Álvaro Bisama's Blog, page 110

Educación Barata

La discusión en torno al proyecto de educación superior gratuita parece ser un diálogo entre sordos. Mientras la derecha se esfuerza en poner en valor la realidad económica y la justificada pregunta acerca del uso alternativo de los recursos―como invertir en el Sename, por ejemplo―, la izquierda justifica la gratuidad como un derecho social inalienable de todo ciudadano. Así, por muy utilitario que sea invertir los recursos en los más pobres, desaventajados o en la primera infancia, la lógica de los derechos supera cualquier argumento. Detengámonos por un momento en la lógica de los derechos y la gratuidad para reflexionar de qué forma podríamos adherir a esta idea.

La primera posibilidad es que asumamos que la educación es un bien “superior”, algo así como el aire para vivir, y toda persona, por lo tanto, debe necesariamente educarse para poder realizarse como tal. Existe una larga lista de autores, como por ejemplo John Stuart Mill, Raymond Aron o John Rawls que, a partir de diversos prismas filosóficos, entienden que la educación efectivamente es un bien especial que debe, en cierta medida, ser proveído ampliamente a la sociedad. Sin embargo, para asumir la premisa de la gratuidad, necesariamente debemos plantearnos primero qué tipo de educación es la que cumple con tales características de superioridad. Esto, por supuesto, es algo que ninguno de estos autores consiguió imaginar, pues la idea de la educación trasciende de un mero servicio que se consigue en la sala de clases de una universidad. La educación que logra hacernos los seres humanos que somos, como sostiene Amartya Sen, es un proceso que comienza en la familia, que forja sus cimientos en la infancia, que hace sentido con los vínculos formados en toda la etapa del proceso educativo y que, finalmente, junto a todos los conocimientos y valores adquiridos, ayuda a desenvolvernos como personas libres, más allá de si somos ingenieros, artistas, profesores, técnicos, médicos o barrenderos.

La segunda posibilidad de adherirse a la gratuidad, es la idea que impera en el movimiento estudiantil, en el Frente Amplio y en el gobierno a partir de la tesis de Fernando Atria y el régimen de lo público. La justificación se podría resumir así: para que la educación sea un bien “superior” ―público según Atria―, necesariamente debe ser gratuita. Es decir, no importa―a lo menos por ahora―de qué educación se trate, lo que importa es que sea gratuita. Como vemos, el argumento entiende que la gratuidad es como una especie de fórmula mágica que convierte los bienes de consumo en bienes públicos; que convierte el egoísmo en civilización; que convierte el consumismo individual en realización social; que convierte, en suma, lo malo en bueno. Entonces, si y sólo si, la buena educación tiene que ser gratuita. El gran problema de esta tesis, en mi opinión, es que se asume que el valor de la educación―y todo lo que ello pueda significar―depende únicamente del proveedor, de quien realiza el servicio, por lo tanto, el estudiante no es un sujeto que agrega valor al proceso educativo, sino lo considera como un objeto de ser educado. Por otra parte, esta tesis también asume que el valor de la educación depende primordialmente del precio de ella―tesis con la que Marx probablemente lloraría―, por lo tanto, el problema no es que la educación sea un bien de consumo, sino que sólo el Estado puede transarla.

Como se deja ver, la insistencia en la gratuidad de la educación superior parece estar más asociado con la realización de un capricho ideológico que con el esfuerzo real de mejorar la educación. Invocar sólo el argumento del derecho, además de insuficiente, nos llevará a una discusión etérea entre iluminados. El problema mayor, sin embargo, está en que los efectos probablemente serán muy contrarios a los imaginados por el Gobierno.

La fortaleza del sistema chileno actual―como el de muchos países que tienen nuestro mismo régimen―radica en que las universidades están debidamente financiadas y, por lo tanto, son más competitivas: tienen mejor infraestructura, atraen mejores profesores y cuentan con mayores recursos para la innovación e investigación, entre otras cosas. Y es que no hay nada mágico en esto: los recursos del Estado son muchísimos más limitados que la disposición a pagar de las personas por su educación. Y esto es evidencia suficiente para considerar que la educación no sólo tiene características de bien público, sino también de bien privado. Por lo tanto, los efectos probables de la gratuidad serán que las universidades gratuitas pagarán menores sueldos, crecerán poco, invertirán menos en nuevas tecnologías, bajarán los estándares de calidad, etcétera. En suma, más que educación gratuita, el proyecto del Gobierno proveerá educación barata.

Esperamos que los senadores se tomen un poco más en serio el debate: esto es, que transparenten las ideas que gobiernan sus decisiones y que consideren los posibles efectos que implica la gratuidad. En otras palabras, que legislen a favor de la educación, de la buena educación, y que, por supuesto, recuerden que lo barato cuesta caro.

 

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Nueva ley de pensiones

Luego de varios meses, el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones fue presentado ayer. El aumento en las cotizaciones en 5% de las remuneraciones, que sería de cargo del empleador, será destinado a un fondo nuevo, de “ahorro colectivo” (léase de reparto) que sería estatal y administrado por un consejo con la independencia que ahora tiene el Banco Central. Aunque podrían haber soluciones mejores, indudablemente que ésta es un avance.

Está claro que el ahorro forzoso involucrado en el actual sistema de pensiones no está respondiendo a las expectativas de los ciudadanos y que debe ser suplementado. Ello no significa que el sistema actual sea una invención malévola que persigue el lucro para la industria de las AFP a costas de los cotizantes. Es importante despejar estos mitos, si queremos trabajar con la verdad y no llegar más tarde a “soluciones” que sólo empeorarán la situación de los chilenos jubilados.

Para ello, aunque parezca pedante, es necesario repasar, una vez más, las razones por las cuales las pensiones de muchos chilenos son tan bajas. La más importante: la informalidad de un segmento significativo de la fuerza de trabajo, el cual no cotiza o lo hace sólo en forma esporádica. Segundo, muchos trabajadores entran y salen de la fuerza de trabajo formal y, por lo tanto, tienen muchas lagunas previsionales. En particular, las mujeres suelen dejar de trabajar y cotizar para cuidar a sus hijos. Tercero, los trabajadores por cuenta propia hasta hace poco no estaban obligados a cotizar en una AFP.

Cuarto, la esperanza de vida de los chilenos ha aumentado a 80 años, unos 15 años desde que se estableció el sistema de AFP, y está ahora a niveles parecidos a la de los países desarrollados. Pero, con una a edad de jubilación de 65 años para hombres y 60 años para mujeres, el capital acumulado por el trabajador promedio tendrá que financiar pensiones por entre 15 a 20 años de jubilación, muchos más que cuando se creó el sistema. Por último, las remuneraciones de los chilenos son aun muy bajas y no es razonable esperar jubilaciones que sean mejores que las remuneraciones. Una tasa de reemplazo (la razón entre la pensión y la última remuneración) de 70% es más que razonable y es superior a aquellas que se observan en los países desarrollados.

Las alternativas a las AFP serían peores. Con el envejecimiento progresivo de la población, un sistema puramente de reparto rápidamente se quedaría sin financiamiento, por más que se lo dote de un fondo inicial. Eventualmente, las tasas de cotización tendrán que aumentar a niveles muy superiores a los actuales. Es importante mejorar la regulación de las AFP, pero desmantelarlas o dejarlas solo a cargo del ahorro voluntario sería una muy mala solución.

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Otro engendro

Ayer la Presidenta Michelle Bachelet firmó, y envió al Congreso para su tramitación, el proyecto de reforma al sistema de pensiones. Esta acción se explica por una fuerte presión social al respecto, hábilmente impulsada por el movimiento No+AFP.

La importante diferencia existente entre las expectativas y la realidad del nivel de las pensiones en Chile -un hecho irrefutable- se originó tanto por los aumentos de los salarios reales mayores a los anticipados en 1980, como en las expectativas de vida más largas y las mayores lagunas impositivas. Estos factores se tradujeron en imposiciones menores a las necesarias para alcanzar las tasas de reemplazo anticipadas, a pesar de las elevadas rentabilidades de los fondos de pensiones.

La reforma al sistema de pensiones no fue una de las prioridades del programa de la Nueva Mayoría. Los adultos mayores tienen en Chile, de acuerdo a datos de la OCDE, niveles de pobreza muy inferiores a aquellos de los jóvenes (15 versus 22,5 por ciento), sugiriendo que la atención debiera ponerse preferentemente en resolver los problemas de los últimos. No obstante, es innegable que las pensiones en Chile son bajas en términos absolutos y todo pareciera indicar que una mayoría de los ciudadanos estaría de acuerdo en aumentar -para mejorar sus pensiones- su ahorro previsional, siempre que fuese nominalmente a cargo del empleador y para engrosar las cuentas individuales.

El proyecto, sin embargo, propone que un 40 por ciento del aumento del 50 por ciento en las imposiciones se destine a un fondo colectivo administrado por el Estado, supuestamente para empezar a recuperar el espíritu de seguridad social del sistema y para mejorar las pensiones más bajas. Al hacerlo de ese modo, la mayor imposición se convierte en un impuesto al trabajo, con todo los inconvenientes que ello representa. Además, su carácter redistributivo se verá severamente limitado por el techo a las imposiciones, si es que se compara con la alternativa de financiar las mayores pensiones solidarias deseadas con fondos generales de la nación.

Contrariamente a la falsa imagen creada por el movimiento No+AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones han sido razonablemente eficientes en su cometido, como incluso lo ha reconocido el ministro de Hacienda. Por ello el 60 por ciento de las mayores imposiciones que desea imponer el gobierno podrían perfectamente engrosar las cuentas individuales en dichas instituciones, en vez de hacerlo en el nuevo ente estatal. Y si además las mayores pensiones solidarias se financiaran directamente con recursos fiscales, no habría necesidad alguna de crear la probablemente ineficiente y definitivamente enredada, nueva institucionalidad propuesta. Lo que la ciudadanía desea son mejores pensiones, lo que se puede conseguir perfectamente cambiando algunos de los parámetros del actual sistema y aumentando la competencia en el sector.

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Fin de la democracia en Venezuela

Día tras día, la crisis en Venezuela se agrava. Aunque está recibiendo mucha atención en estos días, el deterioro dramático del país es producto de muchos años de mal gobierno y corrupción masiva. El año crítico fue 2013, cuando el precio de petróleo colapsó y murió Hugo Chávez, quien fue elegido democráticamente pero mostró tendencias autoritarias desde el comienzo. Su sucesor, Nicolás Maduro, carece de su carisma y habilidad política, y ha tenido que gobernar con muchos menos recursos, un chavismo fracturado, y una oposición que, a pesar de sus diferencias internas, ganaría cualquier elección libre y justa.

En ese contexto, la cúpula del chavismo redobló la apuesta e instaló una nueva Asamblea Constituyente. La maniobra es rechazada por la comunidad internacional y por el 70 por ciento de los venezolanos. Con la payasezca “elección” del 30 de julio, boicoteada por la oposición con razón, Maduro consolidó un régimen autoritario.

Desde que se instaló, la Constituyente ha actuado para eliminar cualquier desafío al gobierno y barrer con toda señal democrática de las instituciones. De hecho, los 545 delegados ya han despedido y reemplazado a la fiscal general, exchavista, y quien habia asumido posiciones contrarias a Maduro. Más grave aún, la Constituyente declaró que tenía la facultad para anular cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional, democráticamente elegida y dominada por la oposición.

Al mismo tiempo, la represión del régimen se ha vuelto más sistemática, con una ola de detenciones de alcaldes opositores. Se estima que hay alrededor de 600 presos políticos. Desde abril, la represión violenta de protestas callejeras ha dejado más de 130 muertos.

¿Cuándo y cómo saldrá Venezuela de esta crisis interminable? No hay buenas opciones. El año pasado fracasó un intento de diálogo en el marco de Unasur y apoyado por el Vaticano. Además, a pesar de algunas novedades como la suspensión de Venezuela del Mercosur, la reacción de los países de la región ha sido tardía y decepcionante. La declaración de 12 cancilleres en Lima esta semana fue contundente, pero no está claro si la retórica se acompañará con medidas más concretas.

En Washington, el trabajo multilateral a través de la OEA, cuyo secretario general Luis Almagro ha asumido una posición firme, se ha combinado con sanciones bilaterales contra funcionarios del régimen, incluyendo Maduro. Esta estrategia empezó con Obama y se ha expandido bajo Trump. La apuesta es que provocarán fracturas dentro del chavismo, incluyendo entre las fuerzas armadas, creando condiciones para una transicion democrática.

Pero hasta ahora no hay señales de que las sanciones individuales estén resultando. La administración Trump está estudiando sanciones sectoriales -por ejemplo contra la importación de petróleo venezolano- que serían muy costosas para el país y su población.

Por cierto, no se pueden descartar escenarios muy pesimistas en Venezuela, incluyendo más violencia. Pero es urgente pensar instrumentos para que la comunidad internacional, una oposición unida con un liderazgo y estrategia claros, y miembros del régimen que saben que este experimento está agotado, puedan trabajar juntos para poner fin a esta tragedia en nuestro hemisferio.

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De indicaciones, cocinas y salchichas legislativas

“Con las leyes pasa lo mismo que con las salchichas: mejor no ver cómo se hacen”, habría dicho Otto von Bismarck, en alguna acalorada discusión del parlamento prusiano. El adagio cecinero sugiere que habría algo del proceso legislativo del cual es mejor ni siquiera enterarse, aun cuando el sabor de estos embutidos -que necesariamente convergen en normas obligatorias-  no den cuenta precisamente de qué están hechos.

Hace varios meses que se viene discutiendo sobre la influencia que determinadas personas o empresas habrían tenido en la dictación de ciertas normas regulatorias relevantes para sus respectivas actividades. El imaginario colectivo asume como verdad revelada que cualquier grupo que tenga intereses creados realizará todo lo que esté a su alcance para modificar una norma que pueda producirle efectos económicos adversos. Para garantía de la ciudadanía y cuidado de nuestra democracia, solo existe un ínfimo espacio para intervenciones que atenten contra las normas más básicas de probidad y transparencia en vista del estricto proceso legislativo chileno.

Sin embargo, hay un área en la cual el Congreso aún puede avanzar en transparentar el proceso legislativo: se trata de las indicaciones legislativas. Ellas son las que contienen propuestas de modificación al texto debatido, las que se someten al estudio y votación de diputados y senadores, configurando un aspecto esencial de la tramitación y negociación legislativa. Parafraseando al actual presidente del Senado, Andrés Zaldívar, constituyen el elemento más relevante que utilizará el chef y sus ayudantes en la denominada “cocina” parlamentaria.

¿De dónde vienen estos ingredientes que van configurando las propuestas de modificación legal? En su gran mayoría, del ideario de los mismos parlamentarios y sus respectivos asesores. Sin embargo, la realidad nos dice que muchas veces simples ciudadanos, entidades gremiales o incluso lobbistas intentan participar del proceso legislativo enviando sus propuestas haciendo uso de su legítimo derecho de petición constitucional. ¿Importa la procedencia o la autoría intelectual de una determinada indicación? La respuesta es depende, porque las indicaciones de un proyecto tienen el poder tanto para cambiar un aspecto puntual como para transformar en buena parte la esencia de una futura ley.

El Congreso y la clase política avanzarían enormemente en transparencia si es que se sincerara la autoría intelectual de cada una de las indicaciones presentadas durante la tramitación legislativa. ¿La recibió el diputado o senador de una persona natural o de alguna entidad gremial o académica y decidió patrocinarla porque estaba de acuerdo con su contenido?, ¿o simplemente viene de quienes aun teniendo un interés económico en la iniciativa proponen alternativas que permitirían perfeccionarla?

Lograr que en el proceso legislativo se utilicen ingredientes cuyo origen sea conocido por todos permitirá que las injerencias indebidas de terceros se reduzcan al mínimo, posibilitando un sistema que mejore la labor y la calidad legislativa. Para que las leyes que aprueba el Congreso dejen de tener fama de oscuros embutidos debemos transparentar quiénes las están sazonando.

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Manifiesto rebelde de las FF.AA: el comienzo del fin a toda dictadura

Está escrito en la historia. Todo dictador que pretenda ser digno de respeto, debe seguir al pie de la letra una infalible receta: concentrar de manera absoluta el poder político en una minoría, procurar que no exista la división de poderes (ejecutivo, legislativo y  judicial), suprimir los procedimientos democráticos en clara contradicción a las reglas constitucionales, y finalmente, tener el control de las fuerzas armadas.

El desconocimiento de la opinión popular, el nombramiento a todas luces ilegítimo de una nueva Asamblea Nacional y la destitución de la Fiscal General que ya no es cómplice del oficialismo, han ratificado el ejercicio legal de la represión en Venezuela. A la sombra de la revolución bolivariana, una ilusión rota con tintes de ficción narrativa, Nicolás Maduro se ha quedado sin discurso, sin dignidad y sin chavistas. El presidente se ha embarcado en una misión suicida, una donde se encuentra solo contra el resto del mundo.

Su gestión es transversamente despreciable, y si bien la presión internacional ha hecho ruido en las sienes dictatoriales, el verdadero dolor de cabeza ha sido el pueblo, su deplorable realidad y su inagotable lucha. No obstante, a la dictadura chavista le ha salido una nueva piedra al camino, una que probablemente no se esperaba, una que sale de sus propias filas: las Fuerzas Armadas.

El domingo 6 de julio, en un video que comenzó a circular en internet, se muestra a un grupo de unos 20 militares y a un portavoz que se identificó como el capitán Juan Caguaripano, comandante de la operación David Carabobo, quien aseguró: “nos declaramos en rebeldía, unidos con el bravo pueblo venezolano, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Este no es un golpe de Estado, sino una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional y salvar al país de la destrucción total”.

El asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia, en el centro-norte de Venezuela, ha sido la primera muestra de rebelión militar desde que comenzó la brutal represión hace más de cuatro meses. El hecho calificado por el mayor general como un acto “terrorista, paramilitar, mercenario pagado por la derecha y sus colaboradores, pagados por el imperio norteamericano”, es un paso clave y ciertamente de consecuencias palpables que fueron características del siglo XIX en Latinoamérica.

El pronunciamiento militar del 6 de septiembre de 1930 en Argentina, instauró la primera de una seguidilla de alzamientos de ese tipo en la región. La génesis del sorpresivo y organizado acto se considera como una manera de traer estabilidad política a una determinada nación o de rescatarla de la amenaza de “ideologías peligrosas”. Tras la toma del poder, los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como un partido “neutral” que proporciona una dirección interina apartidista en épocas de la agitación política y popular. Claro, esto es la teoría, ya que es bien sabido que en la práctica, la imposición de un gobierno militar puede diferir de lo antes expuesto.

Si bien el intento de sublevación de este reducido grupo militar fue frustrado, significó una inyección de ánimo y resistencia para la mayoría del pueblo que tras la instauración de la nueva Asamblea Nacional, divaga entre la sensación de derrota y precarias luces de liberación. A medida que pasan los días, los excesos totalitarios del oficialismo crecen exponencialmente con su rechazo y la devaluación de su discurso político. Los índices estadísticos de precario apoyo, hacen que Nicolás Maduro y su desgobierno caven a diario su propia tumba; mientras el germen de la insurrección militar crece y se prepara para el esperado entierro de la dictadura.

 

Natalia Farías. Investigadora Centro de Estudios Bicentenario.

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God save brutannia

Inglaterra está desnuda. Nadie sabe a ciencia cierta qué hizo a sus ciudadanos dispararse en las rodillas. Si fue el hartazgo de vivir con sueldos que no les alcanzan para vivir o el avivamiento de un grupo de dirigentes políticos, ligado a un empresariado minoritario, que no aprecia las restricciones de la Unión Europea. Probablemente la suma de ambos.

El caso es que se gatilló la salida de la UE sin que el Gobierno ni la Oposición sepan exactamente qué hacer ahora. Lo único que existe son eslóganes voluntaristas: recuperar la soberanía “para retomar el control de las fronteras”; salir del mercado único y de su unión aduanera “con el fin de ser más globales”, quitarle el derecho a los europeos de asentarse y trabajar libremente en el país “para que los sueldos sean justos”, o salir de las jurisdicción de la Corte Europea de Justicia “para que no nos juzguen extranjeros”

Si esto llegara a ocurrir, los posibles resultados entregados por respetables universidades e instituciones británicas son deprimentes: bajará el ingreso per cápita, la inflación se disparará, los sueldos se estancarán, no se solucionará el tema de la inmigración, ya que la mayor parte es la ilegal y la no europea;  los bancos, por su parte, no podrán operar libremente en Europa, las aerolíneas  no podrán acogerse a la política de cielos abiertos, las universidades disminuirán sus estudiantes y profesores europeos, los fondos de investigación se harán humo; los médicos y enfermeras de la salud pública escasearán, los recolectores de frutas también. Y, algo que duele, los equipos de fútbol no podrán tener tantos jugadores europeos ya que pasarán a ser extranjeros.

Una pesadilla completa que ya ha comenzado a ocurrir.

El Gobierno está desconcertado, unos ministros se acuchillan con otros por un soft  o un hard brexit. El primero consistiría en permanecer “de alguna manera” dentro del mercado único y de la unión aduanera; el segundo contemplaría quedar fuera de todo acuerdo rigiéndose por las tarifas de la Organización Mundial de Comercio, lo que encarecería la canasta básica enormemente.

La Oposición del Partido Laborista, también dividida y llena de complots internos,  ha sembrado la ambigüedad, prometiendo también que respetarán “la voluntad del pueblo” y se saldrán de ambos organismos manteniendo las ventajas de la pertenencia a la UE, sin estar en la UE.

Nadie sabe porqué estos líderes, educados en la mejores universidades de mundo, tienen estos felices pensamientos ya que la Unión Europea ha dicho que nadie que la abandone podrá tener las ventajas de estar en ella y no tener ninguna obligación con ella.

Parte del gobierno cree que es solo una amenaza, que los pobres italianos no se abstendrán de venderles prosseco, ni los codiciosos alemanes soportarán que no les compren sus Mercedes y BMWs. Otros piensan que la salvación vendrá de Estados Unidos que será gratuitamente solidario, que no pretenderá sacar algunas ventajas como, por ejemplo, ya se sabe,  reventar el Servicio Nacional de Salud para que entren los seguros privados norteamericanos y vender, de paso, pollos bañados en cloro. Otros sueñan que se abandone el sistema métrico por ser una imposición europea y el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, ha llegado a proponer que se resucite el yate real Britannia, para que, como en la época del Imperio, la Corona vaya de país en país haciendo negocios a bordo en medio de fiestas y boatos.

Suena la canción de Mick Jagger sobre el Brexit: “Ubíquense” (You gotta get a grip). Los versos vuelan sobre una Inglaterra difícil de reconocer. “El mundo está patas para arriba, todos son locos y payasos. Nadie dice la verdad. La locura dirige la ciudad”, grita Jagger solitario en medio de un verano lluvioso y gris.

 

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Día del Niño

‘Somos culpables de muchos errores y muchas faltas,

Pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños,

Olvidando la fuente de vida.

Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar.

Los Niños no.

Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando,

Su sangre se está elaborando

Y sus sentidos siendo desarrollados.

A él no podemos responder “Mañana”.

Su nombre es “Hoy”. (Gabriela Mistral)

 

Las asertivas palabras de nuestra insigne poetisa, nos interpelan a todos, ya que encierran una verdad que difícilmente alguien podría impugnar. Nos estremecen sobre todo ahora que los gritos de los niños del Sename, claman al cielo. Conocemos de sobra las escalofriantes cifras, pero muy pocos nombres y caras, a excepción de la pequeña Lissette, que en paz descanse. Números sin rostro, frías estadísticas, que no dan cuenta realmente de la profunda herida que enferma nuestra sociedad, con ramificaciones tipo metástasis, de largo plazo y amplio alcance.

Más debate y escándalo parecen provocar las traiciones y zancadillas al interior de un conocido partido político, que la traición máxima que se puede hacer a la patria: la postergación, abandono y violencia hacia nuestros niños. Una nueva muestra de las trastocadas prioridades y la mirada cortoplacista, que endurece nuestros corazones en la búsqueda de mantener y aumentar posiciones de poder, beneficios o privilegios, el placer y la comodidad, antes que hacernos cargo de la tarea más noble y necesaria que como sociedad, como personas y como padres podemos desarrollar en esta vida.

Quienes somos padres podemos apreciar el impacto que tiene en nuestros hijos cada cosa que hacemos y decimos. Como sus ojos inquietos todo lo observan, sus preguntas constantes, sus corazones puros, sus mentes influenciables. Verdaderamente están a merced de lo que hagamos con ellos, su autoestima y visión del mundo y de los demás, marcada por sus primeros años de vida. Algunos, más resilientes, de adultos serán capaces de resignificar sus experiencias negativas, valorar las positivas y mantener una mirada esperanzada. Otros, la mayoría, lamentablemente, quedarán marcados y dañados de por vida.

El abandono y el atropello a los derechos básicos de nuestros niños no sólo se dan al interior del Sename. También la encontramos en las familias, a lo largo del país y en todas las capas sociales. Duele una cierta mirada instalada que ve a los niños como un obstáculo a la libertad y al pleno desarrollo de los adultos, de sus padres. Una mirada anti-vida que se centra en el individualismo, materialismo y hedonismo que confunde la libertad con libertinaje. Una mirada que sobrevalora el éxito laboral y menosprecia la dedicación a la familia. Y que sugiere que aquello que vale es lo que se mide y en cambio “lo que no se mide, no existe”.

¿Queremos una sociedad unida, solidaria, pacífica, donde reine la confianza? No nos encaminaremos a ésta con más foros y debates, ni con más promesas políticas. Cuidar, amar y educar a nuestros niños es el camino. Todo lo demás son parches, que no curan la causa de la herida.

No nos contentemos sólo con un regalo para nuestros hijos en este día del niño, o con llevarlos a almorzar alguna comida chatarra este domingo. Comprometámonos a dedicarles tiempo, para escucharlos, para jugar, para contemplar, para conversar. Comprometámonos con la infancia de nuestro país, conociendo a las diversas instituciones que ayudan a los niños y familias vulnerables y viendo como podemos aportar. Podemos participar este sábado 5 a las 11 am de la gran marcha por los niños del Sename. Ésta es convocada por un grupo a político organizado de la sociedad civil, que estremecido por la desidia de las autoridades, que han postergado una vez más a nuestros niños para priorizar la ideología y el beneficio político de su sector, invitan a todos los ciudadanos y las familias que comparten esta preocupación a participar.

Si los niños no marchan los adultos debemos marchar por ellos. No podemos aflojar en la determinación de visibilizar la realidad de quienes son nuestro futuro. Una decidida presión para que los candidatos a la presidencia tomen en serio esta demanda, que brota de lo más profundo del alma de Chile y que es más urgente que cualquier otra problemática social. ¡Los niños no pueden esperar

 

 

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¿Quiere tener un conflicto socioambiental? Entonces cumpla sólo con la ley

Lo que hemos visto estos días sobre la oposición de la autoridad local y habitantes de Til-Til al relleno sanitario es precisamente un conflicto socioambiental, un choque que se genera cuando hay actores públicos y privados con visiones e intereses contrapuestos sobre el uso de un territorio.

Al igual que ha ocurrido anteriormente con conflictos de esta naturaleza, vemos la influencia casi nula de la ciudadanía en la definición de los planes marco y planes reguladores comunales, cuando estos precisamente definen cuáles serán los usos que se le dará a los territorios y cuando, por ley, debieran consultar a los habitantes de una comuna, para conocer sus intereses y necesidades frente a la construcción o emplazamiento de un proyecto. Sin embargo, el primer problema es que, de igual manera, el resultado de esta consulta no influye, salvo raras excepciones, en forma sustantiva a la decisión en cuestión.

El segundo problema ocurre cuando un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tal como lo hizo el relleno sanitario de Til-Til. Bajo el SEIA la ciudadanía tiene 60 días para enviar sus observaciones al proyecto por escrito, porque la ley ni siquiera establece la obligación de realizar una consulta presencial con los grupos que se verán afectados por el proyecto. Esto significa, nuevamente, poca oportunidad de influir, como la gente de Til-Til, que se hizo parte de las instancias formales de participación pero lograron poca incidencia en la decisión de la autoridad ambiental.

Es por tanto urgente modificar la normativa actual para que se incluyan instancias y procedimientos que den certeza a la ciudadanía de que sus intereses y propuestas serán debidamente consideradas por la autoridad y que ésta rendirá cuenta de su decisión con diligencia a los actores más afectados por ella.

En esa línea, hay 26 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile, que están negociando un acuerdo sobre el derecho a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. El borrador de este convenio propone en materia de participación, que ésta debe iniciarse en forma temprana con los actores directamente afectados por un proyecto. Además establece que el Estado tiene la obligación de convocarlos proactivamente, de entregarles la información del proyecto tomando en cuenta sus características socioculturales y de tomar en consideración sus intereses al momento de decidir, además de fundar esta resolución.

Esperemos que este convenio sobre el “Principio 10” de los frutos esperados y que cuando entre en vigor Chile, como país signatario de éste, realice los cambios necesarios para mejorar los procedimientos de participación que indica la legislación.

Hoy con solo cumplir lo que la ley establece es una receta casi segura para crear conflictos.

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¿Son más caros los alimentos saludables?

En Chile, como en el mundo, hay interés por entender las barreras que enfrentan los hogares para acceder a una canasta de alimentos saludable. En el 2015, en un Estudio del Ministerio de Salud, CEPAL y la OPS determinó que un 27,1% de la población en Chile tiene dificultad de acceso, en base al ingreso, a una canasta de alimentos de calidad en términos nutricionales. Por su parte, el estudio Chile Come Sano (2017) de Jumbo GfK Adimark, que abarcó a más de dos mil personas, identificó que las actividades extraordinarias y el precio son las principales barreras para alimentarse saludablemente que señalan los chilenos. En resumen, el poder adquisitivo de los hogares, es decir, la relación entre precio de los alimentos y el nivel de ingreso, es potencialmente una de las mayores barreras de acceso de alimentos saludables que enfrentan las familias.

Cada cierto tiempo en el debate de políticas públicas alimentarias se escuchan argumentos, en un sentido o en otro, respecto de que comer saludable sería más barato que comer poco saludable. Por alimentos saludables entendemos frutas, verduras, legumbres y carnes y lácteos de bajo contenido graso. En cambio, los alimentos poco saludables serían aquellos altos en calorías, grasas o sodio.

Un pollo entero, una lechuga y dos tomates puede representar un almuerzo para cuatro personas por menos de seis mil pesos. Sin embargo, cuatro hamburguesas con queso podrían tener un precio mayor. Con ello, demostraríamos que comer saludable podría ser más barato que comer poco saludable. Sin embargo, este simple análisis puede caer en sobre simplificaciones que no toman en cuenta nuestra vida cotidiana.

El pollo entero y las verduras, a diferencia de las hamburguesas, corresponden a alimentos que deben ser preparados para ser consumidos. Es decir, en el cálculo del precio total del almuerzo deberíamos incluir el gas, uso de utensilios de cocina y tiempo. En cambio, las hamburguesas con queso corresponden a un alimento listo para ser consumido. Hay al menos tres factores que hacen una diferencia relevante entre un alimento saludable y uno poco saludable: su composición nutritiva, tiempo de preparación y la conveniencia (fácil acceso).

La alimentación saludable generalmente incluye productos frescos de más difícil y costosa preservación (por ejemplo, refrigeración), más breve vida útil, y muchas veces, por su alto contenido de agua y fibra pueden saciar menos que un alimento más denso y altamente energético. Sumado a ello, comer saludable implica un mayor tiempo en preparación de los alimentos y los alimentos saludables tienden a ser de más difícil acceso. En resumen, es esperable que un almuerzo a base alimentos saludables tenga un precio mayor que uno a base de alimentos poco saludables.

Entonces, ¿cómo comer saludable y cuidar el presupuesto? El secreto parece ser tan sencillo como antiguo. Planifique sus comidas y snacks entre comidas, cocine usted mismo sus alimentos (así sabrá con mejor certeza lo que come) y prepare su propio almuerzo saludable en día anterior. De esta forma, con estos tres simples consejos no solo estará comiendo más saludable y cuidando su presupuesto, sino estaremos creando un ambiente más saludable en nuestros hogares y trabajos, y mostrando un ejemplo positivo a nuestros hijos.

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