Óscar Contardo's Blog, page 92

Política, ciencia y posverdad

En Abril de este año casi 3.000 personas asistieron a la Marcha por la Ciencia en Santiago. Lo mismo ocurrió en otras 600 ciudades alrededor del mundo. ¿El objetivo?  Protestar para que la ciencia sea parte de decisiones políticas.

Hoy por hoy existen grupos en la sociedad civil que entre otras cosas promueven una vida saludable, asegurar una buena alimentación, cuidar el medio ambiente, proteger nuestros recursos.  ¿Quién podría estar en contra de esto? El problema es que los argumentos utilizados para apoyar u oponerse a temas específicos generalmente no están apoyados por la evidencia científica. Y aquí está el origen de un problema mayor, ya que buscando provecho político muchos de nuestros parlamentarios y autoridades optan por comunicar y conectarse con la gente y estas causas, a través de mensajes simples y emotivos sin importar si la ciencia apoya sus dichos. Esto ha llevado a que en diversas ocasiones  se ha relativizado la información científica primando creencias populares y mitos urbanos, lo que conocemos hoy como posverdad. Este concepto que se ha popularizado en el último tiempo ha sido definido como “las circunstancias en las que los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales”. Esto no es reciente y ha influido e inducirá a errores en la toma de decisiones.

En ciencia la verdad absoluta no existe, pero si existen los hechos que conforman la evidencia que permite tomar decisiones. Los ciudadanos, en general, no tienen porque saber y compartir lo que los expertos y el consenso científico, libres de emociones, dicen en relación a distintos temas técnicos. Sin embargo, es responsabilidad de los políticos y autoridades tomar decisiones basadas en evidencias y hechos, donde prime el bien común y el interés público, por sobre cálculos respecto al propio futuro político y el aplausómetro popular.

¿Cómo es posible que aún haya parlamentarios que de manera contraria a la evidencia científica insisten en comunicar que las vacunas producen autismo? ¿Cómo puede haber autoridades que abiertamente digan que los transgénicos no han sido estudiados y que son un peligro para la salud y el medio ambiente? ¿Cómo es posible que existan personajes públicos que promuevan prácticas médicas no reconocidas o remedios mágicos?

Las últimas semanas hemos sido testigos de varios ejemplos de lo anterior. Por un lado el Servicio de Evaluación Ambiental autoriza un proyecto de desarrollo pero las autoridades políticas lo rechazan. ¿La institucionalidad técnica no sirve?. Por otro lado en un matinal de Tv se concede amplia tribuna a un médico que realiza recomendaciones contrarias a la ciencia y a todo lo que prescriben sus colegas. Esto muestra la necesidad de exigir mayor rigurosidad a algunos medios de comunicación.

Las personas que no quieren vacunar a sus hijos, o que no desean comer transgénicos o prefieren la medicina alternativa en vez de la tradicional, de manera genuina están preocupadas por su bienestar y deciden según lo que creen mejor. Actúan en base a lo que leen y escuchan, de personas a las que atribuyen autoridad y conocimiento. Por ello, se hace necesario fortalecer la educación en el país y estimular el pensamiento crítico que permita que la evidencia científica y los hechos primen a la hora de tomar decisiones. Debemos exigir los datos, las pruebas y evidencias que sustentan las decisiones.

En Chile carecemos de una cultura científica, y así el ambiente es propicio para la aparición de líderes populistas que nos seducen con mensajes que apoyen o confirmen nuestros puntos de vista meramente emocionales. En los próximos años tendremos que definir cuestiones ambientales, de salud pública, y de alimentación, entre otras, y aunque el conocimiento técnico por si sólo no garantiza que se tomen las mejores decisiones, será importante que tengan espacio en la opinión y decisiones los expertos de cada tema. Expertos de verdad, con credenciales, grados y publicaciones científicas.

Si los científicos no se pronuncian, no participan, o sencillamente no se les considera; se permitirá que las verdades alternativas basadas en emociones, fantasías y mentiras predominen en nuestra sociedad.

¡La política, las comunicaciones y la ciencia se deben unir para derrotar y mantener a raya la posverdad!

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El caso Maldonado en Puelmapu

Por estos días el tema mapuche ha ocupado las primeras planas de todos los medios. No hablo de Chile, hablo más bien de la República Argentina. Crónicas en diario Clarín, reportajes en La Nación, media docena de columnas en Página 12. El pasado domingo fue tema central del estelar televisivo del periodista Jorge Lanata. Hasta en los matinales ha salido el tema a colación. ¿A qué se debe tanto revuelo mediático?

Trata de la desaparición de un joven artesano de 28 años oriundo de la provincia de Buenos Aires y radicado en Esquel, Santiago Maldonado. Se sabe que viajó hasta la provincia de Chubut para apoyar el reclamo de una comunidad que reivindica tierras en manos de la familia Benetton. Si, los dueños de la mundialmente conocida marca italiana de ropa. Y los mayores terratenientes de Argentina.

Allí Maldonado habría participado de un corte de ruta, acción de protesta para exigir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, preso en Esquel y quien es reclamado por la justicia en Chile por causas abiertas en la región de Los Ríos. Aquella protesta fue violentamente reprimida por la Gendarmería Nacional. Consta en varios registros que hubo disparos y apaleos varios. Fue la última vez que se lo vio con vida.

Los mapuche denuncian que Maldonado fue tomado por la policía, torturado y hecho desaparecer. El gobierno niega esta versión, respaldando el trabajo de la Gendarmería. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a calificar como “una locura” la teoría de la desaparición forzada que impulsan sus familiares y organismos de derechos humanos. Ha transcurrido más de un mes entre esos dimes y diretes. Y noticias del artesano, ninguna.

El caso ha golpeado a la opinión pública. Y es que la desaparición de Maldonado toca una fibra muy sensible en un país con escandaloso historial de terrorismo de Estado. Se suma a ello el momento político; el joven desapareció en medio de los primeros comicios que enfrenta el gobierno de Macri, en octubre próximo. La politización del caso fue cuestión de horas. Si hasta Cristina Fernández salió al ruedo buscando acarrear agua para su molino.

Muchos argentinos se han enterado hoy que su país también es tierra de “indios”. Así nos llama el periodista Jorge Lanata. “Indios truchos”, como calificó a Jones Huala y sus seguidores en el estelar Periodismo Para Todos. Lanata llegó a viajar a la cárcel de Esquel para entrevistar en exclusiva al lonko. Y corroborar in situ su delirante teoría de una “guerrilla mapuche” cercana a ISIS, expuesta en una columna del diario Clarín. No le fue muy bien en las tierras de los legendarios Inakayal y Sayweke.

Y es que el joven lonko nada tiene de guerrillero. Ni él ni su grupo. Trata de un puñado de jóvenes -urbanos en su mayoría- recuperando tierras y también la herencia de sus abuelos. Son los nietos del despojo, criados en los barrios pobres de Bariloche y otros pueblos de la Patagonia. Los mueve la memoria, no el materialismo histórico. No buscan la conquista del poder, más bien lo desprecian. Quieren tierras para vivir en paz y a su modo. De la huerta y los corrales. Y no dejar de ser lo que antes fueron sus mayores.

Pero la mayoría de los argentinos opina como Lanata. Aseguran que los mapuche son “invasores chilenos”. De la guerra de ocupación comandada por Julio Roca en la segunda mitad del siglo XIX no dicen ni pio. Desierto. Así llamó la historia oficial al extenso y libre territorio indígena al suroeste de Buenos Aires. Tenía lógica el argumento. Si se trataba de un desierto entonces las millones de hectáreas eran “tierra de nadie”, posibles de apropiar por el fisco y luego repartir entre hacendados ingleses y porteños.

Pero el “desierto” nunca fue un desierto. Hasta tenía una lengua franca; el mapuzugun, el habla mapuche de la tierra. Esta fue por siglos la lengua de la diplomacia, el comercio y también de las guerras inter-tribales que existieron y pocas no fueron. El mapuzugun es la prueba de una ocupación de larguísima data. Basta chequear la toponimia. En las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut sobran los vocablos en nuestra lengua. Son cientos. He aquí un dato irrefutable.

Pero los argentinos insisten que los mapuche son chilenos. Es raro aquello. En Chile el etnólogo Ricardo Latcham aseguró en su minuto que los mapuche éramos todos “argentinos”, descendientes de alguna rama de la cultura guaraní. Y que previo al arribo español habíamos invadido Chile por los pasos cordilleranos. Esto lo tomó más tarde el historiador Francisco Encina y se volvió doctrina oficial en los colegios. Es la llamada “cuña araucana”. ¿No será más bien que Chile y Argentina están en suelo mapuche?

El tema está en el debate público. Aquello siempre será una buena noticia. Y lo será todavía más cuando sepamos qué pasó en verdad con Santiago Maldonado.

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La ciudad compacta

Varios de los últimos debates urbanos han tenido como protagonista a la densidad de nuestras ciudades, es decir, el número de personas que habita en una determinada porción de suelo. La de Santiago, a partir de los datos disponibles, es de 480 habitantes por km2, algunos sostienen que no es tan alta en comparación con países de igual desarrollo, puede ser, lo que sí está claro es lo desprestigiado que está el modelo. Hablar de densificación significa para muchos hacinamiento y mala calidad de vida, pero el problema no es el método, si no lo mal que se ha implementado. Por un lado, está el abuso de la densificación en altura, allí están los ya famosos “guetos verticales” levantados por privados. Por otro, aunque menos rimbombante, lo que podríamos llamar “guetos horizontales” construidos en las últimas décadas por las políticas públicas de vivienda, en su mayoría blocks de viviendas sociales que dominan parte importante de barrios estigmatizados, segregados y homogéneamente pobres. Son la otra cara de la densificación: zonas marginadas y mal equipadas. Cerro Navia, Lo Espejo y La Granja dominan en este sentido; Quilicura, Puente Alto y Maipú, en tanto, son las con mayor tasa de crecimiento proyectado mediante los dos modelos. Todas, sin embargo, evidencian una alta concentración de problemas y conflictos fruto de su mala densificación, segregación y uniformidad social y funcional.

Por cualquiera de las dos vías, estas actuaciones agresivas y degradantes sobre la ciudad han descuidado la calidad del espacio público, la relación entre lo edificado y la calle destruyendo todo dialogo formal y espacial, condición fundamental para el éxito de un proyecto en el largo plazo, y clave para la calidad de vida en el corto. La ausencia de regulación, una gestión local displicente y una pobre economía de políticas públicas de vivienda, han terminado por hipotecar el valor de esos sectores de la ciudad. La solución masiva de conjuntos habitacionales con un mal diseño de equipamientos, espacios públicos y servicios ha hecho más difícil la convivencia dentro de las comunidades, también -y algo muy relevante, aunque poco advertido-, ha desprestigiado y dañado la necesidad de una densificación equilibrada, no lo que hemos visto hasta ahora. Está comprobado -y en Chile alguna vez se hizo así-, que una de las mejores soluciones para densificar, el modo en que sí se debe hacer, es dotar a los barrios con edificios de altura media bien servidos, conectados y con espacios públicos de calidad. Ejemplo paradigmático es la Villa Frei en Ñuñoa.

La densidad no tiene que ver con apilar la mayor cantidad de personas posibles en un metro cuadrado, tampoco con rentabilizar al máximo mediante soluciones que expropian el valor potencial de las propiedades colindantes. Una ciudad densa es una ciudad compacta que pueda conjugar el uso de suelo natural y rural con el uso de suelo urbano, esto es garantía de sustentabilidad al evitar el desmedido crecimiento por expansión. Una ciudad compacta es la que privilegia el acceso a viviendas colectivas de calidad en vez de soluciones unifamiliares aisladas o apiladas sin control, pero sobre todo es la que integra y mezcla usos y personas. Siempre habrá quienes so pretexto de resolver estos problemas dirán que expandir la ciudad hacia arriba o hacia los bordes será una solución automática, de hecho, ya empiezan a emerger discursos a favor de extender los límites urbanos sin respaldos que evidencien esa necesidad. En pleno debate presidencial y parlamentario sería bueno entender que una de las mejores soluciones para densificar la ciudad es hacerla más compacta, no más extensa ni infinitamente más alta.

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¿Qué busca realmente Corea del Norte con sus ensayos nucleares?

Esta es, sin duda, la pregunta que cientos de políticos, militares y analistas se han estado haciendo desde el reciente ensayo nuclear norcoreano ―el sexto desde 2006―, el cual esta vez realmente habría sido una bomba de hidrógeno (Bomba H), considerando la intensidad del estallido subterráneo.

Hace años que el régimen de Pyongyang ha estado llevando adelante pruebas con misiles balísticos y detonaciones nucleares. Y durante todo ese tiempo la respuesta de la comunidad internacional, encabezada por Washington, han sido sucesivos paquetes de sanciones económicas que siguen sin generar ningún impacto en la dinastía de los Kim.

Las dos primeras detonaciones ocurrieron en 2006 y 2009, durante el gobierno de Kim Jong-il, padre del actual gobernante. Y las cuatro restantes se concretaron a partir de 2013, bajo el gobierno de Kim Jong-un, apenas dos años después del fallecimiento de su predecesor.

Algo similar ha ocurrido con las pruebas de misiles balísticos, las cuales se incrementaron drásticamente desde la llegada al poder del “joven Kim” hasta ahora, generando inquietud entre vecinos como Corea del Sur y Japón, y el rechazo unánime de la comunidad internacional.

¿Qué busca ganar Kim, entonces, con todo este despliegue de poder? La respuesta no es fácil, pero sí se pueden aventurar algunos puntos.

En primer lugar, probablemente, Corea del Norte continuará realizando este tipo de actos hasta obligar a Occidente en general, y a EE.UU. en particular, a sentarse a una mesa de negociaciones. Pero no pensando en iniciar el desmantelamiento de su programa nuclear y de misiles balísticos; nada de eso.

Lo que Kim desea es que el mundo reconozca a Corea del Norte como una potencia nuclear, con derecho a tener ese poderío, y en igualdad de condiciones que India, Pakistán, Reino Unido o Francia. En otras palabras, que la comunidad internacional acepte a una “Norcorea nuclear” como parte de un nuevo e irreversible escenario mundial.

En ese contexto, lograr ese objetivo sería una demostración clara de la capacidad de Kim para “doblarle la mano” al mundo, lo que lo posicionaría como un actor de primera línea en el este de Asia y todo el planeta.

Y siendo aceptado como potencia nuclear, las sanciones que han impuesto EE.UU. y Naciones Unidas, entre otros actores, ya no tendrían ningún sentido, obligando a levantarlas. Algo similar a lo ocurrido con Irán ―un caso muy diferente, por cierto, ya que Teherán tiene tecnología nuclear pero no bombas―, que tras los acuerdos de 2015 vio la suspensión de varias de las sanciones que asfixiaban su economía.

En segundo lugar, un triunfo como el anterior, sería una poderosa señal “puertas adentro”, que fortalecería aún más su posición de poder, tanto frente a la población civil como los militares. Y de paso, permitiría enrostrarle a Seúl una supuesta superioridad militar; una obsesión de los tres gobiernos norcoreanos desde el fin de la guerra entre ambos países, en 1953.

Un tercer punto es que ser reconocido como una potencia nuclear le permitiría a Norcorea ganar una posición más ventajosa frente a su aliado histórico, la República Popular China, que durante años ha intentado convencer a los Kim de cambiar el rumbo de su política exterior, bajo la amenaza de cerrar su mercado a las exportaciones norcoreanas; China le compra prácticamente el 85 por ciento de su producción a Corea del Norte, pero a pesar de eso, Kim se ha mostrado abiertamente díscolo ante Beijing.

Por último, ser reconocido internacionalmente, desde la perspectiva de Pyongyang, garantizaría que ni Estados Unidos ni ningún otro país intentarían atacarlo o derrocarlo. Kim Jong-un tiene muy claro cómo acabaron figuras como Saddam Hussein, Hosni Mubarak o Muamarl Gadafi. Y frente a eso, desde su perspectiva, el poder nuclear lo volvería intocable.

El próximo 9 de septiembre es el aniversario de la fundación de Corea del Norte, una fecha en la que tradicionalmente el gobierno norcoreano ha realizado importantes despliegues militares. De modo que es probable que Kim aún guarde alguna sorpresa bajo la manga, que elevará más la tensión mundial, en un abierto desafío al Estados Unidos de Donald Trump y el resto del mundo.

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TC y objeción de conciencia

Los requirentes contra la ley que despenaliza el aborto ante el Tribunal Constitucional (TC) se apuntaron un éxito en materia de objeción de conciencia, la que ahora pasa a extenderse no solo a las personas individuales sino también a las instituciones. Por definición, la objeción de conciencia es algo muy excepcional, pues se trata de una puerta que el propio Estado les abre a sus ciudadanos para eximirles de cumplir la ley, obediencia que es lo que caracteriza a un Estado de derecho. Y lo hace para no violentar sus concepciones más íntimas y preciadas, para no obligarlos a realizar algo que les repugna moralmente. Por ello, y tal como lo dice el nombre de la institución, siempre se ha entendido que solo las personas individuales, que son las únicas que poseen conciencia, pueden hacer valer tal objeción. Lo anterior no implica afirmar que las instituciones no puedan tener valores o principios, pero ello es muy distinto a poseer una conciencia y más aún a poder eximirse de cumplir con la ley.

La aplicación de esta objeción institucional traerá una serie de problemas. De partida, para el funcionamiento de un sistema de salud que integra a instituciones públicas y privadas. ¿Es válido que una institución que se financia, al menos en parte, con recursos públicos, pueda no cumplir con una ley?

Con seguridad esta objeción institucional entrará también en conflicto con la conciencia individual de algunos de los integrantes de la institución. ¿Qué sucede si unos estiman que lo que profesional y éticamente corresponde en un caso es practicar un aborto y la institución en la que trabajan no se los permite? Peor aún será la situación si se establecen, como ya se anunciaron, prohibiciones a los médicos de una institución objetora a practicar abortos en otros hospitales, con lo que se produce un efecto expansivo de esta objeción institucional y así lo que estaba pensado para proteger las conciencias individuales puede terminar violentándolas.

Tampoco es claro cómo se determina cuál es la “conciencia” de la institución. ¿Será la de los dueños o de los directivos o la mayoritaria de quienes se desempeñan en ella? Este tema ya lo puso en el tapete la Feuc llamando a un plebiscito para que la comunidad de la Universidad Católica se pronuncie sobre la nueva ley.

Más complejo aún que aceptar la objeción de conciencia institucional es afirmar, como hace el TC, que existe un derecho constitucional a ella, es decir, un derecho que se impone a la voluntad del legislador. Así las cosas, es perfectamente posible que las instituciones pretendan ahora poder objetar en otros ámbitos de la salud e incluso en materias muy distintas, como las educacionales.

Todo este desaguisado termina evidenciándose en la propia redacción con que quedó la norma luego de la intervención del TC, la que ahora señala que: “La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución” (sic).

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Abandono presidencial

De acuerdo con la Constitución, el gobierno y la administración del Estado, así como la seguridad interior, entre otras trascendentales funciones, corresponden al Presidente de la República. Si el jefe de Estado ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes, puede ser acusado por un grupo de diputados, decidiendo el Senado como jurado.

Por cierto, este escenario es impensable, a pesar del sinnúmero de actos inconstitucionales que han afectado al país estos años, cuya responsabilidad política recae sobre la señora Presidenta. La secuela de desaciertos en lo que se refiere al crecimiento del país ha alcanzado un punto de explosión máximo con la renuncia del equipo económico a partir del caso Dominga. Este hecho, como se ha querido hacer creer, no obedece a dos visiones acerca del desarrollo, donde se enfrentan valores incompatibles como la defensa del medio ambiente y la inversión de capitales. Tal aspecto venía zanjado en los informes técnicos previos que autorizaban su realización, armonizando ambas garantías.

Las regulaciones y estudios científicos han avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Las empresas se someten a rigurosas exigencias internacionales cuando encaran proyectos complejos que involucran especies protegidas o entornos naturales sensibles. Si se superan estas vallas, incluyendo el conocido “principio precautorio”, que, ante la duda, prefiere la conservación del medio ambiente, la inversión puede realizarse.

Cuando la Presidenta instruyó el rechazo del proyecto, cometió una abierta inconstitucionalidad e ilegalidad, y su argumento relativo a preferir los proyectos “verdes” y su cercanía a las personas por sobre los “azules” (los “números”, como los llama) resulta arbitrario.

Por desgracia, además, es contradictorio frente a otro grave problema. Si hay algo que proteger en Chile es la Región de La Araucanía, abandonada por años a descontrolada violencia de grupos organizados, falta de inversión e inseguridad. La responsabilidad última en esta situación que solo aumenta y se agrava, también recae en la Presidenta. La misma Constitución le encarga al Jefe de Estado “la conservación del orden público en el interior”.

Citamos estos dos hechos por ser ejemplos extremos de un paradigma que cruza la labor presidencial: el abandono de la legalidad en materias esenciales. Por lo que acabamos de ver, no conoce objetivamente las leyes que conjugan inversión con protección medioambiental y rechaza un proyecto por motivos abstractos y aludiendo a su cercanía con las personas. En el país real, el de La Araucanía, en cambio, descuida a quienes actualmente sufren vandalismo y ataques. La manera de resolver el primer caso fue repeliendo a su equipo económico. En el segundo, si su ministro del Interior decidiera asumir con energía la defensa de las víctimas y propusiera, por ejemplo, un estado de excepción constitucional en La Araucanía…¿deberá renunciar también?

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Que la indiferencia no nos lleve a la impunidad

En las últimas dos semanas hemos visto cómo nuestro país vuelve a enlutarse por la trágica muerte de tres mujeres. Una vez más las múltiples formas de discriminación y violencia que sufren las mujeres han terminado en femicidios, provocando consternación y repudio debido a la crudeza de cada uno de los crímenes.

Aunque han pasado 25 años desde que Naciones Unidas reconociera el derecho que poseen las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, las cifras en torno a esta temática son escalofriantes: a nivel mundial, una de cada tres mujeres experimentará violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Solo durante este año en Chile se registran, según cifras oficiales, más de 25 femicidios consumados y más de 60 femicidios frustrados.

Como sociedad no nos podemos permitir normalizar estos crímenes, es nuestro deber rechazar enérgicamente todo tipo de violencia contra las mujeres.

Estos últimos sucesos de femicidio han puesto de manifiesto que la violencia a la que están expuestas las mujeres y las causas por las que esta se produce nada tienen que ver con la edad, la clase social, el nivel educacional, la profesión o el tipo de relación que se mantiene con el agresor. La violencia de género se puede dar en todo tipo de entornos y relaciones y puede manifestarse entre personas que se conocen en la calle o a través de redes sociales, entre adultos o incluso jóvenes.

Prueba evidente de los múltiples canales por donde puede manifestarse la violencia es el mensaje expuesto en redes sociales por el agresor que violó y drogó a una menor de edad. Allí se leía “ámame (…) o te violo” y, según señalan varios medios de comunicación, estuvo expuesto durante un tiempo a vista de todo su grupo de conocidos y conocidas. Otro impactante ejemplo es el texto que compartió otra de las víctimas, una madre que sufría constantemente violencia de género por parte de su pareja, en el que alertaba de que “si la mataban, ella había hecho cada denuncia”, como si tuviera la necesidad de justificar ante sus seguidores que si la asesinaban ella no era la culpable.

No podemos permitir que ninguna mujer sufra violencia o que se tenga que justificar ante la sociedad cuando esto ocurre. Tampoco podemos permitir que las mujeres sean las culpables o las muertas y los hombres los arrepentidos. Todos y todas debemos empezar a preguntarnos qué podemos hacer para evitar una muerte o una acción de violencia. No seamos cómplices silenciosos; ayudemos a generar cambios que contribuyan a erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres. Como sociedad tenemos el deber y la responsabilidad de actuar sin hacer oídos sordos cuando se produzcan situaciones de este tipo.

Los últimos tres crímenes de femicidio que hoy golpean a Chile no pueden pasar inadvertidos y ello implica, entre otras cosas, el reconocimiento social de todos los tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres. Sabemos que el femicidio es la culminación de una serie de actos violentos a lo largo de la vida de cada una de las víctimas. Por eso, el compromiso de cada uno de nosotros es necesario para erradicar esta pandemia. Este problema es tan cotidiano, que seguramente al terminar de leer esta columna tengamos que lamentar otra mujer víctima de violencia.

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“Una clínica para la vida” y el Fallo del TC

“Una Clínica para la Vida” es una frase que ha identificado a Clínica Universidad de los Andes desde su apertura hace ya 3 años, y que refleja uno de los principales valores que animan nuestro quehacer: reconocer la dignidad de la persona y respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Este es un valor fundacional, que como clínica universitaria esperamos trasmitir a nuestros alumnos de las carreras de la Salud, formando profesionales íntegros, de excelencia y con una fuerte vocación de servicio.

El fallo del Tribunal Constitucional respecto del Proyecto de Despenalización del Aborto en tres causales, que se pronunció -entre otros temas- sobre el derecho a la vida del no nacido, la primacía del derecho a la vida de la madre sobre la del feto, el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud y de las instituciones; no puede dejarnos indiferentes.

Los avances de la medicina materno-fetal, que han sido uno de los principales focos de desarrollo en nuestra institución y que nos ha permitido ofrecer tratamientos como la cirugía fetal que han permitido por ejemplo, el nacimiento sin discapacidad de un niño operado in útero de mielomeningocele o el desarrollo normal de gemelos que por transfusión feto-fetal debían haber muerto in útero. Estos niños son testimonios vivos de que el niño no nacido,  no es como señala el fallo “…una vida en ciernes” sino seres humanos en sus primeras etapas de desarrollo, que más adelante nacerán, crecerán, envejecerán y finalmente morirán, como bien lo demuestran la biología, la genética y más importante aún, la vida. ¿Cómo frente a estos casos, considerar que “el feto no tiene derecho a la vida, por no ser jurídicamente persona”? ¿No debiera primar el derecho superior a la vida del ser humano y así darle la oportunidad de nacer y mejor aún mejorar su calidad y expectativa de vida otorgándole oportunamente los cuidados y tratamientos que necesita?

Tal como lo han manifestado nuestros especialistas (ginecólogos, psiquiatras, matronas y otros profesionales) desde los comienzos de la discusión de este Proyecto Ley, ante el Congreso y el Tribunal Constitucional, tenemos la convicción de que el aborto no constituye una solución real para las mujeres que enfrentan embarazos vulnerables;  muy por el contrario agrega un nuevo estrés y aumenta el riesgo de patología psiquiátrica posparto y a futuro. Organizaciones que han desarrollado programas de acompañamiento, demuestran que 80% de las mujeres que piensan abortar decide llevar a término su embarazo y en algunos casos incluso quedarse con sus hijos, al recibir ayuda psicológica, económica, laboral y espiritual. El Fallo del TC a este respecto señala que debe ofrecerse acompañamiento, esperamos que el Minsal defina protocolos de apoyo integral y que desde el Ministerio de Hacienda se canalicen los recursos necesarios para su implementación.

La decisión del TC que reconoce el derecho a objeción de conciencia a todo el personal de salud involucrado y a las instituciones, constituye un resguardo para el cumplimiento de nuestras definiciones fundacionales,  permitiéndonos seguir ofreciendo cuidados a los niños que están por nacer, a sus madres y sus familias. Como Institución Objetora de Conciencia, haremos todos los trámites que estipule la Ley para dejar constancia de esta condición.

En Clinica Universidad de los Andes, frente a la primera causal, seguiremos dando atención y tratamiento adecuado y oportuno a cualquier embarazada que presente una enfermedad grave que ponga en riesgo inminente su vida y requiera atención médica inmediata e impostergable.  Es importante aclarar, que siempre se tratará de resguardar la vida de la madre y del hijo; sin embargo y con una mirada en concordancia con la bioética, si debido a la acción terapéutica propiamente tal se produce la muerte del no nacido, consideramos corresponde a una muerte indirecta e involuntaria. Para la segunda y tercera causal, ejerceremos nuestra objeción de conciencia como institución objetora y ofreceremos un programa de acompañamiento y apoyo, en concordancia con los valores que inspiran nuestro quehacer.

Tenemos la firme convicción de que la vida debe siempre primar, y no nos cansaremos nunca de proteger tanto a la madre como a su hijo que está por nacer.  

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¿Debemos ser todas complejas?

En julio el proyecto del Ley sobre Educación Superior fue enviado al Senado. Con ello se abrió un nuevo espacio de debate sobre los alcances e implicancias de un proyecto que se refiere, principalmente, a elementos regulatorios e institucionales del sistema de Educación Superior.

El proyecto del Ejecutivo establece cambios significativos a la actual ley de acreditación de la calidad. En él se indica la obligatoriedad de esta última en cinco dimensiones: docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación y/o innovación además de la vinculación con el medio.

Si bien celebramos la obligatoriedad de la acreditación, creemos que hacerlo en todas esas áreas restringe las capacidades de las instituciones para desarrollar sus proyectos institucionales acorde a su misión y visión.

Hoy en el Sistema de Educación Superior chileno, coexisten universidades complejas -que realizan docencia e investigación en diversas disciplinas y que concentran además la gran mayoría de los programas de formación de doctorado que existen en el país- con instituciones con vocación regional, o con énfasis en la formación en determinadas áreas del conocimiento. Es esta diversidad de proyectos la que configura la existencia de un Sistema en el que la acreditación debe funcionar como un mecanismo de fomento de la excelencia y garantía de la calidad académica.

El desarrollo institucional en diversas áreas es un proceso de acumulación de experiencia, que comienza por la formación de pregrado y va evolucionando hacia la formación de grupos de académicos, imprescindibles para incursionar con seriedad en la creación de conocimiento. La exigencia legal de que el 100% de las instituciones accedan a una complejidad multifuncional, fomentará una competencia por atraer a los académicos que hoy investigan en instituciones con mayor trayectoria, en circunstancia que lo que se requiere es fortalecer las capacidades existentes en ellas y fomentar la formación de nuevos equipos de investigación, promoviendo la incorporación de los jóvenes doctores que hoy están regresando al país.

Creemos que al uniformar a las universidades estableciendo un modelo único, se pone en riesgo la riqueza de un sistema que ha permitido contar con universidades de prestigio a nivel internacional y regional, al tiempo que desde las universidades preferentemente docentes, se han ampliado las oportunidades de estudio para jóvenes procedentes de los quintiles más vulnerables.

Creemos que esta complementariedad es necesaria para conformar un mejor sistema de educación superior y esperamos que esta mirada de presente y futuro, pueda recogerse en el Senado.

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Desafíos de gobernanza

Las noticias del Censo nos ilustran un escenario desafiante. La tendencia de concentración de la población en la Región Metropolitana se muestra estable y sin rastros de querer ceder terreno. A casi 50 años de la llamada “regionalización”, la RM sigue concentrando el 40% de la población y encabeza el aporte al PIB en una proporción casi equivalente. La lectura negativa de este fenómeno es la constatación de un proceso truncado de desconcentración poblacional y de oportunidades. Sin embargo, la mirada estratégica de las mismas cifras nos sitúa frente a un desafío ineludible de gobernanza metropolitana. Debemos hacer frente simultáneamente a seguir trabajando duro para potencial el desarrollo y las oportunidades en regiones, así como también debemos proveer a la metrópolis de los mecanismos necesarios para ser cada vez más atractiva, eficiente, equitativa e integrada. Los desafíos metropolitanos penden de una gobernanza inexistente que debe ser desplegada a la brevedad.

Serán justamente los problemas de movilidad, residuos, expansión versus densificación, segregación social urbana, y acceso a un medio libre de contaminación, entre otros, los que se irán agravando y compeljizando en su manejo, de no existir una estructura político – administrativa que se haga cargo de todas éstas temáticas.

La polémica por la apertura del relleno sanitario en Tiltil así como la negativa municipal respecto de la estación terminal del nuevo teleférico bicentenario en Providencia, solo es perfecta demostración de las tensiones regionales-locales. La visión local, genuinamente preocupada de su comunidad, no se acopla ni suma naturalmente a las necesidades del territorio. Esas decisiones de bien común no pueden depender del avenimiento voluntario de las partes a nivel local, sino de un mecanismo de gobernanza democrático y moderno, donde las decisiones se puedan tomar e implementar con visión de conjunto. Decisiones que bajo ningún punto de vista deben omitir un enfoque de equidad territorial así como tampoco dejar de contar con los indispensables espacios de negociación que permitan establecer las necesarias mitigaciones y compensaciones, si es que ellas aplicaran.

La postergación de los proyectos de ley de elección de intendentes así como de la transferencia de competencias al nivel regional son piezas importantes hacia una gobernanza metropolitana inteligente y democrática. La Política Nacional de Desarrollo Urbano dejó sentada las bases generales para poder avanzar decididamente en esta dirección; sin embargo, hace falta que la política la integre dentro de su agenda de prioridades.

El sesgo para la nueva institucionalidad metropolitana debe ser la orientación hacia el mejor gobierno de la ciudad, identificándola como objeto y materia central de su quehacer. El no reconocimiento de la ciudad como fenómeno central complota en contra de una adecuada gobernanza.

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