Pedro Cayuqueo's Blog, page 82

Haití: qué inversiones priorizar

Haití tiene necesidades profundas casi en todo: los problemas de salud incluyen las tasas más altas de mortalidad infantil, de menores de cinco años y materna en el hemisferio occidental; las carreteras están mal mantenidas; el acceso a la educación es bajo. El sistema judicial está tan quebrado que muchos esperan en prisión durante años sin juicio. Un donante internacional importante, el gobierno canadiense, retiró recientemente parte de su financiamiento: la “fatiga” del donante fue adjudicada a la corrupción y a la disfunción haitiana.

Sin embargo, Canadá ha apoyado un proyecto diseñado para examinar diferentes maneras de hacer que el dinero gastado en Haití rinda más -ya sea por gobiernos extranjeros, filántropos o por Haití misma, que tiene un presupuesto anual de USD$2 mil millones.

El proyecto, denominado “Hatí Priorise” fue dirigido por mi grupo de expertos, el Copenhagen Consensus, para generar datos sobre la manera de aumentar la prosperidad y la salud. El objetivo es aportar inspiración para el diseño de nuevas políticas.

Los investigadores estudiaron propuestas tan diversas como la vinculación de los agricultores al mercado internacional del carbono, la creación de sistemas de alerta contra inundaciones, la ampliación de la red de asistencia jurídica, la creación de una política de licencia paterna remunerada para incorporar a más mujeres a la fuerza de trabajo formal, y enseñarle a los niños en su lengua materna criollo haitiano en lugar de francés.

Un tema que surge entre los principales en la lista de prioridades: propuestas que aprovechan la corta ventana antes y después del nacimiento cuando se puede hacer la mayor diferencia en la vida de un niño. Se trata de una inversión a corto y largo plazo, con vidas salvadas casi inmediatamente, y mejoradas durante generaciones.

El acceso a la estimulación educativa a una edad muy temprana puede crear las condiciones para el éxito de los adultos. Cada dólar gastado en la educación de la primera infancia generaría reembolsos a la sociedad por un valor de $14.

El panel también respaldó la inversión para reducir el flagelo “oculto” de la deficiencia de micronutrientes. El gasto de alrededor de 5 millones de dólares en diez años para fortificar el 95% de la harina de trigo con hierro y ácido fólico evitaría anualmente 140 defectos en el tubo neural y más de 250.000 casos de anemia. El presidente haitiano estaba tan impresionado que se ha comprometido a asegurarse de que la fortificación suceda.

Para que los niños contribuyan de manera significativa a Haití cuando crezcan, es vital mejorar las condiciones para hacer negocios. Muchas personas sugieren que la mayor barrera económica de Haití es la falta de electricidad confiable. El haitiano promedio consume sólo 39kWh durante un año. Menos de un tercio tiene acceso a la electricidad – y por solo 5-15 horas al día.

Nuestros investigadores encontraron que la reforma costaría alrededor de $33 millones. Sugieren cambiar el marco institucional y normativo, corporativizar y reformar el proveedor y establecer tarifas que reflejen los costos.

El resultado sería una reducción significativa de las pérdidas y electricidad más confiable. Cada dólar generaría $22 de beneficios sociales.

Se eliminaría la fuga de $200 millones de dólares en el presupuesto de Haití. El distinguido economista haitiano Kesner Pharel señaló que “este dinero podría gastarse mejor en áreas como la salud y la educación, para lograr mucho más”.Haití y los donantes estarán mejor equipados para enfocarse en las soluciones que lograrán el mayor provecho por cada dólar gastado.

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Periodistas canallas vs. honorables senadores

El periodismo de investigación vivió días esplendorosos la semana pasada en Chile, en contraste con la oscuridad casi terminal que exhibe el Senado. Y ambas situaciones son las dos caras de una misma moneda. Gracias al excelente trabajo de Bio-Bio, Mega, Ciper y otros medios escritos y audiovisuales, nos hemos enterado de que una tercera parte de los diputados, al menos, ha pagado por informes plagiados total o parcialmente, con el consiguiente perjuicio para todos los contribuyentes. Además, dejaron al descubierto las inconsistencias y contradicciones de candidatos como Alejandro Guillier, quien en sus buenos tiempos como periodista llegó a enfrentarse a la Justicia con tal de exponer lo que, a su juicio, era incorrecto o corrupto, y de autoridades como el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien en dictadura sufrió el exilio por enfrentarse a los abusos, pero quien ahora aparece ante la opinión pública como un autócrata que se niega a rendir cuentas ante la ciudadanía y ante el Ministerio Público, y desoye las exigencias de más transparencia que le llegan desde los medios de comunicación.

Muy encomiable fue el trabajo de esa docena de periodistas que durante meses estudió y  comparó cientos de informes de la Cámara de Diputados, sorteando, con paciencia y tenacidad infinitas, las barreras impuestas por la burocracia parlamentaria. Durante horas y horas, con una envidiable tolerancia a la frustración después de recibir portazo tras portazo por parte del Senado, ese puñado de reporteros realizó un trabajo de investigación serio y preciso, y expuso de forma irrefutable cuán leve e insustancial puede llegar a ser la redacción de las leyes en nuestro país y cuán millonaria puede ser la hemorragia de dinero fiscal despilfarrado.

Como antes hizo la revista Qué Pasa con el “caso Caval” y La Tercera con la trama “Mop-Gate”, los periodistas chilenos han sabido enfrentarse a los gobiernos de turno y a los políticos que han merecido reprimendas públicas por su falta de honestidad e incompetencia. No resulta sorprendente, en consecuencia, que esos mismos políticos amenazados por los periodistas se atrevan, cada cierto tiempo, a proponer más restricciones y “leyes de medios”, similares a la que han impulsado gobiernos populistas y demagógicos en Argentina, Ecuador y Venezuela.

Frente a esos ocasionales arranques revanchistas de políticos ansiosos por acallar las críticas de la prensa nacional, es imperioso que la sociedad civil se muestre atenta y precavida, pues son precisamente los ciudadanos—no los políticos—los que en primer lugar resienten la falta de libertad de información y expresión.

En estos tiempos críticos, la prensa necesita más protección que nunca y nadie, tal vez, ha expresado esa necesidad con tanta elegancia intelectual y pasión, como hizo hace algunos años el ex presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Charles Evans Hughes: “La gestión del Gobierno se ha vuelto más compleja, se han multiplicado las oportunidades de fraude y corrupción, el delito ha aumentado hasta sus cotas más altas, y el grave peligro que corremos por dejar en manos de burócratas deshonestos la salvaguardia de nuestra seguridad personal y la de nuestras propiedades para hacer frente a grupos criminales y a la negligencia administrativa, refuerzan la necesidad imperiosa de contar con una prensa valiente y vigilante, especialmente en las grandes ciudades. El hecho de que la libertad de prensa pueda verse menoscabada por malignos atizadores de los escándalos no hace menos necesaria la inmunidad que necesita la prensa para lidiar, sin restricciones previas, con el mal comportamiento de nuestros funcionarios”.

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Palabra de honor

De mis juegos infantiles recuerdo una escena clásica: la del niño que se comprometía a algo y, apremiado por el resto a garantizar su promesa, daba su “palabra de honor”. Era suficiente garantía, porque aun en la ingenuidad infantil intuíamos que la sanción al incumplimiento sería brutal, ya que perdido el honor los demás no volverían a jugar más con el remiso. Es que sin confianza en el cumplimiento de los compromisos no hay sociedad posible, por eso el Derecho cumple un rol esencial para la existencia de un orden social, ya que establece garantías que van más allá del honor individual, sancionando con el poder coercitivo del Estado a aquel que incumple sus obligaciones.

En todo caso, hay un requisito indispensable: que la ley, y por ende el propio Estado, cumplan siempre sus compromisos. En caso contrario, se produce la paradoja que el garante deja de ser sujeto de confianza; si eso sucede retrocedemos en dirección al estado de naturaleza idealizado por Hobbes, el del conflicto permanente, con la primacía del más fuerte por sobre el débil.

Por eso es que la ley, y particularmente los procedimientos contenidos en ella, son la primera garantía de la libertad individual, pues eliminan el arbitrio del que tiene la fuerza. Esto suelen ignorarlo los que ven en las normas una forma de acción opresiva y también los que creen que hay valores superiores al acatamiento de la ley, entre estos últimos suele darse una forma grave de soberbia disfrazada de “buenismo”.

Es lo que ha sucedido con la iniciativa del diputado del PC Hugo Gutiérrez, a la que se ha sumado la Presidenta, para eliminar el secreto que la ley estableció por un lapso de 50 años a las declaraciones contenidas en el informe de la Comisión Valech.  El Estado se comprometió -en mi lenguaje infantil “dio su palabra de honor”- a que las declaraciones que se entregaran serían secretas por el periodo señalado, pero ahora el mismo Estado pretende cambiar de opinión, incumplir su compromiso y deshonrar su palabra. No existe una buena razón que justifique el daño que se produciría para la existencia de un orden social libre y justo con tamaña felonía. Sospecho que el diputado comunista lo sabe perfectamente.

El ex Presidente Lagos ha expresado su desacuerdo con evidente molestia. Tiene toda la razón: él era Jefe del Estado cuando se adquirió ese compromiso, es él quien le puso la firma a esa ley; argüir ahora que el secreto se estableció para garantizar impunidad es una razón tan falsa como espuria, se dice de lado, solapadamente, se insinúa sin aclarar quién habría negociado esa impunidad, si el mismo Presidente o la ministra de Defensa de la época que, como nos ha recordado el propio Lagos, era la actual Presidenta Bachelet.

Por estos días está de moda hablar de legados, éste sería el peor que el PC y la Presidenta podrían dejarnos. Un país cuya palabra vale menos, cualquier niño lo sabe.

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Informe Valech

No cabe duda de que los informes Rettig y Valech han sido un aporte para establecer una verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Ambos documentos debieran ser lectura obligatoria en la asignatura de “educación ciudadana” para los terceros y cuartos medios.

El debate, hoy, no está puesto en el valor histórico del Informe Valech sino en la norma que fija una moratoria de cincuenta años para hacer públicos los testimonios individuales. Se argumenta que de esta manera se protege a las víctimas, muchas de las cuales no querrían ver expuestas las vejaciones y abusos a las que fueron sometidas.

Se establece, así, una generalización que contradice los estudios más profundos sobre el tema. Anna Ornstein -sicoanalista y sobreviviente de un campo de exterminio nazi y que ha dedicado su vida a estudiar la sicología de los sobrevivientes- concluye que si algo caracteriza la vivencia interior que dejan las experiencias límites de prisión, tortura y exposición prolongada a la posibilidad de aniquilación es su singularidad y diversidad sicológica, por lo que cualquier generalización es errónea.

Hay sobrevivientes que desean que su historia sea conocida, que actúe como una denuncia, permita justicia o sirva de aprendizaje social; hay otros que experimentan vergüenza, pudor o las múltiples consecuencias de la denominada “culpa del sobreviviente”. Las víctimas se debaten entre el “grito y el silencio” diría Samuel Gerson, otro estudioso del tema.

Es también importante dilucidar cuál fue realmente el compromiso que se estableció con quienes entregaron su testimonio. Se ofreció confidencialidad, pero no se señaló cuál sería la forma que ésta adoptaría. Confidencialidad no es sinónimo de secreto. La moratoria de cincuenta años se fija después de que la Comisión Valech había concluido la recopilación de los testimonios. El compromiso de confidencialidad inicial se podía expresar de múltiples formas: en la manera de hacer públicos los testimonios individuales; en solo permitir el acceso de la justicia a ellos; en haber determinado en su momento si la confidencialidad era relevante para quien comparecía; etc.

Ahora se puede intentar hacer bien las cosas. Lo primero es derogar la norma del secreto de cincuenta años por estar fundada en una generalización sobre la sicología de las víctimas carente de sustento. Luego, poner la información, con carácter reservado, a disposición de la justicia (todas las víctimas aspiran a justicia). Y no caer en la generalización contraria: todos quieren que se dé total publicidad a su testimonio. A través de una consulta sencilla, se puede volver a escuchar a las cerca de 28 mil personas que consigna el Informe Valech sobre el uso público de sus testimonios. Volver a dar la palabra a las víctimas y sobrevivientes, y no seguir adoptando decisiones a nombre de ellas.

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Informe Valech y el secreto

La Comisión Valech individualizó a las víctimas de prisión política y tortura de la dictadura. El decreto que la creó a fines de 2003 dispuso: “Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.”

El informe final de la Comisión recomendó que el secreto se mantuviera por 30 años, siguiendo la experiencia internacional en estas materias. La ley que se dictó en 2004 amplió este plazo a 50 años.

A fines del año 2009, la Comisión fue convocada nuevamente (“Valech II”), en el mismo entendido de que los antecedentes se mantendrían en secreto.

¿Por qué el secreto? La respuesta no es evidente, ya que hay dos valiosos intereses en tensión.

Uno es la intimidad y dignidad de las víctimas. La experiencia que sufrieron habita en su intangible mundo interior. Quizás también en el de sus cercanos, pero, primero y muy principalmente, en ellas mismas. Es un deber moral respetar esta subjetividad.

El otro interés es el de la justicia, que busca identificar a los victimarios para juzgarlos. Los antecedentes reunidos por la Comisión podrían ser útiles a este fin.

Hace 13 años la ley resolvió la tensión garantizando por 50 años la intimidad de las víctimas y, simultáneamente, facultándolas para levantar el secreto de sus propios antecedentes cuando así lo deseen. Hoy se quiere cambiar.

Se ha propuesto levantar el secreto para los tribunales sin el consentimiento de las víctimas. Solo se necesitaría este consentimiento para hacer públicos sus nombres en los expedientes y sentencias. De no haber consentimiento, los nombres de las víctimas serían omitidos, como ocurría respecto de las víctimas de delitos sexuales en el antiguo proceso penal.

De prosperar esta iniciativa los antecedentes de las víctimas serían secretos para todos los terceros, menos para el Estado representado por los jueces. ¿Vale la pena el cambio?

Creo que no. Se alteran las reglas del juego, desconociendo una promesa que se hizo a las víctimas y al país desde el primer día. Aun cuando el acceso a los antecedentes se limite a los tribunales, ya no serán secretos. Y si bien los nombres de las víctimas podrían omitirse, la intimidad que ellas no han querido abrir quedará a disposición del Estado mucho antes de lo que prometió la ley.

Además, hay alternativas que no cambian las reglas ni desconocen promesas. El gobierno entrega beneficios a las víctimas, tiene contacto con ellas. Podría hacerles un llamado formal a que ejerzan la facultad de entregar sus antecedentes a la justicia, facilitándoles los medios para hacerlo. Esto no necesita ley.

Y, a fin de incentivarlas para que lo hagan, la ley podría contemplar una fórmula de anonimato como la que se está discutiendo. Es decir, las víctimas podrían autorizar que sus antecedentes sean enviados a los tribunales, a condición de que sus nombres sean omitidos en los procesos y sentencias.

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Ottessa Moshfegh, entrañable y cruda

El cuento norteamericano no falla a la hora de dar al menos un par de grandes libros al año. De 2017 quedará, seguro, Homesick for Another World, de Ottessa Moshfegh, una de las autoras recientemente escogidas por Granta entre las más representativas de la generación de menores de 40. Moshfegh es conocida en español gracias a Eileen (Alfaguara), un interesantísimo thriller literario, pero es por sus cuentos que merece todos los aplausos: tienen lenguaje, ritmo, capacidad para el detalle, atmósfera y personajes complejos. ¿Qué más se puede pedir?

Rodrigo Fresán llamó “neorara” a Moshfegh, mencionándola, junto a Emma Cline y Claire Vaye Watkins -otra cuentista extraordinaria, cuyo Battleborn (2012) será publicado en español el próximo año por Libros del Laurel-, como heredera de Joy Williams y su “inmaculada y turbulenta versión de realismo sucio” (hay también ecos de Flannery O’Connor). En efecto, es suficiente leer las primeras frases del primer cuento de Homesick, Bettering myself, para captar el ethos de esta escritora: “Mi clase estaba en el primer piso, al lado del salón de las monjas. Yo usaba su baño para vomitar por las mañanas”.

La narradora de Bettering myself es un típico personaje de Moshfegh: una mujer divorciada en los márgenes de la sociedad, con algún tipo de adicción, enseñando en un colegio de mala muerte y haciendo todo lo posible para que la echen (contar chistes vulgares a sus alumnos, darles los resultados de los exámenes con anticipación). Su relación intensa con el cuerpo y sus fluidos es una marca de estilo: cuando el narrador de Dancing in the moonlight recibe un correo de la mujer que le interesa, va al baño a “vomitar con alegría”; en Malibu, el tío del narrador va a todas partes con su bolsa de colostomía (su sobrino se ocupa de limpiarlo). Lo que para otros es sórdido y abyecto es aquí no solo parte natural de la vida sino también algo digno de celebración.

Moshfegh es maravillosa para retratar personajes;  Mr. Wu y No place for good people funcionan a partir de la exploración de una psiquis y sus vicisitudes. Los personajes dañados y extraños que abundan en el libro no pierden el humor pese a su desesperación: en A dark and winding road, el narrador se encuentra con una chica que va en busca de su hermano y se hace pasar por el amante gay del hermano. Otra cosa que no pierden es la autoestima, gracias a una generosa capacidad para el autoengaño: en An honest woman, Jeb puede ser derrotado por la vida, pero aún así es capaz de pensar que “él podría ser un Dios en la tierra si tan solo encontrara la tribu adecuada; qué lindo sería, que lo idolatraran y amaran”.

Esos cuentos van conformando un retrato entrañable y crudo de un Estados Unidos de ciudades e individuos alejados del sueño americano: “imagínate una calle vacía con un auto estropeado, un triciclo oxidado abandonado en la vereda, una mujer arrugada rascándose mientras riega su jardín de colores pardos, la manguera retorciéndose perversamente en su puño apretado” (así se describe en Slumming la ciudad de Alna, modelo básico de las ciudades de Homesick).

Es difícil escoger el mejor cuento: podría ser The beach boy, por la profundidad con la que se revela el drama de un viudo al enterarse de secretos de su mujer recién fallecida; Nothing ever happens here, por la sorpresiva construcción de afectos en medio del mundo de sueños frustrados de los aspirantes a triunfar en el cine; No place for good people, por su forma de balancear humor con incorrección política en esta historia de un encargado de adultos “retardados” (”la palabra no me ofende siempre que sea usada correctamente, sin compasión”). Lo cierto es que casi todos estos cuentos son perfectos.

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Protección social y dependencia severa

En la reciente encuesta DESUC/Clapes UC sobre percepción de las pensiones uno de los resultados más llamativos es una importante angustia entre los trabajadores de 59 años o menos respecto a la situación económica que enfrentarán en la vejez en comparación con lo percibido por las personas de 65 años y más que ya están en esa etapa. En una escala de 1 a 10, donde 10 representa la mejor situación económica posible, los encuestados de 59 años y menos proyectan respecto a su fase de jubilación una nota promedio de 3,8, cifra que es 1,1 puntos inferior a la nota promedio asignada entre las personas de 65 años y más a la misma fase de la vida.

Ciertamente una de las situaciones más traumáticas durante la vejez es la posibilidad de tener que afrontar una condición de dependencia severa. El aumento de la longevidad ha tenido como consecuencia una extensión de la vejez, lo que ha llevado a que en Chile el porcentaje de personas de 80 años o más (cuarta edad) dentro de la población, pasara de apenas 0,5% en 1950 a 2,2% en 2015, y las proyecciones demográficas apuntan a que esta cifra se elevará a 6,9% hacia 2050.

Esto es muy importante, porque la evidencia empírica muestra que existen marcadas diferencias en las capacidades físicas y psicológicas entre la tercera y la cuarta edad, teniendo una mayor probabilidad de ser dependientes del cuidado de otros en esta última etapa. El caso más grave corresponde al de dependencia severa, lo cual ocurre  cuando la presencia de otras personas es indispensable para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, lo que implica destinar tiempo y recursos a cuidados, lo que suma un factor adicional a considerar en el debate previsional.

En efecto, de acuerdo a las cifras de Senama, mientras que en el segmento de 60 años o más sólo el 12,4% de la población tiene condición de dependencia severa, esta cifra se eleva a 36,9% en el segmento de 80 años o más, con lo que los datos para Chile confirman los hallazgos de la evidencia empírica en cuando a que en la etapa de vejez más avanzada hay un declive significativo de las capacidades físicas y psicológicas.

La imposibilidad de cubrir adecuadamente los elevados gastos que implica el cuidado de un adulto mayor con dependencia severa contribuye a alimentar una situación de angustia. Al mismo tiempo, da cuenta de un segmento de adultos mayores que requiere prioridad esencial en el uso de los recursos públicos.

En el actual contexto de estrechez fiscal, el grupo Mejores Pensiones para Chile propuso destinar los recursos para apoyar a aquellos adultos mayores que objetivamente están en una situación más desmedrada, en contraposición a aquellas posiciones que buscan realizar aumentos universales de pensión sin distinción de necesidades.

En el documento titulado “Protección social en la cuarta edad: 13 medidas”, este grupo detalló medidas para apoyar a quienes sufren dependencia severa en la vejez y a sus cuidadores. Adicionalmente, se estableció la necesidad de que exista un seguro para enfrentar la contingencia de la dependencia severa en la vejez. Esto implica enormes desafíos, no sólo en el diseño del propio seguro, sino también de la ampliación de la oferta de los servicios de cuidado e infraestructura necesaria que ayudaría a pagar dicho seguro a quienes sufren este evento adverso.

Aunque esta problemática ha estado menos presente en el debate previsional resulta altamente relevante la proactividad, dado que el segmento de cuarta edad está ganando terreno en forma creciente, lo que generará enormes presiones. No esperemos que nos estalle este problema en la cara para tomar cartas en el asunto, especialmente en un fenómeno cuyas consecuencias ya son bastante previsibles.

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Silencio y justicia

La identidad de las personas, los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Valech, son secretos para cualquier persona u organismo por el plazo de 50 años, siendo su divulgación penada por la ley, todo ello conforme al artículo 15 de la ley 19.992 del año 2004.

Se exceptúan de esta reserva a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que la señalada ley quiso reparar y que concurrieron a dicha Comisión. El nuevo proyecto, patrocinado por el diputado Hugo Gutiérrez y otros, y ahora por la Presidenta Bachelet -sin ningún Mensaje Presidencial, a secas- estima que la Comisión Valech no se hizo cargo de los temas de “verdad y justicia” ni consideró a las víctimas de torturas como objeto de un “delito de lesa humanidad”. El Boletín N° 10883-17, que contiene estas afirmaciones, agrega que “no cabe duda que las víctimas de prisión política y tortura persiguen que se establezca la verdad y no las perjudica en absoluto el levantamiento del secreto en materia de justicia”.

La pregunta es si las víctimas de tortura serán perjudicadas o no con el levantamiento del secreto que propugna el nuevo proyecto.

Según el Mensaje firmado por el ex Presidente Lagos al someter a discusión parlamentaria el proyecto de ley, la Comisión tuvo como objeto exclusivo identificar y reparar a las víctimas de privación de libertad y torturas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, sin que fuese su propósito actuar como Tribunal de Justicia. El Presidente hizo ver lo extraordinario que resultaba que, 31 años después del golpe militar, el Informe haya sido capaz de entrar “a una dimensión oscura de nuestra vida nacional, a un abismo profundo de sufrimientos y tormentos”.

Luego se lee, citando a la Comisión, que descorrer el velo de la humillación, de la violación física y psicológica, era algo muy difícil de hacer. Debía generarse una confianza entre las personas que sufrieron y la Comisión, y ello solo podría lograrse si se guardaba reserva de sus identidades y de los antecedentes que entregaban. La labor de la Comisión quedó circunscrita a identificar a las víctimas y elaborar un informe en base a los antecedentes que ellas proporcionaron. Y concluye: “Esta fue su función y ninguna puede atribuírsele a posteriori, ni por extensión, ni por derivación ni por analogía”.

El origen de la Ley N° 19.992, entonces, y de su artículo 15 es la manifestación por ley del derecho a la vida privada, intimidad y honra de las personas, garantizados por la Constitución. ¿Será posible que hoy, en nombre de esos mismos derechos humanos dañados y personalísimos, que el Estado quiso reparar y garantizó como secretos, se obligue a las víctimas a comparecer en acciones penales públicas que en nada aseguran la intimidad? Si de ellas dependiera actuar, la ley les reservó la libertad sin limitaciones de ninguna especie. El proyecto tiene, además, algo que se percibe como de una frialdad siberiana. ¿En qué habrá estado pensando realmente el autor del Boletín que más arriba citamos, cuando afirma que a las 27.255 víctimas de torturas les es indiferente el levantamiento del secreto?

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Derecho y realidad

Sin dudas el Estado y su principal instrumento, el derecho, han tenido una contribución decisiva en el avance de nuestras sociedades, tanto en la protección de los derechos básicos como en el aseguramiento de estándares mínimos de subsistencia para las personas. Es cosa de remontarse no demasiado atrás para darnos cuenta de los enormes avances experimentados en nuestro país en ambas dimensiones, aunque sin dudas es aún mucho lo que falta.

Sin embargo, dicha constatación no puede llevarnos al voluntarismo de pensar que solo por necesitar o querer algo se puede lograr, que basta con una buena legislación o políticas públicas acertadas para que todos los problemas o deficiencias que aquejan a nuestra sociedad puedan repararse. Es signo de madurez estar consciente de las propias limitaciones y actuar en consecuencia, lo que para nada implica inhibir el deseo de superación. Otro tanto pasa por las naciones. No solo la obvia restricción de los recursos económicos impone límites, sino también factores culturales, geográficos o políticos (no se puede hacer todo a la vez si se quiere hacerlo bien), nos exigen aquilatar nuestras fuerzas y avanzar presionando a la realidad, pero sin pretender desconocerla.

Quienes trabajamos con el derecho probablemente estamos más conscientes de sus limitaciones que quienes tienen una relación más distante con él. Por lo mismo, sabemos que hay situaciones en que no es factible, por mucho que se quiera, ir más allá de las posibilidades humanas. Es lo que justifica en derecho penal la exculpación de una persona ante la no exigibilidad de otra conducta. Es lo que explica que, más allá del juicio moral individual, parezca inevitable la despenalización de un delito como el aborto, cuando se constata que en Chile en la práctica no es ni puede ser sancionado.

Otro tanto sucede en las políticas públicas. Por ejemplo, todos estamos conscientes de la precariedad con que el Sename asume las tareas de protección de los menores y todos quisiéramos que mejoraran sustantivamente los estándares con que lo hace. Pero no basta con quererlo o mandarlo. Ejemplo de ello es lo que acaba de suceder con la licitación del programa de residencias de esa institución, de los cuales solo 18 fueron adjudicados, es decir, un 24% de los licitados. La razón se encuentra en la actualización de las orientaciones técnicas que elevaron importantemente las exigencias para los adjudicatarios. Como resultado de ello, solo 496 de los 2.116 niños que debieran haberse beneficiado con estos programas, efectivamente lo harán.

Sin dudas esto se explica por diversos factores, pero está claro que los estándares fueron elevados sin haber hecho el trabajo previo que, entre otras cosas, implicaba contar con los recursos y las personas interesadas para viabilizarlo. Tal como éste se pueden dar diversos ejemplos de medidas o políticas que, adoptadas con la mayor buena fe, chocan contra la realidad y terminan teniendo efectos contraproducentes.

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Una oportunidad para la salud pública

La salud junto a la delincuencia y educación siguen siendo las principales preocupaciones de la población. Es importante recordar que más de tres cuartos de los chilenos interactúan, de una forma u otra, con el sistema estatal de prestadores de salud. Sin embargo, los indicadores de desempeño de este sector no son muy esperanzadores. El tiempo de espera para una atención hospitalaria alcanza en promedio a 170 días, mientras que en el sector privado no supera el mes.

Las familias más vulnerables son las que más sufren los problemas de falta de acceso y calidad en la salud. De hecho, de los más de 1,9 millones de prestaciones pendientes, 1,3 millones corresponden a personas que están inscritas en los tramos de más bajos ingresos en el Fonasa. Al mismo tiempo, hay cuestionamientos por parte de los pacientes respecto del trato que reciben de los funcionarios y una proporción creciente de los afiliados a Fonasa busca atenderse con prestadores privados, incrementando el gasto de bolsillo. Por cierto, también influye en ello las esperas para ser atendidos por especialistas.

Adicionalmente, hay una preocupación por el alza en la deuda hospitalaria, poniendo en duda el financiamiento y gestión de los prestadores estatales. A ellos se suma la rotación en los altos directivos, que hace muy difícil dirigir la red y los prestadores específicos con un horizonte de mediano y largo plazo. Si bien algunos de estos problemas reflejan escasez de recursos, el principal desafío es modificar la organización del sistema estatal de prestadores de salud con el fin de asegurar la mejor atención posible, indepediente de la disponibilidad presupuestaria.

Con todo, el próximo gobierno deberá poner foco en mejorar la satisfacción de los usuarios a través de la reducción en las listas y tiempos de espera y experiencia de los pacientes. En base a la implementación de buenas prácticas es posible incrementar la productividad de todo el sistema. Así, por ejemplo, existen iniciativas que permitirían aumentar el rendimiento de los pabellones de 3 a 4 veces, reducir los tiempos de espera en urgencia en un 40% y aumentar la capacidad de hospitalización de hasta un 20%.

Hospitales emblemáticos como Sótero del Río, Barros Luco y San Juan de Dios han venido trabajando en la implementación de un sistema moderno de gestión de camas y pabellones, categorización de pacientes en urgencia, un uso eficiente de los equipos de imagenología y hospitalización domiciliaria. Estas iniciativas han permitido reducir las listas de espera, gastando entre 40 y 50% menos de lo que se gasta con el sistema actual. Asimismo, se debe avanzar en la implementación de modelos de pago por desempeño para promover un aumento de la productidad de hospitales y médicos. Así, por ejemplo, se debería aumentar el presupuesto a hospitales que reduzcan las listas de espera.

Por último, es fundamental aprovechar una mayor complementariedad público-privado, en donde el Estado pueda comprar soluciones sanitarias en los diferentes niveles de complejidad usando un pago per-cápita. De esta manera, el concesionario atiende a una población que pertenece a una red de servicios de salud, y el Estado garantiza y controla la calidad de las atenciones.

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