Óscar Contardo's Blog, page 91

Pensiones: una mirada distinta

Nadie lo discute, las pensiones son bajas, inferiores a las esperadas por los ahora jubilados o los que están prontos a hacerlo. Son varias las razones que explican esta situación, pero sin duda una de las más importantes es que vivimos cerca de diez años más que cuando se creó el actual sistema de pensiones, teniendo que financiar esa mayor longevidad con los recursos estimados hace más de 35 años.

Entonces, la causa fundamental no es un problema, es una consecuencia del nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país. Mirado así, el sentido común plantea una solución obvia; prolongar nuestra vida activa y ahorrar más. Ambas cosas son buenas para el país, ya que son los fundamentos del crecimiento; mayor ahorro para financiar inversión y más tiempo de productividad de los trabajadores. A nivel individual es cierto que mayor ahorro exige sacrificar consumo presente, pero si se implementa en forma gradual y se realizan buenos negocios con esos ahorros, contrario a lo que piensa la Presidenta, ese sacrificio será sobre recompensado con mayor consumo futuro. Mantenerse más tiempo activo tampoco tiene por qué ser un castigo, a la inversa, suele ser beneficioso para la salud física y mental. Por lo tanto, no tenemos un problema sino un desafío, que con un liderazgo bien enfocado podría redundar en mayor bienestar para el país.

Surge entonces el problema real; la falta de liderazgo político para enfocar correctamente el desafío, buscando el progreso del país. Nos vemos enfrentados a un proyecto de ley basado en dos consignas fundamentales: incorporar mayor “solidaridad” al sistema y que no vaya ni un peso más para las AFP. Por cumplir con esos criterios, las propuestas terminan siendo regresivas e impactando muy negativamente el empleo y los salarios, de acuerdo con las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, tema que se ha analizado bastante.

Las transferencias “solidarias” de un grupo a otro tienen sentido cuando sólo un grupo enfrenta el problema, pero en este caso la mayor expectativa de vida es generalizada, por lo cual, además de profundizar el pilar solidario con impuestos generales, es evidente que todos deberían participar en la solución. No es egoísmo que cada trabajador aporte sólo a su cuenta, es necesario que todos lo hagan. ¿Para qué entonces introducir un impuesto al trabajo formal regresivo (los que ganan por sobre el tope imponible pagan menos) con todas las distorsiones que eso genera? Para que la propuesta contenga esa “pseudo solidaridad” de la consigna. Se hace entonces necesario, para atenuar la regresividad del impuesto, subir en un 50% el tope imponible. Sin embargo, dado que la comisión que cobran las AFP es un porcentaje del ingreso, el alza del tope les generaría mayores ingresos. ¡Horror! no pueden recibir un peso más, entonces se establece el absurdo de que los que ganan sueldos altos pagarán comisiones más bajas que el resto, generándose otro elemento de regresividad. No sólo eso, la propuesta tiene un enorme costo fiscal por las cotizaciones de los funcionarios y por la caída de recaudación de impuesto a las empresas y a las personas.

En definitiva, lo que podría ser un desafío para avanzar hacia el desarrollo, se transforma en una muy mala reforma, con más costos que beneficios.

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Elijo creer

Escribo con la distancia de las horas y la tranquilidad que entrega despojarse de las pasiones. Busco explicaciones más profundas y no logro encontrar más que las evidentes de las que todo el mundo ha hablado profusamente.  Que el equipo no tuvo funcionamiento, que el técnico hizo un mal planteamiento, que hace rato no tiene gol, que las respuestas individuales fueron bajísimas, que los referentes estaban en otra, etc, etc, etc…

La razón a encontrar, más allá de esto, apunta a algo profundo y es saber qué pudo haber pasado con ese muy buen cuadro que llegó a disputar, con absoluta legitimidad, la final de la Copa Confederaciones. Saber cómo posible que en dos meses haya cambiado tanto. Entre esa final con Alemania y los partidos con Paraguay y Bolivia hay un océano de diferencia, literalmente hablando. Chile no ganó la Copa porque no tuvo gol. Ahora perdió los dos partidos porque no tuvo juego. Así de simple, así de preocupante.

Las explicaciones no alcanzan para comprender todo lo que ha ocurrido, más bien confunden aún más y las declaraciones de los referentes victimizándose, son aún peores. Cuando se cae es necesario entender la causa, hacerse responsable, no culpar al resto y tratar de solucionar lo que está al alcance. Ese es el camino. Desde Pinto Durán debe hacerse un urgente diagnóstico y elaborar un trabajo que permita enfrentar los últimos dos partidos al nivel que este grupo ha demostrado tener. No es tiempo de anunciar renuncias con la cabeza caliente ni tampoco de destrozar o minimizar todo lo que este plantel ha hecho. La prudencia invita a vivir este momento como una oportunidad, lejos de los lamentos de los jugadores o los arrebatos del medio, buscando incendiar todo.

La tristeza que genera lo ocurrido, disfrazada de rabia y enojo debe ser bienvenida. Suele venir acompañada de paz y serenidad. Si el técnico y los jugadores  la asumen, podrán agregar sabiduría. Sólo así y no de otra manera, la posibilidad de llegar a un tercer Mundial consecutivo volvería a estar cerca. De lo contrario, en octubre, el escenario puede ser de abundantes recriminaciones y lapidarias criticas que de poco servirán. Hay que buscar soluciones, después buscamos culpables.

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¿Quién manda a quién?

De la caída del equipo económico se han dicho muchas cosas. Desde que fue un autogolpe, en palabras de Jorge Navarrete en este mismo espacio, hasta ser vista como inusual aunque Hacienda venía perdiendo su carácter sacrosanto. Ya el exministro Arenas había salido, arrastrado por un cambio completo del comité político, en 2015. Ello no impide intentar explicaciones.

Algunas, de corto alcance como la forma en que tuvo lugar el Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga, o el hecho de que el titular de Hacienda quizás olvidó que carecía de aquellas afinidades personales que, por lo visto, permiten sobrevivir en los equipos bacheletistas. Otras, de largo plazo, como la existencia de dos almas al interior del gobierno, situación particularmente aguda -pero no única- en la centroizquierda. A Piñera también le tocó lidiar con ellas. La intención de proyectar su legado por parte de la Presidenta Bachelet también resulta plausible pero ¿será necesario tanto celo cuando tiene un lugar más que asegurado en la historia? Lograr algo así no descansa solo en cambios institucionales y relativos a las bases del desarrollo. Existe también un componente simbólico y, para alguien que ha sustentado su imagen en la defensa de las mujeres, tolerar desafíos como los del exministro Valdés contribuirían a que futuras representaciones de su liderazgo se reduzcan a cariño y simpatía.

El informe de desarrollo humano en Chile en 2010 registró que su gestión habría surtido un cambio cultural crucial. La popularidad de casi 80% con la que la había terminado hacía creer que, por fin, se habrían roto las asociaciones entre liderazgo y masculinidad. El capital político con el que retornó le permitió conformar un gabinete bajo sus propios términos. Sin embargo, las dudas sobre su autoridad emergieron a las primeras de cambio. Las críticas al cartillazo quedaron pálidas frente a las de vacío político y de lejanía.

Se llegó a decir que, más que presidenta, era un sentimiento. El fantasma del hombre fuerte tras el poder que supusieron Velasco y Escalona volvió ahora en la figura de un asesor: Pedro Güell. El tiempo dirá hasta qué punto su reclamo inicial de un liderazgo de tipo femenino y basado en la diferencia puede haber servido, como advierte Jane Chapman, para reforzar las bases de la jerarquía de género. Hoy por hoy, el entusiasmo con las cuotas o la despenalización del aborto no permiten vislumbrarlo.

¿Que lo sucedido con Dominga poco contribuye a que la Nueva Mayoría siga en La Moneda? Una fruslería porque el gobierno no trabaja para ganar las elecciones. Así lo señalaron, como un solo hombre, los ministros Eyzaguirre y Fernández. Suena contra natura, pero no tanto. Recordemos lo que Bachelet dijera alguna vez de sí misma: que a ella no se le podían aplicar los códigos de la política.

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¿Y las ideas? ¿Y el proyecto?

La autodestrucción progresiva de la Nueva Mayoría y el estancamiento del Frente Amplio amenazan con hacer de la campaña presidencial una carrera corrida. En Chile Vamos fantasean con un triunfo en primera vuelta e incluso hablan de permanecer ocho años en La Moneda.

La falta de competencia está provocando que la derecha recaiga en antiguos vicios difíciles de erradicar, como el viejo hábito de creer que la economía es la llave que todo lo abre en política. El resto es música, como diría Ricardo Lagos.

Si la experiencia sirviera de algo, la noción de que el crecimiento económico y la buena gestión son las claves del éxito político debió haber sido desterrada después de lo sucedido entre 2010 y 2014, cuando la economía tuvo un alto desempeño y el Jefe de Estado actuó como eficaz gerente. Ello no impidió que la derecha naufragara en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, lo que abrió paso a la retroexcavadora y a las mayorías legislativas que la permitieron.

A estas alturas en Chile Vamos deberían tener claro que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para un buen gobierno y su proyección en el tiempo. Hay quienes sugieren que lo que hace falta son políticos que salgan de la burbuja y tomen el pulso a una sociedad ansiosa de cambios. Eso es un imprescindible primer peldaño, pero está lejos de ser toda la respuesta. No solo se requiere un buen diagnóstico, sino también liderazgo para poner en marcha un plan de acción basado en ideas propias.

Algo de eso comenzó a desarrollarse con documentos como el Manifiesto por la República y el buen gobierno conocido el verano pasado. Sin embargo, hoy pareciera que, ante la supuesta inevitabilidad del triunfo, las ideas ya no fueran necesarias. Nadie habla ahora de los principios iluminadores de un proyecto nacional que no solo escuche las diferentes voces que surgen desde un entramado social complejo, sino que también busque integrarlas desde la acción del Estado. Este debe estar en condiciones de entregar señales que permitan la recuperación económica, pero también necesita contar con instituciones robustas puestas al servicio de la gente, de manera que recupere la confianza de la ciudadanía y pueda cumplir el rol integrador que está llamado a desempeñar.

Si la derecha va a retornar a La Moneda en marzo, no debe repetir los mismos errores que cometió en 2010-2014 y que le abrieron la puerta a la Nueva Mayoría. Recaer en la miope creencia de que todo se resume en la manida frase “es la economía, estúpido” puede terminar costando caro.

La inconsistencia de la Nueva Mayoría hace muy probable que la derecha vuelva al gobierno. Pero no se mantendrá en él si es incapaz de desplegar un proyecto coherente. Si cede una vez más a la tentación economicista corre el riesgo de terminar en 2022 como en 2014: satisfecha con su gestión, pero lamentando una derrota electoral de proporciones.

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Notarios y conservadores: ¿Cuánto poder se quiere perder?

Hace poco más de cinco años, el Presidente Sebastián Piñera respondió una pregunta que me correspondió hacerle en mi calidad de ministro de Justicia: ¿Está usted dispuesto a perder el poder que conlleva la facultad de nominar los notarios, conservadores y archiveros, sobre la base de una terna elaborada por las Cortes de Apelaciones? Con su respuesta afirmativa, se presentó una iniciativa legal que duerme en el Congreso Nacional desde 2012 -tal como la reforma del Sename- y que instalaba un sistema de selección de los postulantes a estos cargos auxiliares de la administración de justicia, sobre la base de pruebas objetivas, confeccionadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para ingresar, cambiarse o ascender dentro del mismo, eliminando la larga tradición que ha hecho de los contactos un filtro relevante de selección. En esta misma tendencia, la Corte Suprema estableció en el año 2014 exámenes habilitantes de conocimientos, habilidades y psicolaborales para los postulantes, cuyos resultados no son, sin embargo, obligatorios ni para las Cortes de Apelaciones ni para el Ministerio de Justicia.

Así, recientemente un postulante obtuvo cero puntos en el examen (pues no lo rindió), fue colocado en terna por una Corte de Apelaciones y después nombrado notario. Todo ello, en el pleno respeto de la legislación vigente. Esto conduce, tal como lo demuestra la práctica, a que las pruebas sean meramente ilustrativas y que se carezca de una fundamentación del por qué se prefiere a uno y no a otros.

Por otra parte, el proyecto de ley exigía de los notarios un mayor aporte a la seguridad jurídica, conminándolos que como ministros de fe no sólo autorizaran y guardaran en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgan, sino que debían además extender los instrumentos públicos solicitados, examinando que no fueran contrario a las normas del derecho público, debiendo informar de manera imparcial a las partes de lo convenida en dichos documentos. La reforma del año 2012 introducía igualmente normas modernizadores para el funcionamiento del sistema en su conjunto, como contar con bases informáticas actualizadas de poderes, la transmisión digital de datos entre notarías y conservadores, etc.

La apreciación ciudadana de que el sistema notarial actual es poco transparente en materia de designaciones, que su aporte a la seguridad jurídica es insuficiente y que los controles externos no son adecuados, genera un cuestionamiento que no es conveniente para estos auxiliares de administración de justicia. Su reforma parece, así, urgente.

No obstante lo anterior, no debemos menospreciar el aporte a la seguridad jurídica y a la prevención de conflictos que generan los notarios, lo que conduce que una importante parte de sus funciones obedece más bien a trámites voluntarios, derivados de la seguridad que conlleva su certificación para terceros, y no de una obligación impuesta por la ley.

El sistema notarial y registral chileno debe evolucionar hacia una mayor transparencia, objetividad y modernidad, tal como en diversos países europeos, compartiendo incluso otras funciones, como las del oficial del Registro Civil en caso de la celebración del matrimonio. Ello demanda, sin embargo, responder nuevamente una pregunta: ¿Está el Ejecutivo dispuesto a ceder su poder ante un sistema objetivo y transparente de ingreso y promoción?

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Desestabilización regional y armamentismo: las replicas del sismo nuclear

La última prueba nuclear de Corea del Norte del domingo pasado constituye el más serio desafío a la sociedad internacional de Estados por parte Pionyang, desde  la crisis inaugurada el 4 de julio último, signada por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano, en teoría con capacidad de alcanzar  las costas de Alaska. Después de dos meses se ha subido otro listón en una escalada de tensión que como las tragedias griegas amenaza con arribar a un punto de no retorno: que todos declararan no desear, pero al que todos los derroteros tomados parecen conducir.

Los dos sismos registrados por los instrumentos de medición corroboraron otro salto cualitativo de la industria militar de Corea del Norte que ha superado la barrera psicológica de las bombas atómicas de primera generación para pasar a la era termo-nuclear, haciendo gala de haberse hecho de un artefacto de hidrógeno, independiente que no todos los expertos coincidan en que realmente lo posea. Es que lo que realmente importa es la constatación que los programas de Corea del Norte para fabricación de misiles de medio -largo alcance y de desarrollo nuclear avanzan a una vertiginosa celeridad que muchos no calculaban. El hermético estado norcoreano pretende doblegar al miedo inoculado por los bombardeos norteamericanos en la Guerra de Corea (1950-1953) que llevó incluso al general Mac Arthur a considerar usar por tercera vez la bomba atómica sobre Asia, después de los horrores de Hiroshima y Nagasaki. La magnitud de este test nuclear es para Pionyang una garantía de sobrevivencia para su régimen que a través de su ideología Juche glorifica la autosuficiencia, pero también la del propio joven autócrata que obtiene las credenciales para estar a la altura de sus antecesores, y particularmente su abuelo Kim Il Sung, el Presidente Eterno de la República de Norcorea.

Kim Jong Un exige un trato igualitario por parte de los Estados nucleares sin más. Una mala noticia para el proceso sexti partito, que antes de ser desahuciado incluía además de Corea del Norte, su vecina del sur, Japón, China, Rusia y Estados Unidos. Pionyang ha replicado drásticamente al Presidente Trump sobre la base del equilibrio del terror que se sustenta en la doctrina de destrucción mutua asegurada entre dos estados poseedores de armas nucleares lo que “inhibiría” el intercambio de fuego atómico (a pesar que las 30 ojivas nucleares son inferiores a las 6.800 que dispone Estados Unidos). Sin embargo, con el último ensayo nuclear se contribuyó a desestabilizar la zona. Desde luego porque China está obligada, mediante un tratado de protección de los años sesenta del siglo XX , a defender Corea del Norte en caso de ataque, dado que lo que no está dispuesta es a dejar desaparecer a la autocracia de la Corea septentrional. Lo anterior podría alentar una potencial reunificación de la península coreana con Seul como centro articulador y bajo la egida norteamericana. Y Beijing jamás consentirá tener a Estados Unidos en la puerta de su casa.

Desestabiliza porque en caso que Washington no de prueba de voluntad de defensa a sus aliados regionales, las estridentes promesas del Presidente norteamericano de “Fuego y Furia” contra Norcorea podrían quedar como simples bravatas, impulsando en un “efecto cascada” a Seul y el propio Tokio para moverse en dirección a una armamentismo desatado. El Presidente sudcoreano Moon Jae in, que accedió al poder con un discurso de diálogo hacia su vecino septentrional, ha girado hace pocas semanas a una política de mayores sanciones económicas sobre su vecino, reforzando simultáneamente sus capacidades defensivas al autorizar que se complete la instalación de escudos antimisiles norteamericano de sistema THAAD. Lo anterior fue complementado con el lanzamiento de un misil balístico y de proyectiles eyectados por cazas F-15, después de la detonación norcoreana.

Japón en tanto estaría evaluando modificar sustancialmente el artículo 9 de la constitución nipona, que impedía el carácter ofensivo de sus fuerzas armadas. Y con ello azuzaría los fantasmas  chinos que recuerdan con recelo el Japón imperial de siglo XX que invadió su territorio.

Las diferencias posturas fueron galvanizadas en la última sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del lunes 4 de septiembre: No hay acuerdo excepto en la condena general a la prueba nuclear norcoreana. De hecho se dibujaron dos polos claros: Mientras el eje de potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos más Gran Bretaña y Francia, exigió elevar el régimen de sanciones económicas hasta estrangular la deteriorada economía norcoreana, sin descartar la vía militar (como lo declaró la representante de Washington ante el foro “la paciencia tiene un límite”), el dueto de China y Rusia deploró el ensayo atómico, al tiempo que llamó al diálogo para evitar una guerra en la península. Beijing, quizás el único estado con cierta influencia sobre el casi impermeable gobierno norcoreano, pretendió eludir la imposición de un bloqueo económico total sobre Corea del Norte que probablemente significaría el cambio del status quo regional que no admite.

Pionyang está consciente de aquello y precisamente por eso podría ejecutar una nueva prueba de misiles intercontinentales en los próximos días. Elevar la apuesta significaría arrojarlos sobre las proximidades de las aguas internacionales que circundan Guam, territorio bajo administración norteamericana que si se convierte en un blanco, equivaldría a una declaración de guerra para Estados Unidos.

En estos días la península coreana recuerda en alguna medida a la crisis de los misiles de 1962, cuando en Cuba, separada por escasos 150 kilómetros de las costas de Florida, fueron instaladas bases y lanzaderas misilísticas de medio alcance. En la ocasión y después de los 13 días en los que el mundo contuvo el aliento, anta le posibilidad cierta de una tercera conflagración global, nos queda la ductilidad, en medio de la crisis, de una diplomacia discreta que combinó determinación en la defensa de los intereses con el reemplazo de la doctrina de la represalia masiva por la respuesta flexible. Los Estados Unidos de hoy en cambio ha abogado desde el ágora de la Nueva York por acciones contundentes. La mayor amenaza que se cierne, sin embargo, es que la diplomacia sea definitivamente superada.

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Financiamiento de la política, ¿de quién es la culpa?

En las últimas semanas algunas candidaturas han revelado las dificultades que han tenido para obtener financiamiento electoral desde distintos bancos. En este contexto, se han escuchado voces que relativizan la pertinencia de las reformas a las leyes de campañas y financiamiento de la política recientemente aprobadas.

Al respecto, es necesario destacar que la decisión del Banco Estado está fundada en una norma anterior a las reformas, las que mantuvieron disposiciones que facilitan la obtención y pago de créditos para campañas. Por su parte, la decisión de algunos bancos privados viene dada por un sorpresivo temor a verse involucrados con la política, luego de que durante años no tuvieron reparos en hacer donaciones a través de aportes reservados aprobados por sus directorios. En síntesis, la estrechez crediticia no tiene nada que ver con las nuevas leyes.

Las reformas sí atacaron los aspectos más escandalosos de las antiguas leyes, como los aportes reservados, que en la práctica eran sólo reservados para la ciudadanía, ya que éramos los únicos que ignorábamos la identidad de los aportantes. Lo mismo con las donaciones de empresas, que derivaron en una injerencia extrema de intereses empresariales en los procesos legislativos. Por último, reducir los exorbitantes límites al gasto electoral que producían una carrera por atraer recursos para campañas cada vez más caras y centradas en la espectacularidad de la publicidad que invadía nuestras ciudades.

Las reformas aumentaron también los recursos fiscales para las campañas, y estableció el financiamiento público a partidos políticos. Junto con ello, se aprobaron nuevas sanciones y abrieron canales de denuncia ciudadana y fortalecieron las capacidades del Servel para garantizar que los distintos actores ajusten sus prácticas a las nuevas reglas.

Es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia y la reconstrucción de las confianzas que estas normas se implementen correctamente, y que la práctica política se adecue a los incentivos que generan (a hacer campañas centradas en ideas y en contacto con la ciudadanía y conglomerados políticos independientes de los intereses empresariales). Relativizar su importancia cada vez que aparecen dificultades propias de la implementación de políticas públicas, nada aporta en esa dirección.  

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Las tornas

Hace cuatro años las encuestas mostraban un apoyo enorme a la Presidenta Bachelet, cuya reelección no solo se veía asegurada, sino que mostraba el respaldo suficiente para llevar adelante un programa de gobierno que perseguía cambiar profundamente nuestras bases institucionales, políticas y de desarrollo. La búsqueda de la igualdad denunciaba que Chile se había transformado en una sociedad gravemente injusta y, tras la elección, el resultado parlamentario auguraba que la nueva administración contaría con las mayorías suficientes para hacer prácticamente todo lo que quisiera.

Anoche, transcurrida la mayor parte de este periodo inaugurado con tanta fuerza, las noticias de televisión mostraban dos tipos de análisis: el primero, respecto de si a la segunda vuelta pasaría Alejandro Guillier o Beatriz Sánchez, con ambos candidatos refiriéndose a sus pretensiones de ser el mejor posicionado para aquello. El segundo, las especulaciones acerca de si el expresidente Piñera podría ganar en primera vuelta.

La Nueva Mayoría políticamente no existe, la famosa G-90, que a los comienzos de este cuadrienio asomaba como la generación de reemplazo que daría vida a una nueva coalición, bajo el liderazgo de Rodrigo Peñailillo, quien se perfilaba como eventual candidato presidencial, también ha desaparecido.

Lo que ha ocurrido con la Nueva Mayoría es frecuente, la fortuna se muestra cambiante especialmente en lo que al poder se refiere. Hitler, en su locura, pretendía que estaba creando el Reich de los mil años, los jerarcas de la Unión Soviética creían haber encontrado el camino a la sociedad final, probablemente Chávez se veía gobernando un continente unificado bajo la figura de Bolívar, pero con el poder en sus manos.

Nada de aquello ocurrió, la historia los arrasó dejándolos convertidos en un punto en el largo devenir de los siglos. Por eso es malo creer que se puede reformular todo, aquellos que han creído en una nueva sociedad o en un “hombre nuevo”, han terminado a la vera del camino antes de lo que pensaron. La democracia convierte en provisional aquellas mayorías que pueden parecer duraderas y esa es una de sus grandes virtudes.

Por eso las retroexcavadoras no se avienen con la alternancia en el poder y con la limitación de su ejercicio, que es propia del estado liberal de derecho. Hay que ser modesto en las aspiraciones de cambio, lo que no significa que renunciar a ser eficaz. Desde el poder se puede cambiar la vida de las personas, así como se puede arruinar, probablemente allí estuvo el principal error de este gobierno y de la coalición que lo sustentó.

La experiencia enseña que la fortuna de los que aspiran a reformarlo todo es fugaz, las tornas suelen girar en la dirección contraria a sus aspiraciones maximalistas, manteniendo una estabilidad discreta, pero virtuosa. Es la estabilidad que, a la larga, permite el progreso que las sociedades suelen buscar.

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Universidades del Estado

La nueva ley de universidades estatales estaba llamada a convertirse en un momento de reencuentro entre el gobierno y las comunidades de las universidades públicas, pero terminó sucediendo lo contrario. Hoy las posiciones se han acercado y los rectores de las universidades del Estado han llamado a votar favorablemente el proyecto en general, no obstante ha quedado en evidencia que subyacen miradas diferentes.

La primera debilidad del proyecto es que no otorga una misión específica a las universidades públicas. Hay una retórica en el mensaje que luego se diluye en el articulado. El Estado no sabe bien qué hacer ni qué atención prestar a sus instituciones, porque él mismo está vaciado de un proyecto de país. Salir de un Estado retraído y sin proyecto es parte del mismo proceso que conduce al fortalecimiento de las instituciones públicas de educación.

Se ve que los redactores del proyecto original piensan que las universidades estatales tienen hoy demasiada autonomía, y una injerencia excesiva de las comunidades en su gobierno. Que ahí está el problema. Pero la autonomía universitaria -y sus comunidades como garantes- descansa en la idea de evitar que el proceso de producción de conocimiento sea capturado por intereses privados o por los gobiernos de turno. Las universidades públicas son parte del Estado no del gobierno, y la autonomía universitaria es lo que salvaguarda una producción pluralista y crítica del conocimiento, y la generación de nuevos sentidos culturales.

En la redacción original también subyace la idea de que democracia universitaria y excelencia académica no se avienen. Es una vieja tensión: el conocimiento genera jerarquías, pero su orientación y diseminación pueden ser materia de deliberación democrática. Aquí, el proyecto apunta, sin mucho disimulo, a la Universidad de Chile y su forma más democrática y compleja de gobierno. Un impensado cuestionamiento -viniendo de esta administración- a la manera en que la Universidad de Chile ha ido reconstruyendo un gobierno universitario democrático, sin sacrificar excelencia académica, luego de la traumática intervención militar de los años 70 y 80.

Sin duda, el proyecto partió con el pie cambiado. En lugar de abordar los problemas que hoy tienen las universidades públicas -de misión; presupuestarios; de expansión de matrícula; de una acreditación acorde a su naturaleza pública; de expansión de la investigación básica, de las humanidades y de las artes; de apoyo a las universidades regionales; de mayor inclusión-, terminó por inventar problemas donde no existían o más bien asumir la tesis conservadora que los problemas de las universidades estatales provienen de su autonomía o de una democracia universitaria incompatible con la excelencia académica. Distintas miradas y sobre todo el debilitamiento de las confianzas, auguran una difícil tramitación de este proyecto.

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¡Crecimiento!

Se ha reiterado que al gobierno no le interesa el crecimiento, pese a la relevancia asignada a la reforma educacional. Si bien esta tarea respondía a la desigualdad de acceso a educación de calidad y a su deficiencia global, la reforma buscaba superar los déficits de RRHH que obstaculizan el crecimiento y el mejoramiento de la productividad. La propia reforma laboral apuntaba a reducir las asimetrías en las relaciones laborales y fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa, cuestión clave para la productividad. La inversión en salud mejora el bienestar de la ciudadanía pero, ayuda a la productividad al disponer los trabajadores más sanos. Así la política social no comprometía el crecimiento; por el contrario le ayudaba.

El diseño del primer gabinete apuntó a poner en marcha estas reformas. Los ministros compartían su necesidad. No obstante sus capacidades de gestión política no estuvieron a la altura de las circunstancias lo que llevó al primer cambio de gabinete. Con él, Michelle Bachelet (MB) retomó la estrategia aplicada en su primer gobierno: centrar su atención en las áreas relevantes para sus reformas y delegar en un economista ortodoxo el manejo de la economía lo que afectó la consistencias entre las políticas.

Es simplificar el debate sostener que no se valora el crecimiento; existen más bien, visiones diferentes sobre como impulsarlo, el rol del Estado y su relación con el medio ambiente. Para la derecha, el Estado debe limitarse a mantener la estabilidad y entregar incentivos (en particular beneficios tributarios); sobre esa base se le asigna al sector privado la responsabilidad exclusiva de impulsar el crecimiento. El problema, como dijo un destacado líder empresarial es que el sector privado es “cobarde” y, sin un rol activo del Estado para identificar y promover nuevas industrias y actividades productivas, sigue haciendo lo mismo. Esta visión fue compartida por Valdés, lo que se tradujo en que priorizara la reducción del déficit fiscal estructural por sobre la superación de la desaceleración de la economía y la recuperación de la capacidad productiva. El programa de gobierno de Michelle Bachelet incluyó varias medidas, específicamente pro crecimiento, que requerían una mayor inversión pública desechada desde el inicio por Valdés y sobre todo el ejercicio de un liderazgo sobre un sector privado que ha perdido desde hace un tiempo su capacidad de innovación. Se desdibujó así el crecimiento de la agenda económica gubernamental.

Respecto del medio ambiente la derecha, subraya que Chile es un país pobre y, por tanto, las exigencias medioambientales deben ser menores. Para la izquierda, la protección del medio ambiente debe ser más estricta no solo por razones ecológicas; también pues el deterioro medioambiental es oneroso en el largo plazo y la inversión en medioambiente, representa ventajas competitivas para el futuro, muy relevantes. El caso de China es un ejemplo de la primera visión; Alemania potencia de la economía verde, del segundo. No cabe, en consecuencia, caricaturizar el debate en búsqueda de ganancias electorales fáciles. Más bien, de lo que se trata es concordar principios básicos y mejorar la institucionalidad ambiental.

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