de que las parejas del mismo sexo deberían tener derecho al matrimonio, no se está diciendo que habría que negárselo a las heterosexuales. En cambio, lo que buscan los conservadores es negarles este mismo derecho a lesbianas, gays y bisexuales. ¿Quiénes son, entonces, los impositivos?

Y hay otro punto clave: ¿por qué sería “ideológica” la aceptación de la diversidad sexual y no su rechazo?; ¿por qué no lo sería la creencia de que “lo normal” es que la sexualidad humana se oriente de modo esencial a la reproducción, que es lo que plantean los defensores del bus?; ¿por qué el estado debería matricularse con una determinada visión de la sexualidad (procreacionista) en vez de ser neutral y no acoger ninguna como “oficial”? Y si las “acoge”, lo debería hacer, únicamente, para propiciar reglas del juego que permitan que todas ellas puedan expresarse de manera pacífica, especialmente a través del acceso a los mismos derechos.

Por último, y de manera muy breve, me quiero referir a una sola de las tres frases del bus. “Con mis hijos no te metas”, y a la luz de los planteamientos de su vocera, Marcela Aranda, no da cuenta sólo del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sino al supuesto derecho a discriminar y a excluir a los niños LGBTI. Una gran pregunta, en clave liberal, es si es deber del estado promover la inclusión legal y social de todas las personas, en particular de quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados.

Si bien, me parece, un colegio particular debe ser autónomo para enseñar lo que quiera (creo que el estado no debería imponer nada en materia de contenidos), la cuestión es si tiene el derecho a discriminar, por ejemplo, a expulsar a un niño trans o a un adolescente gay por el solo hecho de poseer estas identidades. Se trata de un tema en debate, a pesar de que en Chile exista una legislación al respecto (la Ley Zamudio), pero el sentido común indica que una sociedad armónica es aquella en que el conjunto de las personas, salvo minorías fanáticas (como grupos neonazis), acepta que todos son iguales en términos morales, por lo que deberían ser reconocidos como “otros” con los mismos derechos. Y, considerando el aforismo jurídico “dónde existe la misma razón, existe la misma disposición”, ¿podría considerarse una imposición que el estado promueva normas de buen trato en colegios en favor de los niños migrantes, especialmente afrodescendientes?

El punto de fondo, en una sociedad que se precie de libre, es si el estado debería establecer que algunas identidades sexuales, que no producen daño contra terceros, son patológicas y que, por lo mismo, no se les conceda ningún tipo de reconocimiento que se oriente a garantizarles el derecho a construir un proyecto de vida propio, como lo es la formación de una familia o la expresión de la identidad de género autopercibida. ¿Por qué sería esto totalitario?

El peso de la prueba lo tienen los conservadores, que insisten en hablar de “ideología de género”. De partida, porque hay en el bus un cierto equívoco, pues al usar los lemas de la “libertad de enseñanza” y de “menos estado y más familia” —en apariencia correctos—, sin embargo, está pidiendo que sea precisamente el estado quien dirima contra el reconocimiento de las personas LGBTI, y esto último, sin ninguna duda, es completamente antiliberal.  

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