Álvaro Bisama's Blog, page 111

El futuro de las reformas

Aunque las diferencias internas tienen a la Nueva Mayoría con dos candidatos, ello no le impide intentar una campaña del terror para el caso de que la derecha retorne a La Moneda. La propia Presidenta Bachelet hizo suya la idea de una restauración conservadora a propósito de la defensa de su legado donde, de paso, intentó irradiar optimismo: la gratuidad permitirá “empujar la transformación que Chile necesita para su desarrollo”.

Como se sabe, la Ocde ha señalado que nuestro principal desafío educativo es la equidad, entendida como una mejora de los niveles de desempeño de los estudiantes más desaventajados en distintos indicadores, proveyéndoles de mayor financiamiento y oportunidades. A partir de ahí, se decidió poner fin al lucro con fondos públicos, así como terminar con la segregación a través de la eliminación del financiamiento compartido y con la selección en los colegios.

Aunque la ley recién comienza a implementarse, ya le llueven las críticas. Difícilmente se logrará la integración social de los alumnos dado que se renunció a incluir a las escuelas privadas pagadas y terminar con el financiamiento a las escuelas vía subsidio individual o voucher. Se mantuvo, además, una excepción para los llamados liceos de excelencia, otorgándoles un plazo diferenciado en la eliminación de las barreras de selección de estudiantes. Con relación a la calidad, el discurso oficial la coloca como un implícito a su condición de gratuidad. Cuando ya se sabe que, a futuro, miles de empleos desaparecerán, resulta legítimo preguntarse si la educación que reciben nuestros niños será la que se está necesitando.

Diversos estudios confirman que el logro de la equidad supera largamente los movimientos de clavijas al interior del sistema educativo. “Desiguales”, el más reciente informe del PNUD constató que, si bien se ha acortado la brecha, el apellido y la cuna se mantienen como un techo para las aspiraciones de movilidad social. Aunque el ahorro que supondrá estudiar gratis podrá ser un alivio, no eliminará las desigualdades de partida. Para ello, medidas que reduzcan el peso de la procedencia y las conexiones, por encima de la educación y de los logros, resultan claves.

La elaboración programática en momentos de campaña, basada en ejes y generalidades, se aviene mal con asuntos complejos como las segregaciones superpuestas y sus intersectorialidades. Para un sector, hay que perseverar en lo iniciado. Las dificultades de las reformas no serían de orientación sino por algún que otro ripio en materia de gestión. Para otro, el país necesita reponer lo perdido, recurriendo al expediente de la recuperación de un crecimiento que encierra riesgos si no se asocia a una discusión sobre cómo compartir sus beneficios. Mientras tanto, en el horizonte de Chile, sigue clavada una pregunta de fondo: ¿Cuánta desigualdad tolera una democracia?

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Mala prensa

Decía Chesterton que su éxito se basaba en escuchar los consejos de los mejores periodistas y hacer exactamente lo contrario. Algo parecido podría recomendárseles hoy a los estudiantes de periodismo: miren los programas de debate político que transmite la televisión y, cuando sean profesionales, hagan justo al revés de lo que ven.

O sea: pregunten sin sermonear; dejen hablar sin interrumpir; escuchen más a sus invitados y menos a sí mismos; argumenten desde el sentido común, no desde la superioridad moral; hagan preguntas que representen el interés del público sin perseguir su lucimiento personal; sean inquisitivos, no agresivos; manejen la información, no la emoción ni el efectismo; entreguen datos, no opiniones; sean breves.

La sociedad necesita periodistas que fiscalicen a las autoridades, que faciliten el intercambio de ideas y pongan sobre la mesa informaciones y temas importantes. Hecho así, el periodismo constituye un aporte para robustecer la comunidad, aunque a veces ello suponga denunciar a quienes se pasan de la raya.

Hoy se echa de menos esa actitud. En demasiadas ocasiones los periodistas se ponen a la par de sus entrevistados, debaten con ellos e incluso se toman la libertad de juzgarlos, incurriendo en los mismos excesos y desatinos que criticamos a los políticos. Lo que debía ser una conversación o una entrevista iluminadora se convierte en un diálogo de sordos donde se impone quien grita más fuerte.

El resultado es decepcionante: en vez de ayudar a esclarecer posiciones, este tipo de programas contribuye a crispar y polarizar los ánimos. El periodismo agresivo y ególatra que abunda en ellos tiende a confirmar la muy extendida creencia de que los miembros de la élite política y mediática habitan en un país muy distinto al de la gente común, acostumbrada a convivir sin drama con familiares, compañeros de trabajo y amigos de distinto signo político, ideológico y religioso.

Los periodistas somos los primeros en acusar la ausencia de un debate de ideas, pero debemos preguntarnos con mayor frecuencia y autocrítica qué estamos haciendo para promoverlo. Si la respuesta fuera sincera, podríamos concluir que no demasiado y que eso significa que estamos haciendo mal la pega. Peor aún, puede dar pie a que políticos insatisfechos y molestos con la prensa -los hay a todo lo ancho del espectro- propongan leyes que coarten el ejercicio de los medios y hagan pagar a justos por pecadores.

Los medios, los empresarios que los controlan, los directores, los editores, los periodistas y los gremios que los agrupan deben darse cuenta de esta realidad y actuar pronto para ayudar a erradicar prácticas nocivas para la sociedad y peligrosas, en el mediano plazo, para las libertades de expresión y de prensa. Estas, vale la pena recordarlo, no son privilegios de los periodistas, sino garantías de las personas que integran la sociedad.

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50 km/h: una necesidad

La Comisión de Transportes del Senado acaba de aprobar el proyecto de ley de convivencia de modos, que tiene a la disminución del límite de velocidad urbano de 60 a 50 km/h como su medida más aplaudida y resistida a la vez. Este cambio normativo, al que aún le falta un trámite legislativo y que deja a Chile a la par de la legislación de los países desarrollados, es no solo deseable sino que urgente. La evidencia sobre el efecto de la velocidad en el número y en la gravedad de los accidentes viales es abrumadora. Por ejemplo, en el Reino Unido encontraron que una disminución de 10 km/h en la velocidad de circulación en una vía urbana genera una disminución de entre 0,6 y 1,8 accidentes por año en cada vía. Cuando en Australia disminuyeron el límite de velocidad urbano de 60 a 50 km/h el resultado no dejó margen de dudas: una disminución de entre 8 y 21% del número de accidentes con heridos o muertos y una disminución de entre 25 y 51% del número de atropellos a peatones.

A pesar de que la experiencia internacional avala la disminución del límite de velocidad planteado, al proyecto de ley se le han hecho principalmente tres críticas. La primera es que van a aumentar los tiempos de viaje. La evidencia refuta este temor, un seguimiento con GPS en Sydney, Australia, mostró que automovilistas que superaban el límite de 50 km/h, ahorraban solo entre 1 y 2% en su tiempo de viaje ¿Cómo se explica esto si en carretera la diferencia en tiempo entre conducir a 50 y 60 km/h es de un 20%? En ciudad los tiempos están condicionados por el flujo de los demás vehículos y por las intersecciones; poco importa acelerar hasta 60 km/h si el resultado será llegar a la cola del semáforo siguiente uno o dos vehículos antes del que aceleró hasta 50 km/h.

La segunda crítica es que sin fiscalización esta ley será letra muerta. Si bien es cierto que con la pobre fiscalización actual muchos conductores ni siquiera respetan el límite de 60 km/h, también es cierto que hay gente que sí cumple con la ley aunque no los estén mirando y ellos van a reducir su velocidad. Para los demás se necesita fiscalización automática, por ejemplo, con fotorradares, tecnología que debería reimplantarse en Chile, no para servir como caja recaudadora, sino como elemento disuasivo, para lo cual debe estar bien señalizado. Cuando tengamos fiscalización dura, se van a salvar más vidas si la velocidad es 50 en lugar de 60 km/h.

La tercera crítica apunta a que las mejoras tecnológicas en frenado harían innecesario el cambio normativo. Esto ignora que el parque automotor en Chile sigue siendo antiguo y que sea cual sea la tecnología del vehículo, la distancia de frenado y el riesgo de colisión o atropello es mayor a mayor velocidad.

El cambio propuesto al límite de velocidad debe acompañarse de rediseños viales para fomentar velocidades aún más bajas en entornos peatonales (como las zonas 30) y de un cambio de paradigma en la programación de semáforos, con ondas de verde para velocidades de 40 o 50 km/h, no de 60 km/h. Llevamos 15 años con un límite de velocidad de 60 km/h, es el momento de que el Congreso revierta el error del cambio de ley introducido el año 2002, un error que cobró y sigue cobrando vidas.

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9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 49/214 con la cual se declaró el 9 de agosto de cada año, como el Día Internacional de los PPII (PPII).

La población indígena en el mundo se ubica hoy (agosto 2017) entre 370 y 400 millones de personas (5% a 7% de los habitantes). En América Latina, la CEPAL, PNUD y Banco Mundial señalan entre 45 y 50 millones de indígenas (8% a 10%). Bolivia y Guatemala cuentan con una alta densidad poblacional indígena (70% en Bolivia y 54% en Guatemala). En Chile los PPII oscilan entre 10% y 11% con un estimado de 1,5 millones de ciudadanos de origen indígena con un 75%.

Los PPII según estudios de la FAO representan el 15% de las personas más pobres en el mundo. En América Latina y Caribe (ALC) representan un 17%. El 49% de los indígenas viven actualmente en zonas urbanas y de éstos, el 36% habita en barrios pobres o de extrema pobreza: esto es el doble de lo que afecta a los no indígenas.  A nivel mundial los PPII hablan 7.000 idiomas. En ALC son 800 lenguas. Lo esencial es que los PPII en sus territorios protegen cerca del 80% de la biodiversidad de todo el planeta y sólo son propietarios de menos del 11% de dichas tierras.

Así y todo, los PPII celebran esta fecha mediante muchas acciones. En lo que concierne a la sociedad política y sus partidos sería grato de su parte la expresión de alguna señal, especialmente respecto de la voluntad de integrar a los indígenas en las tareas de Estado. Recordemos que entre 1990 y el 2005 Chile demoró 15 años para que dos mujeres indígenas fuesen Agregadas Culturales en la red diplomática.  Entre 1810 y el 2014 el Estado demoró 204 años para nombrar, por primera vez en su historia, un Embajador de origen Mapuche.  Para aprobar el convenio 169 de la OIT el Congreso nacional demoró 18 años y ahí mismo, nunca un indígena ha podido arribar al Senado, y en 207 años republicanos sólo nueve Mapuche han logrado ser electos como Diputados.

Entre 1810 y 2017 sólo tres indígenas han sido Ministros de Estado (Venancio Coñuepan,1952; Francisco Huenchumilla, 2003; Yasna Provoste Campillay, 2006).  En igual período sólo 4 han ejercido como Subsecretarios y 11 como jefes de Servicio en el país. Dos mapuches han sido Intendentes en toda nuestra historia y tan solo cuatro han podido ejercer como Gobernadores.

En materia legislativa, con excepción de la ley 17.729 del presidente Allende (septiembre 1972) y 19.253, del presidente Aylwin (octubre 1993), Chile no registra más avances legislativos en favor de los PPII, pero sí registra normas, decretos y leyes contrarias a sus derechos. Algunas se han modificado en los gobiernos democráticos y se ha podido avanzar un poco más, como en el caso de la ley de borde costero.  Sin embargo, el Congreso ha sido refractario respecto del reconocimiento constitucional pendiente desde 1990.  Chile es el único país de entre 16 naciones en AL que nunca consideró a los PPII como sujetos de derecho (desde el primer Reglamento constitucional de 1810 hasta la última constitución modificada de 1980). Y no se ha avanzado de manera relevante en la protección de su patrimonio cultural, arquitectónico, medio ambiental, social y político. En el parlamento aún permanece el proyecto pro-lenguas indígenas sin aprobación. Cabe entonces la pregunta a nivel de Estado y sociedad: ¿Qué conmemoraremos el 9 de agosto?

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El litio, una oportunidad de integración

Un 60% de los recursos mundiales de litio se encuentra en un área geográfica que cubre territorios de Argentina, Bolivia y Chile (ABC), el llamado “Triángulo del Litio”. Estos tres países llevan adelante políticas para el desarrollo de la industria de energía, que incluye tanto la exploración y explotación de estos recursos minerales como la instalación de plantas procesadoras y de manufactura. Para cumplir con estos objetivos se requiere inversiones, programas de investigación y desarrollo (I+D), infraestructura y un modelo de gestión que resguarde adecuadamente el medio ambiente y las comunidades.

Hasta ahora, la pregunta que se escucha con frecuencia es ¿en cuál de estos países conviene invertir para desarrollar un proyecto de litio? Quizás encontremos buenos argumentos para elegir A, B o C, pero ciertamente esta pregunta nos lleva a un escenario de A vs. B vs. C. Proponemos cambiar el escenario de competencia a uno de cooperación e integración: A+B+C. Las complejidades son obvias. Pero éstas responden a posiciones de voluntad política más que a limitaciones técnicas o geográficas.

Las bases de este nuevo escenario están dadas por algunas políticas que estos países ya han anunciado: Argentina ha fomentado la creación de empresas productoras de baterías de litio y su Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva financia centros de I+D en las provincias donde se encuentran sus reservas de litio; Bolivia ha hecho inversión pública en una planta piloto que fabrica baterías de litio, cuyos técnicos fueron capacitados en China, y constituyó la empresa pública Yacimientos de Litio Boliviano YLB que realizará las actividades de toda la cadena productiva del litio, pudiéndo asociarse con terceros que aporten con tecnología para los procesos de industrialización; Chile cuenta con las sólidas conclusiones de la Comisión Presidencial del Litio y con los programas de CORFO para desarrollo industrial en torno al litio y su incidencia en la energía solar. A+B+C no implica, por ahora, contar con una regulación común sino más bien acordar políticas públicas homogéneas con ciertos mínimos regulatorios que permitan armonizar la normativa interna de cada país; por ejemplo, esto ayudaría a tener estándares comunes en materia de protección ambiental o de los recursos hídricos, de forma tal que la explotación de los salares en un país no afecte el territorio de los países vecinos.

El Tratado Minero entre Chile y Argentina podría dar un marco regulatorio adecuado para esta integración, lo que requiere ser complementado por otros acuerdos en el ámbito de la integración energética, desarrollo de infraestructura, permisos migratorios, cooperación académica, entre otras materias.

Esta iniciativa, apoyada por organismos multilaterales como el Banco Inter Americano de Desarollo o la Corporación Andina de Fomento, contribuiría a una real integración entre nuestros países, potenciaría las ERNC, facilitaría la movilidad humana y permitiría el desarrollo sustentable de una industria relevante para las economías de la región.

 

 

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Ética en campaña

La candidata presidencial de la DC, y presidenta de ese partido, ha puesto la ética en la política en el centro de su campaña no solo rechazando la candidatura del diputado Rincón, sino encargando al destacado abogado Patricio Zapata un informe acerca de los criterios por los cuales ceñirse para conformar la plantilla de candidatos. El tema es, sin duda, interesante por sí mismo, más allá de las vicisitudes de la falange.

Desde siempre la política ha pretendido encarnar la virtud, ya los griegos plantearon el gobierno de los mejores como la opción más adecuada para el ejercicio del poder; sin embargo, el pensamiento moderno ha discurrido por un camino diferente: el de poner el foco en las reglas a las que debe sujetarse el gobernante. Lo importante decía Popper, no es quién gobierna, sino cómo se gobierna, porque la creencia de que son las virtudes personales las que legitiman el liderazgo político conduce al autoritarismo.

La percepción de que se tiene derecho a gobernar, porque se es poseedor de una superioridad moral lleva a identificar las posiciones propias con el bien y las de los adversarios con el mal. Por supuesto, las reglas del juego lícitas para combatir el mal son bastante distintas de las que regulan la competencia con alguien a quien se reconoce igual legitimidad. Por esto la democracia y las pretensiones de una integridad moral más elevada no se llevan bien; en realidad la democracia funciona sobre el principio contrario, esto es que nadie puede pretenderse superior a los demás, por lo que todos estamos sometidos a las mismas reglas y a las mismas responsabilidades ante la ley.

Los partidarios de las “agendas éticas” suelen argumentar que la función pública requiere y merece ciudadanos capaces de cumplir con un estándar de virtud superior al mínimo legal. Es verdad, pero ese estándar debe buscarse afanosa y diariamente, más en el silencio del testimonio que en la prédica altisonante; es sabio el cristianismo cuando nos recuerda que, aunque todos somos pecadores, tenemos la tendencia a mirar pajas en ojos ajenos ignorando las vigas en los propios.

Savonarola es el clásico ejemplo del camino al que conduce convertirse en juez de la virtud ajena. Este sacerdote dominico acusaba los pecados de la sociedad florentina, de los Medici e incluso de la curia, especialmente de los Borgia. El Papa Alejandro VI que tenía algunos defectillos, pero la falta del sentido del poder no era uno de ellos, ordenó que la inquisición lo juzgara y fue quemado en la hoguera.

El final de aquel predicador es una buena metáfora. Los que prenden hogueras para quemar a los pecadores, suelen terminar consumidos por las mismas llamas. En política afortunadamente nadie es condenado al fuego purificador, pero la virtud es una espada demasiado pesada, que suele caer sobre el rostro del mismo que la levanta amenazante contra los demás.

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Distrito 10

Al levantar su candidatura a diputado por el distrito 10, el excandidato presidencial Alberto Mayol ha lanzado un órdago al núcleo hegemónico del Frente Amplio (FA). Aunque ha argumentado su opción a partir de cuestiones prácticas -“vivo y trabajo allí”-, lo cierto es que implica un desafío al liderazgo de Giorgio Jackson (RD) y, de manera más indirecta, al de Francisco Figueroa de Izquierda Autónoma (IA).

Las proyecciones electorales indican que el FA obtendría, con seguridad, un diputado por ese distrito y, con un poco de fortuna y trabajo, quizás dos. La irrupción de Mayol tendría el efecto de aumentar la probabilidad de dos parlamentarios del FA (dejando eso sí en el camino a Figueroa, un dirigente emblemático y especialmente formado), con el condimento adicional de que podría superar a Jackson en votación, lo que tendría un importante significado político. Por otra parte, si el FA solo eligiera un parlamentario, podría también dejar sin su escaño a Jackson. A su vez, impedir que Mayol compita por ese distrito tiene costos importantes de imagen para el FA (la nueva política se comenzaría a parecer mucho a la vieja política), constituiría una suerte de veto a un expresidenciable y se repondría la imagen de “sobreprotegido” del diputado Jackson (en la elección pasada se omitió la NM, ahora “bajarían” por secretaría a Mayol). Difícil decisión le aguarda al FA.

Pero, más allá de estas consideraciones electorales y de poder, ¿qué late más de fondo en esta disputa? Aunque las posiciones están todavía larvadas se observa una tensión entre la reconstrucción de un “polo de izquierda” más clásico (Mayol) y una concepción política “ciudadanista”, con énfasis en demandas posmateriales y de “estilos de vida” (Sánchez). En términos sociales, flota sobre el FA, y de la izquierda en general, la tensión entre representar lo popular excluido de la modernización capitalista o a unas nuevas capas medias “apocalípticas” pero cuya demanda es, finalmente, por integración. En una tercera posición se ubicaría el sociólogo Carlos Ruiz (IA), quien en reciente entrevista criticó cierta nostalgia de vieja izquierda en Mayol (mucho “poncho y peña” y poca comprensión de la nueva estructura social chilena), pero también lo que sería una ansiedad electoralista y un programa que habría rebajado mucho sus expectativas transformadoras, en el eje Jackson-Boric. Resuena ahí una idea refundacional de la izquierda de largo aliento. En un plazo no tan lejano, las disyuntivas estratégicas del FA se tensionarán entre la primera y la segunda vuelta, ante una eventual disputa entre Piñera y Guillier.

Hoy las contradicciones del FA parecen converger en el distrito 10. Puede haber un acuerdo y evitarse la confrontación esta vez. Pero las divergencias de proyectos y las luchas por la hegemonía comienzan a despuntar en el FA y estas contienen un importante potencial disruptivo.

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Innovación de Encuentros Locales Autoconvocados

Esta columna fue escrita junto a  Tomás Jordán, Asesor en materias constitucionales

Hace unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó en Santiago su informe sobre la Etapa Participativa del Proceso Constituyente propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet. Una de las principales conclusiones fue que los Encuentros Locales Autoconvocados son una innovación en materia de participación ciudadana y que se instituyen como una buena práctica para promover la inclusión. Esto, según explican, porque se convirtieron en un ejemplo de democracia directa, participativa y deliberativa.

Los Encuentros Locales son innovadores porque materializan una forma no tradicional de hacer políticas públicas, situando a los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas de ellas: autoconvocándose, reuniéndose y deliberando. Ponen en común y de forma visible, las diversas perspectivas que tienen los ciudadanos sobre los asuntos públicos (en este caso la Constitución Política). Se sustentan en el principio pluralista como esencia de la política, bajo el cual las personas confluyen a través del diálogo colaborativo, en acuerdos mínimos y compartidos. A esto lo denominamos convergencia deliberativa.

Los Encuentros Locales transfieren el impulso participativo a los ciudadanos en tres momentos: en la convocatoria, en la ejecución y en el resultado. La metodología permitía a las personas activar el encuentro de acuerdo a ciertas reglas y la autonomía fue un principio central a la hora de desarrollar los diálogos. Finalmente, este impulso participativo se reflejará en el resultado del proceso y en la incidencia que tendrán las Bases Ciudadanas en el proyecto de Nueva Constitución.  

Suena sencillo, pero el camino para generar este tipo de políticas innovadoras tiene distintos obstáculos: El miedo al cambio, donde resulta más cómodo seguir haciendo siempre lo mismo; la desconfianza a que la ciudadanía opine sobre temas públicos; el tradicionalismo de las formas, expresado en la crítica de que si no existía mandato de representación, no podía considerarse un proceso válido; y el recelo a la deliberación y colaboración como arreglo para el diálogo, desde aquellos que hacen hincapié en los desacuerdos por sobre los acuerdos compartidos.    

Así, incorporar mecanismos participativos en etapas tempranas del diseño de políticas públicas, permite contener las visiones de los ciudadanos, adecuar las políticas a sus destinatarios y ejercer un control político directo al comparar los resultados del proceso participativo con lo propuesto por la autoridad.

Por todo ello es que la participación ciudadana es el eje transversal del Proceso Constituyente impulsado por la Presidenta Bachelet. Junto con la Etapa Participativa, la reforma al Capítulo XV de la actual Carta Magna, enviada al Congreso este año, propone que la Convención Constitucional incorpore mecanismos de participación en su proceso deliberativo y que el texto resultante sea plebiscitado para su aprobación.

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Sin funerales

Todo hacía presagiar que en la DC se libraría una batalla de tales proporciones que hasta podría culminar con la muerte del partido. En verdad, el ambiente tras la Junta Nacional no daba para otra percepción. Se desautorizó a su Presidenta y candidata presidencial Carolina Goic, quien sostenía que cada candidatura debía ser revisada en su mérito para validar su procedencia ética y estatutaria, lo que fue rechazado. Como consecuencia conocida de ello, de rebote, se terminó visando una nueva postulación como diputado del señor Ricardo Rincón, condenado por la justicia civil por violencia intrafamiliar, hecho que el propio partido previamente y en diversas instancias había repudiado.

Terminada la Junta, dos hechos concentraron el foco de la atención pública. Por un lado, la senadora Goic suspendió su candidatura presidencial y, por otro, se entendió que la principal razón de ello era la repostulación del señor Rincón, aprobada pese a su infracción a la ley y a los Estatutos del partido.

Desde el principio, así visto, el conflicto siempre nos pareció extraño y desproporcionado. ¿Se trataba solo de Goic contra Rincón? ¿Un diputado que desafía una y otra vez cumplir una sentencia por violencia intrafamiliar estaba en condiciones de poner en jaque la propia candidatura y hasta la existencia del partido?

Sin embargo, el verdadero trasfondo era que el voto aprobado por la Junta Nacional se traducía en que los antecedentes de ningún candidato podían ser examinados. Por eso, en los días posteriores, se advirtió que la razón de la suspensión de la candidatura, no obstante decir relación con dicho diputado -por lo insólito de su situación y su porfiada resistencia en acatar lo fallado- tenía alcances más amplios y se refería a los principios éticos del partido respecto a la totalidad de los postulantes. ¿Cómo podía la Junta Nacional rechazar el examen de los méritos de los candidatos?

Entonces, entre los propios parlamentarios surgieron las voces que llamaron a la única decisión que correspondía: nadie debía temer que los requisitos para presentarse al cargo fueran analizados objetivamente y en su mérito. Y así surgió el encuentro que terminó con la candidata de vuelta, como ella dice, llena de coraje, mandatada para cumplir este encargo estatutario. Aunque en el momento de mayor crudeza, ella también habrá sabido que las lágrimas, la solidaridad inesperada y violenta, la soledad del poder, forman parte de la naturaleza de las cosas.

En esta batalla que felizmente no fue, el voto general de la Junta DC resultó insensato como suelen ser los actos de masas. Quedó un solo patibulario para quien no habrá funeral. En el epílogo de este caso, eso sí, se advierte una extraña ligazón entre esa antigua sentencia incumplida y la forma casi novelesca en que renació con estrépito, como el punto de partida de algo injusto que no ha de repetirse y que la DC comprendió en su extensa dimensión. Hace pensar que todo ha tenido sentido.

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Tribunal Constitucional

Más allá de que no comparto las razones jurídicas por las cuales se ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la ley que despenaliza tres causales de aborto, no me deja de llamar la atención la reacción de la Nueva Mayoría condenando el uso de un tribunal “antidemocrático” para revertir una decisión del Parlamento.

Ciertamente hay buenas razones para cuestionar el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes (antes de su entrada en vigencia), pero cuesta aceptar que la crítica provenga de parlamentarios de la ex Concertación, pues el Tribunal Constitucional que hoy día tenemos se debe en lo fundamental a la reforma constitucional que ellos mismos aprobaron el 2005 y no al texto de la Constitución de Pinochet. El tribunal original era muy diferente al actual en su integración y funcionamiento, lo que lo hacía ser muy deferente a las autoridades legislativas. Esto cambia radicalmente a partir de la mencionada reforma constitucional, la que modifica la composición del Tribunal Constitucional por una mucho más política, sin ministros de la Corte Suprema, y lo convierte en un tribunal profesional y permanente. Es en ese momento en que el Tribunal Constitucional adquiere el rol gravitante que hoy conocemos y pasa a ser relativamente común que invalide decisiones del legislativo por estimarlas contrarias a la Constitución. Si había objeciones de fondo a ese control de constitucionalidad, ¿por qué se potenció la capacidad del tribunal para hacerlo?

Pero la situación es peor aún, pues los mismos parlamentarios que lo critican son los que sostienen que la Constitución del 80 es ilegítima desde su origen, de allí que menos se entienda que hayan fortalecido el tribunal llamado a extender los alcances normativos de esa carta fundamental.

Podría pensarse que, conscientes de lo delicado de las funciones entregadas a este nuevo Tribunal Constitucional, al menos se preocuparían de establecer un sistema de designación que garantizara que solo los mejores expertos en temas constitucionales pudieran ser nombrados; pero nada de eso hicieron, estableciendo un sistema de nombramiento binominalizado, que les permite a las fuerzas políticas repartirse los cupos, sin brindar una posibilidad real de escrutinio público de los candidatos.

De ahí que no haya que extrañarse que los integrantes de este tribunal actúen más por criterios políticos que jurídicos. Y esta circunstancia se constata con particular fuerza tratándose de discusiones de las llamadas valóricas, en que los ministros se sienten llamados a votar a partir de sus particulares concepciones, sin sentirse necesariamente atados por una interpretación leal y razonable del texto constitucional. El reconocimiento más honesto de lo anterior lo hizo el propio ministro del Interior del actual gobierno, quien siendo integrante del Tribunal Constitucional votó en contra de la píldora del día después, señalando en su momento que en este tipo de cuestiones seguía la opinión de la iglesia a la que pertenece.

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