Óscar Contardo's Blog, page 85

Una fiesta sin competidores

Hubo un tiempo en que no teníamos una fiesta nacional, teníamos tres: el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. Era la “multiplicidad festiva” en el Chile republicano, como lo llama Paulina Peralta, autora del libro ¡Chile tiene fiesta! “En términos simbólicos, se creía que estas tres fechas conmemoraban una serie de sucesos que habían determinado la existencia política de Chile”, explica la historiadora.

Hagamos memoria. El 12 de febrero de 1818 se realizó la “Jura de la Independencia”, el 5 de abril del mismo año ocurrió la batalla de Maipú -victoria que selló la independencia de nuestro país- y el 18 de septiembre de 1810 se instaló la Primera Junta de Gobierno. Eso explica que las tres fiestas fueran vistas como trozos de una misma historia. Es más, se hacía una analogía con el ciclo vital. De esa manera, el 18 de septiembre era el nacimiento y la infancia, así como las otras dos fechas representaban la madurez.

Con el tiempo no sólo dejamos de celebrar dos tercios de las fiestas, sino que el sentido que le damos hoy al Dieciocho se aleja bastante de su origen. O, como dice el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, hay mucho mito alrededor de esta fecha. “Primero, que nos hemos independizado; segundo, que nos independizamos de España; tercero, que en 1810 pasamos a ser una democracia; cuarto, que la independencia es el comienzo de Chile; quinto, que la independencia es una revolución. Como todos los mitos, tienen algo de verdad. Pero hay que volverlos históricos, cuestionarlos, problematizarlos”. Algo que justamente hace Paulina Peralta en su libro: “El 12 de febrero era considerado como una fecha en la cual se selló el destino de los chilenos, no así el dieciocho”, relata.

Sin embargo, la historia anota un solo ganador. ¿Qué pasó con las fiestas del 12 de febrero y del 5 de abril? La segunda duró poco. En 1824, un decreto declaraba que “no habrá en lo sucesivo más días feriados que el 12 de febrero por el aniversario de la declaración de nuestra independencia y el 18 de septiembre por el de la regeneración política de Chile”. Interesante concepto el de regeneración. “Un segundo nacimiento”, explica Paulina Peralta. La idea de un pueblo que vuelve a nacer. ¿Y el 12 de febrero? Un decreto de 1837 deja reducida esa fecha a pequeñas demostraciones que se pierden con el correr de los años.

Hace 180 años, entonces, el Dieciocho quedó sin competidores. Varias razones hubo: Las fiestas eran caras y el dinero escaseaba. El gobierno quería aumentar la productividad, razón por la cual se empeñó en reducir no sólo los festivos civiles, sino también los religiosos. Febrero, para remate, era época de trilla, de vendimia, y eso requiere fuerza laboral. Sumemos el hecho de que el Dieciocho era una celebración civil, en cambio las otras dos aludían a lo militar: el 5 de abril, por la batalla de Maipú, y el 12 de febrero coincidía con la batalla de Chacabuco, ocurrida en 1817. “El Dieciocho calzaba mejor con la imagen de una nación gobernada bajo el imperio de las leyes, del orden y la tranquilidad”, escribe Peralta. Y está el factor de las rivalidades políticas, así como el estacional. “Las fechas excluidas aludían favorablemente a O’Higgins, a quien se le había hecho un golpe de Estado y se le había exiliado, y aun cuando el Dieciocho celebra una fiesta ‘oligárquica’, su cercanía con la llegada de la primavera presentaba una buena ocasión para ofrecerle al populacho la posibilidad de que hiciera su carnaval y se empachara a su antojo”, dice Jocelyn-Holt.

A la hora de optar, también ayudó que la celebración del Dieciocho tuviera casi una década más de historia que sus competidoras. Algo que, según explica Peralta, tiene que ver con la legitimidad: cuantos más años tiene una nación, más madura se le ve. No hay duda. Chile tiene fiesta. Una sola. Pero no siempre fue así.

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Paréntesis

Hace poco más de 30 años, en noviembre de 1986, llegué a estudiar a Estados Unidos. Sabía que venía de un país chico y relativamente lejano, pero nunca imaginé que éramos tan insignificantes para el resto del mundo. Mis compañeros de universidad sabían poco o nada de Chile. Uno de ellos me dijo que tenía un amigo en San Pablo (Brasil), como insinuando que eventualmente yo podría conocerlo. Otro me comento que sabía de Chile porque había leído sobre la hiperinflación de principio de los 70 y un colombiano que me contó que el movimiento revolucionario M19 le pagaba los estudios, me preguntó cómo era vivir en la dictadura de Pinochet. Y eso sería todo. Para mi sorpresa nadie mencionó el tercer lugar en el Mundial de Fútbol del 62, ni lo lindo que era nuestro himno nacional o lo bueno que era nuestro vino.

En junio de 1988, cuando quedaban ya pocas semanas para regresar a Chile, recuerdo otro hecho muy interesante. Mi amigo guatemalteco, Antonio Minondo, me pregunto seriamente por qué volvía a Chile. Solo después de esa conversación me di cuenta que los estudiantes chilenos éramos los únicos latinoamericanos que estábamos regresando a nuestro país. Argentinos, mexicanos, brasileños y por cierto mi amigo guatemalteco estaba dispuesto a cualquier cosa por encontrar un trabajo en EE.UU. y quedarse a vivir en USA. Los chilenos, por el contrario, teníamos la sensación de que volvíamos a un país que si bien era pobre y desconocido, tenía un potencial enorme y en el que estaban comenzando a abrirse grandes oportunidades para profesionales jóvenes como nosotros. Y no nos equivocamos. Los casi 30 años que mediaron entre 1985 y el 2013 son muy probablemente los mas prósperos y dinámicos de la historia de nuestro querido país.

En lo económico pasamos de la medianía de la tabla de los países latinoamericanos a ser el país mas rico de Latinoamérica. En 1986, cuando yo partí a EE.UU., vivir en Chile era el equivalente que hoy sería vivir en un país como El Salvador o Armenia. En lo deportivo pasamos de jugar como nunca y perder como siempre a cosechar triunfos importantes. Ahora cuando le preguntas a un extranjero por Chile, por lo muy bajo te menciona a Vidal, Sánchez, te preguntan por qué a Chile le va mejor que al resto de los países latinoamericanos, conocen el casillero del diablo de Concha y Toro y los mas más sofisticados te hablen maravillas de las Torres del Paine.

Quienes hemos sido partícipes del periodo en que Chile logró bajar la pobreza de 45% a menos de 10% y que permitió que Chile pasara de los triunfos morales a los triunfos reales, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado. El mayor error del gobierno de la Nueva Mayoría, no son sus pésimas reformas. Es haber intentado arrebatar a toda una generación de chilenos el orgullo de haber sido protagonistas del periodo de mayor prosperidad en la historia de Chile. Por lo mismo la elección de noviembre es muy importante. Ella definirá si los últimos cuatro años serán solo un triste paréntesis de nuestra historia o si el verdadero paréntesis fueron los 30 años anteriores a este gobierno.

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Los intocables

“No se nos ocurrió”. Así explicó el vocero de los Hermanos Maristas porqué no denunciaron a la justicia un caso de pedofilia que la congregación conoció hace siete años. Mala respuesta. La sanción interna se limitó a relegar al pederasta a labores administrativas. Más en general, la actitud de la Iglesia frente al abuso de muchos sacerdotes no tiene nada de divino, y sí mucho de humano. Está en la naturaleza del hombre ser complaciente para juzgar y condenar a sus pares. Y hay innumerables casos recientes. La FIFA, por ejemplo, amenazaba con desafiliar al país que recurriera a los tribunales civiles para investigar las situaciones dolosas del fútbol: “Los problemas del fútbol se resuelven en el fútbol”. Basta reemplazar en esa frase “el fútbol” por “la Iglesia” para probar el punto.

Las prácticas escandalosas y/o delictuales de las instituciones del hombre es el desenlace inevitable cuando impera el autofiscalizarse, autojuzgarse y autosancionarse. ¿Y por qué? Porque la autojusticia no es ciega ni equilibrada, ni usa la espada. Baste recordar el período en que sólo los tribunales militares podían juzgar a los uniformados.

En estos días la clase política chilena ha exhibido algunos síntomas de lo mismo. Ante un requerimiento del Ministerio Público, la Cámara de Diputados entregó toda la información sobre gastos en asesorías de sus miembros con cargo a fondos públicos a comienzos de año. Según la prensa, un tercio de los diputados pagaron por informes copiados desde Internet (“copy paste”). Recientemente, y ante el mismo requerimiento al Senado, la Cámara Alta denegó la petición de la Fiscalía argumentando el “menoscabo” al Senado.

Una rendición de cuentas clara, transparente y disponible para todos respecto del uso de esos y otros fondos públicos es una obligación del Congreso. No hacerlo es un error que le hace daño a la democracia. Negarle a la Fiscalía información que debiera ser de dominio público insiste, ahora porfiadamente, en el mismo error. También es un error el festín que al respecto se han dado los candidatos presidenciales que no son senadores. Oportunismo puro y simple.

Tanto el espíritu como la letra de las recientes leyes de financiamiento público de los partidos es que disponer de recursos públicos y la rendición de cuentas son las dos caras de una misma moneda (esta semana el Consejo para la Transparencia denunció por incumplimiento a 14 partidos). ¿Qué tiene el Senado que cree que está exento de rendir cuentas en forma clara y oportuna?

¿Qué es peor que la democracia? La ausencia de democracia. Es por ello que debemos cuidar a la política y a sus instituciones. Y en ese cuidado no hay lugar para la complacencia. Los que creemos que la política es una necesidad de la democracia tenemos el deber de ser exigentes con sus instituciones. Por ejemplo, levantar la voz con fuerza cuando soplan vientos de que “los problemas de la política se resuelven en la política”. Como la Iglesia, como la FIFA, como los uniformados durante la dictadura.

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Educación Superior: un proyecto con identidad local y planetaria

Existe acuerdo en la necesidad de hacer una reforma a la Educación Superior, para tener universidades de mayor calidad y con menor desigualdad en el acceso. No obstante, muchas de las propuestas contenidas en el proyecto de ley en discusión son negativas para el futuro del sistema, porque se basan en un diagnóstico equivocado.

Un problema legislativo es que se señalan conceptos poco comprensibles en el contexto de las normas propuestas. Una ley requiere definiciones lo más precisas posibles con conceptos que limiten al máximo las ambigüedades y potenciales conflictos de interpretación. El proyecto contiene muchas definiciones vagas, lo que requiere un trabajo acucioso de revisión.

Más allá de estar algo intrigado por comprender a qué se refiere el proyecto cuando apela a que las instituciones deberían lograr el “desarrollo de la identidad local y planetaria”, es indudable la necesidad de estar más internacionalizados. Bajando al plano local, no parece existir conciencia sobre quiénes son los estudiantes hoy, ni a quiénes deberíamos incorporar. En nuestra universidad ellos tienen los mismos puntajes PSU que en la mayor parte de las universidades chilenas, son de clase media desde un estrato relativamente acomodado hasta grupos vulnerables, la mitad son primera generación de su familia en la universidad, y el 90% recibe CAE y becas, que son apoyos estudiantiles para financiar sus aranceles. Ellos recibirán el impacto de una reforma que, más que favorecer su proceso universitario, les pondrá cortapisas y dificultará su progreso.

El aumento de cobertura ha planteado diversos desafíos para hacer realidad las expectativas de las personas y del Estado. Por cierto, se requiere incrementar la formación de postgrado, que hoy constituye solo un 7% del total de estudiantes en Educación Superior y se debe abordar la brecha educativa dentro de la fuerza de trabajo.

Consideremos que solo el 19,8% de la población mayor de 25 años tiene educación media completa. Más allá de lo financiero, el perfil de los nuevos estudiantes requiere programas que se ajusten a su trayectoria escolar, laboral y familiar, y procesos de aprendizaje que den cuenta de realidades que necesitan enfrentarse con estructuras y modalidades flexibles, para formar personas con posibilidades de participar en el nuevo escenario que enfrentarán.

Debemos tener alguna visión de las tendencias que ya se presentan en el horizonte del trabajo universitario; el proyecto carece completamente de eso, lo que lleva a que no se plantee la flexibilidad necesaria para abordar un futuro que solo podemos prefigurar difusamente. Eso es indispensable, incluso si solo consideramos que los estudiantes que ingresen el 2018, muchos ya nacidos en el siglo XXI, terminarán entre el 2022 y el 2025 al menos.

Las nuevas regulaciones no pueden tener como efecto el inmovilismo institucional ni atropellar la necesaria autonomía universitaria. Este proyecto no mira hacia adelante y generará efectos negativos en los actuales y futuros estudiantes, y en la capacidad de generar conocimientos e innovar de nuestro país.

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El bullicioso mariscal Kim

Caminar por las calles de Pyongyang es una experiencia religiosa. Sus edificios están plagados  de retratos de sus dos santos principales: Kim Il Sung y Kim Jong Il, el abuelo y el padre del mariscal Kim Jong-Un, su actual líder supremo. Los retratos de estos santos están hasta en cada carro del estupendo metro de la ciudad; y, fielmente, en el pecho de cada uno de los norcoreanos.

Así lo ha dispuesto Jong-Un, quien es considerado por la prensa mundial como un inestable y peligroso sicópata.

Sin embargo, de él nada se sabe con claridad, sus datos personales son tarea de los más avezados espías. Según los de Corea del Sur tendría 34 años, y sería padre de tres hijos habidos con Ri Sol- Ju, su amor adolescente, ex cantante, relación que sufrió la oposición permanente de su padre, a quien desafió para casarse con ella.

Los servicios de inteligencia occidentales han estudiado su perfil sicológico y han llegado a la misma conclusión: muy inteligente, tremendamente racional, extrovertido y sociable; menos agresivo que la mayoría de los últimos presidentes de Estados Unidos. Y lo más sorprendente: tendría un gran espíritu negociador. Sus compañeros del colegio secundario suizo donde estudió insisten, eso sí,  en algo que demostró con su matrimonio:  no le gusta perder.

¿Es entonces el loco inestable que nos pintan?

Al parecer, Kim, desde que ascendió al nirvana norcoreano, por sobre todas sus características positivas,  se ha sentido muy inseguro en su cargo, temiendo perder el legado de su abuelo, padre de la revolución norcoreana, a quien idolatra. Aconsejado por sus generales leales ha buscado deshacerse de sus potenciales rivales a todo evento, lo que le ha significado consentir más que desatar horrorosas purgas internas, y, por otra parte, enervar al mundo con ensayos nucleares que le permitan establecer una línea roja a su eterno enemigo, Estados Unidos.

Para llevar adelante estos ensayos ha estado gastando  buena parte de los pocos ingresos que le quedan al país después de las sanciones a que lo ha sometido Naciones Unidas. Con un aparato comunicacional absolutamente controlado, ha convencido a su gente de que, si se descuidan, Estados Unidos los aniquilará de un momento a otro. Creencia a la que las amenazas de Trump han echado grandes cantidades de parafina.

Vladimir Putin, un gran conocedor del país, ha dicho que los norcoreanos preferirán comer pasto a abandonar sus planes nucleares porque sufren pánico de ser invadidos. Un experimento exitoso de cohetes transcontinentales les llena mejor el estómago que mil hogazas de pan.

Pregunta ingenua:

¿Por qué insistir en convertir a ambas Coreas en escombros, y no dejar que los norcoreanos, poco a poco, arreglen entre ellos sus problemas, como se debió permitir a iraquíes, sirios y libios? Tanto los coreanos del sur como los del norte se sienten parte de un solo país y ambos ven en su futuro la reunificación y no la aniquilación mutua.

Si la razón es que su régimen viola los derechos humanos, ¿por qué Europa y Estados Unidos mantienen maravillosas relaciones con regímenes peores? Con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, en la que su dictador y su familia gastan el dinero público del petróleo en mansiones y autos de lujo manteniendo a los ecuatoguineanos en una pobreza parecida a la de los norcoreanos; o con Arabia Saudita, donde las mujeres no tienen derechos y pueden ser lapidadas y sus altezas reales cada vez que quieren fiestas desahogadas parten a Marbella o a Dubai.

Trump debería insistir en su proclamado deseo de conversar personalmente con Kim. No para amenazarlo con más sanciones sino para  demostrarle buena voluntad con un proyecto realista que mantenga la estabilidad en la península coreana y que deseche matarlos de hambre.

Al menos Kim, según los espías, es un buen negociador. El resto lo podría hacer el paisaje de Mar-a-Lago.

 

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Que esta bandera flamee para todos

El inicio de las fiestas patrias en nuestro país está marcado por la presencia de nuestra bandera nacional. Cada casa debe tenerla obligatoriamente, cada niña o niño en el colegio hace alguna manualidad con  ella, cada guirnalda que adorne el patio para el asado del feriado tiene los colores blanco, azul y rojo.

Sin embargo, pareciera que durante el resto del año nos olvidamos de ella, con la excepción de algún triunfo de la selección o alguna actividad oficial. Por lo general, la bandera flamea en nuestros corazones y en nuestras casas sólo en septiembre, como si ser chileno o ser patriota fuera una actitud esporádica, un traje de fraternidad y buenas intenciones que nos ponemos los primeros días de septiembre y guardamos en el clóset el primer día de octubre, hasta que venga el otro año.

La bandera chilena es mucho más que eso. La bandera es, o debiera ser, el símbolo de una nación que se une frente a la adversidad, que se levanta una y otra vez, que se ayuda a sí misma a seguir caminando. Un país que se rige bajo principios democráticos y republicanos, un paño que reivindica algo tan grande como la independencia, la libertad, la justicia y los derechos.

A pesar de eso, nuestra bandera flamea día y noche en algunos sitios que, incoherentemente, hemos decidido marginar como país. La bandera chilena flamea, a veces furiosa, en todas las casas de un campamento a las orillas del río, a veces flamea resignada en un grupo de viviendas precarias al lado de un basural, o incluso en el basural mismo. La bandera flamea despacio en la casa de una familia de seis, que vive en una pieza, sin agua, luz ni alcantarillado.

Nuestro símbolo patrio de unidad, de libertad e independencia, flamea como nunca en estos lugares que quizás poco tienen que agradecerle a un país como el nuestro. Un país que los ha marginado consistentemente, que ha discriminado a sus ciudadanos más pobres solo por eso, por ser pobres. Un país con una Constitución que no les reconoce su derecho básico a una vivienda digna.

¿Y no significa ser patriota preocuparse por esto también? ¿No significa ser patriota abogar porque todos en este país tengan acceso a una vivienda adecuada? Ser patriota también es procurar que esta casa que es Chile sea un techo donde nadie quede fuera, entender que no podemos seguir segregando a las personas por la plata que se tiene en el bolsillo.

Es impresionante cómo las familias de los más de 700 campamentos que hay en Chile siguen confiando en su patria, poniendo la bandera todo el año en cada una de sus casa. Ese Chile que supuestamente debe velar por protegerlas ante un desalojo, que debe garantizarles dignidad y derechos, que debe ponerlas en el centro y no en el margen.

Espero que estas fiestas patrias sean todo el año, que este espíritu fraterno y de unidad no sea solo para la fonda o para el asado. Que la bandera chilena flamee para todos, ampare a todos bajo sus colores blanco, azul y rojo. Que la estrella patria ilumine todas las casas y no solo las de los que tienen para pagar la luz, que sobre todo ilumine allá donde no hay luz, allá donde los derechos más básicos no existen y donde la humanidad desaparece.

No le demos la espalda a quienes son patriotas todo el año tratando de sacar adelante a sus vecinos y comunidades, a quienes luchan día a día por salir del campamento y tener una vivienda digna. Ese es el mejor ejemplo de patriotismo real e incondicional, y todos deberíamos reconocerlo siempre.

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¿Dónde quedó la subsidiariedad?

Al cumplirse un mes del ingreso de la Reforma Previsional al Congreso y luego que la comisión escuchara a distintos expertos, vale la pena analizar en profundidad algunos detalles de las iniciativas presentadas por el Gobierno. Esta reforma está conformada por tres proyectos de ley: la reforma constitucional que crea el nuevo Consejo Autónomo de Ahorro Colectivo, el proyecto que crea el nuevo ahorro colectivo y aumenta la cotización en un 5% y el que modifica el marco regulatorio de las AFP.

De estas tres iniciativas, la Reforma Constitucional es la que presenta un mayor avance, debiendo pues ya fue aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara. Lo anterior cobra sentido toda vez que la aprobación de este cambio a la Carta Fundamental podría facilitar el trámite constitucional del segundo proyecto de ley (el que crea el ahorro colectivo) al incorporar el componente solidario dentro del sistema previsional. Solidaridad que podría justificar la evidente afectación tributaria a la que se ve expuesto el componente de ahorro colectivo que propone la Reforma. Así, el aporte intergeneracional, el bono compensatorio mujer y el aporte intrageneracional podrían entenderse como una solidaridad entre trabajadores activos y pasivos, entre hombre y mujeres y entre personas de ingresos medio alto y quienes tienen ingresos medios bajos, respectivamente. Comprensión, dicho sea de paso, muy lejana al espíritu de nuestro sistema previsional.

El sistema previsional chileno de los últimos años se ha caracterizado por premiar el esfuerzo de los trabajadores. La capitalización individual, es el reflejo del ahorro que cada uno logra generar durante su etapa laboral activa y rentabilidad que logren estos ahorros por medio de las gestiones de las AFP. Rentabilidades que han llegado a representar cerca del 70% de los fondos de quienes llevan más de 30 años en el sistema. De esta forma, el reclamo actual contra las administradoras o el sistema en general, no encuentra asidero en la práctica. Con la baja cotización mensual que realiza cada trabajador, alguien que trabaje 40 años sólo habrá acumulado ahorros para financiar 4 años de jubilación (presumiendo una misma renta en toda la vida laboral). Sin embargo, sabemos que esto no es así y que finalmente esas personas reciben una tasa de reemplazo cercana al 60% de sus últimas 10 rentas.

Entonces, ¿cuál es el problema de nuestras pensiones? El conflicto que posee cualquier sistema de pensiones en el mundo es el cómo hacerse cargo de los vaivenes del mercado laboral. La inestabilidad laboral es el principal enemigo de una buena pensión. Pues bien, la reforma que nos ofrece el Gobierno afecta principalmente al corazón de todo sistema previsional: el empleo. Tal como lo indica el Informe de Productividad de esta iniciativa (elaborado por el propio Ejecutivo y que la Presidenta desconoció en público), el impacto que ésta podría tener sobre el mercado del trabajo oscila entre 2.000 y 400.000 puestos de trabajo. La variabilidad dependerá, según el Informe, de la percepción de propiedad que tengan los trabajadores sobre la nueva cotización. Una percepción difícil de administrar, sobre todo para un hombre joven y de altos ingresos, quien sabrá que parte importante de su mayor cotización irá a parar al bolsillo de otros y que, por tanto, tendrá pocos incentivos para cotizar por su ingreso formal.

Es por esto que la Reforma Previsional del Gobierno no ha logrado la aprobación que el oficialismo esperaba. El chileno es solidario, sí. Sin embargo, no se le puede imponer una solidaridad como la que se plantea. Es rol del Estado hacerse cargo de las personas que más lo necesitan. Por ello, hoy más que nunca debiésemos preguntarnos, ¿dónde quedó la subsidiariedad que ha caracterizado la política social chilena de las últimas décadas?

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Ser humano, versus persona

El 5 de septiembre llegó a nuestro país, la abogada norteamericana Rebecca Kiessling, presidenta de la fundación Save de One, y activista pro vida que ha promovido en su país legislación que prohíbe derechos parentales a violadores. Esto, cuando a niños concebidos en una violación o incesto, se les permite nacer. Rebecca tiene autoridad para decirlo, ya que ella misma fue producto de una violación. Su madre la entregó en adopción en lugar de abortarla, ya que aún no era legar hacerlo en Norteamérica. Cuatro meses después del nacimiento de Rebecca, se aprobó el aborto en Estados Unidos. Por ello, afirma que le debe su vida a una ley pro vida, que ahora como sabemos, no existe. En su fundación, dedicada a apoyar a niñas y mujeres que han sufrido abusos, violación o incesto, tienen claro que el aborto lo único que logra, además de matar a un inocente, es perpetuar la impunidad del violador.

En nuestro país, la tercera causal del proyecto ley de despenalización del aborto, precisamente en caso de violación, fue desde el comienzo la más polémica. Ello, porque produce bastante “ruido” a nivel ético el permitir la eliminación de un miembro de la especie humana sano, por el crimen cometido por su progenitor biológico, crimen del cual el niño o niña concebido son una segunda víctima, además de la madre.

El Tribunal Constitucional, dio a conocer hace unos días atrás los argumentos del fallo que dio luz verde a que el aborto en nuestro país sea legal, también en caso de violación (única causal que podría haber peligrado, según los expertos). A muchos nos llamó la atención algunos de los argumentos esgrimidos. Por ejemplo, señalan que la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona, aclarando que ello no implica que el no nato sea un bien jurídico de la “mayor relevancia”, de modo que “el costo de interrumpir la gestación de una vida humana con expectativas de alcanzar el estatus de persona, es alto”. Para los ojos no expertos de quienes no somos juristas, esta distinción entre vida humana y persona es chocante. Llamar a un ser humano en su etapa inicial de desarrollo, un “bien jurídico” puede interpretarse como ser el equivalente a una cosa. Sobrecoge que hecho de que el legislador tenga el poder de determinar qué vidas humanas o seres humanos tienen en efecto, status de persona y cuáles no. Algunos explican que la categoría de “persona” se refiere más que todo a asuntos patrimoniales y civiles, pero… ¿No es acaso el derecho a la vida anterior y superior a una inscripción en el registro civil o al derecho a la propiedad?

La historia está plagada de ejemplos en los que grupos de miembros de nuestra especie fueron considerados “infrahumanos” o humanos de segunda clase, despreciables incluso, por diversos motivos. Por su etnia, religión, nacionalidad, raza, pensamiento político, etc. En los mayores de 35 podrá resonar aún la palabra “humanoide” tan utilizada en el período de la dictadura. De más está decir, que esta “deshumanización” del otro, de quien es diferente, sigue plenamente vigente en el siglo XXI. En varios países donde ya se discrimina y aborta libremente a los no nacidos, también se han comenzado a discriminar a los enfermos y ancianos. El aborto eugenésico y la eutanasia, son manifestaciones de las prioridades de una cultura de la muerte que saca calculadora para determinar que es más económico la “muerte digna” de enfermos, ancianos y no nacidos que los costos de hacerse cargo de esas vidas. Darwiniano escenario en que la supervivencia de los más aptos impera.

También llama la atención otro argumento que se puede encontrar en el fallo del Tribunal Constitucional, que señala: “el que está por nacer mantiene en el vientre materno una existencia común con la madre, sin vida individual ni autónoma, constituyendo una existencia condicionada al nacimiento…” Ello es refutado por la ciencia. El feto es completamente autónomo e independiente de su madre, lo único que necesita de ella es alimento y cobijo, tal como lo necesita un recién nacido, un bebé de 6 meses, de 1 año o un niño de 3 o 6 o 10.

El año pasado, la revista Nature Cell Biology (perteneciente a la pretigiosa publicación “Nature”) publicó el estudio: “Auto-organización del embrión humano en ausencia de tejido materno” (Revista Nature Cell Biology, volumen 18 – n°6, junio 2016) Éste concluía que un óvulo fecundado (o cigoto) no es un mero conjunto de células, sino que es un ser vivo autónomo. Ya que, además de contar con un genoma completo que lo define como un ser humano de características únicas, independiente de las de sus padres, produce su propio desarrollo incluso en un tubo de ensayo o en una incubadora.

En el estudio, publicado por Marta N. Shahbazi y varios colaboradores en el Reino Unido, se descongelaron embriones donados a su grupo de investigación por una clínica de fecundación in vitro. Los embriones habían sido congelados tras la fecundación y cuando fueron descongelados se encontraban en diversos estadios del desarrollo de la primera semana (pre-implantación). Utilizando un sistema de cultivo in vitro diseñado por ellos mismos, dejaron crecer esos embriones más allá del momento en el que normalmente se implantarían en el revestimiento del útero.  Como afirman los autores en el artículo, su sistema de cultivo “permite a los embriones humanos continuar la transición de pre-implantación a post-implantación in vitro, en ausencia de cualquier tejido materno”.

Como vemos, el feto, incluso el cigoto desde sus primeras horas de vida, no es un apéndice del cuerpo de su madre, sino que es un miembro de la especie humana único, irrepetible e independiente, en una etapa inicial de desarrollo. Un desarrollo continuo que culmina en la muerte y que necesita de otros, a lo largo de toda la vida, pero en especial, los primeros 18 años y en la tercera y cuarta edad.  Nuestros legisladores pueden ocupar su libertad para elegir si a toda vida humana se le considerará por su valor intrínseco o bien, se determinará por cualesquiera razones, ciertas condiciones para conferir personalidad ética y legal a algunos de sus miembros. De momento, decidieron que la vida de personas como Rebecca, no tiene cabida en nuestra sociedad. ¿El día de mañana, quiénes más quedarán fuera?

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Ley de universidades estatales: sorprendentes pasos en la dirección incorrecta

Un “trato preferente” a las universidades del Estado es parte de las promesas que este gobierno ha querido materializar, en el marco de la reforma a la educación superior, en una ley que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, la discusión se ha centrado en las formas de presión algo destempladas de algunos rectores y decanos para hacer llegar sus demandas –uno de los más conspicuos habló de “jugar a la revolución”- y, en menor medida, de las quejas de los funcionarios de las universidades de propiedad estatal. El Ministerio de Educación no demoró en dar solución a dichas demandas con indicaciones (con una premura solo conocida en periodo electoral), pero en el proceso, lamentablemente, se ha distorsionado un proyecto que pasó de ser una iniciativa medianamente razonable a convertirse en un pequeño delirio revolucionario.

La forma de gobierno de las universidades estatales, esto es, la configuración básica según la cual se toman decisiones administrativas, financieras y académicas clave en estas instituciones, debe basarse en el equilibrio entre las distintas partes interesadas con la finalidad de que se busque el bien superior de la institución. Estos actores son, por nombrar los más relevantes: el gobierno, los académicos, la administración, los estudiantes, los exalumnos y la comunidad con la que se vincula. Lo fundamental para materializar la autonomía de la institución es que ninguno de los actores precedentes pueda tomar el control total del devenir de la universidad para su propio interés, sino que deba lograr algún grado de acuerdo. Además, es sano para la institución que en su conducción participen personas externas que puedan aportar visiones nuevas y no influidas por pequeños grupos de interés interno que suelen capturar las instituciones públicas. Sin perjuicio de lo anterior, la opinión de algunos miembros es más relevante dependiendo del tema: es de toda conveniencia que los profesores tengan mayor influencia sobre temas académicos, y no tanta sobre temas de administración funcionaria, por ejemplo.

El proyecto de ley de universidades estatales original incluía una configuración del poder razonable en el órgano superior de la institución (denominado “Consejo Superior”), que incluía en igual medida representantes del Presidente de la República (3 miembros) y académicos (3 miembros), dos representantes totalmente externos a la universidad, más el rector. Tras la presión de los rectores del CUECH, el número de representantes académicos se amplió a cuatro, se redujeron los representantes externos a solo uno, el que, paradójicamente, ahora debe ser nombrado por los académicos, funcionarios y estudiantes. Esta nueva organización permite, en la práctica, la captura de la institución en temas como financiamiento, plan de desarrollo, estatutos y presupuestos por parte de los académicos, y en menor grado, por estudiantes y funcionarios. Si antes, para aprobar el presupuesto se requería convencer a tres miembros externos a la universidad, los que eran una garantía de imparcialidad, criterio de realidad y buen uso de los recursos públicos, ahora se requiere convencer a solo uno. ¿Por qué debieran todos los chilenos sostener y financiar una institución conducida por y para un grupo particular de interesados? Si no se aseguran los equilibrios de poder que evitan arbitrariedad y captura, las universidades estatales serán todo menos públicas.

Sin embargo, donde el proyecto empeora gravemente es en la constitución del “Consejo Universitario”. Originalmente este órgano, bajo el control de los académicos, tenía por objetivo hacer llegar al rector las preocupaciones de los distintos estamentos internos de la institución. Las atribuciones de este órgano serían definidas autónomamente por cada institución. Sin embargo, las presiones a las que ha cedido el gobierno han implicado cambios en la dirección contraria: se le entregan amplias atribuciones para elaborar modificaciones a los estatutos y al plan de desarrollo (que consecuentemente se le quitan al rector, debilitándolo innecesariamente), además de entregarle el control de 55% de los miembros del más alto órgano de administración (el Consejo Superior).

En pocas palabras, el Ministerio propone un modelo que promueve lo que se ha llamado “triestamentalidad”, esto es, la captura de la universidad por parte de académicos, estudiantes y funcionarios. Este modelo es solo implementado por un puñado de universidades estatales de la región -con poco éxito- y por ninguna de clase mundial. Lo que ha demostrado su aplicación en Chile (aunque bastante moderada en el caso de la Universidad de Chile) es una creciente burocratización, el permanente conflicto de interés, la imposibilidad de gestionar eficientemente en razón del constante desacuerdo, y las luchas intestinas por cuotas de poder. Nada que nos haga particularmente falta.

Cuesta ver qué pudo haber motivado al gobierno a degradar el proyecto de universidades de estatales de esta manera. Es necesario que el Ministerio de Educación vuelva a reflexionar sobre si es pertinente obedecer ciegamente, en los descuentos, a quienes lo han hecho fracasar desde el inicio.

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La silenciosa extinción de los cristianos de oriente

Hace algunos meses hemos escuchando en la prensa internacional que el Daesh o Estado Islámico está llegando a su fin. Esta afirmación es precipitada, especialmente después de los atentados que están sufriendo los países europeos y el último de Barcelona en que sin misericordia penetraron con un vehículo por La Rambla el paseo más popular y cosmopolita del Cataluña. El resultado 13 muertos, centenar de heridos y miedo.Los jóvenes terroristas eran de origen marroquí escolarizados en España.  Está claro en este caso como en los otros de países europeos, que no ha sido posible trasmitirles por medio de la enseñanza los principios y valores de Europa. Uno de estos terroristas cuando tenía solamente 16 años utilizaba una página en la red llamada Kiwi que era de preguntas y respuestas, le preguntan: “En tu primer día como rey absoluto del mundo, ¿qué harías?” él respondió: “Matar a los infieles y dejar solo a musulmanes que sigan la religión”. 

Uno de los derechos humanos básicos consagrado también en nuestra constitución como un derecho fundamental, en el artículo 19 Nº 6, es “la Libertad de Conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos.” Ello es la base de una sana y pacífica convivencia democrática. Por lo tanto, la verdadera derrota del DAESH o ISIS no será militar exclusivamente, será derrotado realmente cuando se reconozca plenamente, en cada rincón del planeta este derecho humano.

Hoy se está sufriendo en Oriente Medio, excepto en países como Líbano en que su Presidente es católico de rito Maronita, una fuerte discriminación y persecución de la minoría cristiana. El problema surge fundamentalmente en aquellos lugares donde el islam se ha deformado hasta adoptar una forma virulenta y extremista. Los ejemplos se suceden, en Irak vivían cerca de 1,2 millones de cristianos en 2003, en 2016 no superan los 400.000. En Siria han huido casi un millón de cristianos hoy quedan no más de 600.000 y en Egipto, donde se encuentra la más antigua comunidad cristiana, la Iglesia Copta, se suceden las matanzas que este año cobró más de 70 cristianos asesinados.  Masacres atribuidas a DAESH.-

Esto es en extremo grave, peligroso y una gran tragedia. Occidente parece haberlos abandonado a su suerte. Lamentablemente en esta etapa de involución de occidente en que se impone una cultura sin valores, puede ser una de las causas del silencio cómplice, de la desidia. Pero es necesario que se reclame por el básico principio que fundamenta nuestro sistema de vida y nuestra democracia, principios que en los albores de la humanidad vienen del mismo Oriente con el renacimiento, ellos son: la libertad de conciencia y el respeto al otro, que es la única forma de tener una coexistencia en paz.

 

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