Pedro Cayuqueo's Blog, page 88

El boinazo de los ex comandantes en jefe

El primer disparo en el siempre crispado septiembre vino por la mayoría de los ex comandantes en jefe de los cuerpos uniformados durante la democracia. Una carta que parece hecha para evitar el cierre del Penal de Punta Peuco encendió pasiones, pese a que su aparente objetivo era justamente lo contrario. El tono recuerda a las amenazas de los nostálgicos del autoritarismo en los primeros años de la democracia, que marcaban su enojo en cualquier momento que la justicia tratara de esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. El hito más recordado de esos años fue el llamado “boinazo”, consistente en una reunión de generales, rodeados de boinas negras armados hasta los dientes, para recordarle al gobierno civil quién tenía las armas.

Por esa misma razón, el objetivo que buscaba la carta tampoco se logre. Las relativizaciones de las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura, incluyendo al propio acto originario de bombardear la casa de gobierno, para convencer de que la paz social pasa por mantener un penal en condiciones mucho mejores a las que tiene cualquier cárcel del país, no va a generar una corriente de solidaridad en la opinión pública, sino lo contrario.

¿Entonces, cuál es la lógica política y comunicacional tras una carta llena de adjetivos y que obviamente iba a ser una provocación para el gobierno y, por tanto, complicarle una salida política al inminente cierre del penal de Punta Peuco?

Es muy probable que los ex comandantes en jefe le hablen a un público minoritario, pero creciente, que sigue pensando que era necesario todo lo que pasó para pacificar el país, y que se ven a sí mismos como puntal en la estabilidad democrática de estos años. Para ellos debe sonar a música en los oídos la frase sobre “el valor y la decisión con que los uniformados han construido la paz actual”, olvidando la transición y la larga lista de tragos amargos que tuvieron que soportar los primeros gobiernos democráticos, que incluyeron el riesgo que soportó el presidente Frei de quiebre de su propia coalición cuando estableció el penal especial para condenados por violaciones a los derechos humanos. El tono de la carta constituye una de las primeras victorias políticas del grupo de Punta Peuco, que finalmente logró diluir sus responsabilidades individuales y convertirlas en una proclama política de defensa de la necesidad histórica del autoritarismo, con candidato presidencial incluido. Hay que recordar que los voceros de ese grupo acusaron en su momento de blandos a los mismos firmantes cuando dirigían a sus instituciones por no defender a quienes eran investigados. Los ex comandantes, con honrosas excepciones, una vez colgados los uniformes, decidieron sumarse a sus propios críticos.

Lo más grave de la carta es la poca creencia de los firmantes en los mecanismos institucionales para administrar justicia, contenida en la amenaza directa de la frase  “no pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado”. Entre los destinatarios de dicho mensaje está también la oposición actual, a quienes le recuerdan la famosa calificación de cómplices pasivos que hizo su actual candidato para referirse a los civiles que apoyaron el gobierno autoritario. Y, sin duda, recuerda aquella advertencia hecha por un comandante en jefe del Ejército, que dijo en su momento que si tocaban a uno solo de sus hombres se terminaba el Estado de derecho.

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Centroizquierda

Escribo estando fuera de Chile. Nuestros asuntos no conmueven al mundo. Titulares, páginas, imágenes y la web, son copadas por la grave crisis provocada por los independentistas catalanes a España con secuelas para la UE, por los efectos devastadores y sin precedentes del huracán Irma; o por las implicancias de los ensayos nucleares de Corea del Norte. Pero no por Chile. Eso me da buenas excusas para escribir sobre un asunto que sobrevuela hace rato nuestra política, coyuntura tras coyuntura.

Hasta inicios del actual gobierno, nadie gastaba ardores proclamando la importancia de la centroizquierda. Sin embargo, la coalición política que decía encarnarla, dio muestras crecientes de considerarla una realidad incómoda y no una virtud. Quizás fue el mareo con la mayoría parlamentaria de 2013. Concluyeron que la mayoría que debía imponerse no era la de  centroizquierda, tampoco la mayoría social, sino la mayoría política de esa mayoría. Así las cosas, se hicieron minoría social en apenas seis meses de gobierno. Lo mayoritario en la sociedad pasó a ser el rechazo a las reformas educacional y tributaria y en la coalición, las fricciones.

La centroizquierda política se divorció de las mayorías e internamente, sobre todo por las reformas que dieron identidad a este gobierno. Sumémosle esa gestión pública improvisada y chapucera de que fueron haciendo gala y más tarde, los escándalos de la opacidad en la relación entre dinero y política para llegar al presente. Concurre a la próxima elección con dos candidatos presidenciales y listas parlamentarias en competencia. En la necesidad, hoy todos proclaman valorar esa  cultura de centroizquierda tan objetivamente despreciada y hasta motejada de “neoliberal” por algunos. Pero quizás es tarde.

Hay un asunto profundo que lo empapa todo y que hasta los más reacios  comienzan  a vislumbrar. Esa enorme cantidad de familias que dejaron la pobreza y entonces se identificaban con la centroizquierda, ¿siguen teniendo igual identidad cultural y política, ahora como clase media emergente? Esa clase media que representa el mayor cambio social de Chile en 30 años, que ahora percibe desigualdades antes invisibles cuando padecían la pobreza, que cree en su esfuerzo personal y no en la política como razón decisiva de su progreso, que quieren hijos universitarios y ojalá en las elites no en el proletariado, que entienden el rol de la empresa, así como de crecimiento y empleo, porque el 80% trabaja en el sector privado, que rechazan la acción de la centroizquierda que han conocido estos años; esos, ¿siguen siendo de centroizquierda? ¿O vivimos  una nueva realidad social en busca de una representación política que ya no es esta centroizquierda, ni tampoco esa derecha conservadora tan de otros tiempos  como la primera? Demasiados comienzan a reaccionar como si lo supieran o intuyeran. Anuncian tiempos interesantes.

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Actitudes versus palabras

En la vida -y especialmente en la política- las acciones valen más que las palabras, especialmente cuando está en juego la conducción del país por los próximos cuatro años. Hace 10 meses, el diputado PC Hugo Gutiérrez presentó una querella contra el expresidente Piñera por el denominado caso Exalmar. Los fundamentos de la acusación eran delirantes, resultaba evidente que el parlamentario solo tenía pequeños objetivos electorales. Abusando de las instituciones y los procedimientos judiciales, intentó minar al candidato mejor posicionado en la carrera presidencial. Pero las instituciones no se dejaron utilizar, funcionaron y la querella fue definitivamente rechazada la semana pasada; con un fallo unánime de la Corte Suprema quedó comprobada la total y absoluta inocencia del exmandatario.

¿Qué hizo el Senador Guillier en su momento? Trató de sacar pequeñas ventajas electorales y se hizo eco de las infundadas acusaciones que se lanzaban públicamente contra su rival: habló de “la doble moral”, de que para algunos no es importante “la probidad o la transparencia en la gestión o el separar el dinero de la política” y usó frases como “sabemos de su amor compulsivo por las finanzas”.

En estos días ha sido imposible dejar de apreciar el contraste entre la actitud del expresidente y la del senador. La semana pasada se conoció una denuncia periodística contra Guillier por el uso de sus asignaciones parlamentarias para asesorías externas. Se trata del pago de cuatro informes, por un monto de $19 millones, elaborados por la firma del abogado Omar Beltrán Valle -Beltrán Asociados Spa, que se habría constituido una semana antes de comenzar a prestar servicios al senador- y que resultaron ser un “copy paste” de información gratuita que está disponible en el sitio web del propio Congreso.

El caso, que ahora está siendo investigado por el Ministerio Público, encendió una aguda polémica y gatilló una lluvia de explicaciones: desde el tenor de las asesorías  que en total suman casi $47 millones -si fueron verbales, presenciales o telefónicas-, hasta la dudosa dirección de la empresa involucrada.

Como era esperable, la prensa consultó al expresidente Piñera y su respuesta fue clara: “No voy a caer en vicios de criticar sin tener los antecedentes, no voy a prejuzgar”. Hay que investigar, obvio, porque se debe garantizar el buen uso de los recursos de todos los chilenos. Pero los temas hay que abordarlos con responsabilidad, no con la crítica destemplada y oportunista que solo intentar obtener un dividendo de corto plazo, con desprecio de la actividad política y las instituciones.  ¡Qué distinta ha sido la actitud del exmandatario ahora que es el senador quien está en el foco del escrutinio público! Para conducir el país se requiere seriedad, consistencia y serenidad. “No quiero hacerle a otros lo que me ha tocado recibir”, dijo el expresidente, mostrando la coherencia que todos los chilenos esperan en un gobernante.

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Disparo a la bandada

La denuncia que el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier contrató con fondos públicos asesorías que eran un simple “copy paste”, incluso de documentos del propio Senado, lo han obligado a dar explicaciones, que no han brillado por su solidez.

Pero parece no estar pagando muchos costos, cuando la discusión derivó en un enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Senado, en atención a que el órgano persecutor reaccionó a la denuncia solicitando la entrega de la documentación de todas las asesorías realizadas en la Cámara Alta en años recientes. Un disparo a la bandada, que el fiscal regional Manuel Guerra justificó “por un tema de transparencia y de trato igualitario a todos los sectores”. Pero sucede que la Constitución y la ley entregan a la Fiscalía la atribución de investigar delitos que se hayan cometido, lo que requiere hechos que revistan el carácter de tales, y no de andar verificando si se han cometido delitos, sin que se conozcan hechos concretos. Pasar esta línea transforma al Ministerio Público en un fiscalizador omnímodo, un precedente preocupante que amenaza la libertad y los derechos de los ciudadanos. En simple: ¿Le gustaría a usted recibir un oficio de un fiscal pidiéndole que entregue todos sus papeles para ver si ha cometido algún delito? Los fiscales deben investigar el caso del senador Guillier, en que aparecen antecedentes que justifican la pesquisa, y en la medida que surjan otros hechos similares, la podrán y deberán ampliar.

El argumento del igual trato no permite pasar dicha línea. Sin embargo, resulta curioso porque da la sensación que el Ministerio Público se siente al debe al respecto, en lo que no estaría tan equivocado, cuando muchos pensamos que en la investigación del financiamiento irregular de política la mano se cargó hacia un solo lado y ha costado que comience a mirar el otro.

Lo lamentable fue que la reacción del Senado ha tenido un tono de dignidad menoscabada, que en el ambiente actual de desconfianza ciudadana suena a pretexto y defensa corporativa. Ella debió fundarse sobre todo en la extralimitación de funciones, argumentado que si eso sucede con la Cámara Alta, que es un poder autónomo, ¿qué queda entonces para el ciudadano común? Si a ello se agrega que el Senado se ha opuesto a que se hagan “auditorías sorpresa” por parte del Comité de Auditoría Parlamentaria, que es un órgano interno, que por lo mismo no violan su autonomía, y que son necesarias para disuadir acciones irregulares, queda con más fuerza la sensación de que algo se esconde.

Así, los senadores, que debieran actuar en interés de la ciudadanía, han debilitado la defensa del principio inherente a la democracia que los órganos del Estado, incluido el Ministerio Público, no pueden atribuirse facultades que no tienen y deben sujetar su acción estrictamente a las normas legales. Y éstas no facultan al órgano persecutor penal a andar a “la pesca” de posibles delitos.

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Amantes del César

Un nuevo escándalo sacude a los representantes de la soberanía popular. El denominado caso “copy paste” -ya a esta alturas “copy gate”- enfrenta al Congreso y a la Fiscalía Nacional, por la solicitud de todos los antecedentes vinculados a las asesorías parlamentarias. Hagamos algunas distinciones.

Primero, tratándose de dineros públicos y de informes cuyo propósito es iluminar el juicio de los honorables en la tarea de legislar, parece poco razonable la resistencia a facilitarlos que se ha observado en varios diputados y senadores, al punto de trabar una contienda de competencia con otra institución estatal. Aunque no haya sido el propósito, una reacción semejante solo profundiza la sospecha en la ciudadanía, alimenta el prejuicio sobre la incomodidad que provoca la transparencia en algunos, y consolida la idea de un club que tiende a protegerse de manera corporativa.

Sin embargo, y en segundo lugar, sí parece plausible el alegato de que la manera en que procede la Fiscalía contribuye a la generalización de un reproche, el que debió hacerse de manera individual, fueran pocos o muchos. El instrumento utilizado más se asemeja a una suerte de redada institucional, que pone el foco en el juicio que se hace a la corporación y no a la conducta individual de sus miembros. Y dicha generalización también afecta a todos los prestadores de estos servicios, donde -por experiencia puedo decirlo- hay varios cuyo producto y trabajo es el de la más alta calidad.

Tercero, y he aquí la cuestión de fondo, nos enfrentamos al típico problema generado con motivo de las medias tintas o la tiranía de lo políticamente correcto, en donde nos negamos a reconocer y menos justificar una realidad o necesidad, para intentar vestirla o disfrazarla de algo diferente. La mala calidad de muchos de los informes detectados en los últimos días, es consecuencia directa de que nunca se pensó en que éstos fueran el real propósito de la asesoría que prestan las personas que los escriben o redactan; textos que se confeccionan solo para justificar una determinada rendición, pero que poco y nada dicen de la naturaleza del servicio prestado.

En efecto, los parlamentarios necesitan de asesores políticos y legislativos cuya contribución no se limita a informar técnicamente un determinado proyecto de ley, sino que principalmente orientan estratégicamente el quehacer de un senador o diputado: en cuestiones comunicacionales o territoriales, proveyendo información relevante, y sirviendo de puente con otros colegas o partidos políticos. En definitiva, son consejeros cuyo valor e importancia, como su trabajo y dedicación, van mucho más allá de lo que -tardíamente y a la carrera- se plasma en lo que no es más que una exigencia administrativa. ¿No sería mejor sincerar esto de una vez?

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El candidato Guillier

Guillier es un periodista de izquierda de larga trayectoria, que finalmente terminó en la política y se transformó en candidato presidencial. Objetivo nunca fue. Quizás él lo recordará como el peor error en la vida porque ha demostrado muy poco talento en la aspiración.

Al ser candidato, los errores se magnifican. Ha sido un crítico feroz de las isapres, pero las promovió cuando le pagaron. Se supo que recibía su sueldo a través de una empresa personal, para el tema tributario. Reapareció el oscuro incidente del juez Calvo, y hoy es adalid de la tolerancia. Se hizo político profesional y parte negando ser político, lo que según él hace que lo miren con desconfianza. Ahora se enredó con las asesorías “copy paste” con platas del Congreso. Más aún, aprovechó para despotricar contra los medios y sus colegas, lo que es ya de no creer.

Sus dichos han sido poco felices. Dijo que si iba Lagos él no iría, y cuando llegó Lagos ahí se quedó. No solo ello, lo ninguneó acusándolo de creerse Bernardo O’Higgins. También dijo que si no había primarias él no iría a la elección y ahí está. Acusa al Tribunal Constitucional de ser “enclave antidemocrático” y una “tercera cámara legislativa”, y propone su eliminación, pero está feliz cuando éste juzga como a él le gusta. También dijo que “el romance con Goic va apasionado” lo que no le cayó bien a la candidata. Dijo que Fernández tiene alzheimer. Que “el terrorismo lo cometen los agentes del Estado”. También dijo que “en Chile no hay ninguna empresa encuestadora que dé seriedad”, y él mismo fue un fenómeno de las encuestas. Llamó a no votar en las primarias, y dormir siesta, lo que generó el abucheo general. Se quejó de las notarías. Acusó de un cerco bancario en su contra, y que las multinacionales saqueaban al país, pero colaboró con una. Lo notable es que se supone que es maestro de las comunicaciones.

La guinda de la torta fue cuando él mismo se compara con Obama.

Lo que su propio sector dice sobre él no es muy halagador.

Dramáticamente, Andrade, cuando ya era el candidato oficial, dijo que ahora había que ponerle los contenidos. Le dijeron desde su propio sector que su comando era “patético”. Pamela Jiles señaló que a Guillier “le llora una asesoría de contenidos. Suena machista, anodino, contradictorio e intelectualmente débil”. Lo peor quizás fue el mensaje de Girardi: “Guillier es un castigo a nosotros mismos. Surge de nuestra incapacidad para elaborar nuevas respuestas”.

Carlos Peña dijo que era intelectualmente confuso. Dijo que relacionándose directamente con la ciudadanía, o no entiende nada o está simplemente engatusando: o enarbola una utopía tonta o una fraudulenta. Lagos lo acusó de populista. También lo acusan de no ser muy empeñoso, y que se fatigaba muy rápidamente.

Como senador, apoyó irreflexivamente todas las malas reformas de Bachelet. Una y otra vez apoyó al chavismo, y el chavismo lo apoyó a él; incluso arrancó de la Sala al votar el tema Venezuela. Más notable aún fue su reacción espontánea de “todos contra Uber”, lo que muestra su mirada hacia el pasado y la semilla del populismo. Se le escapó en sus bases programáticas su propuesta del control del tipo de cambio. Quiere formar una extraña “asamblea ciudadana por el bienestar”. También, en pleno siglo 21, en la era de Internet, cree que hay que tener una editorial estatal. Ahora tiene como vocero a Vidal, que es nada menos un director del BancoEstado, lo que da una primera indicación de lo que sería su manejo de las instituciones del Estado. La población tiene la palabra, y respetaremos lo que decida, pero es importante dejar escrito este recuento inicial para la historia. Tener opiniones no es lo mismo que tener ideas propias.

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“Copy paste”

Salvo honrosas excepciones, la vez anterior los actores políticos no estuvieron nunca dispuestos a reconocer que las boletas ideológicamente falsas entregadas a diversas empresas, eran una forma transversal de financiar campañas. Ahora el expediente parece ser más o menos similar: recursos de asignaciones parlamentarias, que fueron utilizados para financiar operadores y centros de estudios vinculados a los partidos propios, contra entrega de informes plagiados y asesorías ficticias.

A la evidencia de pagos efectuados con asignaciones de Alejandro Guillier por estudios “copy paste”, hechos por una consultora vinculada a personas que trabajan en su comando y que están siendo investigadas por el financiamiento irregular de la “precampaña” de Michelle Bachelet, se sumaron luego antecedentes sobre informes falsos pagados por cuarenta diputados. Las explicaciones absurdas no se hicieron esperar: los parlamentarios pretenden hacernos creer que todos habrían sido “engañados”, por lo que en apariencia no podría ser nada más que una verdadera maquinaria dedicada a estafarlos, al venderles informes copiados. Incluso una diputada comunista anunció, ofendida, que había decidido suspender los servicios otorgados por el centro de estudios de su propio partido, porque al plagiar documentos no cumplieron con los mínimos estándares de “honestidad intelectual”.

En síntesis, volvimos otra vez al punto de partida: una clase política que se niega a reconocer una práctica masiva y transversal, destinada a usar las asignaciones parlamentarias para fines que tuercen el sentido para el que fueron establecidas. Es cierto que las generalizaciones son siempre odiosas y seguramente existen congresistas que hacen buen uso de sus asignaciones. Pero 40 diputados pagando por estudios falsos no pueden ser considerados una excepción, a lo que se agrega la reacción corporativa del Senado, que por razones fácilmente imaginables se ha negado a entregar a la fiscalía los informes ficticios, requeridos en el marco de una investigación sobre eventual uso fraudulento de recursos públicos.

La insólita decisión de la Cámara Alta se sumó a la ofensiva desplegada por Alejandro Guiller en contra de los fiscales, acusándolos de priorizar causas en función de supuestos beneficios económicos. Una acusación de la máxima gravedad respecto al buen funcionamiento del sistema de persecución penal, y de la cual el parlamentario aún no entrega los antecedentes que la fundamentan.

Hasta ahora, más bien, lo único claro es que una práctica parlamentaria relativamente frecuente, destinada a hacer mal uso de recursos financiados por todos los chilenos, ha terminado por instalar un delicado conflicto de poderes, que solo contribuye al desprestigio de las instituciones y a la desconfianza pública.

Al final del día, el verdadero “copy paste”, el de las más serias consecuencias, es el que realizan aquellos que nuevamente intentan encubrir sus irregularidades, con un manto de silencio y de explicaciones inverosímiles.

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No más chantas

“Da lo mismo que los candidatos no manejen los temas, para eso están los asesores”. Este lugar común nunca me ha convencido. ¿Cómo alguien que no entiende mínimamente un asunto va a discernir cómo asesorarse bien sobre el tema? ¿Hay, al menos, alguna garantía respecto a la calidad de los asesores?

Mis dudas han sido reforzadas por proyectos de ley que han tenido como fuentes Wikipedia y “El Rincón del Vago” (Navarro) o Yahoo Respuestas (Girardi), y por “asesorías” a la Guillier. ¿Qué tan generalizadas son estas prácticas en el Congreso? ¿Cuántos casos similares han pasado piola? No sabemos, aunque la defensa corporativa para evitar que se investigue nos da un indicio. Lo que sí es claro, es que si depositamos tantas expectativas sobre quienes asesoran a quienes hacen las leyes que nos rigen, lo mínimo sería preocuparnos de tener un sistema de asesorías transparente, competente y profesional.

Urge, entonces, el diseño de un sistema de asesorías legislativas a la altura del dinero que pagamos los contribuyentes, y de los complejísimos desafíos que nos pone por delante el proceso de modernización y los cambios sociales, económicos y ambientales que experimentamos. Con ese fin parece razonable aprovechar y potenciar dos recursos ya disponibles: la Biblioteca del Congreso y el “capital humano avanzado” en el que el país ha invertido millones de dólares, compuesto por muchos especialistas en diversas áreas que tienen la obligación de residir en Chile por un cierto número de años como retribución por sus becas.

La Biblioteca del Congreso podría ser convertida en el centro neurálgico de las asesorías legislativas más comúnmente requeridas por los congresistas, así como en un motor de la cultura nacional. Haríamos bien en observar el caso de las bibliotecas de los poderes legislativos peruano, estadounidense o británico. Nuestra actual Biblioteca, que cumple digna, independiente y profesionalmente con sus labores, merece ser llevada a otro nivel, hasta volverse un motivo de orgullo nacional y un lugar codiciado para trabajar.

En el caso de nuestros posgraduados, son muchas las quejas en contra del sistema de retribución existente, que algunos consideran excesivamente oneroso, y otros insuficiente. El problema se vería morigerado si diseñamos un sistema de asesorías que permita incorporar a nuestras mejores mentes al proceso legislativo. Por ejemplo, podría crearse un registro de asesores expertos en distintos temas, mediante un proceso de selección riguroso y exigente al que los becados quedaran incorporados por defecto, pero al que cualquiera pudiera postular, y que los legisladores convocaran a quienes les dieran más confianza y sintieran más afines, pagando una retribución por servicios prestados.

El Congreso, en todo caso, algo tendrá que hacer con este tema. Hay, con razón, cada vez menos tolerancia popular con los chantas. Especialmente con los que ganan varias veces el sueldo promedio sin tomarse en serio su trabajo. Uno de los efectos de la democratización que vive nuestro país es que los ciudadanos ya no nos sentimos súbditos de la clase política. Les pagamos demasiado bien, y estamos comenzando a exigir un servicio a la altura.

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Los dueños de la política

Cuando el nombre de Andrés Zaldívar apareció, aunque tímidamente, vinculado a los pagos por informes falsos, el ágil senador no tardó ni media hora en convocar a la prensa para mostrar ante las cámaras de TV una mesa de reuniones copada de carpetas y archivos que, supuestamente, dejaban en evidencia su voluminoso trabajo. Poco o nada se supo de los contenidos, pero la estrategia comunicacional fue suficiente para que lo bajaran del columpio de manera rápida y efectiva.

Esta semana, nuestro pequeño gigante de la política nos dio otra lección sobre los límites que está dispuesto a tolerar. ¿Así que los electores quieren revisar mis asesorías? Tamaña frescura. Pues la respuesta es no y punto. Yo soy el presidente del Senado, tengo 81 años, fui ministro de Frei Montalva, prácticamente les hago un favor al seguir en la política.

Es que son los dueños de la política, para que usted sepa. Los Girardi, los Zaldívar, los Pizarro, Espina, los hermanos Walker, etc. A ellos no les caen balas. La política les pertenece.

Los senadores y los diputados administran su espacio de poder, incluyendo las lucas asociadas a éste. Eso no es novedad. Mantienen una red de alcaldes, seremis, cores, concejales y todo el resto de cargos y puestos públicos que ellos mismos crean y que usted y yo ayudamos generosamente a financiar. Por eso que esto de los informes truchos no debiera ser motivo de sorpresa. Se trata de derivar unos pesitos a éste u otro amigo o colaborador de la campaña, nada más. Como dijo en la tele el secretario de la cámara: ¡Pero si es poca plata!

Sospecho que esta vez la astucia de Zaldívar podría no ser suficiente frente al apetito mediático del fiscal Gajardo, pero quién sabe: el hombre tiene dribbling. Tanto así, que dejó al ex rostro como un infante desvalido frente al acoso periodístico. Mire que andar culpando a los “cercos informativos”, mire que acusar a los periodistas de insidia en su contra, mire que enojarse frente a las cámaras. Guillier ha demostrado que los periodistas saben tanto de manejo comunicacional como de física cuántica.

Mientras tanto, en otra galaxia, la vocera de La Moneda nos informa que la Presidenta de la República ha instruido a sus ministros para que sigan “informando a la ciudadanía para dar a conocer los logros de nuestro gobierno” a través de “actividades en terreno” y del “contacto directo con los ciudadanos y ciudadanas, explicando los alcances de las transformaciones”.

Tal convocatoria lleva a este humilde contribuyente a sospechar que nuestra Mandataria tiene la curiosa sensación de que su administración ha hecho grandes maravillas que el vulgo no cacha.

¿No será acaso que están más bien sufriendo las reformas?

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La caja chica

El control preventivo de identidad fue impulsado por la mayoría de los parlamentarios a contrapelo de los numerosos estudios que advertían justamente lo que esta semana se verificó: Que sirve de poco y nada. El proyecto unió a legisladores de izquierda y derecha en la tarea de dar la imagen de que algo se estaba haciendo para disminuir la delincuencia. Vulnerar las libertades civiles era un detalle, llevar los prejuicios de clase y raciales hasta el control policial, también. El objetivo era mostrarse audaces e implacables.

Quienes apoyaron esta nueva versión de la detención por sospecha, no lo hacían con argumentos surgidos desde la racionalidad de los informes de los expertos y las experiencias internacionales, porque todo eso contradecía el objetivo. Preferían citar un refrán que no se cansan de repetir cuando se trata de suspender las libertades de aquellos que están más allá de su cuota de poder: el que nada hace, nada teme. Sembraron la idea de que quienes eran contrarios al proyecto, estaban defendiendo a los ladrones.

Así fue como lograron instalar el control preventivo de identidad. A la vuelta de un año están los resultados. Un informe de la Fundación Paz Ciudadana presentado esta semana en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, muestra que el control de identidad no resolvió su principal objetivo. El estudio asegura que “los policías privilegian los controles preventivos por sobre los investigativos” y que “los controles preventivos son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes”. Añade también que “una de las razones que justificaba la implementación de esta norma era que podría ser útil para poder pesquisar órdenes de detención pendientes. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de los casos nos damos cuenta que la norma nueva tiene la mitad de efectividad que la norma antigua”. Era más importante dar la sensación de que se estaba resolviendo un problema a través de una medida efectista, de corto plazo, con una retórica tramposa, que hacerlo realmente. Es el modo en el que la mayoría de los parlamentarios ha decidido enfrentar la profunda crisis de credibilidad que enfrentan como institución: Con señales de artificio.

Parte del Congreso ha transformado su labor en una factoría de gestos sin mucho contenido que sirve como escaparate. Una especie de vitrina acicalada que se monta para mostrársela a la opinión pública, pero que termina desplomándose cada tanto cuando nos enteramos de lo que ocurre en la trastienda. El último vistazo de las bambalinas de esta semana, por ejemplo, nos ha revelado una industria fantasma de asesorías chapuceras encargadas a profesionales vinculados al partido de ocasión. Senadores y diputados pagaron por informes que eran poco más que el tijereteo de sitios de internet impreso en un par de papeles por los que se pagaba con la asignación especial de la que disponen los parlamentarios para esos efectos. Usaban dinero público para costear informes que evidentemente no leerían. Esa necesidad era una pantalla. La asignación era, a la larga, una especie de caja chica para un enjambre de allegados políticos necesitados de fondos.

¿Qué respuesta nos dieron frente al hallazgo? En el mayor de los casos, el silencio o el ataque. Con la excepción de la diputada Vallejo -que asumió su responsabilidad- la respuesta ha consistido en desprestigiar al Ministerio Público y cavar trincheras para evitar una investigación. Eso es lo que ha hecho el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, disparando contra la fiscalía y respondiéndole con sarcasmos a la prensa. Justo en la oportunidad en la que pudo marcar una diferencia ética con su mayor contendor, demostró que en todas partes se cuecen habas.

En tanto, Andrés Zaldívar, el presidente del Senado, se ha preocupado de educarnos. Zaldívar ha sugerido públicamente que el solo hecho de rendir cuentas significa una especie de agravio para la institución. De su lógica se desprende que el buen nombre del parlamento depende de que se mantenga la opacidad en el uso que los congresistas le dan a los recursos que la ley les provee. Eso es lo que importa. El que los chilenos ahora tengan una razón más para menospreciar la labor de sus representantes políticos, alejarse de las urnas y acabar debilitando nuestra democracia, es lo de menos. Hay que proteger al club, el lugar en donde quien nada hace, nada tiene que temer.

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