Óscar Contardo's Blog, page 96

Servicio público de calidad: fin a los incentivos perversos

No somos Canadá, Australia, Nueva Zelanda ni Reino Unido. Esos países están en los primeros lugares del ranking de los mejores servicios públicos del mundo acuerdo a la Universidad de Oxford. Sin embargo, hace pocos días se publicó una sorprendente noticia: la totalidad de los servicios públicos chilenos que participan en el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), lograron en 2016 el 100% del incentivo institucional por haber cumplido todas sus metas, por sobre el 90%. En la práctica, este incentivo significa obtener un bono correspondiente al 7,6% de sus remuneraciones, lo que equivale a casi un sueldo adicional anual.

Según un estudio del Banco Mundial (2008) este incentivo le costaba al erario nacional U$80 millones anuales, de los cuales nada menos que el 40% se destina a la mera administración del sistema para producir y monitorear los propios indicadores.

Es difícil comprender que instituciones como la Dirección de Obras Públicas (Puente Cau Cau), la Subsecretaría de Prevención del Delito (primera prioridad en las preocupaciones ciudadanas) o el Sename (con múltiples casos de vulneración de derechos en infancia), puedan estar dentro de este listado de excelencia en el desempeño.

Hace años que diversos estudios –del Consorcio de Reforma del Estado,  Banco Mundial y Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, por mencionar algunos– han señalado que el sistema PMG está desvirtuado. El aumento del tamaño del PMG en el tiempo  y su vínculo con los indicadores de desempeño, ha derivado en incentivos perversos.

Se podría entender la lógica aspiración de los empleados públicos a una mejora en sus remuneraciones, y con ello, la manipulación de las metas para hacerlas cumplibles. Sin embargo, lo que más llama la atención es que esto ocurra y sea avalado por instancias oficiales a través de comités técnicos, comités triministeriales y otros procesos de análisis interno de otras autoridades del sector público. Hay una lección aquí,  que  ya la conocemos por un popular dicho, “no hay que culpar al chancho, sino al que le da el afrecho”. En el caso de los PMGs, también es posible cuestionar a las autoridades que conociendo las perversiones de este mecanismo, no introducen los cambios necesarios y con su omisión amparan estas prácticas.

Es imperioso mejorar la gestión del Estado y la calidad de nuestros servicios públicos, con mecanismos y estrategias renovadas. Por ejemplo, desde diversos sectores se ha señalado que las subsecretarías estarían cumpliendo un rol principalmente político y no de coordinación de la gestión de los servicios que dependen del ministerio en la cual está inserta, tal como en teoría lo mandata la ley. A través de la iniciativa Chile Gestiona, el año 2011 se inició un proceso para trabajar en este sentido y actualmente la subsecretaría de Hacienda está asumiendo este propósito al interior del ministerio, así como en otras reparticiones. ¿Habrá llegado el momento de darle la prioridad que se merece al mejoramiento de la gestión pública?

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Una trágica advertencia

La costa del Sudeste de Texas está experimentando un desastre de proporciones épicas. La ciudad de Houston, la cuarta más poblada de los Estados Unidos, está literalmente bajo el agua desde el pasado domingo. En algunas de las declaraciones realizadas por FEMA, la agencia federal para las catástrofes, se sostuvo que se necesitarán dos años de trabajo para poner a toda la zona nuevamente de pie. Huelga decir que, incluso en el país más rico del mundo, les costará juntar todos los recursos para la reconstrucción.

Normalmente muchos dirían, bueno les tocó. Serían resignados en aceptar lo fuerte del poder que tiene la naturaleza, que días antes había hecho lo mismo con nuestros compatriotas de la isla grande de Chiloé. Aunque distintos en sus efectos, el mismo es el resultado. Las calles transformadas en ríos. Solo circulan botes y lanchas donde antes estuvieron los automóviles. Pero es impresionante, en la ciudad tejana. Este es un lugar acostumbrado a vivir en la frontera del conocimiento y altos grados de desarrollo. Más que mal es una de las sedes principales de la NASA y es conocida por hospitales donde se desarrolla la ciencia biomédica. Los expertos sitúan a Houston como una ciudad moderna.

Es verdad, y a pesar de todo, les tocó. Sin embargo, no solo fue el azar o mala suerte. Es mucho más que eso. Lo que hemos cultivado como humanidad tiene su resultado en este desastre. Esta catástrofe humana y ambiental tiene su razón de ser en el cambio climático y el calentamiento global. Es ahí donde se puede encontrar la fuerza y furia de la respuesta que la naturaleza dio. Lo más impresionante es que se da en un lugar del mundo donde abundan quienes niegan el cambio climático. Una comunidad acostumbrada al uso de combustible fósil ilimitado y a los beneficios del desarrollo. Es por lo tanto una tragedia que nos tiene que hacer pensar a todos, más allá de las fronteras de Estados Unidos. Es una prueba más para la democracia más avanzada del mundo.

Por lo pronto, no podrá la administración del Presidente Donald Trump seguir negando lo evidente. El cambio en los patrones del clima y el aumento de la temperatura son una realidad indesmentible. Tenemos que pensar qué política tienen nuestros países frente a los combustibles fósiles y la necesidad de aumentar la matriz de energía renovable.

El uso de electricidad en automóviles, y otras vías para calefacción, industria y otros se hace una de las primeras urgencias para la próxima década. No hay tiempo para más. Noruega o el Reino Unido han eliminado autos con gasolina en fecha determinada. Cómo avanzaremos en el futuro es tema fundamental. Debemos pensar que las relaciones internacionales, la economía y el derecho tienen que ponerse al día con este imperativo. En Chile no hemos dimensionado completamente lo que ha ocurrido en estos días del verano en Texas. Esta fue una advertencia, una trágica advertencia.

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Hito del matrimonio igualitario

La historia de los derechos civiles en Chile ha tenido un largo y lento camino. Y como en todas las grandes conquistas en el mundo, ha habido personas que se han puesto de uno y de otro lado de la historia. Para cada avance social que ha existido, ha habido quienes han tomado acción frente a las injusticias y han impulsado los cambios, mientras otros han querido perpetuar el statu quo, negando el reconocimiento de derechos.

Así ocurrió a principios del siglo pasado, cuando las sufragistas chilenas comenzaron a exigir ser ciudadanas en igualdad de condiciones, luchando por el elemental acceso al voto; o cuando, en 1988, los ciudadanos y ciudadanas pudieron decidir si continuaba la dictadura de Pinochet o se llamaba a elecciones libres. Luego, en plena democracia, el debate se concentró en terminar con la discriminación estructural impuesta por la figura de hijos naturales e ilegítimos, en la discusión de si los chilenos y chilenas se podían divorciar y en la unión civil.

En todas estas batallas, no faltaron las voces que cuestionaban la urgencia de tales reformas, diciendo que Chile no estaba preparado para los cambios que proponían y que, al contrario, expondrían al país al caos, el desorden social y la destrucción de la familia. Sin embargo, la historia nos demostró que nada de ello ocurrió.

En ese contexto, el proyecto de matrimonio igualitario, presentado este lunes por la Presidenta Bachelet, se instala como la más reciente de las luchas en la conquista por los derechos civiles. El inicio de su tramitación es el primer paso para contar con una ley que terminará con el impedimento de parejas del mismo sexo a casarse. Nos han dicho que el país no está listo, que se destruirá el concepto de familia, que para qué buscar el matrimonio cuando ya existe la unión civil; y es seguro que, en el camino de la tramitación legislativa, escucharemos viejas amenazas sobre consecuencias de la aprobación de esta ley, las que no han ocurrido en ninguno de los países donde ya se ha aprobado esta legislación.

Es por esta razón que es clave que el gobierno continúe con una voluntad política firme y asegure la discusión del proyecto, poniéndole las necesarias urgencias legislativas para que, al menos, veamos aprobada la idea de legislar en esta administración. Las organizaciones de la sociedad civil nos preocuparemos de empujar estas voluntades.

La invitación es a sumarse a esta nueva historia en la conquista de derechos civiles. Una historia que terminará con la diferenciación de instituciones en la ley civil y que abrirá nuevas posibilidades para miles de personas de casarse con la persona que aman, formando una familia en igualdad de condiciones que el resto de los chilenos. Son esas historias, las de ciudadanos de a pie, las que quizás no aparecerán en los libros, por las que nos debemos jugar y dar la pelea.

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Chile avanza en la lucha contra el cibercrimen

El 1 de agosto de 2017 nuestro país se convirtió en el primer Estado de Sudamérica en ser parte del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el Convenio de Budapest. Con ello se logró uno de los principales objetivos del gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de la lucha contra el cibercrimen. Se finalizó de esa manera un proceso que comenzó en junio del año 2009 cuando el Consejo de Europa invitó a Chile a ser parte de dicho acuerdo.

El Convenio de Budapest (2004) es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata en particular de las infracciones de derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad en las diversas redes informáticas.

¿Qué significa para nuestro país ser parte de este Tratado? En principio, podrá tener acceso al intercambio de información sobre delitos en el ciberespacio. Asimismo, podrá acceder a la cooperación internacional en materia de capacitación y entrenamiento para enfrentar el flagelo del cibercrimen.

Nuestro país no es ajeno a esta amenaza. Basta recordar las consecuencias generadas por el ransomware WannaCry, cuyo ataque el 12 de mayo del presente año llegó a infectar a más de 230.000 mil computadores en más de 150 países, incluyendo Chile. Hechos como éste confirman el carácter transnacional de los ciberataques; especialmente los relacionados con las estafas informáticas y el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, entre otros, dejando en evidencia que el ciberdelito es hoy en día una de las más serias amenazas a la seguridad internacional.

Es por ello que el gobierno tomó la decisión de trabajar en una Política Nacional de Ciberseguridad, lanzada por la Presidenta Bachelet el 27 de abril de 2017. En dicha ocasión, además, se firmó del decreto de promulgación del Convenio de Budapest.

Con el establecimiento de una Política Nacional de Ciberseguridad y la firma de este convenio, Chile formará parte de un grupo de países líderes en sus respectivas regiones en materia de ciberdelito, lo cual conlleva asumir responsabilidades tanto en el plano interno como en el ámbito internacional, tipificando conductas delictuales y cooperando con otras naciones en el combate contra la ciberdelincuencia.

Otro beneficio inherente a ser parte de este convenio es el de fortalecer la cooperación público-privada. La Convención de Budapest reconoce “la necesidad de cooperación entre los estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información”.

Ser parte de este convenio le permitirá al país planificar sus acciones con una mirada más estratégica y prolongada en el tiempo, en un esfuerzo que busca acceder y perfeccionar las herramientas legales y técnicas disponibles que apuntan a combatir las nuevas formas de crimen en Internet y las comunicaciones digitales.

La entrada de Chile al Convenio de Budapest es un paso concreto que refleja la voluntad del gobierno de la Presidenta Bachelet de generar políticas que ayuden a proteger a las personas, desarrollando un ciberespacio abierto, libre y seguro.

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Dominga: un proyecto bien rechazado

Muchas han sido las críticas que ha recibido el Comité de Ministros por el rechazo al proyecto Dominga. Tanto Andes Iron, como gremios empresariales y algunas autoridades han cuestionado la decisión, pero sin considerar los antecedentes que llevaron a este rechazo, a nuestro juicio, de manera justificada.

La evaluación ambiental tiene una serie de pasos establecidos por ley. En términos simples, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es la entidad encargada de gestionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual, además del titular de un proyecto, participan organismos públicos y la sociedad civil, quienes pueden entregar sus observaciones. Luego de todo ese proceso, el SEA emite un Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el cual es una recopilación que contiene los antecedentes del proyecto, una síntesis de los impactos ambientales y las medidas de mitigación, reparación y compensación, además de las observaciones de los servicios públicos y de la ciudadanía. En ese documento, el SEA recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental, aprobar o rechazar, entidad que tiene la facultad de aceptar o no la recomendación.

En el caso de Dominga, el SEA de Coquimbo recomendó aprobar, pero sin embargo este informe no reflejó las observaciones realizadas por una serie de organismos que reiteradamente expusieron que la empresa no aseguraba la mitigación de impactos, además de carecer de información básica en su línea de base. Estas omisiones fueron claves para que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazara el proyecto Dominga en marzo de 2017.

Sin embargo, todo debió finalizar antes. El SEA regional, teniendo todas las facultades, pudo haber puesto término anticipado al proyecto en 2013. Andes Iron, desde un inicio, no evaluó los impactos que la construcción y posterior funcionamiento de la mina y el puerto tendrían sobre el medio ambiente marino. Cuando un proyecto no proporciona una línea base, es decir, un estudio que detalle el estado inicial del área donde pretende instalarse, una descripción de la flora y fauna, los potenciales impactos, la autoridad puede dar por terminado el proceso por falta de información. No obstante, el SEA permitió que la minera subsanara su estudio de impacto ambiental de manera parcelada, lo cual fue advertido en reiteradas oportunidades por los organismos con competencia ambiental, Oceana y otras organizaciones. 

El rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo no hizo más que corregir un mal trabajo del SEA regional. Tras la resolución, el titular apeló a la decisión, la cual fue analizada por el Comité de Ministros que solicitó informes a 14 servicios del Estado, los cuales fueron progresivamente haciéndose públicos hasta el viernes anterior a la votación. De ellos, nueve daban cuenta de reparos al proyecto, muchos de los cuales el SEA no había incluido en el ICE. Con esos antecedentes, el Comité de Ministros confirmó el rechazo decretado en marzo.

En conclusión, sobraron argumentos técnicos para rechazar Dominga. Sin embargo, la evaluación de proyectos no se limita únicamente a la revisión de estos aspectos, sino que además abarca una ponderación valórica, y que responde al mandato constitucional que tiene el Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

 

 

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La falacia de las cuotas en la elección

La noche que terminó el plazo para  inscribir las diferentes candidaturas presidenciales, parlamentarias comenzó una carrera inédita. Estaremos frente a una elección muy distinta a todas las que hayamos tenido en la historia de Chile. Será la primera que incorpore en conjunto todas las reformas que se han realizado al sistema electoral en los últimos años. Será la primera con voto voluntario, inscripción automática, financiamiento público de los partidos políticos, fin del sistema binominal e incorporación de la cuota de género.

Esta última reforma establece que, de manera transitoria los pactos políticos no podrán superar un 60% de hombres ni mujeres en la conformación de sus listas parlamentarias, es decir, que no puede existir un porcentaje inferior al 40% de candidatas mujeres en la nómina de candidatos de una lista parlamentaria. Es por esta simple razón que hemos leído en varias portadas de diarios y escuchado a la Ministra Narváez celebrar el explosivo aumento del porcentaje de mujeres candidatas para la Cámara Baja, pasando desde un 19% en la elección de 2013 a un poca del 40%.

La prudencia nos invita a sacar cuentas una vez realizadas las elecciones. En especial en el tema de cuotas. Pareciera que la efectividad de dichas candidatas para transformarse en diputadas se verá afectado por otro elemento del sistema electoral chileno: la lista abierta. Si uno analiza, más detenidamente y no con números macros, la gran mayoría de los distritos con candidatas mujeres poseen diputados que van a la reelección,  a los que será difícil derrotar con las nuevas reglas y nuevos tamaños distritales.

Al parecer los partidos políticos rellenaron cupos en vez de buscar candidatas competitivas. Un ejemplo claro de esto es la Candidata DC al Senado por Arica, ella ha declarado estar llenando un cupo y no ser una candidata competitiva. Cuando observamos la evidencia comparada en América acerca de la relación entre la existencia de una cuota de género a nivel de candidatos y la representación de la mujer en el congreso de cada país, nos encontramos con una particularidad que vale la pena destacar: todos aquellos países con cuota de género y sistemas de representación proporcional de listas abiertas exhiben tasas muy inferiores de representación de la mujer que aquellos países con sistemas de listas cerradas, que hubiese sido un buen sistema si lo que se buscaba realmente era aumentar la participación de mujeres en el Congreso.

Es por esto que las cuentas alegres corresponde sacarlas el día 19 de Noviembre cuando podamos contrastar empíricamente la efectividad de esta reforma, y no caer en de manera anticipadamente en la falacia de las cuotas.

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No frenemos la migración

La semana pasada el Gobierno envió al Congreso el nuevo proyecto de ley que regula la inmigración. El solo hecho de hacerse cargo del problema ya es muy bueno. Sin embargo, siempre surgen a este propósito ideas de cerrar fronteras y buscar modos de frenar el ingreso de extranjeros.

Hace unas semanas visité el campamento Unión, Fuerza y Esperanza ubicado en Alto Hospicio. En el lugar, conocí a Wilson, un joven de 26 años de nacionalidad boliviana, quien me contaba que antes de llegar al campamento tenía que pagar 200 mil pesos por una pieza que compartía con otras personas, donde se les cobraba 3 mil pesos para ducharse y tenía que esconder su dirección y nacionalidad, porque si decía que era boliviano y vivía en un campamento no conseguía trabajo. Esta es una muestra típica de rechazo al migrante.

Este golpe de realidad me hizo pensar que obstaculizar las acciones humanas a veces es una pésima idea. Desde hace miles de años, en diferentes épocas y culturas, el ser humano ha prohibido determinados actos que dañan a las personas o las relaciones entre ellas bajo la promesa de castigos. Ejemplo de ello son nuestros códigos penales en países o instituciones. La teoría dice que si el castigo es suficientemente grande en relación al posible beneficio, las personas lo evitarán comportándose en la dirección que se pretende, haciendo un simple cálculo racional.

El caso de la migración es similar. Hay que examinar muy bien qué motiva el desplazamiento de las personas de un país a otro, porque si hay una necesidad humana muy básica, no importan las penas que se prometan: las personas migrarán igual. Quienes llegan a nuestro país han tenido que dejar atrás redes, familia, historias y amigos. La necesidad debe ser muy grande.

El problema es que cuando se obstaculiza la migración y la motivación es tan básica y profunda, lo harán de cualquier modo, pero en condiciones mucho más precarias: por pasos no habilitados, sin documentos, sin que el Estado receptor lo sepa, en condiciones de riesgo de la vida por el clima, o bien siendo presa fácil de los coyotes o del tráfico de personas. Pretender frenar acciones motivadas por necesidades fundamentales es muy difícil y precariza la vida del migrante.

El actual proyecto de ley enviado por el gobierno promete avanzar en la dirección correcta, en cuanto incorpora las convenciones internacionales suscritas por Chile y declara la importancia de reconocer derechos sociales. No obstante, el derecho a una vivienda digna sigue siendo un ámbito que queda fuera de este proyecto de ley. Según cifras de la Casen 2015, de los 465.319 migrantes que actualmente residen en Chile, un 25% vive en situación de hacinamiento.

Tenemos que reconocer que la migración es una riqueza. Un país donde todos son iguales tiene pocas ideas novedosas y una visión de mundo estrecha, empieza a creer que todos debieran ser como él y que el resto está equivocado. Un país así limita seriamente sus posibilidades de desarrollar humanamente a sus habitantes.

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Con el tas a seis puntos de rusia

Tenía miedo. Mucho. Fundado por el peso de Argentina, de los auspiciadores y de la mano de la FIFA. Tenía miedo por la argumentación ridícula con que le levantaron el castigo a Messi. Se le protegió diciendo que no le gritó al árbitro siendo que la cámara mostró que lo garabateó hasta quedar sin aire. Un mundial sin Lio es un desastre para Rusia. Hasta Vladimir Putin se angustiaría sin la foto con el mejor del mundo.

No era fácil ganar. Pelea dura y con luchadores que aguantan más que los cuatro round que soportó Conor McGregor. Presionaron varias selecciones, Chile no luchaba solo contra Bolivia. Al carro rival se subieron todos los que podían masticar una tajada. La conveniencia era para Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador y Argentina. Muchos soñaban con dos puntos menos para Chile, con la roja en repechaje y con Jorge Sampaoli, hoy albiceleste, en zona de clasificación.

No está Julio Grondona, no está Joseph Blatter y todo caminó bajo normalidad. Nada más. No hubo manos negras. Se respetó el fondo del argumento de Chile y eso tiene un valor. Acá se incumplió la normativa de la FIFA respecto a la nacionalidad de Nelson Cabrera. Punto. Chile defendió una tesis con brillantez y pudo callar a todos los dirigentes que ya nos veían mirando la tabla hacia arriba. Gran punto para la ANFP. Se peleó con fundamento, sin lobby y sin dinero de por medio. Chile ganó con las manos limpias y eso tal vez hace un tiempo era casi imposible.

Ahora la misión es sumar seis. Con 29 puntos ya estamos en la lista corta. Ganando a Paraguay y Bolivia, aseguramos repechaje y con algún resultado que nos beneficie estamos arriba del avión en septiembre. No quiero extender todo y tener que definir con Brasil en su casa en la última fecha. Aunque Brasil ya tenga hotel en Moscú, nunca voy a querer encontrarme con ellos en una final. Es un riesgo innecesario.

A propósito de riesgo, quiero tocar el caso de Vidal. No soy santo y no pienso serlo. Errores cometo todos los días. Perfecto no soy y no me interesa asumir esa condición. Arturo Vidal condujo su vida en el día libre como él determinó. El es dueño de su destino, él traza su camino. Carabineros públicamente dijo que no lo vio en el casino, él reconoció que fue, comió y se retiró. De sus amigos dijo que no se puede responsabilizar y tiene toda la razón. Yo no le puedo prohibir a Vidal que disfrute del casino, no le puedo limitar su vida a cuatro paredes, no le puedo decir que haga lo que uno cree correcto. Él, como adulto y profesional, conduce su vida por la ruta que desee.

Tal vez, yo más perno o viejo, me hubiera quedado en mi casa a tres días de un partido clave, porque creo que el deporte de elite tiene que mirarse bajo esa perspectiva y más encima cuando tengo el régimen de la selección chilena. Somos distintos y Vidal lo sabe, ya lo hablamos después del choque en la Copa América. Arturo Vidal, para mí el mejor volante del mundo en su puesto, en su día sin ataduras puede hacer lo que quiera mientras no le falle a su técnico, a sus compañeros, a él y a su país. No se olviden, con seis estamos.

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No + AC

En Venezuela también aplica eso del “cada día puede ser peor”. Recientemente la Asamblea Constituyente (AC) ha intentado despojar de todo el poder al parlamento democráticamente elegido. La movida ha provocado el rechazo de muchos. El gobierno chileno lo ha cuestionado pudorosamente; la Cámara y el Senado han sido más contundentes aprobando proyectos de acuerdos que solo recibieron la oposición del PC y el Frente Amplio.

Conviene preguntarse si lo que ha pasado en Venezuela podría repetirse en Chile en caso que, como quieren algunos, se convoque a una AC. Lamentablemente la respuesta es afirmativa.

Convocar a una AC para modificar la Constitución se empezó a popularizar en torno al 2011 cuando, silenciados por las marchas, casi nadie desde la izquierda se atrevió a inyectar razonabilidad a los gritos de la calle. Con eso se derrumbó la Concertación, el orgullo por la transición, la política de los acuerdos, la defensa del modelo y también la Constitución y sus reformas. Y surgió la Nueva Mayoría, la retroexcavadora, el igualitarismo chato (“los patines”) y el grito por una AC. No hay que olvidar que José Antonio Gómez, como candidato a la primaria el 2013, vociferaba a favor de ella. Y que Bachelet, inspirada en esa culpa que la atraviesa, nunca la ha cuestionado.

Pero la experiencia de Venezuela nos debiera enseñar, de una vez, que la AC no es un camino para el cambio constitucional. Ello no solo porque es una forma de profundizar el divorcio entre ciudadanía y política; o porque en la historia de Chile, como ha mostrado Sofía Correa, las reformas constitucionales más exitosas han sido fruto del acuerdo que se logra en los congresos. También porque el camino que está siguiendo Venezuela perfectamente podría replicarse en Chile en caso de convocarse a una AC.

¿Exagero? Para nada; de hecho ya hay algunas similitudes. Una de ellas es que allá, como quisieron algunos acá, la AC se impuso por medio de la trampa de un “decretazo”: la Constitución de Venezuela exige que una AC sea convocada por un referéndum pero a Maduro le bastó un decreto (que entre otras cosas llama a “constitucionalizar las grandes misiones socialistas (…) hacia un Estado de la Suprema Felicidad Social”).

Pero la similitud más compleja podría darse al instalarse la AC. Por definición, el poder de ella no tiene límites pues es la expresión del constituyente originario que la ubica por sobre los poderes constituidos. Dicho de otra forma, su poder se instala sobre el Congreso, jueces y el propio Presidente. Por eso, como supuesta expresión originaria de la ciudadanía, una AC chilena podría repetir la historia venezolana y enfrentarse al Legislativo al romper con los límites del mandato original.

Hay que celebrar que tanto congresista chileno que ha coqueteado con la AC se haya pronunciado en contra de la venezolana. Los mismos argumentos que inspiran ese rechazo debieran motivar un no + AC en Chile.

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Bases Ciudadanas

Siempre me ha parecido sospechosa la tesis según la cual los proyectos sobre temas importantes para el país no debieran discutirse en tiempos de elecciones. ¿De qué discutimos entonces durante las campañas? ¿Qué candidato o candidata comete menos gaffes? ¿Quién tiene el mejor currículum? ¿…el mejor jingle o lema? Detrás de este propósito de vaciar de contenido la política democrática hay, probablemente, una profunda desconfianza sobre la capacidad de la ciudadanía para procesar razonablemente sobre estas cuestiones y la esperanza que ellas sean abordadas después, una vez que haya pasado el “griterío de la chusma” por algún comité de expertos “desinteresados”. La verdad es que si existe un momento adecuado para debatir entre todos sobre los grandes temas de la política es precisamente cuando nos aprestamos a definir nuestros futuros gobernantes.

Pensando, como pienso, que el problema constitucional es un asunto importante, animo, entonces, a las candidaturas a que discutan sus posturas al respecto. Y así, los que creemos que a Chile le beneficiaría una nueva Constitución debemos explicar en qué medida un pacto político generado democráticamente reforzaría la legitimidad de nuestra República. Quienes defienden la actual Constitución, por su parte, deben hacerse cargo con argumentos, y no con campañas del terror, de las críticas fundadas que se hacen a la forma y fondo del arreglo institucional que nos rige.

Ahora bien, y dicho lo anterior, quisiera explicar por qué he llegado a la conclusión que la Presidenta de la República debiera postergar hasta después de las elecciones el anuncio del proyecto de nueva Constitución, que recogerá los acuerdos básicos (Bases Ciudadanas) a que llegaron las 200.000 personas de distintas ideas que participaron en los diálogos ciudadanos durante 2016. Si lo que se va a dar a conocer es simplemente un proyecto con las ideas constitucionales de la Presidenta, o de sus ministros, nadie podrá discutir el derecho del gobierno a presentarlo cuando quiera y como quiera. Y a hacer de él una bandera legítima de lucha electoral. El punto es que el proyecto del que hablamos no es de un grupo político. En éste se recogerán, así se ha dicho, las conclusiones de un universo de personas con muy diferentes visiones. Las Bases Ciudadanas pueden constituirse en un referente valioso para la deliberación constitucional. Para que eso ocurra, sin embargo, parece necesario ponerlas por encima de consideraciones de corto plazo o contingentes. Más allá de que puedan servir, o no, para poner a la derecha a la defensiva, las Bases Ciudadanas están llamadas a ser un punto de convergencia donde pudieran confluir personas que votarán por Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera, Carolina Goic, Alejandro Guillier u otro. Cuidémoslas.

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