Óscar Contardo's Blog, page 86

Norcorea altera el mundo

La crisis desatada por la República Popular Democrática de Corea, ha trastocado buena parte del sistema internacional, y continuará haciéndolo. Un país gobernado por una dinastía política, elevada a la categoría de culto todopoderoso por propia imposición, ha salido de su irrelevancia, gracias a sus misiles y al programa nuclear. Por largo tiempo hermética, desconocida y retrasada, un verdadero tapón geográfico entre la desarrollada Corea del Sur y China, fronteriza igualmente con Rusia, ahora nos amenaza a todos.

Tenemos un nuevo actor atómico, con misiles capaces de agredir a estados poderosos, como Japón, y otros vecinos. También apunta al propio Estados Unidos, debilitando la convivencia y la estabilidad entre las grandes potencias. Las progresivas condenas y sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no solo no logran detenerla, sino que la alientan a ser más desafiante. Tampoco la contiene su ya castigada situación económica, ni libera su pueblo automatizado y lleno de privaciones, hasta con hambrunas periódicas. Sigue sin renunciar al costoso aparato militar. ¿De dónde obtiene esos recursos? Nadie confiesa otorgarlos, pero los utiliza para retar al mundo. Vale decir, las restricciones impuestas no han logrado su objetivo fundamental, y China continúa su apoyo, aunque lo niegue.

Kim jong Un, con su rareza y excentricidades, como un niño jugando con cohetes de hidrógeno, prosigue sus planes y divide a las naciones más poderosas. Se confronta con otros personajes impredecibles, como Trump (no sólo por sus peinados). Igual desafía a Putin o a Xi  Jinping, y logra dividirlos. Hay coincidencia en que no debiera proseguir con su plan nuclear incontrolado, pero hay grandes diferencias en cómo hacerlo, creando tensiones de mucho mayor alcance entre todos. El resto de los países observa con preocupación creciente este nuevo desafío  a la seguridad internacional, que el sistema imperante no garantiza preservar. Los riesgos potenciales son enormes y de consecuencias tan amplias que resultan imponderables. Se insiste en que el recurso a la guerra estaría descartado y se impondrá la racionalidad. Ojalá así sea, aunque nunca se puede afirmar lo impredecible.

No obstante el riesgo de confrontación atómica esté todavía controlado, basado en el riesgoso equilibrio de mutua destrucción, con que el mundo ha sabido convivir por décadas, el sistema jurídico y político internacional que le da sustento, hoy parece flaquear y aparecen nuevas interrogantes, con más actores voluntariosos fuera de control. Si el régimen norcoreano escapa al ordenamiento vigente, porqué no otros, como Irán, con capacidad para producir armas nucleares, o suficientes recursos para comprarlas. Es indispensable atender la nueva realidad internacional y adecuar normas, políticas y medios internacionales, capaces de asegurar la paz mundial ante los nuevos desafíos. Es la peligrosa realidad alterada por Corea del Norte.     

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Politiquería y DD.HH.

Se han cumplido 44 años del Golpe de Estado y aún no terminan de cicatrizar las heridas que nos quedaron como consecuencia de los crímenes de la dictadura. El derrumbe del estado de derecho nos enseñó dolorosamente todo lo que perdimos cuando, debido al torbellino de miedos y odios en los años de Allende, la política se volvió estéril y le abrió paso a los tanques. El 11 de septiembre fue posible porque las furias sectarias aturdieron la capacidad de la sociedad chilena para salvar los principios de civilización, y sobre todo porque no hubo suficientes defensores de la democracia liberal. Sí, esa democracia que despreciaban entonces aquellos que decían que la revolución socialista iba a traer una mejor.

A diferencia de numerosos países en los que hubo dictaduras que violaron masivamente los DD.HH., Chile logró grandes avances en materia de verdad, justicia y reparación. Desde la recuperación de la democracia, muchos agentes de la represión fueron procesados y condenados. Al esfuerzo de reparación contribuyó la Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Presidente Ricardo Lagos en 2003, y que permitió que miles de personas entregaran su testimonio sobre los abusos sufridos. Hicieron fe por supuesto en que el Estado cumpliría el compromiso de no dar a conocer los detalles de sus padecimientos en un plazo de 50 años. Romper ese compromiso sin el consentimiento de las víctimas es inadmisible.

Por desgracia, hay quienes sostienen en este campo una postura determinada por la odiosidad y el cálculo político: van de justicieros implacables por la vida, de fiscales de la historia, y eso les da dividendos. En los hechos, han usado la causa de los DD.HH. para sacar ventajas partidistas y personales. Buscan mantener vivo un fuego que les presta utilidad y que, si llegara a apagarse, les haría perder la superioridad moral que creen tener.

Hugo Gutiérrez, diputado del PC y candidato a la relección, declaró el martes 12: “No se entiende por qué se puso secreto por 50 años si no es para otorgar impunidad a los que torturaron”. Es un intento indecente de sembrar dudas sobre la disposición del Presidente Lagos al actuar como lo hizo, y también sobre la conducta del propio obispo Sergio Valech y los integrantes de la comisión. Pero hay algo más: se trata de difamar a Lagos y los demás presidentes que llevaron a Chile de la dictadura a la democracia por un camino no compartido por Gutiérrez y el PC. Se confirma así cuán profundos han sido los equívocos dentro de este gobierno.

Es lamentable que el apuro legislativo de la Presidenta Bachelet se exprese también en esta materia. Necesitamos fortalecer la adhesión a la cultura de los DD.HH. y defender las libertades bajo cualquier circunstancia, pero al mismo tiempo rechazar cualquier intento dirigido a mantenernos prisioneros de los traumas y las divisiones del pasado.

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Lejos del paraíso

La novela Departamento de especulaciones, de Jenny Offill, es protagonizada por una profesora de literatura que ronda los 40 años y narra experiencias en extremo cotidianas: estar casada, tener una hija, pitutear para suplementar los ingresos familiares, ir a yoga y al sicólogo, y tener dificultades para dormir.

Si bien está hecha con materiales poco épicos, refleja en buena medida lo que es la vida para toda una generación: una batalla contra los pequeños obstáculos cotidianos, como la crianza de los hijos, las exigencias profesionales y la rutina matrimonial. Podría decirse que es poca cosa comparada con las historias de posguerra o de aquellas que hoy mismo viven los inmigrantes. Pero también puede afirmarse que no hay nada que en sí mismo sea novelesco y que, por lo tanto, todo radica en cómo se cuenta.

Y Jenny Offill transmite una sensación de verdad y cercanía, de complicidad, que recuerda a los personajes de John Cheever, esos hombres y mujeres que aplacan la ansiedad a punta de martinis y sienten, no obstante el confort material alcanzado, que en cualquier momento pueden ser expulsados del paraíso. Basta que se sepa algún secreto comprometedor (un aborto, una pequeña estafa, una infidelidad) para que el barniz se resquebraje y comencemos a ver las grietas interiores. Sus cuentos reflejan de manera elocuente que el éxito social y el matrimonio apenas alcanzan a disimular el abismo que hay entre las fantasías y el mundo práctico.

Departamento de especulaciones está elaborada con fragmentos aparentemente independientes y funciona gracias a las asociaciones inesperadas que se dan entre unos y otros. Algunos textos surgen de pensamientos de escritores como Rilke y Barthelme, otros de chistes o proverbios religiosos. Pero la gran mayoría viene de esa mezcla de ironía, inteligencia y desparpajo de la narradora, una mujer que al encontrarse en la mitad de la vida comprueba que es agotador andar detrás de su hija, que no se convirtió en una genio de la literatura y que en su matrimonio se ha producido un cambio fundamental: el giro del deseo al cariño profundo.

¿De qué hablamos cuando hablamos del refugio familiar? ¿Se trata de otra utopía que se derrumba? Y si es así, ¿a qué podemos aferrarnos ahora, cuando cada vez hay menos vínculos sociales? ¿De qué manera se relacionan la armonía social y la armonía doméstica?

Las preguntas que plantea Offill son las mismas que formularon Cheever, Richard Yates e incluso autores conocidos por un solo libro, como Sue Kaufman y su Diario de una ama de casa desquiciada o John Williams y Stoner. Que sean obras veloces y transparentes no significa que en sus páginas se encuentren respuestas rápidas y claras. La vida emocional es un misterio, y los grandes libros solo arrojan una luz tenue en esa zona de sombras. Son historias que ayudan a mantenerse atento y sensible a las múltiples tonalidades de la vida.

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¿Qué hacer con la basura de Santiago?

El acortamiento en diez años de la vida útil del relleno sanitario Santa Marta, tras el incendio de enero de 2016, coloca un sentido de urgencia al debate que necesitamos sostener como ciudad sobre la gestion integral de residuos. En efecto, un relleno que iba a estar operativo hasta 2036, ahora solo lo estará hasta 2026. La pregunta entonces es: ¿Qué vamos a hacer con la basura? ¿Nos vamos a limitar a buscar donde botar los desechos o a encontrar soluciones sustentables que contribuyan a un modelo de economía circular?

Hace algunos días, me preguntaron por las consecuencias del rediseño en el relleno Santa Marta. Señalé que en circunstancias de que algunas comunas de la zona norte y norponiente de Santiago ya tienen rellenos, por qué no pensar en ubicar uno en la zona sur-oriente de Santiago, donde actualmente no hay ninguno. Se me acusó de provocador y algunos ediles de la zona descartaron de plano esta idea. ¿Cuál es la solución, entonces, seguir endosándole la basura a los mismos de siempre?

Pues bien, volvamos al inicio: ¿Qué podemos hacer con la basura? Si miramos la experiencia internacional vemos que en los países desarrollados ya no hay rellenos sanitarios o bien estos son una excepción, y que las grandes urbes cuentan con centros de tratamiento integral que no necesitan ubicarse en la periferia de la ciudad sino que lo hacen en la misma zona urbana. También aplican sostenidos programas para disminuir los desechos, ya sea por medio del reciclaje o bien con sistemas de incineración que generan energía.

El nivel de reciclaje que tiene Santiago es bajísimo; solo el 4% de los residuos son recuperados. Por eso como Gobierno Regional hemos impulsado el proyecto Santiago Recicla, donde a un costo de $ 4 mil millones hemos instalado 24 puntos limpios en 16 comunas de la región, las que sumadas representan cerca de la mitad de la población de Santiago.

Creemos que hoy más que nunca se hace necesario cambiar de paradigma y revalorizar los residuos que utilizamos en grandes cantidades, como cartones, papeles o vidrios, fomentando la responsabilidad compartida en su recuperación y transformación. Sin duda, se trata de una herramienta efectiva para disminuir los residuos sólidos que botamos, creando nuevas oportunidades de negocios, colaborando en el combate a los vertederos ilegales y microbasurales clandestinos, y mejorando de paso la calidad de vida de los habitantes de la región.

También estamos elaborando junto al Ministerio de Energía un estudio “Waste to Energy”, que nos permitirá saber concretamente cuánto costaría hacer en Santiago una planta de transformación de basura en energía, una eficaz solución en otras partes del mundo que nunca se ha explorado con seriedad en nuestro país.

La basura que generan las ciudades es un tema que nos pertenece a todos y la solución acá debemos darla entre todos. Y yo no veo el compromiso de todos los municipios. No me parece que una comuna generadora de grandes cantidades de basura, como en general lo son las del sector oriente de Santiago, no plantee una solución y en su lugar siga el camino fácil de llevar nuevos rellenos a las comunas que ya los tienen. Espero convocar en octubre a los alcaldes de la región para conversar sobre esto y que en conjunto empecemos a buscar una solución sustentable para un tema que nos compete a todos.

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Requerimiento del Ministerio Público

Se ha suscitado una controversia en los últimos días que no debería existir. Ésta surge por la petición del Ministerio Público (MP) al Senado de entregar los contratos de asesoría desde 2011 a la fecha, junto a los informes presentados con motivo de dichos contratos. Sostenemos que la controversia no es tal, porque jurídicamente, y sin tomar partido por una u otra institución, el Senado debe remitir lo requerido. En efecto, la petición se formula a propósito de una investigación por eventuales falsedades cometidas en asesorías prestadas en la Cámara de Diputados y corresponde a una facultad privativa del MP que se fundaría, además, en la noticia sobre presuntos abusos o informes apócrifos que se habrían entregado a un senador. Asimismo, el fiscal regional Guerra, ha dicho que se busca desentrañar la responsabilidad penal de los asesores y no perseguir, indeterminadamente, a todos los senadores. Por su parte la requerida ha sostenido, en misiva dirigida al Fiscal Nacional, que el MP estaría violando el principio de legalidad y excediendo sus facultades, al investigar a ciegas o indiscriminadamente, y solicitan que aquél “rectifique” las actuaciones de sus subalternos y evite abusos.

En primer lugar, la petición al Fiscal Nacional resulta improcedente atendido que éste no puede involucrarse en investigaciones pendientes, salvo que -por excepción- asuma dichas pesquisas, usando la facultad del art. 18 de la Ley Orgánica del MP, o se le esté pidiendo incoe un sumario administrativo, lo que no ocurre en la especie. Pero, además, la petición debe ser satisfecha por el Senado, según lo dispone claramente el art. 19 del Código Procesal Penal que expresa que todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requirieren el Ministerio Público y los tribunales. Esta es una norma imperativa y categórica, tanto así que la historia de la ley refiere que, el proyecto del Ejecutivo, hablaba de solicitud, pero el propio Senado, para enfatizar su carácter obligatorio y por indicación de los parlamentarios de la época Bombal, Larraín, Stange y Urenda, lo sustituyó por requerimiento y agregó la única excepción para negarse a entregar la información que consiste en que, por ley, tenga carácter secreto o que su publicidad pudiere afectar la seguridad nacional. Ante la contienda, resuelve la Corte (Apelaciones o Suprema, según el caso).

En segundo lugar, el Senado no tendría base jurídica para mantener su negativa, porque tampoco se estaría investigando indiscriminadamente: existe una investigación abierta, la Cámara Baja ha entregado la información requerida, no se trata de documentos secretos y, menos, su publicidad afectaría la seguridad nacional. A mayor abundamiento, el Senado incluso debería haber proporcionado la información a cualquier particular, vía Ley de Transparencia, como lo hizo la Cámara. Si los Fiscales están excediendo sus facultades, se determinará cuando se haga pública la investigación y estarán sujetos a eventual responsabilidad administrativa, civil, penal e incluso política (esta última en el caso del Fiscal Regional, atentos al tenor del art. 89 de la Constitución). Por ahora, debiera atenderse su requerimiento.

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Es bueno recordar: ¿Por qué necesitamos una ley de cuotas?

Una de las polémicas del reciente cierre de las listas de candidaturas parlamentarias fue la denuncia de que partidos políticos estaban “rellenando” cupos con candidatas poco competitivas para cumplir con las exigencias de la nueva ley de cuotas. Un caso comentado fue el de Oriele Zencovich, militante DC de 87 años, contactada por su partido un día antes de la expiración del plazo. Más allá de las anécdotas, partidos de todo el espectro político han señalado las dificultades para cumplir con la nueva legislación. La falta de gradualidad en su implementación y el escaso tiempo para prepararse para este nuevo desafío han sido de las críticas más repetidas. Esto llama la atención ya que estos plazos fueron aprobados por los propios parlamentarios. Asimismo, la experiencia comparada muestra que un periodo de aproximadamente dos años entre la aprobación de la ley y su primera aplicación no es algo inusual.

Ante los lamentos, cabe recordar algunos de los principales argumentos para impulsar la ley de cuotas en Chile. La primera razón es bastante obvia. A pesar de constituir la mitad de la población y la mitad del electorado, las mujeres ocupan 13% de los escaños del Senado y el 14% de los escaños de la Cámara de Diputados. Chile es uno de los países con menos representación parlamentaria femenina en la región. Además, antes de la ley de cuotas estábamos muy atrasados en implementar iniciativas para fomentar la participación de las mujeres en la política. Argentina, por ejemplo, fue pionera en esta materia al introducir cuotas de género (de 30%) para su Cámara de Diputados ya en 1991 (en 2000 para ambas cámaras). Algunos de los países que siguieron este camino, extendiendo tanto el umbral de la cuota como su aplicación en ambas cámaras, fueron Costa Rica, México y Paraguay en 1996, y Brasil, Bolivia, Panamá, Perú, República Dominica y Venezuela en 1997.

Una segunda razón es que las mujeres enfrentan desafíos para participar en la política que no son compartidos por sus colegas hombres. En la encuesta CEP de junio, un 61% estaba de acuerdo con que “la vida familiar se resiente cuando la mujer trabaja tiempo completo”. La expectativa social de que las mujeres lideren las tareas de cuidado de los niños y del hogar se traduce muchas veces en una barrera para entrar en el mundo laboral y, mayor aún en la política.

Por último, incrementar la participación de las mujeres en la política tiene un efecto multiplicador. En otras palabras, la misma queja por la falta de liderazgos femeninos puede verse parcialmente resuelta al contar con más ejemplos de mujeres en la política que cumplan también el rol de ser un modelo para otras mujeres.

Está por verse el número de candidatas que serán finalmente elegidas al parlamento. La experiencia comparada muestra que iniciativas similares en otros países sí han tenido el efecto buscado. Colombia, por ejemplo, introdujo cuotas de género para el Congreso en 2011 y aumentó la proporción de mujeres electas del 13% al 19% en la Cámara de Diputados y del 17% al 23% en el Senado.

Falta de voluntad, machismo y poca costumbre de potenciar liderazgos femeninos son variables que cuesta tiempo de cambiar. Las medidas de acción afirmativa como la ley de cuotas constituyen un mecanismo para acelerar este proceso. Como señala la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, a nivel global, dejar que el aumento de la incorporación de las mujeres en la política siga su tasa de crecimiento actual significaría esperar otros 50 años para alcanzar la paridad de género en este ámbito. Este mal es mucho peor que cualquier dificultad enfrentada en la implementación de nuestra nueva ley de cuotas.

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Estatismo sexual en la derecha

Uno de los principales intelectuales orgánicos de la derecha chilena, Hugo Herrera, ha manifestado sus críticas —o, al menos, sus dudas— de que este sector político asuma  posturas más abiertas en las denominadas cuestiones valóricas, como el matrimonio igualitario.

Sostiene Herrera que dichas cuestiones dividen a la derecha y generan un clima de hostilidad en su interior, que sería mejor evitar. Pero, además de esta razón pragmática, existe, según él, otra: dichos temas, “con toda la importancia que poseen, son asuntos más bien acotados”, que distraerían al sector “de la tarea más amplia y urgente de comprender los problemas más extendidos y acuciantes del país”.

Creo que Herrera no ha comprendido los términos del debate. Tiene razón cuando dice que estos temas pueden provocar fricciones, pero nadie ha dicho que Chile Vamos se pronuncie institucionalmente, como una totalidad, a favor de las cuestiones anteriormente enunciadas. Lo que se ha producido, en cambio —y legítimamente, me parece— es una suerte de cuestionamiento al excesivo conservadurismo moral que caracteriza (y que, de hecho, ha caracterizado) a la derecha chilena. No deja llamar la atención que, salvo contadas excepciones, como es el caso de Evópoli (todavía un partido pequeño), la inmensa mayoría del sector se presenta al país como extremadamente atávica, sin aportar razones de peso en favor de sus posturas valóricas conservadoras.

Si bien concuerdo con Herrera, en cuanto a que los temas valóricos no son, a diferencia de los económicos-sociales, los que principalmente dividen las aguas en la acción política (por ejemplo, no determinan de manera fatal el voto a favor o en contra de un candidato presidencial), en términos sustantivos sí son importantes. Y aunque no sean de vida muerte para la mayoría de la población, dan cuenta de si el relato ideológico de un determinado sector político resulta o no coherente con algunos principios políticos fundamentales.

Por mi parte, y pensando en la necesidad de una derecha que sustente su discurso sobre la base del liberalismo clásico, me pregunto si acaso la noción hayekiana de individualismo está hoy pasada de moda. Hayek sostenía en Camino de Servidumbre (1944) que, en términos morales, dicha noción supone que el individuo es el “juez supremo de sus fines” y que la idea según la cual las acciones de las personas deben estar gobernadas por sus fines propios (y no por los de otros) “constituye la esencia de la posición individualista”. Esta noción está a la base del principio de libertad personal que el liberalismo clásico defiende y que la derecha en Chile ha invocado históricamente.

Aunque Herrera no se pronuncie claramente en contra de las demandas de las personas LGBTI, su planteamiento a favor de sacarlas de la agenda política de la derecha da cuenta de un rechazo más bien que de una adhesión. “Quien calla otorga”, reza el dicho popular, y no resulta difícil inferir que las razones “estratégicas” que pone sobre la mesa esconden un rechazo sustantivo a dichas demandas. Esta postura la debiera transparentar de manera clara.

¿Por qué la derecha de nuestro país debería adherir a una visión estatista (y coactiva) en materia de moral sexual? ¿Por qué los individuos (gays, lesbianas y trans) tendrían que someter sus fines propios a un supuesto fin colectivo, impulsado desde el Estado? ¿Desde qué principios de derecha podría justificarse un sometimiento de este carácter? Invito a Hugo Herrera a responder a estas preguntas y entrar, así, al debate sustantivo en torno a estos problemas.

 

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¿Cómo destrabar los grandes proyectos?

Los grandes proyectos son conflictivos. Aquí en Chile y en todas partes. Hace un par de meses un colega le explicaba a la embajadora de los EE.UU. en nuestro país que un proyecto grande se podía demorar entre 3 y 5 años para obtener las aprobaciones ambientales necesarias para iniciar la construcción. La embajadora se rio y le dijo que por favor le diera la receta porque en los EEUU, ¡se demoran hasta 10 años! Y al final, tanto allá como acá, hay una decisión política. Ese fue el caso del gasoducto conocido como Keystone XL en los EE.UU. La administración Obama postergó la decisión por años y finalmente negó los permisos. Como decía un columnista de la revista Forbes, “Fue una decisión basada en la política en vez de una sólida política energética.” Cualquier similitud con Chile es pura casualidad…

Después del fracaso de HidroAysén, los problemas de Alto Maipo, los retrasos del Terminal 2 del puerto de Valparaíso y ahora el rechazo del proyecto minero de Dominga, es evidente que ha llegado la hora de revisar los procedimientos y regulaciones.

Como soy economista, mis comentarios están enfocados en poner los incentivos correctos para poder tomar decisiones que parezcan razonables y legítimas en el momento que se adopten y que mantengan esas cualidades en el largo plazo, es decir, 15, 20 o 30 años después.

Uno de los problemas de decisiones que tienen que ver con grandes obras de infraestructura, sean públicas o privadas, es que tienen una larga vida. El molo de abrigo de Valparaíso tiene más de 100 años y nos sirve hasta hoy. La Línea 1 del Metro de Santiago tiene más de 40 años y se calcula que los túneles durarán por lo menos 60 años más, como lo han hecho los de Londres y Nueva York. Las minas de cobre de Chuquicamata y El Teniente también son centenarias. Por lo tanto, al considerar la aprobación de un proyecto de esta magnitud, público o privado, aunque empiece pequeño, hay que tener una cierta parsimonia. El elemento central de la decisión es la incertidumbre: nadie sabe cómo será el mundo en 100 años más y cómo los eventos que ocurran afectarán la infraestructura.

En nuestra larga historia de terremotos, varios relaves en Chile han colapsado sobre terrenos que estaban habitados. ¿Qué efectos tendrá el cambio climático sobre los embalses que estamos construyendo? ¿Seguirá ocurriendo que las lluvias en zonas semi desérticas sean más intensas y copiosas de lo que nadie se imaginó hace medio siglo y que estos se rebalsen y colapsen?

Nadie puede dar ni siquiera una respuesta probabilística a estas preguntas. En eso consiste la incertidumbre y es lo que la diferencia del riesgo que, en cambio, es un cálculo probabilístico. La responsabilidad con las generaciones futuras nos obliga a ejercer la prudencia.

Una forma de hacerlo es evaluar alternativas. Esto es, buscar de qué otras formas es posible alcanzar el objetivo deseado y, entre esas alternativas, escoger la que limite los daños potenciales, aunque no sea la de menor costo. Es lo que los especialistas llaman un “diagnóstico ambiental de alternativas”. Los ingenieros al elaborar un proyecto tienden a converger hacia una sola solución que a su entender es la “mejor”, es decir, logra el objetivo al menor costo. Pero, ¿qué costos? ¿En qué plazos? ¿Con qué riesgos?

Un segundo elemento dice relación con quién debe dirigir el proceso de aprobación ambiental. En el caso de un proyecto del sector privado, es obvio. El sector privado debe hacer el proceso a satisfacción de las entidades públicas a cargo de otorgar los permisos correspondientes. Para proyectos del sector público, actualmente se licita un anteproyecto y se le pide a la empresa adjudicataria que se haga cargo de completar el diseño del proyecto, de obtener la aprobación ambiental y construir. Cada una de estas etapas tiene riesgos específicos.

En el caso de las licitaciones de proyectos públicos, hay una mala asignación de los riesgos ya que traspasa a la adjudicataria riesgos imposibles de identificar. En un proyecto grande puede ocurrir que el otorgamiento de las aprobaciones se retrase o no se consigan. También puede ocurrir que, habiendo conseguido todos los permisos, comience la construcción y durante ese proceso se encuentre con algún resto arqueológico que paraliza la obra hasta que no se investiguen y rescaten los restos. En estos ejemplos, las demoras elevan los costos y, en el extremo, la materialización de estas eventualidades puede poner en riesgo el proyecto mismo. Además, como las empresas necesitan protegerse es probable que el precio de adjudicación sea mayor. Por lo tanto, parece lógico que, si un proyecto es de interés público, el Estado asuma los riesgos de las aprobaciones y de eventuales sorpresas no constructivas. No tiene sentido endosarle esos riesgos a alguien que está mandatado por el propio Estado para ejecutar una obra.

También se traspasan riesgos en lo relativo a la relación con las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto. Como muchas veces no hay criterios generalmente aceptados que permitan establecer dónde se pueden instalar ciertos proyectos, las empresas ejecutoras se ven obligadas a negociar, una vez adjudicado el proyecto, con las comunidades que se consideren afectadas. El resultado de estas negociaciones es incierto: hay proyectos que no se ejecutan o que se encarecen enormemente respecto de sus presupuestos iniciales.

Por lo tanto, lo más cuerdo es que los proyectos sean discutidos con las comunidades durante su etapa de diseño para incorporar sus preocupaciones y aprender de su experiencia. Nadie conoce mejor la geografía, el clima y la geología de una zona que la gente que vive allí. También se deben discutir las compensaciones, cuando corresponda.

Los acuerdos con las comunidades requieren generar espacios de diálogo. Estos no están exentos de tensión y conflicto, pero son claves para la ejecución de grandes obras. En el caso de obras públicas -como puertos- u obras privadas de interés nacional -como los grandes sistemas de transmisión eléctrica- el Estado debería resolver el conflicto potencial con las comunidades antes de licitar los proyectos. La experiencia del Terminal 2 de Valparaíso es ilustrativa al respecto. Un caso interesante es el del túnel (ferroviario) de baja altura que cruza el Gotardo, en Suiza. Las negociaciones sobre las características del proyecto y las compensaciones tardaron nada menos que 10 años. Pero cuando se completó el proyecto, 10 años más tarde, todo Suiza lo celebró.

Desde luego, estos procesos de consulta deben cumplir con ciertos criterios que aseguren su legitimidad, evitando así que se conviertan en procesos de extracción de rentas por parte de personas individuales o de soborno por parte de las empresas. Asimismo, los acuerdos deben ser cumplidos por ambas partes, es decir, deben ser vinculantes.

Un tercer elemento, que ayudaría a mitigar los riesgos -sobre todo del sector privado- dice relación con establecer los lugares donde no se puede, o se puede, construir determinadas obras.  Por ejemplo, ¿dónde y bajo que condiciones se pueden construir puertos o instalar plantas generadoras de electricidad? ¿Dónde y en que condiciones se pueden instalar plantas procesadoras de residuos? En este aspecto la experiencia del Ministerio de Energía ha sido interesante. Ellos han logrado definir, en acuerdo con las comunidades afectadas, corredores por donde pasarán las líneas de transmisión que el país necesita, evitando así el conflicto anterior entre cada uno de los propietarios y las empresas de transmisión.

Decisiones de este tipo suponen cierta capacidad de anticipación, para no decir planificación estratégica, y un acuerdo en torno al tema del ordenamiento territorial. Es perfectamente factible construir escenarios futuros que nos permitan anticipar algunos de los problemas -y su magnitud-  que enfrentaremos en el futuro. Esta es una práctica que se utiliza en muchos países desarrollados, para abordar problemas de infraestructura.

Establecer reservas territoriales para la construcción de instalaciones e infraestructura es de toda lógica y es consistente con lo que hacemos, en general de forma incompleta e ineficiente, a nivel de planos reguladores municipales. En la actualidad el 20% del territorio nacional está sujeto a regulaciones. El otro 80% está abierto a cualquier tipo de proyecto. Esta es y ha sido una fuente de conflicto. Por lo tanto, muchos especialistas han propuesto el fortalecimiento de los mecanismos de ordenamiento territorial para permitir que se aprovechen las características específicas de cada zona y se privilegien ciertas actividades sobre otras.

Decidir dónde instalar los puertos que el país necesita no puede ser una decisión que tome cada empresa individualmente, copando bahías con potencial portuario como si la disponibilidad de bahías aptas en todos los puntos del territorio fuera infinita. ¿Quién decide si es la CAP o si es Dominga la que tiene derecho a construir un puerto cerca de la Isla Damas? ¿Son las dos? ¿Es la que llega primero? ¿Todas las empresas que quieran pueden construir un puerto en la misma zona? ¿No será más razonable hacer un puerto que puedan utilizar todas las empresas mineras de la región?

Los casos de Til Til y Minera Dominga, para hablar de conflictos recientes, son ilustrativos de los problemas que nos podríamos haber evitado si estos temas hubieran estado resueltos en base a los criterios descritos.

En resumen, con la experiencia acumulada en las últimos dos décadas estamos en condiciones de dar un paso importante para mejorar los procesos de aprobación ambiental, obtener el acuerdo de las comunidades afectadas y modificar la asignación de riesgos entre el sector público y el sector privado.

Lo que necesitamos para avanzar en esa dirección es generar un espacio de diálogo entre el sector público, el sector privado y los grupos ciudadanos donde podamos construir una institucionalidad eficiente que nos dé garantías a todos que los intereses legítimos de cada parte serán debidamente considerados.

https://www.forbes.com/sites/rrapier/2016/12/12/president-obamas-energy-report-card/#700c3916554e. Accesada el 5 de septiembre, 2017.

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Cosas de grandes

Como cambia Colo-Colo. Es increíble los distintos trajes que presenta. Está muy tornadizo. Pasan las fechas y me pregunto: ¿cuál es el verdadero Colo-Colo? Brilló y dominó a sus dos grandes combatientes en los clásicos. Superó claramente a la UC en la Supercopa y venció sin apelación a la U en el Monumental. Necesitó golear a La Serena para seguir en Copa Chile, lo hizo y luego fue eliminado del torneo por Iberia. ¿Con qué Cacique nos vamos a encontrar?

Es una sorpresa su rendimiento. No tiene regularidad en su juego. Antofagasta y la UdeC lo presionaron en la mitad del campo, anularon a sus figuras y desapareció. Parece simple jugarle a Colo-Colo, lo presionas en todos los sectores, esperas en tres cuartos de cancha, doblas la marca, anulas a Valdés, Valdivia y Paredes y la tarea está hecha. Varios lo han ejecutado, pero la UC y la U no pudieron.

Mérito tuvieron los rivales que destiñeron el blanco pero también hay una falta de motivación clarísima para jugar con los peces más chicos. Para ganar un título hay que pegarle a todos por igual. Si no el proceso de Guede tiene fecha de vencimiento.

Más minutos para David Pizarro. Entiendo el acuerdo privado entre él y Hoyos. Una alianza, creo, que se podría olvidar. Es un convenio entendible y respetable entre gente madura, pero bajo mi punto de vista inentendible. Hoyos lo quiere para lapsos del segundo tiempo donde el rival da espacios y está supuestamente más agotado. Pizarro entra cuando hay que crear zonas en la ofensiva, cuando hay que controlar el partido o cuando con urgencia se requiere habilitar con un pase preciso a un delantero. ¿Por qué no hacerlo desde el inicio? ¿Por qué no evaluar el supuesto desgaste físico en el desarrollo del partido? ¿Por qué esperar una hipotética solución cuando el rival esté más agotado? En la ausencia de un 10, la U podría apelar desde el comienzo con Pizarro, Caroca y Reyes. David suelto. ¿Por qué no?

Otra opción para Hoyos. Si no existe la conformidad por los punteros que posee el equipo, debiera ubicar a dos delanteros netos (Pinilla e Isaac Díaz) y profundizar únicamente con los laterales: Matías Rodríguez y Beausejour. No es obligación jugar con tres puntas. Si por la banda no se hace daño, por los pocos metros que tiene de recorrido el puntero, es mejor que los que vienen desde atrás, con más espacio, penetren. El área la podría repartir cubriéndola con dos delanteros que conocen la zona. ¿Pueden estorbarse? Claro, si juegan juntos, si no se enganchan, si no se coordinan en la manera de marcar la jugada. Si se mueven en tres metros, ambos se terminarían odiando. Con la inteligencia de ambos, esos 40 metros del área sabrán utilizarlos sin parecer siameses.

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La tarea de Eyzaguirre

Nicolás Eyzaguirre ha vuelto a tomar las riendas del Ministerio de Hacienda y en sus primeras declaraciones ha señalado que su prioridad en su nuevo cargo, va a ser “crecimiento, crecimiento, crecimiento”, junto con asegurar que “no es el momento de desbordes fiscales de ninguna naturaleza. Por el contrario, hay que asegurarles a los mercados que las condiciones de las finanzas públicas dan garantías”.

Para quienes hemos sido críticos del manejo económico del gobierno, estas declaraciones son las correctas. Sin embargo, seamos realistas, al ministro Eyzaguirre le restan menos de siete meses en el cargo, por tanto, para recuperar el crecimiento como afirma, habría que hacer cambios profundos a lo que ya se ha hecho y detener muchas reformas que se encuentran en marcha.

Pero la Presidenta Bachelet no lo va a permitir. El mejor ejemplo es la pertinacia de continuar adelante con la Ley de Educación Superior que ha sido ampliamente criticada por todos los sectores, y que en régimen significará un gasto superior a 4 mil millones de dólares, que beneficiará a los sectores de mayores ingresos futuros del país y que además impedirá contar con suficientes recursos para enfrentar prioridades sociales más urgentes.

Por lo tanto lo realista es esperar que el ministro Eyzaguirre asuma con dedicación la labor principal de su cartera -el manejo de una sana política fiscal- para contribuir a la recuperación del crecimiento económico. Especialmente considerando el notable deterioro que han sufrido las cuentas fiscales, como lo demuestran las reducciones en la clasificación de riesgo de las agencias S&P y Fitch o el hecho de que el déficit estructural que había caído a 0,5 puntos del PIB en 2013, ahora ha vuelto a subir a niveles de 1,7% del PIB.

Sería un aporte fundamental al crecimiento si el ministro Eyzaguirre plantea un aumento del gasto público que acelere la reducción del déficit. Para lograrlo, el aumento del gasto público considerado en la nueva Ley de Presupuesto 2018 debería estar en torno a 2,5%, similar a las estimaciones de PIB tendencial. Sin embargo, eso no basta.

Como uno de los autores de la regla fiscal de balance estructural, instrumento creado bajo el gobierno del expresidente Lagos, el ministro Eyzaguirre debería llevar adelante una agenda institucional no solo para retomar la regla fiscal sino también para proyectarla en el futuro. Al respecto, en los últimos años importantes países de la OCDE han hecho estos cambios institucionales a través de leyes y/o de cambios a sus constituciones.

Para lo anterior debería establecerse por ley el significado y las obligaciones que conllevan esta regla, así como institucionalizarse el Consejo Fiscal Asesor, otorgándole mayor autonomía y atribuciones. Ello sería un gran aporte para hacer realidad la meta ministerial expresada como “crecimiento, crecimiento, crecimiento”.

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