Pedro Cayuqueo's Blog, page 87

Cosas de grandes

Como cambia Colo-Colo. Es increíble los distintos trajes que presenta. Está muy tornadizo. Pasan las fechas y me pregunto: ¿cuál es el verdadero Colo-Colo? Brilló y dominó a sus dos grandes combatientes en los clásicos. Superó claramente a la UC en la Supercopa y venció sin apelación a la U en el Monumental. Necesitó golear a La Serena para seguir en Copa Chile, lo hizo y luego fue eliminado del torneo por Iberia. ¿Con qué Cacique nos vamos a encontrar?

Es una sorpresa su rendimiento. No tiene regularidad en su juego. Antofagasta y la UdeC lo presionaron en la mitad del campo, anularon a sus figuras y desapareció. Parece simple jugarle a Colo-Colo, lo presionas en todos los sectores, esperas en tres cuartos de cancha, doblas la marca, anulas a Valdés, Valdivia y Paredes y la tarea está hecha. Varios lo han ejecutado, pero la UC y la U no pudieron.

Mérito tuvieron los rivales que destiñeron el blanco pero también hay una falta de motivación clarísima para jugar con los peces más chicos. Para ganar un título hay que pegarle a todos por igual. Si no el proceso de Guede tiene fecha de vencimiento.

Más minutos para David Pizarro. Entiendo el acuerdo privado entre él y Hoyos. Una alianza, creo, que se podría olvidar. Es un convenio entendible y respetable entre gente madura, pero bajo mi punto de vista inentendible. Hoyos lo quiere para lapsos del segundo tiempo donde el rival da espacios y está supuestamente más agotado. Pizarro entra cuando hay que crear zonas en la ofensiva, cuando hay que controlar el partido o cuando con urgencia se requiere habilitar con un pase preciso a un delantero. ¿Por qué no hacerlo desde el inicio? ¿Por qué no evaluar el supuesto desgaste físico en el desarrollo del partido? ¿Por qué esperar una hipotética solución cuando el rival esté más agotado? En la ausencia de un 10, la U podría apelar desde el comienzo con Pizarro, Caroca y Reyes. David suelto. ¿Por qué no?

Otra opción para Hoyos. Si no existe la conformidad por los punteros que posee el equipo, debiera ubicar a dos delanteros netos (Pinilla e Isaac Díaz) y profundizar únicamente con los laterales: Matías Rodríguez y Beausejour. No es obligación jugar con tres puntas. Si por la banda no se hace daño, por los pocos metros que tiene de recorrido el puntero, es mejor que los que vienen desde atrás, con más espacio, penetren. El área la podría repartir cubriéndola con dos delanteros que conocen la zona. ¿Pueden estorbarse? Claro, si juegan juntos, si no se enganchan, si no se coordinan en la manera de marcar la jugada. Si se mueven en tres metros, ambos se terminarían odiando. Con la inteligencia de ambos, esos 40 metros del área sabrán utilizarlos sin parecer siameses.

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La tarea de Eyzaguirre

Nicolás Eyzaguirre ha vuelto a tomar las riendas del Ministerio de Hacienda y en sus primeras declaraciones ha señalado que su prioridad en su nuevo cargo, va a ser “crecimiento, crecimiento, crecimiento”, junto con asegurar que “no es el momento de desbordes fiscales de ninguna naturaleza. Por el contrario, hay que asegurarles a los mercados que las condiciones de las finanzas públicas dan garantías”.

Para quienes hemos sido críticos del manejo económico del gobierno, estas declaraciones son las correctas. Sin embargo, seamos realistas, al ministro Eyzaguirre le restan menos de siete meses en el cargo, por tanto, para recuperar el crecimiento como afirma, habría que hacer cambios profundos a lo que ya se ha hecho y detener muchas reformas que se encuentran en marcha.

Pero la Presidenta Bachelet no lo va a permitir. El mejor ejemplo es la pertinacia de continuar adelante con la Ley de Educación Superior que ha sido ampliamente criticada por todos los sectores, y que en régimen significará un gasto superior a 4 mil millones de dólares, que beneficiará a los sectores de mayores ingresos futuros del país y que además impedirá contar con suficientes recursos para enfrentar prioridades sociales más urgentes.

Por lo tanto lo realista es esperar que el ministro Eyzaguirre asuma con dedicación la labor principal de su cartera -el manejo de una sana política fiscal- para contribuir a la recuperación del crecimiento económico. Especialmente considerando el notable deterioro que han sufrido las cuentas fiscales, como lo demuestran las reducciones en la clasificación de riesgo de las agencias S&P y Fitch o el hecho de que el déficit estructural que había caído a 0,5 puntos del PIB en 2013, ahora ha vuelto a subir a niveles de 1,7% del PIB.

Sería un aporte fundamental al crecimiento si el ministro Eyzaguirre plantea un aumento del gasto público que acelere la reducción del déficit. Para lograrlo, el aumento del gasto público considerado en la nueva Ley de Presupuesto 2018 debería estar en torno a 2,5%, similar a las estimaciones de PIB tendencial. Sin embargo, eso no basta.

Como uno de los autores de la regla fiscal de balance estructural, instrumento creado bajo el gobierno del expresidente Lagos, el ministro Eyzaguirre debería llevar adelante una agenda institucional no solo para retomar la regla fiscal sino también para proyectarla en el futuro. Al respecto, en los últimos años importantes países de la OCDE han hecho estos cambios institucionales a través de leyes y/o de cambios a sus constituciones.

Para lo anterior debería establecerse por ley el significado y las obligaciones que conllevan esta regla, así como institucionalizarse el Consejo Fiscal Asesor, otorgándole mayor autonomía y atribuciones. Ello sería un gran aporte para hacer realidad la meta ministerial expresada como “crecimiento, crecimiento, crecimiento”.

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Después del Tribunal Constitucional

Sin duda alguna varios efectos “colaterales” podría dejar la aprobación del proyecto de aborto en tres causales luego de su declaración de constitucionalidad. Sin perjuicio que el gobierno y un amplio grupo de parlamentarios nos indicaban que su motivación se fundaba en la necesidad humanitaria de “despenalizar” causales específicas de aborto y en caso alguno afectar el estatus constitucional de seres humanos no nacidos, cinco de los 10 miembros del Tribunal Constitucional sostuvieron lo que ni siquiera el parlamento democrático ha sido capaz de decir: “No todos los seres humanos son titulares de derechos humanos”. Aquello lo hicieron, además, a pesar de que el mismo Parlamento actuando como “constituyente” había sostenido en varias oportunidades que los derechos humanos tienen su fuente no en una mera declaración legal, sino en el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, por lo que reconocían su titularidad. La perspectiva contraria ofrecida por parte del Tribunal Constitucional produce un “efecto colateral” al proyecto de aborto que la mayoría democrática no estaba dispuesta a aceptar, ya que incorpora una duda sobre las bases políticas de nuestra sociedad, que debe ser abiertamente rechazada. Los efectos en las interacciones sociales, serían devastadores. Solo un ejemplo en práctica médica.

El fallo del Tribunal Constitucional, al igual que lo hizo la discusión sobre el aborto en Estados Unidos, puede llegar a tener enormes repercusiones en el plano de la ética médica.

Desde hace 30 años, con el advenimiento de las hoy rutinarias técnicas diagnósticas, se nos permitió la visualización completa del cuerpo humano del hijo no nacido, sus movimientos e, incluso, su cara y sus expresiones. Frente a la disyuntiva de si el médico estaba frente a dos pacientes, se reveló en toda su misteriosa belleza que la mujer embarazada no era portadora de un “posible”, sino derechamente de un ser humano distinto. Para el actuar médico aquella evolución tecnológica fue radical, dos eran los pacientes.

En Estados Unidos, luego de la legalización del aborto que tuvo como fundamento que el ser humano no nacido tiene valor en la medida que represente un interés para su madre, los médicos debieron modificar su práctica. Estos se vieron impedidos de poder aconsejar o desaconsejar (principio de beneficencia) determinadas terapias fetales, bajo la sombra de vulnerar la autonomía materna.

Así, en adelante, solo mediando requerimientos legales, se pudieron salvar vidas de sus hijos, mediante una cesárea o utilizando terapias maternas.

Si se acepta la tesis de cinco miembros del Tribunal Constitucional -que representa una limitación relevante a la teoría de los derechos humanos en todos los ámbitos- , ¿ se acabará condicionando el primer y más importante principio de la medicina, al menos, desde Hipócrates en adelante: “No hacer daño a otro”?

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El derecho a defensa de los niños vulnerados

Esta columna fue escrita junto a Mónica Jeldres, jueza de familia.

Según cifras del Sename, el año 2016 hubo 230.954 atenciones a niños en situación de vulneración. De éstas, 13.035 correspondieron a niños privados de su medio familiar y que se encontraban en centros residenciales. Lo relevante es que todos los niños que pasaron por un proceso judicial en que se les aplicó una medida de protección por parte de los Tribunales de Familia, en su mayoría no contó con un abogado especializado que los defendiera adecuadamente velando por su interés superior, conforme lo exige la Convención de los Derechos del Niño.

La realidad es que enfrentado el niño al Estado, no existe el derecho a defensa, pese a que – por ejemplo- la medida de separación del niño de sus padres es la más grave que podría decidirse y que causa afectaciones en todas las esferas de la vida, incluso más allá del proceso. Falta una institucionalidad autónoma y competente que se haga cargo verdaderamente de la representación jurídica de los niños.

Si bien la iniciativa que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, boletín N° 10315-18, en su art. 38 establece que “todo niño tiene derecho a contar con la debida defensa jurídica especializada y autónoma (…)”, dicha referencia es un mero espejismo. En efecto, en la Cámara de Diputados, hoy se está tramitando el proyecto que crea la Defensoría de la Niñez, boletín N° 10584-07, siendo dicha institución, en los hechos: un defensor que no defiende de modo alguno. Esto, porque su rol es meramente observador y persuasivo ante la acción del Estado en materia de infancia, algo similar a lo que hace el INDH actualmente, pero que de defensa jurídica no tiene nada.

De igual modo, nuestra actual normativa es completamente deficiente, toda vez que el art. 19 de la ley de Tribunales de Familia que establece un abogado denominado curador ad litem para los casos en que se encuentran involucrados intereses del niño, es meramente facultativo para el juez, restrictivo, impuesto y que no reconoce al niño como sujeto pleno de derechos, en especial, en su derecho a defensa, contraviniendo la Carta Fundamental y la Convención de Derecho del Niño.

A lo anterior, se suma que los pocos que existen, en general tienen una mínima formación profesional en materias de infancia, exceso de carga laboral y escasa vinculación entre éstos y los niños que representan. Asimismo, hay un desorden funcional, ya que pueden depender de la Corporación de Asistencia Judicial, de Clínicas Jurídicas Universitarias o del propio Sename a través de sus programas de representación judicial.

Así las cosas, la institucionalidad actual se hace tremendamente insuficiente a la luz de lo que hoy nuestros niños vulnerados requieren para proteger verdaderamente sus derechos, siendo indispensable la creación de la figura del “Abogado del Niño” en similares condiciones que la defensoría penal pública y la defensoría laboral, de manera de concretizar uno de los más básicos derechos, un real acceso a la justicia y una eficaz defensa jurídica, hasta hoy, lamentablemente inexistente.

 

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Productividad, diversificación y política de clusters

Esta columna fue escrita junto a Juan José Obach, del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard

Recientemente, el ex Ministro de Economía señaló en Twitter que para alcanzar una mayor productividad es necesario diversificar la matriz productiva del país. No sé en esta ocasión, pero al menos en ocasiones anteriores, tanto él como Eduardo Bitrán, han usado este argumento para justificar las políticas de clusters o sectores estratégicos, es decir, la utilización de fondos públicos en los que el gobierno decide en qué industrias deberíamos poner las fichas como país.

Es cierto que hay una reciente literatura empírica que relaciona la diversificación con el crecimiento económico. La evidencia empírica es clara: mientras más diversa es la matriz productiva de un país, entonces más debería crecer éste (Imbs and Warciazg, 2003; Hausmann et al., 2014). Sin embargo, la literatura no es concluyente en cuanto a los factores que fomentan la diversificación productiva (para más detalle ver el estudio de Agosín, Álvarez y Bravo Ortega, 2011). En otras palabras, sabemos que la diversificación es instrumental en el proceso de desarrollo de los países, pero no hay suficiente evidencia que señale cuales son las mejores herramientas para lograr dicha diversificación.

La pregunta del millón, entonces, es cómo Chile puede diversificar sus exportaciones para sortear lo que muchos llaman “la trampa del ingreso medio”. Dada la evidencia empírica disponible, no es correcto afirmar que una política de clusters es la manera de lograr dicho objetivo. Por el contrario, creemos que elegir sectores no es el camino correcto. En primer lugar, el Gobierno tiene información imperfecta sobre los cuellos de botella a la productividad del sector privado. Asimismo, siempre existirá discrecionalidad por parte del político de turno. Finalmente, genera un riesgo de la apropiación de rentas por parte de actores poco competitivos -pero bien conectados políticamente- lo que es terreno fértil para la corrupción.

En contraste, hay determinantes de la productividad que sí creemos que funcionan; que han sido estudiados empíricamente y que no requieren de personeros de un gobierno decidiendo cuál industria es la más rentable para el país (para más detalle ver Syverson, 2011). Más innovación, más competencia, más apertura al comercio exterior, más infraestructura, menos barreras al emprendimiento y más inversión en capital humano son factores que tienen un impacto directo en la productividad y por ende en el crecimiento de los países. En varios de estos frentes el actual gobierno ha mostrado avances, no los desconocemos. Chile debe seguir invirtiendo en ellos y descuidarlos sería un gran error. Sin embargo, nos hubiera gustado que este tipo de avances hubiesen sido privilegiados por sobre las inversiones en los famosos sectores estratégicos.

El Estado no debe elegir sectores ni aplicar subsidios e impuestos a discreción, en cambio, sí debe propiciar las condiciones para una colaboración estratégica con el sector privado, en donde los actores privados revelen cuáles son sus principales problemas y, así, el Estado pueda ayudar a resolverlos (Rodrik, 2014). Al mismo tiempo, el Estado también debe revelar información a las empresas (sí, las empresas también manejan información imperfecta) para ayudarlas a sortear problemas de coordinación con el Estado y con otros privados (Hausmann y Rodrik, 2002). De esta manera, el Estado debería enfocarse en generar un proceso estándar de coordinación público-privada, más que enfocarse en elegir a los ganadores de este proceso.

Es un error pensar que una política de clusters es la bala de plata para aumentar la productividad del país. Si Chile quiere políticas que efectivamente aumenten la productividad, el Estado no debe elegir sectores, sino ayudar a resolver los problemas que éstos tienen.  

 

 

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El derecho a una nueva oportunidad

Hace pocos días se conoció acerca de la planificación de una visita pastoral del Santo Padre al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín (CPF). La ocasión nos parece propicia para poner de relieve la necesidad de fortalecer los procesos de reinserción femenina entendiendo su impacto, no sólo en dicha población penal, sino que principalmente en sus hijos y sus familias. Cabe destacar que este grupo  cuenta con un promedio de 3 hijos por mujer, siendo a lo menos uno menor de 18 años, situación cuyo impacto se expresa en los 4 de cada 10 internos de la cárcel que tuvieron un adulto responsable preso, más aún en el caso de mujeres en que mayoritariamente son hogares en donde ellas son las sostenedoras.

Las mujeres que cumplen condena son básicamente de dos perfiles: hurto y micro tráfico. Más de un 60% de ellas sufrieron algún maltrato en su infancia, o agresiones graves de su pareja, mientras que cerca de 1/3 son consumidoras problemáticas de drogas, tasas que exceden con creces a la población común y que demuestran los niveles de exclusión social que enfrentan.

Mayoritariamente, las mujeres privadas de libertad tienen condenas de faltas y simples delitos. Para ellas, cumplir su tiempo en la cárcel es comenzar el camino hacia la reunificación familiar, es también la esperanza de encontrar un trabajo que las mantenga alejadas de lo que las llevó a ella, pero a veces no resulta simple. La reinserción de quienes han cumplido enfrenta un obstáculo importante en un proceso que data desde 1932 y que norma la eliminación de antecedentes penales  a través del decreto 409 que, en la práctica, opera como una pena accesoria, pues la persona ya cumplió su castigo.

La evidencia internacional está de acuerdo en que el sentido de pertenecer a la sociedad y el trabajo son factores esenciales para dejar de delinquir y el actual sistema de eliminación de antecedentes opera en sentido inverso. Los antecedentes penales se tornan un estigma que genera una identidad delictual perpetuando la situación de exclusión social, pues con ellos no logran acceder a puestos de trabajo  o  iniciar procesos ante tribunales de familias cuando quieren volver a vivir con sus hijos.

Por esta razón, es que creemos que se debe proponer la eliminación automática de todo registro de antecedentes penales una vez cumplida la condena, porque no existe una justificación para su existencia, más allá de la distinción como circunstancia modificatoria de responsabilidad que observan los tribunales al establecer la pena, entre reincidentes y no.

La legislación nacional progresivamente ha integrado la omisión y eliminación automática de antecedentes penales en cuerpos normativos más modernos, así tenemos  los casos de la ley 18.216 modificada por la ley 20.603 referente a la sustitución de las penas, en donde se impone la obligación al tribunal de informar al Registro Civil la eliminación u omisión de antecedentes penales, contrario a lo que hace el DL409, que obliga a la persona a actuar.

Otro caso es el de la ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolecente, donde se establece que los antecedentes penales relativos a procesos o condenas de menores de edad, sólo podrán ser consignados en los certificados que se emitan para ingreso a Fuerzas Armadas, policías etc. por tanto la regla general es la omisión de anotaciones prontuariales.

En consecuencia, no existe una razón fundada para que no avancemos en esta materia, al menos, en el grupo prioritario de mujeres que habiendo cumplido su condena por falta o simple delito inicie su proceso de egreso y reinserción. Es importante también que exista, para los casos que se contemple multa como el microtráfico, la posibilidad de  sustitución de ella  por la prestación de servicios, inmediatamente se encuentre firme la sentencia.

Estas medidas contribuyen a evitar la reincidencia deteniendo las trayectorias delictivas en ellas y la transmisión intergeneracional del delito, mejorando las capacidades de inserción social para ellas y sus hijos. Esperamos que  la visita del Papa al CPF más allá de lo Pastoral y traiga un gesto de parte de las autoridades para hacer posible el derecho a una nueva oportunidad.

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Diez años de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas

El 12 de septiembre del 2007, hace 10 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Votaron a favor 144 países, incluido Chile; 4 en contra y 11 abstenciones. La Declaración contiene 46 artículos de derechos que cubren la dimensión política, social, económica, cultural y medio ambiental. Los reconoce como inherentes y los proclama como derechos “a vivir con dignidad y a mantener y fortalecer sus propias instituciones, su cultura y sus tradiciones”.

Esta Declaración cerró un largo ciclo de debates que tuvieron como origen la situación de la población indígena en Guatemala y Ecuador en los años 50 y a partir de ello se hizo patente la necesidad de crear una instancia internacional que se ocupase en profundizar este tema. Esto se inició en la Comisión de DDHH  de la ONU. Luego se creó la Subcomisión de la ONU sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías. El debate con los Estados y con PPII llevó largos años. Finalmente, en 1995 se instaló un Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración, que fue presentado a la Asamblea General en el 2007.

En la historia de los tratados internacionales en materia de DDHH, en Naciones Unidas, el énfasis fue el de las relaciones entre individuos y Estados y por eso no se consideraron derechos colectivos como los de los PPII, con excepción de la Convención sobre los derechos de los niños que consideró específicamente a niños y niñas indígenas. La idea de derechos colectivos es contemporánea en el debate internacional. Es decir, corresponde a los últimos 25 años. Durante un tiempo la ONU se ocupó del tema de la descolonización y se pensó que los asuntos concernientes a los PPII se resolverían en los procesos de liberación nacional. Tiempo después la ONU comprenderá que los pueblos “indígenas y tribales” requerían otro tipo de consideración, especialmente luego que a partir de los años 70, surgen diversos estudios e informaciones de diferentes países en el mundo que daban cuenta de situaciones muy críticas que afectaban a los indígenas a nivel mundial. La OIT (Organización internacional del Trabajo) ya tenía un conocimiento de estos problemas, y en 1957 adoptó el Convenio 107 y posteriormente condensará en el Convenio 169 un Tratado internacional de mayor envergadura. La Comisión de DDHH de la ONU se interesará en dicho tiempo, y con ello el tema se introdujo ampliamente en el debate internacional que cristalizará, finalmente, el 12 de septiembre del 2007.

Chile ya había aprobado el Convenio 169. Los PPII demandaban su ratificación. Esto ocurrió en marzo del 2008 cuando el Congreso chileno lo ratificó. La Presidenta de Chile lo publicó en el Diario oficial de la República en octubre del 2008 y su puesta en vigencia quedó establecida para septiembre del 2009.

Hoy existe a nivel internacional un amplio mapa de convenios y tratados internacionales que brindan un especial reconocimiento a los derechos indígenas. Y esto implica abrir caminos hacia una comprensión mayor respecto de la importancia de la interculturalidad en nuestras naciones. Al cumplirse 10 años de la Declaración universal de los derechos de los PPII del mundo, lo esencial es que Chile amplíe su cobertura institucional, brinde caminos al empoderamiento de estos derechos y que mediante soluciones políticas y democráticas, se establezcan también los caminos de una reconciliación del Estado y de la sociedad chilena con las demandas históricas de nuestros pueblos originarios.

 

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Una nueva asesoría

El escándalo del “copy paste” en torno al equipo de Guillier y la sospecha que la práctica es extendida ya ha sido objeto de intensa crítica en estos días. Dos preguntas surgen ahora para aprovechar la coyuntura y mejorar lo que tenemos. La primera es volver a preguntarse si se requiere algún tipo de asesoría legislativa. Fernando Villegas, por ejemplo, en un audio que circula por redes sociales cree que no. Sostiene, con su habitual agudeza, que un profesional bien pagado (como un congresista) debiera hacer el trabajo legislativo por su cuenta sin necesidad de asesores. Pero lo cierto es que la política es algo más compleja. Un parlamentario debe combinar tareas legislativas, de representación (con los innumerables grupos de interés que circulan en torno al poder) y propiamente políticas (en su rol oficialista u opositor). Estas tareas requieren de un equipo de asesores que apoyen al menos a la bancada a la que pertenece. ¿Por qué? Simplemente porque de lo contrario la deliberación política sería muy pobre. Los congresistas son, en cualquier parte del mundo y salvo excepciones, más generalistas que especialistas; incapaces de ponderar todas las complejidades del debate de política pública. Un autor los definía como un grupo de personas con una cierta conexión con la realidad superior a la del experto que hace la política pública. No mucho más… por eso el rol del congresista es enfrentar al experto con el sentido común; no ser el experto. Una buena asesoría entonces permite elevar el conocimiento del parlamentario para mejorar la deliberación.

La segunda pregunta es cómo hacer para tener una buena asesoría legislativa. Desde hace tiempo se oye decir que basta con reforzar la Biblioteca del Congreso Naciona (BCN)l. Pero eso no resuelve el asunto. La BCN, si no quiere traicionar su misión, debe prestar una asesoría neutral, es decir, una que ponga en la mesa todas las alternativas posibles. Pero no puede tomar posición porque ello la teñiría e inmediatamente perdería su foco. Sugerir un camino (cómo votar; qué preguntar; qué dejar pasar por irrelevante; etc.) solo pueden hacerlo los asesores de confianza, es decir, aquellos que combinan un cierto grado de expertise y una comunidad de principios con el parlamentario. Es esta mezcla la que les permite dialogar con los técnicos y ser escuchados por los políticos.

Fortalecer solo la asesoría neutral desconoce que la política no es matemáticas sino que un proceso deliberativo donde la técnica se entrecruza con principios, ideologías y estrategias que el asesor de confianza pondera mejor que el técnico.

Por eso es que la asesoría de confianza debe fortalecerse. Para ello es necesario crear una cultura institucional que permita distinguir al asesor legislativo del operador. También fijar reglas razonables y no meros formalismos (como sería exigir que toda la asesoría conste por escrito). Hay varias propuestas circulando para ello. Ahora solo hay que decidir.

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Sobre el fallo del TC

Hace dos semanas conocimos el texto completo de la sentencia sobre la ley de aborto. Sin perjuicio que el análisis técnico de una resolución compleja como ésta se hará en artículos especializados; me ha parecido útil, sin embargo, aprovechar esta columna para referirme a una de las críticas que plantearon varios parlamentarios y algunos profesores de derecho. Me refiero, concretamente, al reproche que se le hace al TC por la forma en que zanjó la polémica por la objeción de conciencia.

Éste fue, desde el principio, uno de los problemas del proyecto. ¿Cómo es que, si simplemente se está dejando de castigar con la pena penal un conjunto de situaciones absolutamente extraordinarias, la iniciativa contemplaba, sin embargo, el derecho de los médicos para hacer una objeción de conciencia? La objeción de conciencia adquiere sentido cuando, luego de haberse establecido un deber legal para algo que se estima bueno en sí mismo (por ejemplo defender la patria), la misma sociedad acepta que las personas para quienes esa obligación resulta repugnante se eximan de cumplirla. Y si bien la nueva ley establece que la mujer que se encuentra en esas circunstancias no será castigada si decide abortar, pensar que, por ello, se establece un derecho fundamental para exigir de toda y cualquier persona o institución de la sociedad civil que le practique el aborto, es ir mucho más allá de la despenalización.

En el curso de la tramitación se corrigió el privilegio que había en favor de los médicos, permitiendo que los otros profesionales de la salud también pudieran marginarse del aborto. El TC eliminó la última discriminación, ampliando la objeción a todos quienes pudieren participar en estas operaciones, sean profesionales o no.

Lo otro que hizo el TC fue eliminar la parte del proyecto que circunscribía la posibilidad de eximirse de abortar a una muy concreta forma de objeción de conciencia individual.

Se ha cuestionado la forma que usó el TC para evitar la inconstitucionalidad: eliminar algunas palabras de un párrafo, de modo que, sin ellas, desaparece la inconstitucionalidad. Llama la atención que ignoren que este tipo de intervenciones “quirúrgicas” son bastante habituales en la práctica del TC chileno. Parece más fácil, sin embargo, repetir el mantra contra la “Tercera Cámara”

¿Preferirían, acaso, que el TC chileno hubiera corregido la ley de aborto como lo hizo el TC alemán en 1975 o en 1993, es decir rechazando en bloque el proyecto y demandando al Bundestag que hiciera una ley nueva, sobre la base de los criterios que el propio TC ofrece en la sentencia? ¿Les parecería mejor que el TC chileno hubiera recurrido a la práctica de las sentencias manipulativas de la Corte Constitucional italiana o el TC español? ¿Valen también contra esos tribunales las descalificaciones alarmistas dirigidas contra nuestro TC?

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Cada día puede ser peor

“Cada día puede ser peor” es una de las tantas frases para el bronce que nos ha regalado Bachelet 2.0. Para Chile ha resultado ser una auténtica premonición. Y en lo corrido de este nuevo mes de la patria también lo está siendo para ella, su gobierno y la coalición que lo sustenta. El área económica del gabinete no logró “pasar agosto” como consecuencia de la primacía que en el actual gobierno posee la agenda de cambios estructurales, de profundo sesgo ideológico socialista estatista, por sobre el realismo político económico propio de una conducción prudente. La forma en que fue rechazada la aprobación del proyecto Dominga por el Comité de Ministros no solo concluyó abruptamente con Valdés, Céspedes y Micco fuera de sus carteras, terminó asimismo por convencer hasta los más ingenuos respecto a por qué late verdaderamente el corazón de La Moneda. De paso, el caso en comento dejó traslucir las fuertes e indisimulables pugnas que se viven al interior de Palacio y en la Nueva Mayoría. En su conjunto, el espectáculo resultó grotesco por donde se lo mire. Así llegó septiembre. A poco andar el candidato presidencial de continuidad se ha visto abiertamente salpicado por el affaire de los denominados “informes copy paste” que lo muestra ante la opinión pública como un personero superficial y poco acucioso, sino partícipe de una corruptela de pagos encubiertos a asesores por otra laya de servicios políticos que los oficialmente declarados. La encuesta semanal realizada por Cadem parece recoger el primer impacto negativo que ello ha significado para su respaldo popular, ahora situado casi 25 puntos porcentuales más atrás que el candidato opositor que lidera las preferencias del electorado.

En otro ámbito, las asociaciones gremiales de camioneros han estado cerca de dar inicio a un paro de alcance nacional, como protesta por la larga lista de atentados terroristas impunes que han debido padecer en sus máquinas de trabajo (y personas) en las regiones del Bío-Bío, La Araucanía y Los Ríos, ante la que consideran una débil reacción por parte del Poder Ejecutivo. Únicamente la división existente entre facciones de los transportistas ha permitido al gobierno sortear una situación que le hubiese significado un complejo manejo político. Con todo, el aviso implícito no ha pasado inadvertido para nadie.

Domingo 10. La Mandataria asiste al tradicional Te Deum de las Iglesias Evangélicas. A su llegada a la Catedral fue interpelada bajo el epíteto de “¡asesina!” por personas contrarias a la ley de aborto.

Adentro, aunque con formas respetuosas, tampoco la esperaba una buena acogida. Los pastores le representaron la oposición del pueblo cristiano a las iniciativas legales de aborto, matrimonio igualitario e identidad de género impulsadas por su gobierno. Sucesos nada alagüeños para la Presidenta considerando que aún falta el Te Deum que celebra la Iglesia Católica que, casi con seguridad, vendrá cargado de similares reproches.

Toda evidencia parece indicar que el camino que resta por andar al gobierno de Bachelet hasta el 11 de marzo de 2018 tenderá efectivamente a ser cada vez peor, derrota electoral incluida.

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