Pedro Cayuqueo's Blog, page 165

La Araucanía: llegar y llevar

Estamos en periodo de elecciones y todos tienen algo de qué hablar, como de costumbre de las propuestas para la Araucanía se hizo un circo y se convirtió en estrategia de izquierda repetir que nada es terrorismo y de la extrema derecha criminalizar. Beatriz Sánchez hace unas semanas prometía la Plurinacionalidad, pero para decepción de muchos en un programa de televisión no pudo ni explicar de que se trata la autonomía, en el otro extremo, el Diputado José Antonio Kast dejo entre ver sin ningún tapujo que tras la negativa a ser censada de la Comunidad Autónoma Temucuicui, podrían esconderse abusos de menores, en Santiago ocurrió exactamente lo mismo y ningún oportunista candidato dijo que las familias del conjunto habitacional Las Perdices de La Reina eran delincuentes, por el contrario, dijeron que se trataba de una protesta social.

El Conflicto en la Araucanía no es tan complejo ni difícil de resolver, la región no es Chiapas ni Bagdad, es un conflicto con dos aristas que nadie se atreve a resolver. Primero, está el asunto de las tierras. El gran hito de la política indígena australiana fue que reconocieron en el caso Mabo Nº 2 que los indígenas eran dueños de sus tierras desde antes que llegaran los europeos, ya no se trataba de entregar tierras como beneficio social, sino que restituir tierras porque el Estado había expropiado a los indígenas. Lo que los australianos recién reconocieron en 1992, Chile lo había reconocido en 1866, en la ley de 4 de diciembre que decía textualmente: “Fúndense poblaciones en los parajes del territorio de los indígenas… “debiendo adquirirse por el Estado los terrenos de propiedad particular”, es decir, los mapuche eran dueños de sus tierras y si el Estado quería fundar una ciudad, traer a colonos o rematar propiedades, primero debía comprársela a sus legítimos propietarios, a los mapuche, y fue justamente eso lo que no ocurrió.

La segunda arista del conflicto tiene que ver con nuestro contrato social, la zona que actualmente comprende la Araucanía nunca estuvo bajo el dominio español y Chile recién la incorporo por la fuerza a finales del siglo XIX, antes de eso, los mapuche ejercían su autodeterminación, una autonomía que fue reconocida por Chile en el Tratado de Tapihue de 1825 en donde se reconocen jurisdicciones distintas. Esa autonomía no fue obtenida por la fuerza, sino que, a través del diálogo, a través de los Koyang, tratados en donde se negociaban y determinaban las normas relaciones de convivencia, de libre comercio, de libre tránsito, de jurisdicción, incluso sobre auxilio en caso de guerras.

La autonomía que tanto revuelo causa hoy, no es más que la invitación al diálogo y negociación de nuestro contrato social para construir un país que nos incluya a todos y en donde cada ciudadano, sea chileno, sea mapuche, sea rapanui o aimara, pueda ser dueño de su propio destino y tomar las decisiones que le afecten en su vida. Lo raro no es la autonomía, no es la diversidad cultural, no son los Estados plurinacionales o federados, lo raro, lo anticuado son los Estados unitarios y homogéneos como Chile.

Políticos más sensatos han dicho públicamente que hay que separar las aguas, una cosa son las legítimas demandas del pueblo mapuche y otra muy distinta los hechos de violencia, esto es un tremendo paso, sin embargo, si solo nos quedamos en las palabras es mera demagogia. Todos sabemos lo que prometió la Presidenta Bachelet en 2013, hasta de estatutos de autonomías hablo. Si un candidato le promete el cielo y la tierra en materia indígena, es un charlatán o no entiende nada.

¿Qué hacemos entonces? Al menos tres cosas. Primero, el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, algo en que en campaña todos están de acuerdo, pero por esas artimañas de la vida nadie cumple después, el sólo reconocimiento no cambiara nada, pero es una prueba simbólica de que quieren que las cosas cambien a futuro. Lo segundo, es cambiar la política de tierras: pasar de la lógica del subsidio social ilimitado a la restitución por previa responsabilidad estatal. Lo tercero, y quizás lo más importante es institucionalizar al diálogo. Una propuesta interesante sería constituir un organismo público autónomo que represente a los pueblos indígenas y que les permita determinas las normas y políticas públicas que les afectan directamente a ellos, la clave está en que se permita la participación política efectiva de los indígenas, si sólo se limitara a aprobar o modificar las propuestas de otros, será lo mismo de siempre, el mismo cuento que en nada contribuye.

Con estas tres propuestas no vamos a evitar que en el futuro existan más focos de conflicto, cualquier que conozca la historia de la región sabe que en siglos no se ha podido conseguir algo como eso, pero de esta forma al menos vamos a institucionalizar al diálogo como mecanismo de resolución de controversias. Yo quiero una región más libre, más pacífica y prospera, pero eso no se logrará con estados de excepción ni con más policías, al contrario, de esa forma solo estallará.

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El consumo de tabaco como amenaza al desarrollo

El Día Mundial sin Tabaco tiene como tema este año “El tabaco como una amenaza al desarrollo”. Además de producir cerca de 16.000 muertes anuales y enormes costos sobre el sistema de salud, su consumo podría tener importantes implicaciones sobre el bienestar social y el crecimiento económico.

Según datos de la última Encuesta de Presupuestos Familiares, un 38% de los hogares tienen consumo positivo de tabaco, al que le destinan, en promedio, un 3,4% del presupuesto familiar. Parece poco, pero si utilizaran eso para salud, podrían aumentar sus gastos en salud en un 33%. Si lo gastaran en educación, podrían aumentar sus gastos en educación en un 17%.

Esto tiene al menos dos implicancias directas en términos de políticas públicas. La primera tiene que ver con el nivel de bienestar presente de los hogares. El desplazamiento de recursos de la salud al tabaco no sólo puede agravar el estado de salud de las personas fumadoras y sus familiares, sino que también disminuye los recursos que estos hogares aportan al cuidado de su salud, aumentando el peso que el resto de la sociedad debe realizar para aumentar los cuidados a la salud que demandan. Esto se agravaría considerando que los hogares que tienen gasto positivo en tabaco también son los que más gastan en bebidas alcohólicas, lo que amplifica las consecuencias negativas sobre la salud y el presupuesto familiar. Un verdadero círculo vicioso en el que las familias más pobres son especialmente vulnerables.

El segundo impacto tiene que ver con el bienestar futuro individual y social. La inversión en capital humano, del cual la educación y la salud son componentes fundamentales, es el motor del crecimiento en las economías modernas, e indispensable para el ansiado desarrollo. La sociedad realiza esfuerzos importantes en este sentido, al subsidiar salud y educación para un grupo significativo de la sociedad. Resulta incomprensible que parte de ese esfuerzo se vea disminuido por el consumo de una sustancia nociva.

Chile tiene la oportunidad de avanzar en la implementación de medidas para bajar el tabaquismo. Medidas como el empaquetado genérico, la eliminación de aditivos, prohibición de consumo en lugares públicos, etc. se encuentran en la nueva ley de tabaco, que se discute en la Cámara de Diputados. Estas medidas han sido implementadas exitosamente en otros países y tienen alta efectividad. Deben ser consideradas no sólo como herramientas sanitarias para combatir el uso de una sustancia que enferma y mata a 16.000 chilenos por año, sino también como instrumentos que tienen un efecto positivo sobre la inversión individual y social de capital humano y, por ende, en el crecimiento económico.

 

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favoritos y chaqueteros

“Dígalo despacito”. “Sea más prudente”. “No lo comente ya que puede suceder lo contrario”. “No se le ocurra mencionar esa frase, es mufa”. “No lo diga, con eso sólo logra estimular a los rivales”. “Vamos de a poco para que no se despierte el enemigo”. Años escuchando ese rosario. Se ha calcado por muchas generaciones y hoy vuelva a reverdecer. “Cuidado que están Alemania, Portugal y Rusia”. “Atención que está Camerún y son potentes”.

¿Tanto nos cuesta asumir el favoritismo que tiene esta selección? ¿Tan perverso es creer que Chile puede ser finalista? ¿Es un pecado sospechar que el actual campeón de América sea predilecto entre las otras potencias? Al que le irrite los oídos que se los tape y el que no lo quiera leer que salte a la otra línea, pero con todas sus letras Chile es favorito en la Copa Confederaciones.

Con esa aseveración no disminuyo el poderío de las otras selecciones ni tampoco las saco de competencia. Es más, ni siquiera las aislo de un posible título. Tengo un respeto absoluto por todos los oponentes pero una confianza ciega en lo que puede hacer nuestro bando. Cada plantel tiene desde el inicio las mismas opciones, sin embargo, los carteles que oscilan en sus cuellos son distintos. En este caso la proclama de nuestra selección es: favorita.

¿Qué lo respalda? Su pasado y su presente. Ha ganado las dos últimas copas disputadas y hoy está clasificando al Mundial. Éste es un grupo que se conoce. En su cuerpo tiene disputadas tres Clasificatorias, dos Mundiales adultos, tres Copas América y dos títulos. Se conocen de sobre manera y su método de jugar le puede empañar la celebración al más acicalado. Tiene tres pilares muy arraigados: fondo de juego, nivel individual y jerarquía. Sin arrogancia y muy apegado a la realidad observada por todos, no sólo por estos dos ojos que escriben, Chile, sosteniendo su nivel sobresaliente, puede derrotar a cualquier selección.

El que llega a Rusia tocando la cima es Alexis Sánchez. Terminó ovacionado en Inglaterra, pero en su tierra hay algunos que se mofan de él. Qué país más chaquetero en el que vivimos. A veces amargo, desaliñado y malintencionado. Alexis hizo un relato en inglés sobre su futuro y varios políglotas bañan twitter burlándose por su pronunciación. En vez de alabar su progreso,su atrevimiento y su evolución, varios expertos se quedaron con la escasez de fluidez. Muchos con suerte saben decir hello y escupen a un chileno que está paseando la bandera de tu patria en Europa. El jugar en el extranjero te inunda de cultura, te obliga a perfeccionarte en otra lengua y a mirar el mundo con una visión más amplia.

En el último lugar del mundo en vez de aplaudir al que crece, al que gana, algunos se cuelgan de sus pies para que caiga. Imperdonable que algunos personajes que, escondidos en un teclado, se burlan con tanta crueldad de uno de los cinco mejores delanteros del mundo. Así es parte de Chile. El chaqueteo, lamentablemente, sobrevive en la selva de los favoritos.

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Por qué cuestionar el uso de drones de vigilancia

¿Será posible que en el corto plazo nos movamos bajo un cielo tomado por drones que vigilan cada una de nuestras acciones en espacios públicos?

No hablamos de una película de ficción. Con la implementación, y la recién anunciada ampliación, de estos aparatos en la comuna de Las Condes nos encontramos en un momento crucial para definir cuál es la relación entre libertad, privacidad y vigilancia que queremos como habitantes de la ciudad.

¿Aceptaremos ser vigilados con medidas que no están reguladas por ley y que restan valor y predominancia al respeto de nuestros derechos fundamentales?

Si bien bajar los índices de delincuencia es un objetivo que preocupa al Estado y a los ciudadanos, en una democracia es imperativo que debatamos sobre el tema y que pongamos sobre la balanza el precio que estamos dispuestos a pagar por una, supuesta, mayor seguridad. Por eso Datos Protegidos, junto a Derechos Digitales, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Santiago para que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad del uso de drones como medio de vigilancia.

Frente a esta acción, el alcalde Joaquín Lavín ha señalado equivocadamente, generando confusión en la ciudadanía, que este asunto ya está regulado mediante el fallo sobre los globos de vigilancia. Pues los drones no son lo mismo que los globos, ya que los primeros tienen la particularidad de moverse libremente y, al mismo tiempo, de entregar una visión panorámica, siendo susceptible que violen la intimidad de espacios privados, balcones, terrazas o habitaciones de departamentos en altura.

Asimismo, tampoco es acertado decir que el Consejo para la Transparencia ha dictado normas al respecto, ya que éste ni siquiera tiene la competencia para regular la utilización de los drones para vigilancia.

Los costos sociales por nuevas políticas de prevención de delito, que se diseñan fuera del marco de la ley, no deben ser asumidos por ciudadanos inocentes. Lo esperable es que sea la policía la que reformule sus estrategias, perfeccione o incorpore nuevas tácticas de seguridad, pues cuenta con el entrenamiento y las facultades legales para ello, o bien que el municipio diseñe mecanismos de apoyo que sean armónicos a la convivencia de las personas con la comuna y que éstos incluyan procesos informativos, consultivos y participativos. De esa manera, hay una mayor legitimidad y no nos enfrentamos a una medida que no tiene directrices jurídicas sobre lo que se puede y no grabar; sobre el tratamiento, uso y destino de las imágenes recopiladas, y sobre la facultad que se otorga a funcionarios municipales de conocer nuestros hábitos, movimientos y aspectos íntimos.

Ahora es turno de la Corte de Santiago fallar conforme a derecho. Por tanto, declarar la ilegalidad de esta medida porque en Chile, lisa y llanamente, no existe regulación para ello. No hay ningún precedente claro de que grabar un delito con este medio ayude a su prevención ni tampoco bases legales que aseguren que sea factible utilizarlo como medio de prueba en un juicio.

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Chile, un país atractivo para los migrantes

La temática  asociada  a los migrantes dejó de  estar sólo en la esfera académica  o en los círculos  de extranjería. Esto, pues saltó al debate público y es comentario obligado entre  los ciudadanos comunes, debido a  que  cada  vez más se incrementa el número de migrantes llegados a Chile, al punto que  hoy representan el  2.3 % de la población del país. Y si bien los números son indicativos, en el fondo no logran develar las realidades que encierran. Efectivamente, nuestro país se ha convertido en un destino atractivo para ciudadanos provenientes de países latinoamericanos y no pocos de otros continentes, lo que también es novedoso, interesante y no menor.

Frente a esta realidad, la pregunta que  se hacen muchos por  estos días  es si Chile, está preparado para recibir a la población migrante. Y debemos  ser enfáticos: ciertamente no lo está por varias razones. Los chilenos desde siempre hemos sido un país “leguleyo”, es decir, apegado a las normas y, precisamente, la problemática que afecta  a los migrantes comienza por este ámbito que regula deberes  y derechos, puesto que no existe una normativa clara que se haga cargo de los migrantes que llegan al territorio nacional, fuera del control de papeles que hace policía internacional, cuando se hace un ingreso regular.

Saliendo del aeropuerto internacional o de otra puerta de entrada al territorio nacional comienzan las dificultades, siempre y cuando, el migrante no tenga previamente establecido contactos que le lleven a un domicilio temporal o permanente, o que tenga las conexiones de trabajo concertadas o establecidas. Es claro que un porcentaje, llega en estas circunstancias, pero la inmensa mayoría inicia una larga carrera de obstáculos, siendo el primero las condiciones de permanencia en el país quedando a merced de las múltiples situaciones de infortunio que acechan a los recién llegados.

En Chile como en todos los países del mundo receptores de migrantes, los principales desafíos a los que se ven expuestos son aquellos relacionados con la vivienda, el empleo y la salud.

En el caso particular de la vivienda hemos sido impactados por el incendio ocurrido hace unos días atrás que ha dejado al descubierto las condiciones precarias de las viviendas que ocupan. La prensa ha dirigido los dardos a los propietarios de esos cuchitriles en arriendo que, por cierto, sin normas  claras hacen su agosto a costa de estos necesitados. Pero el tema va más allá y tiene  su correlato con otra pregunta:  ¿qué hace el Estado o el parlamento para recibir a esta cantidad de individuos que arriban solos o en familia? Hasta ahora poco o nada.

En realidad, es la política pública la que ha fallado por no haber atendido a esta demanda con prontitud o, mejor dicho, con la oportunidad que  amerita. Por lo menos, desde el año 2008, han salido indicaciones señalando la necesidad de establecer las normas correspondientes: dos instructivos presidenciales (2008 y 2015) el proyecto de Ley Piñera (2013) y el actual proyecto de migraciones de la presidenta Bachelet, aún en estudio. Así,  con todo, la norma no de dicta y la situación que afecta  a los migrantes está llegando a un estado crítico.

Frente a los diversos y graves problemas que enfrentan diariamente los migrantes, han debido ser  los gobiernos comunales los  que busquen soluciones. Así, por ejemplo,   las Municipalidades de Quilicura, Independencia, Estación Central, entre otras, han debido tomar las medidas para hacer frente a demandas que -en no pocas oportunidades- sobrepasan sus capacidades. Sin embargo, las han enfrentado con el esfuerzo de los propios alcaldes, del personal que trabaja en ellas y, lo que es más crítico, con los escasos recursos que estos gobiernos locales disponen para tales efectos.

La prensa da cuenta de la indignación de las autoridades frente al arriendo y subarriendo de piezas en que familias constituidas o conformadas por tres, cuatro o más personas habitan en 3 metros cuadrados, donde en el mejor de los casos comparten un baño para sus necesidades básicas.

Los candidatos presidenciales han incorporado en su discurso el tema migratorio, declarando con alarma los efectos de tales movimientos de personas, asimismo los parlamentarios de diversas regiones levantan sus voces reconociendo el impacto que causan en las zonas más concurridas.

La academia, ha hecho su parte.  Cada vez se incrementa los investigadores de diversas disciplinas interesados en los estudios migratorios, cuyos resultados, fundados en evidencias irrefutables, dan cuenta de las características y comportamientos de estos nuevos habitantes que se reparten a través de todo el país con preferencia en el mundo urbano.

En definitiva, todos preocupados, pero la situación persiste y se agrava.

Si tanto nos impactan las noticias de incendios que arrasan con lo poco y nada que tienen estos migrantes, y si desde todas las voces autorizadas se hace presente y urgente impulsar la aprobación de una Ley Migratoria, es hora de legislar. Estas disposiciones legales, además de controlar los ingresos y las salidas, deben normar acerca de la estancia temporal y definitiva de quienes eligen a este país para desarrollar sus oficios o profesiones e instalar a sus grupos familiares. Está  claro que  sólo resta la voluntad política de hacer y ser un “país de migración”

Requerimos con urgencia que Chile se transforme en un país de acogida; ello porque  además, ante las perspectivas de envejecimiento de nuestra población, estos migrantes serán cada vez más necesarios para lograr el balance de población que el país requerirá en los años venideros.

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Rebaja de impuestos: ¿Para quién?

UNA DE  las propuestas de Sebastián Piñera es bajar las tasas de impuestos corporativos para converger a los niveles promedio de la OCDE, sin tener en cuenta que la mayoría de los países con los que se hace la comparación tienen un sistema clásico de tributación (desintegrado) a diferencia del nuestro.

Rodrigo Cerda y José Ignacio Llodrá señalan que la comparación es válida porque la inversión extranjera directa y el emprendimiento están afectados negativamente por los impuestos corporativos, y que tanto en el sistema clásico como en el nuestro, el único pago que recibe el Fisco mientras la empresa no reparta dividendos/utilidades corresponde al impuesto corporativo.

Pero, ¿es correcto comparar los sistemas con ese argumento? Financieramente, ¿qué inversionista extranjero o emprendedor evalúa un proyecto asumiendo que no retirará utilidades? ¿Qué dueño de empresa no quiere recibir flujos?

Salvo que tengamos una mezcla maravillosa entre un “gran” planificador tributario, un sistema como el FUT y normas antielusivas “laxas”, los proyectos de inversión se analizan considerando retiros de utilidades en la distribución de flujos.

Jurídicamente, en un sistema clásico la ley aplica a la empresa y al dueño un impuesto distinto, generalmente un impuesto corporativo y un impuesto a los dividendos.

En un sistema integrado, la empresa es considerada como un paso, “un conducto”, de la renta empresarial de los dueños (Sijbren Cnossen), siendo el impuesto corporativo un “anticipo” al impuesto del dueño, quien lo usa para pagar su impuesto personal (final). Por lo tanto, sistemas clásicos e integrados no son comparables.

La reforma tributaria mantuvo la integración pidiéndoles a los dueños de grandes empresas que contribuyan más. Les pidió un “anticipo” mayor (27%), dándoles la posibilidad de postergar parte de su tributación final, y les limitó el uso de ese anticipo contra el impuesto final al 65%. No limitó el uso del anticipo a inversionistas residentes en países con los cuales Chile tiene tratados para evitar la doble tributación (77,6% del PIB).

Para las Pymes estableció un sistema (renta atribuida y 14 Ter) en que el dueño de la empresa debe pagar su impuesto final en el mismo ejercicio en que la empresa hace el anticipo (25%). Cada dueño de empresa que declare en su impuesto global complementario (impuesto final) rentas inferiores a 105 millones de pesos aprox. tendrá derecho a pedir devolución de parte del anticipo que hizo la empresa (en el 14 Ter puede, incluso, eximirse del pago del anticipo). De lo contrario, pagará más porque el anticipo no alcanzará para cubrir su impuesto final.

Una reforma que cambió gran parte del sistema de tributación va a ser siempre perfectible.

Sin embargo, hablemos en serio y no comparemos opuestos. Digamos con claridad a quiénes queremos bajar los impuestos y cómo vamos a compensar la menor recaudación si es que queremos continuar financiando bienes públicos con responsabilidad y equidad.

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Sernac, ¿mediador?

MÚLTIPLES DUDAS se han generado sobre la participación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en el llamado procedimiento de mediación colectiva en el caso de la colusión del papel tissue. Más allá de las desprolijidades con que este se llevó a cabo -producto de lo cual aún no está claro si se podrá concretar y cómo-, hay cuestiones de fondo que resultan preocupantes.

La primera dice relación con las atribuciones que este servicio tendría para impulsar un proceso de esta naturaleza. De hecho, la ley actual solo le permite actuar ante reclamaciones individuales de los consumidores y no en estas “mediaciones colectivas”, pese a lo cual en los últimos tiempos se han vuelto recurrentes. Como un reconocimiento de lo anterior, el proyecto de ley de fortalecimiento del Sernac expresamente se propone regular esta materia. Este mensaje ha tenido un tortuoso avance en el parlamento desde su presentación el año 2014, habiendo recientemente el Ejecutivo presentado una serie de indicaciones para destrabarlo, las más sustantivas referidas precisamente al procedimiento que nos preocupa.

Pero esas indicaciones -que sin duda mejoran el proyecto original- no logran salvar un problema aún más sustancial. El Sernac por definición es un órgano destinado a defender los derechos de los consumidores, atendiendo el carácter de parte más débil que estos tienen en las relaciones comerciales. En cambio, un mediador debe ser un ente completamente imparcial, no comprometido con ninguna de las partes, que facilita su entendimiento para que logren resolver sus conflictos. El proyecto de ley en actual tramitación agrega además nuevos roles al Sernac, como los de fiscalizador y sancionador, todos incompatibles con el de mediador.

En fin, hay buenas razones para creer que realmente el Sernac no actúa en estos casos como mediador, pues ni siquiera así lo hace en aquellos en que la ley le ha dado expresamente tales atribuciones. Es el caso de los ya mencionados reclamos individuales, donde en los hechos el Sernac se limita a transmitirlos al proveedor, sin ejecutar ninguno de los pasos o técnicas que definen la mediación.

En ese contexto, lo lógico habría sido sacar las mediaciones colectivas de la órbita del Sernac y acercarlas a los tribunales de justicia, dado que son estos quienes tienen la misión de resolver imparcialmente las disputas entre partes. Sin embargo, detrás de todo este proyecto de ley se puede observar una fuerte desconfianza hacia la justicia civil, que es lo que explica que se amplíen de tal manera las potestades de la administración, aunque las nuevas facultades resulten contradictorias entre sí. Es cierto que tal como funcionan hoy en día los tribunales civiles no resultan una alternativa eficaz para hacerse cargo de estos nuevos temas, pero lo que corresponde es no eludir esa situación y asumir derechamente la modernización de esa justicia, siguiendo, por ejemplo, el modelo de la justicia de familia, donde se ha logrado integrar adecuadamente la mediación, sin que haya sido necesario para ello darle competencias a un ente administrativo.

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Embarazo adolescente y muertes prematuras

Hace pocos días, se publicó un importante estudio longitudinal en 13.691 adolescentes de Finlandia (Eur J Public Health) que concibieron un embarazo entre 1987-1989, distinguiendo a las que tuvieron un aborto (n = 6.652), las que continuaron su embarazo (n = 7.039) y una población control (n = 40.012). El seguimiento de las causas de muerte abarcó 25 años.

Finlandia es líder de lo que se conoce como Evidence Based Public Health, un modelo europeo que se traduce en el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia científica disponible. Por ejemplo, estudios epidemiológicos mostraron tres veces mayor riesgo de suicidio en mujeres finlandesas que abortan respecto a las que continúan con su embarazo. Se implementaron guías de salud mental para reducir la tasas de suicidio postaborto (Scand J Public Health 2015;43:99-101). Aunque se logró reducir 43% en mujeres de 25 a 45 años, la tasa aumentó 30% en las adolescentes que abortaron.

El nuevo estudio confirmó que las mujeres que conciben un embarazo adolescente, comparadas con las que no lo hacen, exhiben mayor riesgo de muerte prematura por enfermedades circulatorias, causas asociadas al alcohol, accidentes, suicidio, heridas y envenenamiento. El riesgo de muerte fue mayor en los primeros 5 años y en el grupo de 15 a 19 años de edad.

Un hallazgo central fue que el abandono del sistema educativo sería uno de los mayores determinantes de muerte prematura por cualquier causa, excepto la causada por suicidio. En este caso, el estudio mostró que continuar el embarazo sería un factor protector, reduciendo 50% el riesgo de suicidio y 40% el riesgo de morir por heridas y envenenamiento. Las adolescentes finlandesas que abortaron, tuvieron mayor riesgo de morir por estas causas, aún cuando alcanzan un mayor nivel educacional. 

No está claro si el aborto actúa como una causa de suicidio en adolescentes, o si la asociación se debe a factores comunes para ambos desenlaces. Las adolescentes poseen un perfil de vulnerabilidad psicológica y socioeconómica ya determinado antes del embarazo. Además, aquellas que continúan la gestación, acceden a programas de apoyo, mientras las que abortan no.

Las principales conclusiones del estudio son tres. Primero, para disminuir muertes prematuras, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que las adolescentes permanezcan en el sistema educativo. Segundo, para disminuir las muertes por suicidios posteriores al aborto, es necesario brindar apoyo psicológico y social a las adolescentes que abortan. Tercero, la maternidad misma puede tener un efecto protector en adolescentes, reduciendo la conducta de riesgo.

Finalmente, en Chile la ley de aborto sigue su trámite. Las adolescentes que declaren un embarazo por violación podrán exigir se les practique un aborto si es su voluntad. Si son menores de 14 años sin consentimiento de los padres, deberá autorizarlo un juez. En el actual escenario, parece prudente considerar seriamente la evidencia científica del estudio finlandés.

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Una política industrial moderna para Chile

Los países que han logrado un crecimiento económico inclusivo, lo han hecho en base a una matriz exportadora diversificada, apoyada por políticas industriales por parte del Estado. Los casos de Corea del Sur, Taiwán e Irlanda, y más recientemente Malasia y Tailandia son algunos ejemplos de los cuales Chile puede aprender bastante. Todos estos países han logrado, en mayor o menor medida, construir una relación de confianza entre el Estado y el sector privado, donde ambos actores actúan coordinadamente en la detección y desarrollo de nuevos productos y sectores.

En Chile, al día de hoy, muchos economistas y políticos siguen frunciendo el ceño cuando se habla de “políticas industriales”. Probablemente, y con justa razón, se acuerdan de aquella fallida política industrial basada en la sustitución de importaciones. Era la década de los 50 y 60, época caracterizada por altas barreras arancelarias, un complicado sistema de tipos de cambios múltiples y un fuerte proteccionismo a industrias locales. En las décadas siguientes, fiel a nuestra idiosincrasia de extremos, transitamos hacia la vereda opuesta, demonizando cualquier intervención del Estado en materia económica. Este último modelo trajo consigo un notable crecimiento económico, a expensas, sin embargo, de una extremada dependencia de nuestro recurso natural más importante: el cobre.

La realidad económica y social del país nos ha demostrado que ninguno de estos dos extremos pareciera ser el camino para lograr una diversificación sostenible de nuestras exportaciones. La política industrial moderna -rebautizada en los últimos años como políticas de desarrollo productivo– nos puede brindar ciertas luces sobre el camino a seguir. Esta reconoce al sector privado como el principal motor de emprendimiento e innovación, pero le da al Estado un rol importante, particularmente en aquellas fallas de mercado que impiden el descubrimiento de nuevos sectores.

Paradójicamente, Chile no es ajeno a las políticas de desarrollo productivo, por lo que podemos aprender de nuestra propia historia. Dos de nuestros sectores exportadores más importantes, el forestal y la salmonicultura, se favorecieron enormemente por estas políticas. Primero, el subsidio al sector forestal (DL 701) permitió a los nuevos entrantes crecer y generar ventajas competitivas para competir en los mercados internacionales. Segundo, la inversión en I+D realizada por la Fundación Chile en la salmonicultura, transfiriendo el conocimiento productivo de Noruega, permitió que Chile sea hoy en día un exportador de salmón a nivel mundial.

Subsidios a ciertos sectores estratégicos con foco exportador, como lo fue en su momento el del sector forestal, pueden ser una buena herramienta, siempre y cuando sean transitorios y con cláusula de extinción claras; elementos que no estuvieron presentes en el caso forestal. Segundo, hay que fomentar las inversiones en I+D y entenderlas bajo el concepto de capital de riesgo. Instituciones público-privadas como Fundación Chile han cumplido un rol importante en esto, pero todavía necesitan recursos sustancialmente mayores.

Sin embargo, éstas o cualquier otra iniciativa de desarrollo productivo, nunca tendrán un impacto significativo, si no somos capaces de recobrar las confianzas como país. Es tiempo, que tanto empresarios como políticos, entiendan que el único camino hacia la diversificación de nuestras exportaciones, es aquel en que el Estado y empresas son aliados estratégicos, compartiendo una visión conjunta sobre el desarrollo del país. Como dice el dicho: Se necesitan dos para bailar tango.

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Marsellesa Socialista

SI PUDIERA expresar unas ideas en imágenes, tal vez mostraría primero una vela consumida, de esas en las que  cuelga una mecha lacia sobre una palmatoria; otra toma captaría una llanura seca. Luego la cámara enfocaría un galpón de reuniones, paredes de tablón, de las que cuelgan algunos panfletos y rostros de Marmaduke Grove, Salvador Allende, Clodomiro Almeyda. El foco se acercaría lentamente a un disco de vinilo en el que se distingue el nombre de Quilapayún. A su lado emergerá, en fondo rojo y nítido, la Marsellesa Socialista, y a la pasada, los apellidos de sus creadores, Pereira, Yáñez. Por último, con la música del himno a todo volumen, y en letras grandes, la pantalla electrizará a la audiencia: “Contra el presente vergonzante, el socialismo surge ya. Salvación, realidad liberante, que ha fundido en crisol la verdad. 1939.”

Los antes respetuosos correligionarios socialistas, que compartieron jornadas en los farragosos tiempos de Allende, y que, tras su derrocamiento, sintieron el miedo y vivieron la clandestinidad; que pensaron el país repasando manifiestos altivos y filósofos profundos, dándoles sentido a sus vidas y a sus luchas, hoy, viejos y correteados, se lanzan palabras hirientes, enrostrándose cinismo y traición. Todo, a propósito de un dinero bien habido por el partido, originado en las expropiaciones del régimen militar e invertido  con rédito por sus administradores. Ellos fueron criticados duramente por quienes habían recibido debida cuenta de las inversiones.

Lo que se quiere plantear en esta columna es que entre los propios socialistas se ha creado un clima maledicente en un período político de extrema complejidad en el que, esté o no uno de acuerdo con ellos, serían deseables sus planteamientos de fondo para el mejor intercambio de ideas en aras del desarrollo y crecimiento del país.  

En este contexto, aparte del señalado episodio sobre las inversiones, se advierten otros tres motivos de reflexión. El primero es que, sin nunca saberse las razones verdaderas, retiraron su apoyo, en voto secreto, al expresidente  Lagos, en cuyo gobierno los socialistas florecieron. Una traición bíblica entre ateos.  Lo que quedó flotando, sin embargo, es que todo se debió a su ansiedad por mantenerse en el poder y en los cargos. Es bueno que sepan que esto se dice, aunque a estas alturas no sea reparable.

Luego, se sumaron con mansedumbre a la candidatura de Guillier. Cada día el candidato parece exigir de ellos más fuertemente dos condiciones indignas: lacayismo y silencio frente a la contingencia. El señor Guillier asume que el socialismo se doblegará ante sus actitudes y respuestas, aunque sean atemporales y vagas, en una palabra, aunque Guillier por ahora tenga la personalidad de John Gardiner en “Desde el jardín”.

Finalmente, el socialismo ha quedado casi vacío de intelectuales y pensadores. Las nuevas generaciones han migrado a otros grupos o facciones donde se han sentido acogidos y pueden expresarse sin reservas ni ataduras.

De este modo, es curioso el extraño tono que, siendo en su origen amenazante contra los opresores capitalistas, ahora parece volverse contra los propios fundadores cuando la vieja Marsellesa Socialista reclama: “Contra el presente vergonzante, el socialismo surge ya.”  Más bien se ve como un adiós que un surgimiento.

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