Óscar Contardo's Blog, page 88

Centroizquierda

Escribo estando fuera de Chile. Nuestros asuntos no conmueven al mundo. Titulares, páginas, imágenes y la web, son copadas por la grave crisis provocada por los independentistas catalanes a España con secuelas para la UE, por los efectos devastadores y sin precedentes del huracán Irma; o por las implicancias de los ensayos nucleares de Corea del Norte. Pero no por Chile. Eso me da buenas excusas para escribir sobre un asunto que sobrevuela hace rato nuestra política, coyuntura tras coyuntura.

Hasta inicios del actual gobierno, nadie gastaba ardores proclamando la importancia de la centroizquierda. Sin embargo, la coalición política que decía encarnarla, dio muestras crecientes de considerarla una realidad incómoda y no una virtud. Quizás fue el mareo con la mayoría parlamentaria de 2013. Concluyeron que la mayoría que debía imponerse no era la de  centroizquierda, tampoco la mayoría social, sino la mayoría política de esa mayoría. Así las cosas, se hicieron minoría social en apenas seis meses de gobierno. Lo mayoritario en la sociedad pasó a ser el rechazo a las reformas educacional y tributaria y en la coalición, las fricciones.

La centroizquierda política se divorció de las mayorías e internamente, sobre todo por las reformas que dieron identidad a este gobierno. Sumémosle esa gestión pública improvisada y chapucera de que fueron haciendo gala y más tarde, los escándalos de la opacidad en la relación entre dinero y política para llegar al presente. Concurre a la próxima elección con dos candidatos presidenciales y listas parlamentarias en competencia. En la necesidad, hoy todos proclaman valorar esa  cultura de centroizquierda tan objetivamente despreciada y hasta motejada de “neoliberal” por algunos. Pero quizás es tarde.

Hay un asunto profundo que lo empapa todo y que hasta los más reacios  comienzan  a vislumbrar. Esa enorme cantidad de familias que dejaron la pobreza y entonces se identificaban con la centroizquierda, ¿siguen teniendo igual identidad cultural y política, ahora como clase media emergente? Esa clase media que representa el mayor cambio social de Chile en 30 años, que ahora percibe desigualdades antes invisibles cuando padecían la pobreza, que cree en su esfuerzo personal y no en la política como razón decisiva de su progreso, que quieren hijos universitarios y ojalá en las elites no en el proletariado, que entienden el rol de la empresa, así como de crecimiento y empleo, porque el 80% trabaja en el sector privado, que rechazan la acción de la centroizquierda que han conocido estos años; esos, ¿siguen siendo de centroizquierda? ¿O vivimos  una nueva realidad social en busca de una representación política que ya no es esta centroizquierda, ni tampoco esa derecha conservadora tan de otros tiempos  como la primera? Demasiados comienzan a reaccionar como si lo supieran o intuyeran. Anuncian tiempos interesantes.

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Actitudes versus palabras

En la vida -y especialmente en la política- las acciones valen más que las palabras, especialmente cuando está en juego la conducción del país por los próximos cuatro años. Hace 10 meses, el diputado PC Hugo Gutiérrez presentó una querella contra el expresidente Piñera por el denominado caso Exalmar. Los fundamentos de la acusación eran delirantes, resultaba evidente que el parlamentario solo tenía pequeños objetivos electorales. Abusando de las instituciones y los procedimientos judiciales, intentó minar al candidato mejor posicionado en la carrera presidencial. Pero las instituciones no se dejaron utilizar, funcionaron y la querella fue definitivamente rechazada la semana pasada; con un fallo unánime de la Corte Suprema quedó comprobada la total y absoluta inocencia del exmandatario.

¿Qué hizo el Senador Guillier en su momento? Trató de sacar pequeñas ventajas electorales y se hizo eco de las infundadas acusaciones que se lanzaban públicamente contra su rival: habló de “la doble moral”, de que para algunos no es importante “la probidad o la transparencia en la gestión o el separar el dinero de la política” y usó frases como “sabemos de su amor compulsivo por las finanzas”.

En estos días ha sido imposible dejar de apreciar el contraste entre la actitud del expresidente y la del senador. La semana pasada se conoció una denuncia periodística contra Guillier por el uso de sus asignaciones parlamentarias para asesorías externas. Se trata del pago de cuatro informes, por un monto de $19 millones, elaborados por la firma del abogado Omar Beltrán Valle -Beltrán Asociados Spa, que se habría constituido una semana antes de comenzar a prestar servicios al senador- y que resultaron ser un “copy paste” de información gratuita que está disponible en el sitio web del propio Congreso.

El caso, que ahora está siendo investigado por el Ministerio Público, encendió una aguda polémica y gatilló una lluvia de explicaciones: desde el tenor de las asesorías  que en total suman casi $47 millones -si fueron verbales, presenciales o telefónicas-, hasta la dudosa dirección de la empresa involucrada.

Como era esperable, la prensa consultó al expresidente Piñera y su respuesta fue clara: “No voy a caer en vicios de criticar sin tener los antecedentes, no voy a prejuzgar”. Hay que investigar, obvio, porque se debe garantizar el buen uso de los recursos de todos los chilenos. Pero los temas hay que abordarlos con responsabilidad, no con la crítica destemplada y oportunista que solo intentar obtener un dividendo de corto plazo, con desprecio de la actividad política y las instituciones.  ¡Qué distinta ha sido la actitud del exmandatario ahora que es el senador quien está en el foco del escrutinio público! Para conducir el país se requiere seriedad, consistencia y serenidad. “No quiero hacerle a otros lo que me ha tocado recibir”, dijo el expresidente, mostrando la coherencia que todos los chilenos esperan en un gobernante.

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El último apagón

Al recorrer el sector oriente de Santiago, todavía se advierten los efectos de la inédita nevazón de julio. Ramas y ganchos amontonados en antejardines, y cientos de inocentes árboles mutilados por una poda tardía y desesperada. El gran apagón producido por algunas de esas ramas y que dejó a más de 311 mil hogares sin energía, -y en algunos casos por varios días-, sin duda puso en jaque las políticas de prevención y respuesta de Enel Distribución, y alimentó el debate respecto a la resiliencia de nuestra red de distribución y la necesidad de soterrar redes.

Muchos apuntan que la solución sería el soterramiento de las redes urbanas, minimizando su exposición a eventuales cortes por caída de ramas o postes por accidentes automovilísticos. Sin embargo, los costos y complejidades asociadas al soterramiento de redes son tan altos, que solo se justificaría en grandes bulevares o cascos urbanos consolidados. En esta materia hay varias propuestas interesantes, como concesionar poliductos, lo que requerirá una serie de modificaciones a las regulaciones para alinear a todos los servicios. Cabe recordar que gran parte de la contaminación visual de nuestras ciudades se debe a los cables negros de telecomunicaciones que cuelgan a media altura en los postes, la gran mayoría de ellos inertes, pero sale más barato pagar el derecho a colocalizar que su retiro.

En este contexto vale la pena preguntarse qué haremos si seguiremos sufriendo este tipo de apagones. Los avances tecnológicos irrumpen con tal velocidad que es probable que para la próxima gran nevazón la mayoría de los hogares contarán con independencia eléctrica. La disrupción de las tecnologías de almacenamiento de energía, propiciado por el cambio de la industria automotriz hacia la electromovilidad, hace muy probable que en menos de una década, casi todos los hogares cuenten con sistemas domésticos de baterías que servirán de respaldo ante un corte de suministro. Incluso los mismos automóviles eléctricos cumplirán ese rol. Por otro lado, en Chile ya contamos con una ley de “Net Metering”, que permite la generación distribuida, o que aquellos hogares que generen sus propia energía o cuenten con capacidad de respaldo puedan entregar a la red sus saldos de energía. Esta revolución ya es posible, si consideramos que la misma Enel Distribución ha instalado más de 60 mil medidores inteligentes en la capital, y apunta a reemplazar el 100% del stock en los próximos años.

En este futuro presente, un eventual corte de la red de distribución, será rápidamente detectado por esta “Smart grid” la cual automáticamente activará los sistemas de respaldo y redistribuirá por esta red inteligente la energía necesaria para cubrir aquellas áreas o sectores prioritarios mientras se resuelve la emergencia. El costo de las tecnologías para alcanzar este tipo de soluciones ha bajado en forma significativa. Incluso comunas como Vitacura desde el 2014 cuentan con un “Mapa Solar” que permite a los vecinos calcular el potencial solar del techo de su vivienda para luego orientarlos respecto a la tecnología más viable y financiamiento para instalar paneles de generación doméstica.

Esperemos que el de julio pasado sea el último gran apagón vivido por Santiago, y que la próxima nevazón contemos con un sistema mucho más robusto e inteligente de energía doméstica.

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Pienso, luego hago lo contrario

Al igual que como ha sucedido con otras iniciativas, el proyecto de Universidades del Estado comienza con una declaración de los más sensatos principios, para luego establecer una serie de normas que apuntan precisamente en el sentido contrario.

En su artículo primero, el proyecto plantea que “Las Universidades del Estado son instituciones de educación superior de carácter estatal… con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura.” Desarrollo integral y progreso, dos conceptos que solo un monstruo no estaría de acuerdo en fomentar. Sin embargo, a la hora de distribuir los recursos, estos loables objetivos pasan completamente al olvido.

El proyecto contempla dos fuentes de financiamiento especial para las Universidades del Estado; Un fondo permanente denominado “Convenio Marco” que deberá ser de al menos $ 35.750 millones al año, y un fondo transitorio de $ 150.000 millones a distribuir en 10 años. Teniendo en cuenta las palabras iniciales, cabría esperar que los criterios establecidos para distribuir estos recursos tuvieran alguna relación con el aporte que hace cada una de estas instituciones al desarrollo del país y al progreso de la sociedad. Criterios como el número de publicaciones, el número de alumnos vulnerables titulados, la cantidad de profesores con algún reconocimiento público, etc.

Pero lamentablemente el proyecto no establece ningún vínculo entre la asignación de los recursos y el aporte que hace la universidad. En el caso del fondo permanente, se plantea que “los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda”. Esto es muy grave, porque finalmente queda a discreción de las autoridades de turno cuanto recibirá cada institución, y ya sabemos cómo termina esa historia.

En cuanto al fondo de $ 150.000 millones, se crea un comité que tendrá la función de aprobar, supervisar y hacer seguimiento a las iniciativas a financiar con estos recursos. Nuevamente se deja al criterio de un pequeño grupo de personas la forma en que serán distribuidos los recursos, sin que se establezcan criterios que vinculen la recepción de recursos a la contribución social de la institución.

Las palabras iniciales, quedan entonces solo en eso. Bonitas palabras.

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Disparo a la bandada

La denuncia que el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier contrató con fondos públicos asesorías que eran un simple “copy paste”, incluso de documentos del propio Senado, lo han obligado a dar explicaciones, que no han brillado por su solidez.

Pero parece no estar pagando muchos costos, cuando la discusión derivó en un enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Senado, en atención a que el órgano persecutor reaccionó a la denuncia solicitando la entrega de la documentación de todas las asesorías realizadas en la Cámara Alta en años recientes. Un disparo a la bandada, que el fiscal regional Manuel Guerra justificó “por un tema de transparencia y de trato igualitario a todos los sectores”. Pero sucede que la Constitución y la ley entregan a la Fiscalía la atribución de investigar delitos que se hayan cometido, lo que requiere hechos que revistan el carácter de tales, y no de andar verificando si se han cometido delitos, sin que se conozcan hechos concretos. Pasar esta línea transforma al Ministerio Público en un fiscalizador omnímodo, un precedente preocupante que amenaza la libertad y los derechos de los ciudadanos. En simple: ¿Le gustaría a usted recibir un oficio de un fiscal pidiéndole que entregue todos sus papeles para ver si ha cometido algún delito? Los fiscales deben investigar el caso del senador Guillier, en que aparecen antecedentes que justifican la pesquisa, y en la medida que surjan otros hechos similares, la podrán y deberán ampliar.

El argumento del igual trato no permite pasar dicha línea. Sin embargo, resulta curioso porque da la sensación que el Ministerio Público se siente al debe al respecto, en lo que no estaría tan equivocado, cuando muchos pensamos que en la investigación del financiamiento irregular de política la mano se cargó hacia un solo lado y ha costado que comience a mirar el otro.

Lo lamentable fue que la reacción del Senado ha tenido un tono de dignidad menoscabada, que en el ambiente actual de desconfianza ciudadana suena a pretexto y defensa corporativa. Ella debió fundarse sobre todo en la extralimitación de funciones, argumentado que si eso sucede con la Cámara Alta, que es un poder autónomo, ¿qué queda entonces para el ciudadano común? Si a ello se agrega que el Senado se ha opuesto a que se hagan “auditorías sorpresa” por parte del Comité de Auditoría Parlamentaria, que es un órgano interno, que por lo mismo no violan su autonomía, y que son necesarias para disuadir acciones irregulares, queda con más fuerza la sensación de que algo se esconde.

Así, los senadores, que debieran actuar en interés de la ciudadanía, han debilitado la defensa del principio inherente a la democracia que los órganos del Estado, incluido el Ministerio Público, no pueden atribuirse facultades que no tienen y deben sujetar su acción estrictamente a las normas legales. Y éstas no facultan al órgano persecutor penal a andar a “la pesca” de posibles delitos.

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Amantes del César

Un nuevo escándalo sacude a los representantes de la soberanía popular. El denominado caso “copy paste” -ya a esta alturas “copy gate”- enfrenta al Congreso y a la Fiscalía Nacional, por la solicitud de todos los antecedentes vinculados a las asesorías parlamentarias. Hagamos algunas distinciones.

Primero, tratándose de dineros públicos y de informes cuyo propósito es iluminar el juicio de los honorables en la tarea de legislar, parece poco razonable la resistencia a facilitarlos que se ha observado en varios diputados y senadores, al punto de trabar una contienda de competencia con otra institución estatal. Aunque no haya sido el propósito, una reacción semejante solo profundiza la sospecha en la ciudadanía, alimenta el prejuicio sobre la incomodidad que provoca la transparencia en algunos, y consolida la idea de un club que tiende a protegerse de manera corporativa.

Sin embargo, y en segundo lugar, sí parece plausible el alegato de que la manera en que procede la Fiscalía contribuye a la generalización de un reproche, el que debió hacerse de manera individual, fueran pocos o muchos. El instrumento utilizado más se asemeja a una suerte de redada institucional, que pone el foco en el juicio que se hace a la corporación y no a la conducta individual de sus miembros. Y dicha generalización también afecta a todos los prestadores de estos servicios, donde -por experiencia puedo decirlo- hay varios cuyo producto y trabajo es el de la más alta calidad.

Tercero, y he aquí la cuestión de fondo, nos enfrentamos al típico problema generado con motivo de las medias tintas o la tiranía de lo políticamente correcto, en donde nos negamos a reconocer y menos justificar una realidad o necesidad, para intentar vestirla o disfrazarla de algo diferente. La mala calidad de muchos de los informes detectados en los últimos días, es consecuencia directa de que nunca se pensó en que éstos fueran el real propósito de la asesoría que prestan las personas que los escriben o redactan; textos que se confeccionan solo para justificar una determinada rendición, pero que poco y nada dicen de la naturaleza del servicio prestado.

En efecto, los parlamentarios necesitan de asesores políticos y legislativos cuya contribución no se limita a informar técnicamente un determinado proyecto de ley, sino que principalmente orientan estratégicamente el quehacer de un senador o diputado: en cuestiones comunicacionales o territoriales, proveyendo información relevante, y sirviendo de puente con otros colegas o partidos políticos. En definitiva, son consejeros cuyo valor e importancia, como su trabajo y dedicación, van mucho más allá de lo que -tardíamente y a la carrera- se plasma en lo que no es más que una exigencia administrativa. ¿No sería mejor sincerar esto de una vez?

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El candidato Guillier

Guillier es un periodista de izquierda de larga trayectoria, que finalmente terminó en la política y se transformó en candidato presidencial. Objetivo nunca fue. Quizás él lo recordará como el peor error en la vida porque ha demostrado muy poco talento en la aspiración.

Al ser candidato, los errores se magnifican. Ha sido un crítico feroz de las isapres, pero las promovió cuando le pagaron. Se supo que recibía su sueldo a través de una empresa personal, para el tema tributario. Reapareció el oscuro incidente del juez Calvo, y hoy es adalid de la tolerancia. Se hizo político profesional y parte negando ser político, lo que según él hace que lo miren con desconfianza. Ahora se enredó con las asesorías “copy paste” con platas del Congreso. Más aún, aprovechó para despotricar contra los medios y sus colegas, lo que es ya de no creer.

Sus dichos han sido poco felices. Dijo que si iba Lagos él no iría, y cuando llegó Lagos ahí se quedó. No solo ello, lo ninguneó acusándolo de creerse Bernardo O’Higgins. También dijo que si no había primarias él no iría a la elección y ahí está. Acusa al Tribunal Constitucional de ser “enclave antidemocrático” y una “tercera cámara legislativa”, y propone su eliminación, pero está feliz cuando éste juzga como a él le gusta. También dijo que “el romance con Goic va apasionado” lo que no le cayó bien a la candidata. Dijo que Fernández tiene alzheimer. Que “el terrorismo lo cometen los agentes del Estado”. También dijo que “en Chile no hay ninguna empresa encuestadora que dé seriedad”, y él mismo fue un fenómeno de las encuestas. Llamó a no votar en las primarias, y dormir siesta, lo que generó el abucheo general. Se quejó de las notarías. Acusó de un cerco bancario en su contra, y que las multinacionales saqueaban al país, pero colaboró con una. Lo notable es que se supone que es maestro de las comunicaciones.

La guinda de la torta fue cuando él mismo se compara con Obama.

Lo que su propio sector dice sobre él no es muy halagador.

Dramáticamente, Andrade, cuando ya era el candidato oficial, dijo que ahora había que ponerle los contenidos. Le dijeron desde su propio sector que su comando era “patético”. Pamela Jiles señaló que a Guillier “le llora una asesoría de contenidos. Suena machista, anodino, contradictorio e intelectualmente débil”. Lo peor quizás fue el mensaje de Girardi: “Guillier es un castigo a nosotros mismos. Surge de nuestra incapacidad para elaborar nuevas respuestas”.

Carlos Peña dijo que era intelectualmente confuso. Dijo que relacionándose directamente con la ciudadanía, o no entiende nada o está simplemente engatusando: o enarbola una utopía tonta o una fraudulenta. Lagos lo acusó de populista. También lo acusan de no ser muy empeñoso, y que se fatigaba muy rápidamente.

Como senador, apoyó irreflexivamente todas las malas reformas de Bachelet. Una y otra vez apoyó al chavismo, y el chavismo lo apoyó a él; incluso arrancó de la Sala al votar el tema Venezuela. Más notable aún fue su reacción espontánea de “todos contra Uber”, lo que muestra su mirada hacia el pasado y la semilla del populismo. Se le escapó en sus bases programáticas su propuesta del control del tipo de cambio. Quiere formar una extraña “asamblea ciudadana por el bienestar”. También, en pleno siglo 21, en la era de Internet, cree que hay que tener una editorial estatal. Ahora tiene como vocero a Vidal, que es nada menos un director del BancoEstado, lo que da una primera indicación de lo que sería su manejo de las instituciones del Estado. La población tiene la palabra, y respetaremos lo que decida, pero es importante dejar escrito este recuento inicial para la historia. Tener opiniones no es lo mismo que tener ideas propias.

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“Copy paste”

Salvo honrosas excepciones, la vez anterior los actores políticos no estuvieron nunca dispuestos a reconocer que las boletas ideológicamente falsas entregadas a diversas empresas, eran una forma transversal de financiar campañas. Ahora el expediente parece ser más o menos similar: recursos de asignaciones parlamentarias, que fueron utilizados para financiar operadores y centros de estudios vinculados a los partidos propios, contra entrega de informes plagiados y asesorías ficticias.

A la evidencia de pagos efectuados con asignaciones de Alejandro Guillier por estudios “copy paste”, hechos por una consultora vinculada a personas que trabajan en su comando y que están siendo investigadas por el financiamiento irregular de la “precampaña” de Michelle Bachelet, se sumaron luego antecedentes sobre informes falsos pagados por cuarenta diputados. Las explicaciones absurdas no se hicieron esperar: los parlamentarios pretenden hacernos creer que todos habrían sido “engañados”, por lo que en apariencia no podría ser nada más que una verdadera maquinaria dedicada a estafarlos, al venderles informes copiados. Incluso una diputada comunista anunció, ofendida, que había decidido suspender los servicios otorgados por el centro de estudios de su propio partido, porque al plagiar documentos no cumplieron con los mínimos estándares de “honestidad intelectual”.

En síntesis, volvimos otra vez al punto de partida: una clase política que se niega a reconocer una práctica masiva y transversal, destinada a usar las asignaciones parlamentarias para fines que tuercen el sentido para el que fueron establecidas. Es cierto que las generalizaciones son siempre odiosas y seguramente existen congresistas que hacen buen uso de sus asignaciones. Pero 40 diputados pagando por estudios falsos no pueden ser considerados una excepción, a lo que se agrega la reacción corporativa del Senado, que por razones fácilmente imaginables se ha negado a entregar a la fiscalía los informes ficticios, requeridos en el marco de una investigación sobre eventual uso fraudulento de recursos públicos.

La insólita decisión de la Cámara Alta se sumó a la ofensiva desplegada por Alejandro Guiller en contra de los fiscales, acusándolos de priorizar causas en función de supuestos beneficios económicos. Una acusación de la máxima gravedad respecto al buen funcionamiento del sistema de persecución penal, y de la cual el parlamentario aún no entrega los antecedentes que la fundamentan.

Hasta ahora, más bien, lo único claro es que una práctica parlamentaria relativamente frecuente, destinada a hacer mal uso de recursos financiados por todos los chilenos, ha terminado por instalar un delicado conflicto de poderes, que solo contribuye al desprestigio de las instituciones y a la desconfianza pública.

Al final del día, el verdadero “copy paste”, el de las más serias consecuencias, es el que realizan aquellos que nuevamente intentan encubrir sus irregularidades, con un manto de silencio y de explicaciones inverosímiles.

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No más chantas

“Da lo mismo que los candidatos no manejen los temas, para eso están los asesores”. Este lugar común nunca me ha convencido. ¿Cómo alguien que no entiende mínimamente un asunto va a discernir cómo asesorarse bien sobre el tema? ¿Hay, al menos, alguna garantía respecto a la calidad de los asesores?

Mis dudas han sido reforzadas por proyectos de ley que han tenido como fuentes Wikipedia y “El Rincón del Vago” (Navarro) o Yahoo Respuestas (Girardi), y por “asesorías” a la Guillier. ¿Qué tan generalizadas son estas prácticas en el Congreso? ¿Cuántos casos similares han pasado piola? No sabemos, aunque la defensa corporativa para evitar que se investigue nos da un indicio. Lo que sí es claro, es que si depositamos tantas expectativas sobre quienes asesoran a quienes hacen las leyes que nos rigen, lo mínimo sería preocuparnos de tener un sistema de asesorías transparente, competente y profesional.

Urge, entonces, el diseño de un sistema de asesorías legislativas a la altura del dinero que pagamos los contribuyentes, y de los complejísimos desafíos que nos pone por delante el proceso de modernización y los cambios sociales, económicos y ambientales que experimentamos. Con ese fin parece razonable aprovechar y potenciar dos recursos ya disponibles: la Biblioteca del Congreso y el “capital humano avanzado” en el que el país ha invertido millones de dólares, compuesto por muchos especialistas en diversas áreas que tienen la obligación de residir en Chile por un cierto número de años como retribución por sus becas.

La Biblioteca del Congreso podría ser convertida en el centro neurálgico de las asesorías legislativas más comúnmente requeridas por los congresistas, así como en un motor de la cultura nacional. Haríamos bien en observar el caso de las bibliotecas de los poderes legislativos peruano, estadounidense o británico. Nuestra actual Biblioteca, que cumple digna, independiente y profesionalmente con sus labores, merece ser llevada a otro nivel, hasta volverse un motivo de orgullo nacional y un lugar codiciado para trabajar.

En el caso de nuestros posgraduados, son muchas las quejas en contra del sistema de retribución existente, que algunos consideran excesivamente oneroso, y otros insuficiente. El problema se vería morigerado si diseñamos un sistema de asesorías que permita incorporar a nuestras mejores mentes al proceso legislativo. Por ejemplo, podría crearse un registro de asesores expertos en distintos temas, mediante un proceso de selección riguroso y exigente al que los becados quedaran incorporados por defecto, pero al que cualquiera pudiera postular, y que los legisladores convocaran a quienes les dieran más confianza y sintieran más afines, pagando una retribución por servicios prestados.

El Congreso, en todo caso, algo tendrá que hacer con este tema. Hay, con razón, cada vez menos tolerancia popular con los chantas. Especialmente con los que ganan varias veces el sueldo promedio sin tomarse en serio su trabajo. Uno de los efectos de la democratización que vive nuestro país es que los ciudadanos ya no nos sentimos súbditos de la clase política. Les pagamos demasiado bien, y estamos comenzando a exigir un servicio a la altura.

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Los dueños de la política

Cuando el nombre de Andrés Zaldívar apareció, aunque tímidamente, vinculado a los pagos por informes falsos, el ágil senador no tardó ni media hora en convocar a la prensa para mostrar ante las cámaras de TV una mesa de reuniones copada de carpetas y archivos que, supuestamente, dejaban en evidencia su voluminoso trabajo. Poco o nada se supo de los contenidos, pero la estrategia comunicacional fue suficiente para que lo bajaran del columpio de manera rápida y efectiva.

Esta semana, nuestro pequeño gigante de la política nos dio otra lección sobre los límites que está dispuesto a tolerar. ¿Así que los electores quieren revisar mis asesorías? Tamaña frescura. Pues la respuesta es no y punto. Yo soy el presidente del Senado, tengo 81 años, fui ministro de Frei Montalva, prácticamente les hago un favor al seguir en la política.

Es que son los dueños de la política, para que usted sepa. Los Girardi, los Zaldívar, los Pizarro, Espina, los hermanos Walker, etc. A ellos no les caen balas. La política les pertenece.

Los senadores y los diputados administran su espacio de poder, incluyendo las lucas asociadas a éste. Eso no es novedad. Mantienen una red de alcaldes, seremis, cores, concejales y todo el resto de cargos y puestos públicos que ellos mismos crean y que usted y yo ayudamos generosamente a financiar. Por eso que esto de los informes truchos no debiera ser motivo de sorpresa. Se trata de derivar unos pesitos a éste u otro amigo o colaborador de la campaña, nada más. Como dijo en la tele el secretario de la cámara: ¡Pero si es poca plata!

Sospecho que esta vez la astucia de Zaldívar podría no ser suficiente frente al apetito mediático del fiscal Gajardo, pero quién sabe: el hombre tiene dribbling. Tanto así, que dejó al ex rostro como un infante desvalido frente al acoso periodístico. Mire que andar culpando a los “cercos informativos”, mire que acusar a los periodistas de insidia en su contra, mire que enojarse frente a las cámaras. Guillier ha demostrado que los periodistas saben tanto de manejo comunicacional como de física cuántica.

Mientras tanto, en otra galaxia, la vocera de La Moneda nos informa que la Presidenta de la República ha instruido a sus ministros para que sigan “informando a la ciudadanía para dar a conocer los logros de nuestro gobierno” a través de “actividades en terreno” y del “contacto directo con los ciudadanos y ciudadanas, explicando los alcances de las transformaciones”.

Tal convocatoria lleva a este humilde contribuyente a sospechar que nuestra Mandataria tiene la curiosa sensación de que su administración ha hecho grandes maravillas que el vulgo no cacha.

¿No será acaso que están más bien sufriendo las reformas?

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