Óscar Contardo's Blog, page 87

Después del Tribunal Constitucional

Sin duda alguna varios efectos “colaterales” podría dejar la aprobación del proyecto de aborto en tres causales luego de su declaración de constitucionalidad. Sin perjuicio que el gobierno y un amplio grupo de parlamentarios nos indicaban que su motivación se fundaba en la necesidad humanitaria de “despenalizar” causales específicas de aborto y en caso alguno afectar el estatus constitucional de seres humanos no nacidos, cinco de los 10 miembros del Tribunal Constitucional sostuvieron lo que ni siquiera el parlamento democrático ha sido capaz de decir: “No todos los seres humanos son titulares de derechos humanos”. Aquello lo hicieron, además, a pesar de que el mismo Parlamento actuando como “constituyente” había sostenido en varias oportunidades que los derechos humanos tienen su fuente no en una mera declaración legal, sino en el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, por lo que reconocían su titularidad. La perspectiva contraria ofrecida por parte del Tribunal Constitucional produce un “efecto colateral” al proyecto de aborto que la mayoría democrática no estaba dispuesta a aceptar, ya que incorpora una duda sobre las bases políticas de nuestra sociedad, que debe ser abiertamente rechazada. Los efectos en las interacciones sociales, serían devastadores. Solo un ejemplo en práctica médica.

El fallo del Tribunal Constitucional, al igual que lo hizo la discusión sobre el aborto en Estados Unidos, puede llegar a tener enormes repercusiones en el plano de la ética médica.

Desde hace 30 años, con el advenimiento de las hoy rutinarias técnicas diagnósticas, se nos permitió la visualización completa del cuerpo humano del hijo no nacido, sus movimientos e, incluso, su cara y sus expresiones. Frente a la disyuntiva de si el médico estaba frente a dos pacientes, se reveló en toda su misteriosa belleza que la mujer embarazada no era portadora de un “posible”, sino derechamente de un ser humano distinto. Para el actuar médico aquella evolución tecnológica fue radical, dos eran los pacientes.

En Estados Unidos, luego de la legalización del aborto que tuvo como fundamento que el ser humano no nacido tiene valor en la medida que represente un interés para su madre, los médicos debieron modificar su práctica. Estos se vieron impedidos de poder aconsejar o desaconsejar (principio de beneficencia) determinadas terapias fetales, bajo la sombra de vulnerar la autonomía materna.

Así, en adelante, solo mediando requerimientos legales, se pudieron salvar vidas de sus hijos, mediante una cesárea o utilizando terapias maternas.

Si se acepta la tesis de cinco miembros del Tribunal Constitucional -que representa una limitación relevante a la teoría de los derechos humanos en todos los ámbitos- , ¿ se acabará condicionando el primer y más importante principio de la medicina, al menos, desde Hipócrates en adelante: “No hacer daño a otro”?

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El derecho a defensa de los niños vulnerados

Esta columna fue escrita junto a Mónica Jeldres, jueza de familia.

Según cifras del Sename, el año 2016 hubo 230.954 atenciones a niños en situación de vulneración. De éstas, 13.035 correspondieron a niños privados de su medio familiar y que se encontraban en centros residenciales. Lo relevante es que todos los niños que pasaron por un proceso judicial en que se les aplicó una medida de protección por parte de los Tribunales de Familia, en su mayoría no contó con un abogado especializado que los defendiera adecuadamente velando por su interés superior, conforme lo exige la Convención de los Derechos del Niño.

La realidad es que enfrentado el niño al Estado, no existe el derecho a defensa, pese a que – por ejemplo- la medida de separación del niño de sus padres es la más grave que podría decidirse y que causa afectaciones en todas las esferas de la vida, incluso más allá del proceso. Falta una institucionalidad autónoma y competente que se haga cargo verdaderamente de la representación jurídica de los niños.

Si bien la iniciativa que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, boletín N° 10315-18, en su art. 38 establece que “todo niño tiene derecho a contar con la debida defensa jurídica especializada y autónoma (…)”, dicha referencia es un mero espejismo. En efecto, en la Cámara de Diputados, hoy se está tramitando el proyecto que crea la Defensoría de la Niñez, boletín N° 10584-07, siendo dicha institución, en los hechos: un defensor que no defiende de modo alguno. Esto, porque su rol es meramente observador y persuasivo ante la acción del Estado en materia de infancia, algo similar a lo que hace el INDH actualmente, pero que de defensa jurídica no tiene nada.

De igual modo, nuestra actual normativa es completamente deficiente, toda vez que el art. 19 de la ley de Tribunales de Familia que establece un abogado denominado curador ad litem para los casos en que se encuentran involucrados intereses del niño, es meramente facultativo para el juez, restrictivo, impuesto y que no reconoce al niño como sujeto pleno de derechos, en especial, en su derecho a defensa, contraviniendo la Carta Fundamental y la Convención de Derecho del Niño.

A lo anterior, se suma que los pocos que existen, en general tienen una mínima formación profesional en materias de infancia, exceso de carga laboral y escasa vinculación entre éstos y los niños que representan. Asimismo, hay un desorden funcional, ya que pueden depender de la Corporación de Asistencia Judicial, de Clínicas Jurídicas Universitarias o del propio Sename a través de sus programas de representación judicial.

Así las cosas, la institucionalidad actual se hace tremendamente insuficiente a la luz de lo que hoy nuestros niños vulnerados requieren para proteger verdaderamente sus derechos, siendo indispensable la creación de la figura del “Abogado del Niño” en similares condiciones que la defensoría penal pública y la defensoría laboral, de manera de concretizar uno de los más básicos derechos, un real acceso a la justicia y una eficaz defensa jurídica, hasta hoy, lamentablemente inexistente.

 

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Productividad, diversificación y política de clusters

Esta columna fue escrita junto a Juan José Obach, del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard

Recientemente, el ex Ministro de Economía señaló en Twitter que para alcanzar una mayor productividad es necesario diversificar la matriz productiva del país. No sé en esta ocasión, pero al menos en ocasiones anteriores, tanto él como Eduardo Bitrán, han usado este argumento para justificar las políticas de clusters o sectores estratégicos, es decir, la utilización de fondos públicos en los que el gobierno decide en qué industrias deberíamos poner las fichas como país.

Es cierto que hay una reciente literatura empírica que relaciona la diversificación con el crecimiento económico. La evidencia empírica es clara: mientras más diversa es la matriz productiva de un país, entonces más debería crecer éste (Imbs and Warciazg, 2003; Hausmann et al., 2014). Sin embargo, la literatura no es concluyente en cuanto a los factores que fomentan la diversificación productiva (para más detalle ver el estudio de Agosín, Álvarez y Bravo Ortega, 2011). En otras palabras, sabemos que la diversificación es instrumental en el proceso de desarrollo de los países, pero no hay suficiente evidencia que señale cuales son las mejores herramientas para lograr dicha diversificación.

La pregunta del millón, entonces, es cómo Chile puede diversificar sus exportaciones para sortear lo que muchos llaman “la trampa del ingreso medio”. Dada la evidencia empírica disponible, no es correcto afirmar que una política de clusters es la manera de lograr dicho objetivo. Por el contrario, creemos que elegir sectores no es el camino correcto. En primer lugar, el Gobierno tiene información imperfecta sobre los cuellos de botella a la productividad del sector privado. Asimismo, siempre existirá discrecionalidad por parte del político de turno. Finalmente, genera un riesgo de la apropiación de rentas por parte de actores poco competitivos -pero bien conectados políticamente- lo que es terreno fértil para la corrupción.

En contraste, hay determinantes de la productividad que sí creemos que funcionan; que han sido estudiados empíricamente y que no requieren de personeros de un gobierno decidiendo cuál industria es la más rentable para el país (para más detalle ver Syverson, 2011). Más innovación, más competencia, más apertura al comercio exterior, más infraestructura, menos barreras al emprendimiento y más inversión en capital humano son factores que tienen un impacto directo en la productividad y por ende en el crecimiento de los países. En varios de estos frentes el actual gobierno ha mostrado avances, no los desconocemos. Chile debe seguir invirtiendo en ellos y descuidarlos sería un gran error. Sin embargo, nos hubiera gustado que este tipo de avances hubiesen sido privilegiados por sobre las inversiones en los famosos sectores estratégicos.

El Estado no debe elegir sectores ni aplicar subsidios e impuestos a discreción, en cambio, sí debe propiciar las condiciones para una colaboración estratégica con el sector privado, en donde los actores privados revelen cuáles son sus principales problemas y, así, el Estado pueda ayudar a resolverlos (Rodrik, 2014). Al mismo tiempo, el Estado también debe revelar información a las empresas (sí, las empresas también manejan información imperfecta) para ayudarlas a sortear problemas de coordinación con el Estado y con otros privados (Hausmann y Rodrik, 2002). De esta manera, el Estado debería enfocarse en generar un proceso estándar de coordinación público-privada, más que enfocarse en elegir a los ganadores de este proceso.

Es un error pensar que una política de clusters es la bala de plata para aumentar la productividad del país. Si Chile quiere políticas que efectivamente aumenten la productividad, el Estado no debe elegir sectores, sino ayudar a resolver los problemas que éstos tienen.  

 

 

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El derecho a una nueva oportunidad

Hace pocos días se conoció acerca de la planificación de una visita pastoral del Santo Padre al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín (CPF). La ocasión nos parece propicia para poner de relieve la necesidad de fortalecer los procesos de reinserción femenina entendiendo su impacto, no sólo en dicha población penal, sino que principalmente en sus hijos y sus familias. Cabe destacar que este grupo  cuenta con un promedio de 3 hijos por mujer, siendo a lo menos uno menor de 18 años, situación cuyo impacto se expresa en los 4 de cada 10 internos de la cárcel que tuvieron un adulto responsable preso, más aún en el caso de mujeres en que mayoritariamente son hogares en donde ellas son las sostenedoras.

Las mujeres que cumplen condena son básicamente de dos perfiles: hurto y micro tráfico. Más de un 60% de ellas sufrieron algún maltrato en su infancia, o agresiones graves de su pareja, mientras que cerca de 1/3 son consumidoras problemáticas de drogas, tasas que exceden con creces a la población común y que demuestran los niveles de exclusión social que enfrentan.

Mayoritariamente, las mujeres privadas de libertad tienen condenas de faltas y simples delitos. Para ellas, cumplir su tiempo en la cárcel es comenzar el camino hacia la reunificación familiar, es también la esperanza de encontrar un trabajo que las mantenga alejadas de lo que las llevó a ella, pero a veces no resulta simple. La reinserción de quienes han cumplido enfrenta un obstáculo importante en un proceso que data desde 1932 y que norma la eliminación de antecedentes penales  a través del decreto 409 que, en la práctica, opera como una pena accesoria, pues la persona ya cumplió su castigo.

La evidencia internacional está de acuerdo en que el sentido de pertenecer a la sociedad y el trabajo son factores esenciales para dejar de delinquir y el actual sistema de eliminación de antecedentes opera en sentido inverso. Los antecedentes penales se tornan un estigma que genera una identidad delictual perpetuando la situación de exclusión social, pues con ellos no logran acceder a puestos de trabajo  o  iniciar procesos ante tribunales de familias cuando quieren volver a vivir con sus hijos.

Por esta razón, es que creemos que se debe proponer la eliminación automática de todo registro de antecedentes penales una vez cumplida la condena, porque no existe una justificación para su existencia, más allá de la distinción como circunstancia modificatoria de responsabilidad que observan los tribunales al establecer la pena, entre reincidentes y no.

La legislación nacional progresivamente ha integrado la omisión y eliminación automática de antecedentes penales en cuerpos normativos más modernos, así tenemos  los casos de la ley 18.216 modificada por la ley 20.603 referente a la sustitución de las penas, en donde se impone la obligación al tribunal de informar al Registro Civil la eliminación u omisión de antecedentes penales, contrario a lo que hace el DL409, que obliga a la persona a actuar.

Otro caso es el de la ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolecente, donde se establece que los antecedentes penales relativos a procesos o condenas de menores de edad, sólo podrán ser consignados en los certificados que se emitan para ingreso a Fuerzas Armadas, policías etc. por tanto la regla general es la omisión de anotaciones prontuariales.

En consecuencia, no existe una razón fundada para que no avancemos en esta materia, al menos, en el grupo prioritario de mujeres que habiendo cumplido su condena por falta o simple delito inicie su proceso de egreso y reinserción. Es importante también que exista, para los casos que se contemple multa como el microtráfico, la posibilidad de  sustitución de ella  por la prestación de servicios, inmediatamente se encuentre firme la sentencia.

Estas medidas contribuyen a evitar la reincidencia deteniendo las trayectorias delictivas en ellas y la transmisión intergeneracional del delito, mejorando las capacidades de inserción social para ellas y sus hijos. Esperamos que  la visita del Papa al CPF más allá de lo Pastoral y traiga un gesto de parte de las autoridades para hacer posible el derecho a una nueva oportunidad.

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Diez años de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas

El 12 de septiembre del 2007, hace 10 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Votaron a favor 144 países, incluido Chile; 4 en contra y 11 abstenciones. La Declaración contiene 46 artículos de derechos que cubren la dimensión política, social, económica, cultural y medio ambiental. Los reconoce como inherentes y los proclama como derechos “a vivir con dignidad y a mantener y fortalecer sus propias instituciones, su cultura y sus tradiciones”.

Esta Declaración cerró un largo ciclo de debates que tuvieron como origen la situación de la población indígena en Guatemala y Ecuador en los años 50 y a partir de ello se hizo patente la necesidad de crear una instancia internacional que se ocupase en profundizar este tema. Esto se inició en la Comisión de DDHH  de la ONU. Luego se creó la Subcomisión de la ONU sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías. El debate con los Estados y con PPII llevó largos años. Finalmente, en 1995 se instaló un Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración, que fue presentado a la Asamblea General en el 2007.

En la historia de los tratados internacionales en materia de DDHH, en Naciones Unidas, el énfasis fue el de las relaciones entre individuos y Estados y por eso no se consideraron derechos colectivos como los de los PPII, con excepción de la Convención sobre los derechos de los niños que consideró específicamente a niños y niñas indígenas. La idea de derechos colectivos es contemporánea en el debate internacional. Es decir, corresponde a los últimos 25 años. Durante un tiempo la ONU se ocupó del tema de la descolonización y se pensó que los asuntos concernientes a los PPII se resolverían en los procesos de liberación nacional. Tiempo después la ONU comprenderá que los pueblos “indígenas y tribales” requerían otro tipo de consideración, especialmente luego que a partir de los años 70, surgen diversos estudios e informaciones de diferentes países en el mundo que daban cuenta de situaciones muy críticas que afectaban a los indígenas a nivel mundial. La OIT (Organización internacional del Trabajo) ya tenía un conocimiento de estos problemas, y en 1957 adoptó el Convenio 107 y posteriormente condensará en el Convenio 169 un Tratado internacional de mayor envergadura. La Comisión de DDHH de la ONU se interesará en dicho tiempo, y con ello el tema se introdujo ampliamente en el debate internacional que cristalizará, finalmente, el 12 de septiembre del 2007.

Chile ya había aprobado el Convenio 169. Los PPII demandaban su ratificación. Esto ocurrió en marzo del 2008 cuando el Congreso chileno lo ratificó. La Presidenta de Chile lo publicó en el Diario oficial de la República en octubre del 2008 y su puesta en vigencia quedó establecida para septiembre del 2009.

Hoy existe a nivel internacional un amplio mapa de convenios y tratados internacionales que brindan un especial reconocimiento a los derechos indígenas. Y esto implica abrir caminos hacia una comprensión mayor respecto de la importancia de la interculturalidad en nuestras naciones. Al cumplirse 10 años de la Declaración universal de los derechos de los PPII del mundo, lo esencial es que Chile amplíe su cobertura institucional, brinde caminos al empoderamiento de estos derechos y que mediante soluciones políticas y democráticas, se establezcan también los caminos de una reconciliación del Estado y de la sociedad chilena con las demandas históricas de nuestros pueblos originarios.

 

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Los inventores del Maratón y de la pelota cuadrada

Cuando cerró el Hotel Carrera en febrero de 2004, entre los centenares de notas que se hicieron, una llamó la atención por lo fantasioso del entrevistado y lo poco preparado del reportero. Un barman del hotel aseguró que él “había inventado la vaina en 1989”. El periodista transcribió tamaña idiotez sin preguntarse, ni comprobar, si la información era falsa. Signo de los tiempos que se avecinaban.

Nadie está libre del mentiroso de turno. Como ese gaucho de Luis Landriscina, que aseguraba haberse topado con el ejército de San Martín y decía que el libertador de Argentina, Chile y Perú era una gran persona, “pero muy peronista”.

La historia está siempre sujeta a revisión. Pero ella debe ser rigurosa, con documentos y testimonios a la mano. Los adjetivos de “histórico”, no hablar “épico”, se usan en la actualidad con una facilidad delictiva. Cualquier barrabás o niñato pretende ser visionario, cualquier hecho intrascendente y habitual, se eleva a la categoría de fundacional.

Y como el control de calidad no existe, basta con decir algo para que ese algo sea verdad. El tema es que no aguantan una revisión sin darse de hocico en el piso.

Todo esto lo digo por una publicación sorprendente e indignante publicada en la sección deportiva del El Mercurio el sábado 9 de septiembre pasado. Ahí un tal Diego Zavala, subgerente de comunicaciones de la empresa Corporación Maratón de Santiago, muy suelto de cuerpo y sin que se le arrugue un músculo de la cara señaló: “el maratón lo creó una empresa, en la que yo trabajaba en esa época, y la Fedachi era sólo un patrocinador”.

Sí Zavala. Usted trabajaba en la empresa que organizó el primer maratón que se corrió en Santiago en 1908 y las decenas que se corrieron durante todo el Siglo XX. Y estuvo cuando se organizó el Maratón de Santiago en 1985, auspiciado por Química Hoechst, que se ha venido corriendo sin interrupción por estos 33 años.

Usted y su empresa fueron. Cómo no. Fue en un espectacular brainstorming entre publicistas e ingenieros comerciales donde también se inventaron los 110 metros vallas y el estilo fosbury flop del salto alto. El sol irradiaba sus cálidos rayos, los pajarillos llenaban el aire de gorjeos y la más pura agua brotaba de los manantiales. Qué lindo día fue ese Zavala.

Pero ya que está para contar la invención de las cosas, podría contar quién fue el que urdió la venta de la marca Maratón de Santiago de la Fedachi a la Corporación por 10 mil pesos; o quién fue el genio detrás del contrato leonino que sometió a la Fedachi por años en favor de los intereses comerciales de la Corporación; o quién fue el asesor ético que impulsó a los dirigentes de la Fedachi Fernando Jamarme y Álvaro González a venderse ellos mismos el Maratón de Santiago negociando a ambos lados de la mesa.

¿Ve Zavala que hay “inventos” de los cuales la gente necesita saber quiénes fueron los genios tras ellos?

Pero yo lo entiendo: ante la lluvia de querellas y el hecho de haber perdido la categoría Bronze desde la IAAF, necesitan de una contraofensiva publicitaria para salvar el millonario negocio que armaron, y se apropiaron, los ex dirigentes. Y en la borrasca se dice cualquier cosa. Pobre.

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Una nueva asesoría

El escándalo del “copy paste” en torno al equipo de Guillier y la sospecha que la práctica es extendida ya ha sido objeto de intensa crítica en estos días. Dos preguntas surgen ahora para aprovechar la coyuntura y mejorar lo que tenemos. La primera es volver a preguntarse si se requiere algún tipo de asesoría legislativa. Fernando Villegas, por ejemplo, en un audio que circula por redes sociales cree que no. Sostiene, con su habitual agudeza, que un profesional bien pagado (como un congresista) debiera hacer el trabajo legislativo por su cuenta sin necesidad de asesores. Pero lo cierto es que la política es algo más compleja. Un parlamentario debe combinar tareas legislativas, de representación (con los innumerables grupos de interés que circulan en torno al poder) y propiamente políticas (en su rol oficialista u opositor). Estas tareas requieren de un equipo de asesores que apoyen al menos a la bancada a la que pertenece. ¿Por qué? Simplemente porque de lo contrario la deliberación política sería muy pobre. Los congresistas son, en cualquier parte del mundo y salvo excepciones, más generalistas que especialistas; incapaces de ponderar todas las complejidades del debate de política pública. Un autor los definía como un grupo de personas con una cierta conexión con la realidad superior a la del experto que hace la política pública. No mucho más… por eso el rol del congresista es enfrentar al experto con el sentido común; no ser el experto. Una buena asesoría entonces permite elevar el conocimiento del parlamentario para mejorar la deliberación.

La segunda pregunta es cómo hacer para tener una buena asesoría legislativa. Desde hace tiempo se oye decir que basta con reforzar la Biblioteca del Congreso Naciona (BCN)l. Pero eso no resuelve el asunto. La BCN, si no quiere traicionar su misión, debe prestar una asesoría neutral, es decir, una que ponga en la mesa todas las alternativas posibles. Pero no puede tomar posición porque ello la teñiría e inmediatamente perdería su foco. Sugerir un camino (cómo votar; qué preguntar; qué dejar pasar por irrelevante; etc.) solo pueden hacerlo los asesores de confianza, es decir, aquellos que combinan un cierto grado de expertise y una comunidad de principios con el parlamentario. Es esta mezcla la que les permite dialogar con los técnicos y ser escuchados por los políticos.

Fortalecer solo la asesoría neutral desconoce que la política no es matemáticas sino que un proceso deliberativo donde la técnica se entrecruza con principios, ideologías y estrategias que el asesor de confianza pondera mejor que el técnico.

Por eso es que la asesoría de confianza debe fortalecerse. Para ello es necesario crear una cultura institucional que permita distinguir al asesor legislativo del operador. También fijar reglas razonables y no meros formalismos (como sería exigir que toda la asesoría conste por escrito). Hay varias propuestas circulando para ello. Ahora solo hay que decidir.

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Sobre el fallo del TC

Hace dos semanas conocimos el texto completo de la sentencia sobre la ley de aborto. Sin perjuicio que el análisis técnico de una resolución compleja como ésta se hará en artículos especializados; me ha parecido útil, sin embargo, aprovechar esta columna para referirme a una de las críticas que plantearon varios parlamentarios y algunos profesores de derecho. Me refiero, concretamente, al reproche que se le hace al TC por la forma en que zanjó la polémica por la objeción de conciencia.

Éste fue, desde el principio, uno de los problemas del proyecto. ¿Cómo es que, si simplemente se está dejando de castigar con la pena penal un conjunto de situaciones absolutamente extraordinarias, la iniciativa contemplaba, sin embargo, el derecho de los médicos para hacer una objeción de conciencia? La objeción de conciencia adquiere sentido cuando, luego de haberse establecido un deber legal para algo que se estima bueno en sí mismo (por ejemplo defender la patria), la misma sociedad acepta que las personas para quienes esa obligación resulta repugnante se eximan de cumplirla. Y si bien la nueva ley establece que la mujer que se encuentra en esas circunstancias no será castigada si decide abortar, pensar que, por ello, se establece un derecho fundamental para exigir de toda y cualquier persona o institución de la sociedad civil que le practique el aborto, es ir mucho más allá de la despenalización.

En el curso de la tramitación se corrigió el privilegio que había en favor de los médicos, permitiendo que los otros profesionales de la salud también pudieran marginarse del aborto. El TC eliminó la última discriminación, ampliando la objeción a todos quienes pudieren participar en estas operaciones, sean profesionales o no.

Lo otro que hizo el TC fue eliminar la parte del proyecto que circunscribía la posibilidad de eximirse de abortar a una muy concreta forma de objeción de conciencia individual.

Se ha cuestionado la forma que usó el TC para evitar la inconstitucionalidad: eliminar algunas palabras de un párrafo, de modo que, sin ellas, desaparece la inconstitucionalidad. Llama la atención que ignoren que este tipo de intervenciones “quirúrgicas” son bastante habituales en la práctica del TC chileno. Parece más fácil, sin embargo, repetir el mantra contra la “Tercera Cámara”

¿Preferirían, acaso, que el TC chileno hubiera corregido la ley de aborto como lo hizo el TC alemán en 1975 o en 1993, es decir rechazando en bloque el proyecto y demandando al Bundestag que hiciera una ley nueva, sobre la base de los criterios que el propio TC ofrece en la sentencia? ¿Les parecería mejor que el TC chileno hubiera recurrido a la práctica de las sentencias manipulativas de la Corte Constitucional italiana o el TC español? ¿Valen también contra esos tribunales las descalificaciones alarmistas dirigidas contra nuestro TC?

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Cada día puede ser peor

“Cada día puede ser peor” es una de las tantas frases para el bronce que nos ha regalado Bachelet 2.0. Para Chile ha resultado ser una auténtica premonición. Y en lo corrido de este nuevo mes de la patria también lo está siendo para ella, su gobierno y la coalición que lo sustenta. El área económica del gabinete no logró “pasar agosto” como consecuencia de la primacía que en el actual gobierno posee la agenda de cambios estructurales, de profundo sesgo ideológico socialista estatista, por sobre el realismo político económico propio de una conducción prudente. La forma en que fue rechazada la aprobación del proyecto Dominga por el Comité de Ministros no solo concluyó abruptamente con Valdés, Céspedes y Micco fuera de sus carteras, terminó asimismo por convencer hasta los más ingenuos respecto a por qué late verdaderamente el corazón de La Moneda. De paso, el caso en comento dejó traslucir las fuertes e indisimulables pugnas que se viven al interior de Palacio y en la Nueva Mayoría. En su conjunto, el espectáculo resultó grotesco por donde se lo mire. Así llegó septiembre. A poco andar el candidato presidencial de continuidad se ha visto abiertamente salpicado por el affaire de los denominados “informes copy paste” que lo muestra ante la opinión pública como un personero superficial y poco acucioso, sino partícipe de una corruptela de pagos encubiertos a asesores por otra laya de servicios políticos que los oficialmente declarados. La encuesta semanal realizada por Cadem parece recoger el primer impacto negativo que ello ha significado para su respaldo popular, ahora situado casi 25 puntos porcentuales más atrás que el candidato opositor que lidera las preferencias del electorado.

En otro ámbito, las asociaciones gremiales de camioneros han estado cerca de dar inicio a un paro de alcance nacional, como protesta por la larga lista de atentados terroristas impunes que han debido padecer en sus máquinas de trabajo (y personas) en las regiones del Bío-Bío, La Araucanía y Los Ríos, ante la que consideran una débil reacción por parte del Poder Ejecutivo. Únicamente la división existente entre facciones de los transportistas ha permitido al gobierno sortear una situación que le hubiese significado un complejo manejo político. Con todo, el aviso implícito no ha pasado inadvertido para nadie.

Domingo 10. La Mandataria asiste al tradicional Te Deum de las Iglesias Evangélicas. A su llegada a la Catedral fue interpelada bajo el epíteto de “¡asesina!” por personas contrarias a la ley de aborto.

Adentro, aunque con formas respetuosas, tampoco la esperaba una buena acogida. Los pastores le representaron la oposición del pueblo cristiano a las iniciativas legales de aborto, matrimonio igualitario e identidad de género impulsadas por su gobierno. Sucesos nada alagüeños para la Presidenta considerando que aún falta el Te Deum que celebra la Iglesia Católica que, casi con seguridad, vendrá cargado de similares reproches.

Toda evidencia parece indicar que el camino que resta por andar al gobierno de Bachelet hasta el 11 de marzo de 2018 tenderá efectivamente a ser cada vez peor, derrota electoral incluida.

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El boinazo de los ex comandantes en jefe

El primer disparo en el siempre crispado septiembre vino por la mayoría de los ex comandantes en jefe de los cuerpos uniformados durante la democracia. Una carta que parece hecha para evitar el cierre del Penal de Punta Peuco encendió pasiones, pese a que su aparente objetivo era justamente lo contrario. El tono recuerda a las amenazas de los nostálgicos del autoritarismo en los primeros años de la democracia, que marcaban su enojo en cualquier momento que la justicia tratara de esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. El hito más recordado de esos años fue el llamado “boinazo”, consistente en una reunión de generales, rodeados de boinas negras armados hasta los dientes, para recordarle al gobierno civil quién tenía las armas.

Por esa misma razón, el objetivo que buscaba la carta tampoco se logre. Las relativizaciones de las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura, incluyendo al propio acto originario de bombardear la casa de gobierno, para convencer de que la paz social pasa por mantener un penal en condiciones mucho mejores a las que tiene cualquier cárcel del país, no va a generar una corriente de solidaridad en la opinión pública, sino lo contrario.

¿Entonces, cuál es la lógica política y comunicacional tras una carta llena de adjetivos y que obviamente iba a ser una provocación para el gobierno y, por tanto, complicarle una salida política al inminente cierre del penal de Punta Peuco?

Es muy probable que los ex comandantes en jefe le hablen a un público minoritario, pero creciente, que sigue pensando que era necesario todo lo que pasó para pacificar el país, y que se ven a sí mismos como puntal en la estabilidad democrática de estos años. Para ellos debe sonar a música en los oídos la frase sobre “el valor y la decisión con que los uniformados han construido la paz actual”, olvidando la transición y la larga lista de tragos amargos que tuvieron que soportar los primeros gobiernos democráticos, que incluyeron el riesgo que soportó el presidente Frei de quiebre de su propia coalición cuando estableció el penal especial para condenados por violaciones a los derechos humanos. El tono de la carta constituye una de las primeras victorias políticas del grupo de Punta Peuco, que finalmente logró diluir sus responsabilidades individuales y convertirlas en una proclama política de defensa de la necesidad histórica del autoritarismo, con candidato presidencial incluido. Hay que recordar que los voceros de ese grupo acusaron en su momento de blandos a los mismos firmantes cuando dirigían a sus instituciones por no defender a quienes eran investigados. Los ex comandantes, con honrosas excepciones, una vez colgados los uniformes, decidieron sumarse a sus propios críticos.

Lo más grave de la carta es la poca creencia de los firmantes en los mecanismos institucionales para administrar justicia, contenida en la amenaza directa de la frase  “no pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado”. Entre los destinatarios de dicho mensaje está también la oposición actual, a quienes le recuerdan la famosa calificación de cómplices pasivos que hizo su actual candidato para referirse a los civiles que apoyaron el gobierno autoritario. Y, sin duda, recuerda aquella advertencia hecha por un comandante en jefe del Ejército, que dijo en su momento que si tocaban a uno solo de sus hombres se terminaba el Estado de derecho.

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