Álvaro Bisama's Blog, page 200

Datos y código abiertos: Planificación urbana participativa

Esta columna fue escrita junto con Lake Sagaris, UC, Centro de Excelencia en BRT y CEDEUS; y Christopher Zegras, MIT, Centro de Excelencia en BRT.

 

Desde la década de 1970, en los países democráticos la planificación urbana se vio obligada a abrirse a una amplia participación, tanto de actores estatales como de organizaciones ciudadanas. El motivo fue integrar, desde el análisis de un problema hasta la selección e implementación de soluciones, todos los conocimientos técnicos y experienciales. En el plano urbano, no es posible una planificación integral, efectiva y eficiente sin este tipo de estrategia.

La planificación del mundo socio-técnico-natural de la ciudad requiere no sólo una propuesta coherente y debidamente estudiada, sino que también un consenso entre diversos actores. En Chile, hemos aprendido eso a través de duros conflictos como los asociados al proyecto de la autopista Costanera Norte a fines de la década de 1990.

Desde entonces el Gobierno ha buscado, con más o menos éxito, una participación que asegure que las personas mejoren los proyectos y valoren los resultados. El sector transporte es frecuentemente criticado por ser demasiado tecnocrático. Los sofisticados modelos matemáticos usados para predecir los cambios en los flujos y actividades son considerados “cajas negras” por la mayoría de la población. Esta aproximación a la planificación requiere integrarse con elementos de diseño que son más propios de arquitectos y urbanistas, y de un entendimiento mayor del mundo social, escalar y espacial, que son propios de las comunidades urbanas, los geógrafos y antropólogos, entre otros. Esta interacción interdisciplinaria es esencial para entender la calle con la delicadeza que el espacio urbano requiere.

En los últimos 20 años, los procesos participativos han demostrado su valía, pasando de una aspiración a una demanda básica de comunidades urbanas cada vez más preparadas para jugar su rol en la planificación. Esto ocurre en paralelo a una revolución tecnológica y computacional que proporciona una cantidad asombrosa de información. En un mundo de “datos y códigos abiertos” la ciudadanía exige una “gobernanza abierta” donde actuar con dignidad y efectividad. La remodelación del eje Alameda-Providencia ha innovado en esta dirección, convocando a actores de diversas instancias ciudadanas y privadas en un proceso amplio de participación ciudadana. Como es de esperar, este proceso ha evidenciado los debates pendientes que son esenciales para consensuar una ciudad sustentable para Chile.

El progreso de las tecnologías de información permite reforzar estas tendencias, proveyendo herramientas que ofrecen una visualización más efectiva de los proyectos y de sus impactos específicos. Utilizan interfaces que nos permiten democratizar y mejorar la capacidad de análisis, enseñándonos relaciones espaciales, despertando la creatividad y cerrando brechas entre puntos de vista en conflicto.

Las condiciones están dadas para una planificación inclusiva: se cuenta con un sector innovador de tecnologías de información (software, apps), abundantes datos abiertos en movilidad urbana, una creciente demanda por parte de la sociedad civil y una ávida necesidad de conocimiento público para mejorar los sistemas de movilidad. Imagínese que en este proceso de participación una persona, por medio de una pantalla ‘touch’ interactiva, pueda examinar distintos escenarios para un eje e incluso crear uno propio. Y es más: podría entender de mejor forma el balance que es necesario hacer entre frecuencia del servicio, tiempos de detención en paradas (producto de estaciones con prepago), aumentos de velocidad (debido a pistas segregadas y adelantamiento) y distintas tecnologías para el eje. El sistema podría generar los distintos impactos para usuarios en distintas zonas, las implicancias en emisiones y uso de energía, la exposición a contaminantes y los costos de operación y capital asociados. Herramientas que puedan generar una visión tan precisa y personalizada de los impactos de un proyecto de transporte permitiría involucrar a la ciudadanía de un modo más transversal, completo, productivo y en definitiva exitoso.

Para que todo esto sea posible, el diseño de las herramientas necesita reconocer el contexto local de cada proyecto y que en ese diseño concurran expertos de distintas disciplinas y de la misma ciudadanía. Siguiendo esta lógica, en el Centro de Excelencia en Bus Rapid Transit, investigadores del MIT y de la UC estamos colaborando en la búsqueda para aumentar la efectividad de la planificación a través de tecnologías de información que usan las abundantes fuentes de datos disponibles en la actualidad. La época de datos abiertos ya está aquí generando granes innovaciones; los procesos ‘abiertos’ para la planificación seguirán sus pasos. Nuestra esperanza es poder contribuir a la creación participativa de mejores sistemas de transporte sustentable ofreciendo un espacio para interactuar, imaginar, aprender e inventar juntos.

 

 

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Bienvenida la Post-Verdad

«Post-verdad» ya empezó a ser un término de uso común. Nuestra época, caracterizada por ella, nos estaría haciendo testigos de una tragedia: lo verídico, «la verdad», ya no tendría el valor ni la relevancia de antes, y nos estaríamos enfrentando a la amenaza constante de que las ideas falsas moldeen nuestra realidad. Ya no serán los hechos reales, sino que las mentiras ―hechos y promesas falsas― las que moverán opiniones y voluntades e, incluso, a los votantes; mentiras que además conectan con lo que la gente quiere escuchar ―sus sentimientos― en lugar de atenerse a la realidad.  Así, editoriales de los medios más importantes del mundo analizan y lloran la aparición de este fenómeno. Tal fue su alcance que incluso el Diccionario Oxford la clasificó como «palabra del año».

La post-verdad entonces habría llegado para quedarse y la noticia resuena en los medios como si nunca hubiese existido antes; como si los políticos y líderes nunca hubiesen mentido ni manipulado la conciencia de las personas. Sin embargo, ya en el siglo XIX, un célebre novelista sajón escribía, «el deseo es el padre del pensamiento». Robert Darnton, por ejemplo, historiador norteamericano contemporáneo, explica cómo Procopio de Cesarea, historiador bizantino del siglo VI, habría escrito su «Anécdota», solo para calumniar la fama del Emperador Justinano, así como también el poeta Pietro Aretino habría intentado manipular la elección del Papa del año 1522 publicando satíricos e irreales Sonetos que dejaba en la estatua Pasquino. ¡El origen del «pasquín»! Quizás antes las calumnias avanzaban más lento, pero avanzaban y llegaban igual de lejos. El fenómeno actual sería su velocidad, el mismo que habría revolucionado Londres cuando «la producción de recortes con noticias falsas o semi-falsas y comprometedoras llegó a un peak a fines del siglo XVIII, junto con la aparición de los diarios».

Asimismo, sostiene Darnton, en Francia «la circulación de rumores falsos, muchos de ellos a través de canciones y poemas tan cortos como los actuales tweets, llevaron a la caída del Conde de Maurepas como Ministro en abril de 1749 y, con ello, a la total transformación del paisaje político». A pesar de todo esto, creo que sí hay algo novedoso que rescatar del fenómeno actual. Primero, uno lamentable: la violencia retórica y segundo, uno encomiable: por primera vez en mucho tiempo se puede decir que alguien está mintiendo. Desde que se inició del virus de lo «políticamente correcto» a fines de los años 60, decir que un hecho era falso, o que alguien estaba mintiendo, estaba simplemente prohibido. Era un insulto, un acto agresivo. Bastaba con organizar un evento o incluso una «seria» Conferencia Académica para que el anfitrión ―cómo si importase algo serlo― pudiese afirmar lo que «tuviera ganas», ya que estaba seguro de que nadie lo iba a refutar con fuerza y menos lo iban a tratar de mentiroso. Esto cambió y al fin ahora se puede tratar de mentiroso y encarar, y bienvenido sea, a quien «falte a la verdad».

 

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2 de abril de 1957: la “batalla de Santiago”

Las protestas estudiantiles de 2011 y las actuales manifestaciones organizadas contra el sistema previsional no son una novedad en la historia de Chile. Desde fines del siglo XIX hasta hoy, las protestas sociales han ocupado un lugar relevante en nuestra trayectoria republicana, influyendo en muchas ocasiones en el desarrollo de los acontecimientos.

En el último siglo, prácticamente todos los Presidentes han debido afrontar las demandas expresadas por las masas organizadas, las que han tenido motivos plurales para manifestarse. Huelgas, marchas, protestas y tomas han sido realizadas con el fin de conseguir alguna reivindicación laboral, reclamar por el alza de precios de la carne y la locomoción colectiva, o demandar gratuidad en los estudios universitarios. También hay otras relacionadas con el orden político del país, como aquella oposición gremial contra el gobierno de Salvador Allende o las manifestaciones en los 80 contra el régimen de Pinochet.

Hace exactamente sesenta años, el 2 de abril de 1957, Chile vivió una de las jornadas de manifestaciones más espectaculares de su historia, en lo que fue conocido como “la Batalla de Santiago”. Para entonces, según ha mostrado el primer tomo de la Historia de Chile 1960-2010 (obra colectiva, bajo la dirección general Alejandro San Francisco), el país vivía tres años decisivos de su historia. Entre 1956 y 1958 una serie de acontecimientos mostraban las tensiones y contradicciones del subdesarrollo político y económico. Eran los últimos años del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y el contexto de pobreza generalizada e inflación alta, sumado a la incapacidad política para resolver esos problemas, establecían un terreno fértil para el surgimiento de movimientos reivindicativos.

A finales de marzo de 1957, el gobierno decretó un alza en las tarifas de la locomoción colectiva, afectando a la ciudadanía en general y especialmente a los estudiantes, que incluso vieron quintuplicarse el valor del pasaje.

Las protestas no tardaron en llegar. A las movilizaciones en Valparaíso y Concepción, que se prolongaron por varios días, se sumaron las de Santiago. La violencia callejera aumentó sostenidamente y, como apunta Pedro Milos en Historia y memoria. 2 de abril de 1957, incluyó llamados a no utilizar el transporte público e impedir el tránsito en las calles, y también apedreos y volcamientos de buses. En Santiago, las protestas contaron con el apoyo del FRAP, la CUT y la FECH.

Los hechos de mayor dramatismo llegaron con la muerte en las calles de la estudiante Alicia Ramírez Patiño, que marcó un punto de inflexión definitivo en las protestas. Tras esto, se desencadenaron hechos de violencia en la capital, que incluyeron asaltos, saqueos a armerías, barricadas, incendios, apedreos masivos y ataques a las sedes de los tres poderes del Estado. El historiador Gabriel Salazar, en La violencia política popular en las “Grandes Alamedas” sostiene que se desencadenó un movimiento de “metódica destrucción” tras el cual “nada quedó entero”. Las fuerzas policiales eran sobrepasadas por los manifestantes, siendo retiradas de las calles, quedando la ciudad sin custodia y a merced de quienes protestaban, hasta que se decretó el Estado de Sitio y con ello la intervención de los militares para resguardar el orden público.

El gobierno consideraba que el movimiento social había sido instrumentalizado por las corrientes de izquierda para crear un levantamiento revolucionario; así también lo pensaba la derecha política. Por el contrario, la izquierda señalaba que éste se trataba de un movimiento espontáneo y que la violencia provenía de “elementos policiales incrustados en las manifestaciones callejeras”. El senador Salvador Allende responsabilizó al Gobierno y al presidente Ibáñez, “a quien el pueblo, por desgracia, dio el Poder legítimo que, a mi juicio, ha sido convertido en ilegítimo, porque es ilegítimo el poder que, no obstante haberse conquistado en las urnas, representa el olvido de las voluntades mayoritarias que lo eligieron”.

Finalmente, el gobierno constituyó una comisión que revisaría las tarifas, las que quedaron congeladas. Numerosos muertos y cientos de heridos fueron el triste saldo de las intensas jornadas de manifestaciones que nuevamente evidenciaron la fragilidad de aquella democracia, en la que los chilenos situaban sus esperanzas, pero también era motivo de frustraciones.

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El adiós de Lagos

Con el misil lanzado por el Comité Central del PS a la candidatura de Ricardo Lagos, terminó de cerrarse una etapa en la historia política del país. Precisamente esa que el ex mandatario llegó a encarnar como ningún otro: la de una izquierda moderna que buscó dejar atrás los atavismos ideológicos de la guerra fría; la que entendió que un proyecto de gobernabilidad viable necesariamente pasaba por una alianza con la DC; y aquella que diseñó cambios graduales para la sociedad, siendo también parte de los acuerdos que hicieron posible la transición.

Pero hay que tenerlo claro: esa izquierda renovada y ajena a las tentaciones populistas no murió el día de ayer. En rigor, había empezado a extinguirse cuando los partidos de la antigua Concertación explicaron su derrota de 2010 culpando al Chile que ellos mismos habían construido durante dos décadas. Esa crítica brutal, demoledora y oportunista, los llevó a abrazar las demandas del movimiento estudiantil sin ponerles un piso mínimo de realidad, haciendo de ellas el trampolín para volver al poder sin el más básico examen respecto a las verdaderas causas de su derrota.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera apostaron por sembrar la división y el resentimiento social; instalaron una imagen de Chile basada sólo en abusos y frustraciones, llenaron su oferta política de derechos y se desestimaron de los deberes, prometieron cambios refundacionales sin haberlos diseñado y sabiendo que algunos -como la gratuidad universal-, eran completamente inviables. En los hechos, apostaron a la demagogia y a la ausencia de límites, y es eso lo que ahora los tiene al borde del precipicio, divididos, sin liderazgo y con niveles de desaprobación enormes.

En septiembre pasado, Ricardo Lagos decidió bajar a la arena para intentar recomponer el proyecto de una centroizquierda moderna, a la que veía amenazada por los desvaríos que enfrentaba el país. Pero era tarde: los vientos sembrados durante estos años ya estaban cosechando tempestades. La centroderecha había logrado reagruparse sin grandes fisuras gracias, entre otras cosas, al masivo rechazo provocado por el Ejecutivo y sus reformas. La Nueva Mayoría vivía a plenitud los embates de su fracaso político y del desplome en la popularidad de Michelle Bachelet. Sin una hoja de ruta común, desgastada por fracturas internas, viendo además como su anhelada polarización ayudaba a reagrupar a la centroderecha y abría un forado interminable hacia el Frente Amplio, la coalición oficialista se quedó sin un piso común para poder recomponerse.

De algún modo, el adiós de Lagos fue ayer el símbolo de una centroizquierda herida de muerte. Abducida sin remedio por este extraño cóctel de oportunismo político, levedad técnica e irresponsabilidad adolescente, que define a la Nueva Mayoría. Así, resulta del todo coherente que el tiro de gracia a Ricardo Lagos no lo haya disparado la derecha sino su propio partido. Símbolo perfecto de una coalición de gobierno cuya razón de existir fue desde el comienzo un profundo rechazo a todo lo que el ex Mandatario representaba.

La Nueva Mayoría siente cada vez con más fuerza el vértigo de la derrota. La DC enfrenta ahora el dilema de ir en solitario a la primaria para competir con un Alejandro Guillier apoyado por todo el resto de la coalición. O llegar hasta la primera vuelta y ser ella la que termine de matar al bloque. O quizás, hacer como el PS, optar por el más frío pragmatismo y simplemente respaldar a Guillier. En rigor, los socialistas acaban de demostrar cuánto valen hoy día la historia, la identidad y las convicciones.

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La renuncia de Ricardo Lagos

Como una persona que  no pertenece ya al Partido Socialista  ni a la Nueva Mayoría, no me corresponde opinar sobre las decisiones a propósito de la frustrada candidatura a la presidencia de Ricardo Lagos, candidatura que en todo caso no apoyé porque me pareció que no correspondía a los tiempos.

Como ex compañero y colaborador suyo desde 1980, aunque nunca incondicional, me parece en cambio necesario resaltar elementos de su personalidad y de su trayectoria que algunos livianamente han puesto en tela de juicio. Contrariamente a una percepción difundida, Lagos construyó un liderazgo basado no en el autoritarismo sino en la energía de las convicciones y en el diálogo, y desde luego con personas que no piensan como él. Puedo testimoniar que durante su trayectoria en la lucha contra la dictadura, en la transición y en su gobierno, se podía discutir y discrepar abierta y claramente con él en un espíritu de libertad y de intercambio leal, lo que no es fácil con nadie en un país como el nuestro con un sustrato cultural autoritario y de sumisión tan extendido. Está claro que es una persona de opiniones constituidas y fuertes, pero siempre dispuesto a someterlas al intercambio y a la modificación racional.

En su gobierno, Lagos destinó una enorme cantidad de horas a discutir con sus colaboradores de todos los niveles, buscando expresamente la diversidad de opiniones para sopesarlas y evaluarlas, lo que como coordinador interministerial y subsecretario de la presidencia y luego como presidente de un partido de gobierno  me tocó apreciar cercanamente. Ninguna reforma de política pública y ningún proyecto de presupuesto dejó de tener su impronta área por área, convenciendo y dejándose convencer. Pero, además, Lagos siempre tuvo una ventaja sobre sus colaboradores, además de su capacidad e inteligencia: se autoimpuso la disciplina de salir todos los días de La Moneda a actividades variadas en las que pudiera apreciar la realidad de la percepción de la gestión de gobierno y el pulso de la opinión en la calle.

Hay además una apreciación muy injusta sobre el sello de su gobierno. Que un adulador de los que nunca faltan haya dicho al terminar su período que los empresarios lo  amaban, no quita la actitud de desconfianza y controversia que el empresariado predominantemente mantuvo durante su gobierno. Basta recordar su duro intercambio epistolar con Agustín Edwards y leer la prensa pro empresarial de la época para constatarlo, empezando por su primera ley, la del seguro de cesantía, siguiendo con los cambios tributarios, de salud, educacionales y laborales que impulsó, incluyendo la política fiscal contracíclica que hoy nadie discute. Por si alguien no lo recuerda, le recomiendo revisar las declaraciones de los gremios empresariales a propósito del royalty minero, o de las Isapres cuando su reforma a la Salud y el Plan Auge. No debe olvidarse por un segundo que Lagos no disponía de mayoría parlamentaria y que casi todas sus iniciativas económico-sociales progresistas fueron cercenadas por el veto parlamentario de la derecha. Hoy es muy fácil pontificar, pero gobernar con sentido progresista, después de una dictadura militar y de dos gobiernos democratacristianos,  en medio de una crisis económica, con alto desempleo  y sin mayoría parlamentaria, no es un asunto de niños.

En materia política, bajo su gobierno se suprimió la pena de muerte, los tribunales pudieron someter a juicio y condenar a muchos violadores a los derechos humanos, y a Pinochet hasta que los jueces lo declararon demente, mientras se mantuvo independencia de Estados Unidos en el tema de la invasión a Irak, y así un largo etcétera. Pero, sobre todo, se crearon las condiciones para la plena subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, consagrada en las reformas de 2005. Desde entonces, Chile ha vivido uno de los más prolongados períodos de su historia independiente sin intervención militar en política y con altos oficiales de las fuerzas armadas condenados por los tribunales a largas penas por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos. Son muy pocos los que pueden mostrar un récord semejante en esta materia. Se trata de un “intangible” que la historia le debe a Ricardo Lagos.

Lagos cometió errores, desde luego. Como darle a las importantes transformaciones de la constitución en 2005 una trascendencia que no tienen, como concebir y firmar contratos para una transformación del transporte público mal preparada, buscar el acceso de más jóvenes de bajos ingresos a la educación superior mediante un caro endeudamiento y, recientemente, mantener un lenguaje de prudencia centrista y diagnosticar una gran crisis que no existe, y otro largo etcétera.

Así son los hechos en tiempos difíciles y los personajes que los simbolizan no pueden desprenderse de las  circunstancias complejas y contradictorias que tuvieron que enfrentar. Y sobre todo hay tiempos para personalidades fuertes, como Lagos, cuando son muy grandes las dificultades para avanzar en cambios de estructura e incluso para no retroceder en materia de conquistas sociales, dado el inmenso poder que recuperaron las oligarquías tradicionales en Chile. Por ello no era tan fácil que quien fuera protagonista de tiempos duros y se expresa con cierta distancia pudiera ser igualmente valorado hoy, en tiempos de empatía y de demanda de horizontalidad, al menos en el espacio del progresismo y en los jóvenes.

Aunque suene a frase consagrada, el balance, sin perjuicio del aporte que Lagos está llamado a seguir haciendo al país desde distintos ángulos, debe entregarse al juicio de la historia.

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Constitución de Aladino

ALGUNAS COLUMNAS de los últimos días dejan la impresión que en el tema constitucional el panorama podría ser esperanzador. Quiero argumentar lo contrario y sostener que, por al menos dos razones, el asunto solo ha empeorado.

La primera dice relación con la retórica que envuelve el proceso. El ministro Fernández, que sabe de estos temas, dijo a La Tercera que “casi todos los problemas que se viven diariamente tienen que ver con la Constitución”. El ministro Eyzaguirre, que no es hábil con las analogías, afirmó sin sonrojarse que “el tipo de pan, de techo y de abrigo y a quién le llega, depende del marco constitucional”. Me niego a creer que ambos ministros crean de verdad lo que están diciendo. La historia y el sentido común muestran que los problemas de pan, techo y abrigo se solucionan por medio de políticas públicas acertadas. La Constitución poco aporta en todo eso. Pero el que lo hayan dicho coordinadamente muestra que ese será el discurso oficial.

Por eso no es de extrañar los resultados de la Cadem de ayer. La gran mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución porque, en realidad, nos han vendido que ésta será la “Constitución de Aladino”, esa que hace realidad todos tus sueños. Y mientras todo siga al nivel de las frases simples, como las de los ministros, la adhesión por una nueva Constitución no bajará.

La segunda razón que alimenta el pesimismo es el ninguneo al Congreso. Todo parte en el mensaje que afirma más de una vez que se necesita una reforma “que habilite el total reemplazo de la Constitución vigente”. Por primera vez el gobierno sostiene que la única forma de tener una nueva Constitución es aprobando una reforma habilitante. Así se atrinchera en el maximalismo de una tesis que sostiene que solo habrá cambio total si éste se hace fuera del Congreso. Ello no solo es políticamente extremo sino que jurídicamente erróneo pues en el Congreso reside la potestad constituyente.

Pero el ninguneo ya es brutal cuando el proyecto, como si nada, despoja a los legisladores de la decisión constitucional, una de las más relevantes en el proceso político. Lo hace al proponer una instancia (la Convención Constitucional) que es configurada por el Congreso y luego dejada a su suerte. Es decir, los representantes, ley orgánica mediante (¿la resurrección de las LOC?), se desprenden de la decisión constitucional para transferirla a la nueva convención. ¿Qué virtud democrática tiene ésta por sobre el Congreso? ¿No es esa una forma de seguir deslegitimando la política pues supone que los políticos no son capaces de tomar la decisión constitucional y por ello deben transferirla?

La única esperanza es que nadie haya reflexionado mucho sobre todo esto y solo hayan buscado un objetivo de corto plazo: unir de una vez a la desafectada Nueva Mayoría en torno a algún proyecto. Para hacerlo el gobierno sabía que debía sacar del papel la asamblea constituyente y crear algo bastante parecido pero con otro nombre. Y es ahí donde los cerebros de La Moneda concibieron la Convención Constituyente, sin importar que de paso estén erosionando el rol del Congreso. ¿No es eso algo que debiera criticarse duramente?

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Pretexto

Fundado en razones que he sustentado en columnas, intervenciones públicas y en un par de libros, he planteado que a nuestra Patria le conviene introducir reformas importantes en su ordenamiento constitucional.

Mi posición definida en esta materia no me vuelve ciego ni sordo, sin embargo, a los argumentos plausibles que esgrimen algunos de quienes rechazan la idea de nueva Constitución. Tengo muy claro que ningún bando en esta polémica puede atribuirse algún tipo de monopolio de la sensatez o el patriotismo. Por lo mismo, asumo que existen críticas que no solo son legítimas sino que, además, contienen, razonamientos valiosos que mueven a la reflexión y enriquecen el debate (por ejemplo, las que presenta habitualmente Sebastián Soto, con quien tengo el agrado de compartir página en este diario).

Existiendo esos argumentos de peso, resulta lamentable que al momento de negarse siquiera a discutir el proyecto de reforma que crea la Convención Constitucional, el grueso de la derecha política haya preferido descalificar la oportunidad de esta iniciativa. Denunciando una maniobra electoral del gobierno, han señalado que asuntos como éste no deben discutirse en un año de elecciones.

La verdad es que el argumento del “momento adecuado” para debatir cosas importantes da para mucho. Al factor “año de elecciones”, otros agregan que tampoco puede discutir nada importante cuando la economía está lenta o mala (para no afectar las expectativas, dicen). Otros plantean que los gobiernos muy impopulares o que están terminando tampoco pueden promover debates de fondo.

Tratemos, por un momento, de ver adónde nos lleva este “argumento”. Apliquemos estos singulares criterios a la historia de nuestra democracia posdictadura De entrada, habría que descartar todos los años en que ha habido elecciones (bajo esa peculiar lógica estarían vedados los años 1989, 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016 y 2017). Descartemos luego los años en que habría habido debilidad o incertidumbre económica (aquí se caerían los años 1990, 1994, 1998, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017). Saquemos a continuación los años en que los gobiernos respectivos no eran muy populares (fuera, entonces, los años 2002, 2003, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017).

¿Qué queda después de ese colador? Poquito. Apenas cuatro años (1991, 1995, 2007 y 2010). Esos habrían sido, entonces, los únicos años en los cuales, de acuerdo al criterio de la derecha, habría sido prudente hacer cambios constitucionales importantes. Al analizar lo que ocurrió en esos años, el argumento que estamos examinando se devela como un mero pretexto. En 1991 Aylwin trató y la derecha dijo no. En 1995 Frei trató y la derecha dijo no. En 2007 Bachelet trató y la derecha dijo no. En 2010 Ignacio Walker y Carlos Larraín trataron y la derecha más dura dijo no.

Invito a abandonar el pretexto de la oportunidad y a que discutamos el fondo. Invito a pensar en grandes acuerdos sustantivos. Y si en 2004 y 2005, años de elecciones, se pudo consensuar un cambio constitucional importante, no veo por qué no podamos pensar, ahora, desde el Congreso, en abrir cauces para una decisión constitucional más participativa.

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La empresa privada en la encrucijada

LA RECIENTE elección de Alfredo Moreno como Presidente de la CPC y el inicio de la contienda por la presidencia de la Sofofa entre Bernardo Larraín y Rodrigo Álvarez, parecen traer consigo un buen augurio: la presencia de dirigentes empresariales que parecen tener claridad de que enfrentan una compleja encrucijada. Ésta consiste en que la empresa privada necesita recuperar la confianza ante la ciudadanía, en la actualidad fuertemente deteriorada por los escándalos éticos consecutivos que han golpeado al sector y por el uso político que algunos grupos han efectuado de los mismos. Es posible afirmar que en el transcurso de las últimas décadas la empresa privada se ha logrado ganar una merecida “legitimidad técnico-económica” entre la población, sin embargo no ha acontecido similar cosa respecto a la necesaria “legitimidad ética” que requiere para poder operar (sin grandes dificultades) en la sociedad. Es más, las conductas reñidas con la ley y la moral salidas a la luz pública durante los últimos años han colaborado más bien a devaluar esta última dimensión.

El énfasis que el nuevo presidente de la CPC ha puesto en la necesidad de mejorar en materia de ética como tarea prioritaria para los directivos empresariales pareciera ir por el camino adecuado. Mientras ello no acontezca será imposible que la institución empresarial consiga crecer en reputación y fortalecer su posición para trabajar y proyectar su quehacer sin mayores cortapisas gubernamentales y sociales y, de paso, estar en condiciones de influir positivamente en aquellos ámbitos que las afectan como, por ejemplo, es el caso ostensible de la legislación y las políticas públicas en áreas tales como economía, propiedad privada, normas laborales y medioambientales.

La adopción de conciencia de la realidad al respecto es un primer paso imprescindible, aunque no suficiente, para avanzar hacia conductas más probas. Se requiere, además, que ésta sea amplia y difundida entre los conductores empresariales y coetáneamente se precisa de una firme determinación entre ellos que los impulse a no cejar en su empeño durante el tiempo. El efecto ejemplar positivo que una posición y acción tenaz en pro de la moralidad en los negocios puede significar puede ser tanto o más efectivo que el negativo que aquellas actividades reñidas con la ética han comportado para el mundo de las empresas. Una tarea de esta trascendencia obliga a los hombres y mujeres de negocios a no callar y estar dispuestos a condenar públicamente las malas conductas de sus pares demandando las correcciones y reparaciones atingentes. El silencio de empresarios y dirigentes empresariales en este tipo de situaciones es entendido por la ciudadanía como complicidad, anuencia o práctica de acciones similares entre ellos.

Desde el punto de vista interno de las organizaciones, para que haya progresos en las conductas se necesita establecer códigos y normas, incorporar éstos a la cultura corporativa, y hacerlos valer toda vez que sean quebrantados. Trabajo que no solo reclama de liderazgos fuertes y convencidos sino que exige también de una tarea formativa permanente dirigida a todos los miembros de las compañías y el establecimiento de los sistemas y procesos de cumplimiento legal y ético correspondientes.

Es de esperar que a las declaraciones de intenciones sigan las acciones. El desarrollo futuro de Chile lo demanda.

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Liderazgo y mérito en la Educación Pública

El año 2016 se cumplió un primer ciclo en la implementación de la Ley 20.501 de la Calidad y Equidad de la Educación, que estableció la selección de directores de escuelas y liceos municipales y de jefes DAEM mediante concursos, con la participación directa e indirecta de la Alta Dirección Pública (ADP).

Desde un inicio, el Servicio Civil diseñó una estrategia de trabajo colaborativo con todos los actores del sistema, muy especialmente con los municipios y en el marco de una relación de pleno respeto a la autonomía de los gobiernos locales. Como resultado, la participación de la ADP en la selección de estos directivos, en su rol garante del mérito, ha sido vista por todos los actores, y en especial por los municipios, como una oportunidad para avanzar hacia mayores y crecientes grados de inclusión y desarrollo en la educación chilena.

Al finalizar este primer ciclo, es relevante valorar el hecho que una política pública promulgada en 2011 tuvo continuidad durante el actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, permitiendo los logros con que contamos al día de hoy.

A la fecha, 2.163 Directores y 173 Jefes de Departamentos de Administración Municipal han sido electos en el marco de la ley 20.501. Esto equivale a que el 77% de la matrícula escolar municipal cuenta en sus comunidades con un directivo electo por Alta Dirección Pública. Sumado a este avance, se reconoce además la impronta renovadora del sistema especialmente en el caso de las escuelas, dado que un 60% de los directores nombrados se desempeña por primera vez en su respectivo cargo.

Reconocemos por cierto la necesidad de abordar las mejoras al sistema para consolidarlo, incorporando modificaciones en su implementación e instrumentos; así como la necesidad de articularlo adecuadamente con el proceso de reforma en marcha.

Entre las principales tareas, en las cuales el Servicio Civil ya se encuentra trabajando, están: potenciar los perfiles de cargos de Directores y DAEM en el marco de los desafíos que exige hoy el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, así como el Marco para la Buena Dirección; perfeccionar los convenios de desempeño para que estos sean una real herramienta de apoyo al desempeño de los directivos; y revisar y apoyar el desarrollo de mejores condiciones institucionales a nivel municipal para el ejercicio de los cargos.

La segunda etapa de implementación de la ley 20.501 podría darse en el marco de una nueva institucionalidad para la Educación Pública, de aprobarse el proyecto de ley que crea los Servicios Locales de Educación. Desde el inicio de la discusión del proyecto, el Servicio Civil integra una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, que ha permitido establecer las coordinaciones necesarias para que los nuevos servicios sean adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública, en una definición consistente con los criterios que inspiraron el modelo de selección de directivos consagrados por la ley 20.501 y coherente con la ley que fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil y perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública.

Por ahora, en materia educativa, nuestro compromiso como institución es continuar con el esfuerzo para que el sistema de selección esté al servicio de los desafíos que se nos impone, cual es, contar con una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

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La juventud cambió

El pasado viernes fueron entregados los resultados de la Octava Encuesta Nacional de la Juventud, estudio que realiza INJUV cada tres años y el cual desarrolla un diagnóstico sobre los jóvenes en diferentes temáticas como: consumo de drogas, educación, trabajo, familia, salud sexual y reproductiva, participación política, entre otras.

Dejando de lado los detalles del lanzamiento de la encuesta, la contundente información que de ésta surge, invita a reflexionar sobre varios aspectos: ¿Qué tanto han cambiado los jóvenes en los últimos tres años? ¿Con qué se identifican?, ¿Cuáles son las discusiones valóricas que concitan su interés? Podemos referirnos latamente a cada una de estas aristas e incluso buscar puntos de convergencia u oposición con antiguas juventudes, lo cierto es que los jóvenes de hoy son distintos a los del 2012.  

Una de las cifras que más se ha comentado dentro de los distintos medios de comunicación o la que más ha generado repercusiones en la opinión pública, es la que señala que sólo el 26% de los jóvenes manifiesta identificarse con alguna posición política. El dato parece generar preocupación e incluso algunos ya avecinan una baja participación de la población joven en las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Pero lo anterior no significa, bajo ningún punto de vista, que los jóvenes no tengan una opinión política o que no estén interesados en los temas país, si no muy el contrario. Al consultar, por ejemplo, por la interrupción del embarazo, más del 60% señaló estar de acuerdo con alguna de las 3 causales. A esto se suma que un 59% declaró estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hoy la juventud abarca casi un cuarto de la población total (4.283.245) y a través de las distintas movilizaciones hemos visto cómo se han transformado en los protagonistas de los grandes cambios de nuestro país. Miles fueron los jóvenes que marcharon durante años exigiendo una educación gratuita y de calidad, sueño que ya es tangible para cientos de familias chilenas.

También observamos su interés por construir una nueva y mejor Constitución a través de su participación activa en el Proceso Constituyente (52,4% de total de consultas individuales fueron contestadas por la población joven).

Los jóvenes sí están debatiendo sobre temas país, sí hay una opinión que trasciende la mera conversación. Se saben actores relevantes en las grandes discusiones, capaces de visibilizar problemáticas y mantenerlas en la palestra; ahora, cómo hacer que ese interés se traduzca en un voto.

La Presidenta Michelle Bachelet dio un gran paso con la promulgación de la ley que introduce nuevamente la educación cívica en los recintos escolares, ya que no solamente debemos ser conscientes de nuestros derechos, sino también de nuestros deberes. Sobre todo, cuando es mucho lo que está en juego.

En lo próximo, son los actores políticos los llamados a seducir a esta masa crítica, desencantada y numerosa, tan numerosa que puede ser decidora al momento de definir un nuevo rumbo.

 

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