Óscar Contardo's Blog, page 83

Más modificaciones a la ley de inclusión

Este mes se cumplió un hito importante para las organizaciones de la educación particular. Después de un arduo trabajo, FIDE logró unir al área de educacion de la CECH, la Confederación de Religiosos, Conferre y la Conacep para realizar gestiones políticas que permitan revertir los serios problemas por los que está pasando la educación particular subvencionada. Como consecuencia de esta acción, fuimos recibidos por la Ministra de Educación el 8 de septiembte.

Las leyes de Inclusión, de Desarrollo Profesional Docente y la que concede un bono de retiro para los docentes y los asistentes de la educación de establecimientos municipales y de administración delegada, no solo dificultan la gestión administrativa, financiera y pedagógica de sostenedores y directivos, sino que discriminan a docentes y asistentes de la educación en comparación con los beneficios que han recibido sus colegas de la educacion pública y en parte sus pares de la misma condición que se desempeñan en los establecimientos de administración delegada. Asimismo, apoderados y estudiantes se están viendo enfrentados a la alternativa de duplicar o triplicar los costos de su educación o, en su defecto, abandonar el proyecto educativo que habían escogido.

Frente a esta situación, que le hicimos ver a la ministra, se constituyó una mesa de diálogo, presidida por Andrés Palma, quien nos informó de varias acciones que está realizando el Ministerio para minimizar los efectos de la ley de Inclusión. Dentro de las normas legales que se plantearán está la Ley Miscelánea II, que modificará el precio del arriendo, expresado en porcentaje de avalúo fiscal, por un valor que sea de precio de mercado, el que debiera ser determinado por un medio objetivo y transparente. Además se indicó que se corregiría la posibilidad de comprar bienes inmuebles hipotecados, sin necesidad de la intermediación bancaria, así como facilitar los procesos de autocompra con una entidad bancaria. Y, por último, nos confirmaron que el 31 de diciembre de 2017 quedó como fecha límite para transferir la calidad de sostenedor desde una entidad con fines de lucro a una entidad sin fines de lucro. Se intentará aprobar un segundo proyecto de ley que introducirá modificaciones a la nueva carrera docente y a la aplicación de la ley de subvención escolar preferencial. También intentarán modificar el Decreto Supremo 315 sobre reconocimiento oficial, a fin de que se tome en cuenta para efectos de valorización aquella infraestructura que es empleada por el establecimiento educacional.

Valoramos el gesto del Ministerio de crear este puente con la educación particular, pero creemos que más que una mesa de trabajo, la reunión fue un acto de notificación de un proyecto de ley que ya se encuentra redactado, y que soluciona los problemas que políticamente pueden ser más delicados. A nuestro juicio estamos nuevamente en presencia de un gobierno que no dialoga y que en términos objetivos no responde a las inquietudes que formalmente se le hicieron llegar a la ministra, lo que corrobora nuestra hipótesis de que esta administración no va a modificar la situación crítica de los colegios particulares.

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Religiosidad estatal

Son varias las preguntas. ¿Por qué un grupo de exaltados le grita asesina a la Presidenta de la República, justo antes de que ella ingrese a su propio acto religioso? ¿Por qué un candidato a diputado de la derecha toma la palabra y, disfrazado de sermón, se despacha una arenga político-electoral? ¿Por qué lo secundan en el mismo tono otro puñado de pastores, relegando a segundo plano lo que ahí se pretendía celebrar? ¿Por qué el candidato de la oposición guarda un cómplice silencio ante los hechos, no solo alentando las sospechas de que fue parte de un montaje político comunicacional, sino también contribuyendo a mancillar la misma dignidad presidencial que él pretender detentar en algunos meses más? En definitiva, ¿por qué la Presidenta de la República asiste a estos eventos, con varios de sus ministros, dándole así un aura republicana a una ceremonia religiosa?

Lo ocurrido esta semana y que posteriormente fue refrendado por una parte de la cúpula que agrupa a esa confesión religiosa, le hizo un flaco favor a la causa. No solamente se agredió verbalmente y faltó el respeto a la máxima autoridad del país, sino que -paradójicamente- la víctima fue esa mujer que instauró el día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes, que liberó una importante suma de dineros estatales para la remodelación de su templo, y cuya contribución a esa religión ha destacado muy por sobre todos los otros presidentes del país. Más que mal agradecidos, reproche que legítimamente podría hacerse, el bochornoso episodio los terminó presentando -no a todos ciertamente- como un grupo de fanáticos e intolerantes y que además aparecen comprometidos con una específica campaña electoral.

Pero la discusión de fondo no debería centrarse en la falta de criterio y ordinariez de un puñado de los anfitriones, sino en por qué en un Estado laico todavía se alientan este tipo de discriminaciones. La laicidad no se refiere a oponerse a las creencias religiosas de las personas; sino que, cosa distinta, a tratarlas con igual consideración y respeto, sin tener preferencias ni menos adoptar alguna en particular. Se trata de una importante manifestación de la autonomía y dignidad personal, que el Estado debe garantizar pueda profesarse de manera privada y pública, pero que en ningún caso merece ser elevada -en los ritos, el uso de los recursos fiscales, o en la atención de las autoridades en el ejercicio de su cargo- a una categoría republicana o común a todos los ciudadanos.

Lamento lo ocurrido, especialmente por la enorme contribución al país de la mayoría de los pastores y feligreses evangélicos. No tienen la culpa de los errores y miserias de quienes temporalmente los representan. En todo caso, no han sido los primeros y tampoco probablemente serán los últimos.

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Talante mediador

Septiembre es sinónimo de agenda de derechos humanos, utilizada una y otra vez para fines políticos. Incluso lo hizo Sebastián Piñera, con su célebre frase de los “cómplices pasivos”. Entonces, que lo haga el gobierno más izquierdista de los últimos 27 años no es novedad.

Ahí están el anuncio del cierre de Punta Peuco y la decisión de poner urgencia al proyecto de ley que pone fin al secreto de 50 años de las declaraciones de las víctimas ante la Comisión Valech. También se apresura un proyecto de ley que castiga negar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos.

Sectores de oposición acusan el uso del dolor de la gente para con fines electorales. Es posible que algunos lo estén intentando -no sería primera vez-, pero no es tan claro que ese sea el verdadero objetivo. Porque los más hábiles en las esferas oficialistas seguramente se dan cuenta de que el descalabro político es tal, que es muy poco lo que puede servir la enésima vuelta a la tuerca del tema de los derechos humanos. Además, si no le sirvió a Piñera sumarse a ella -la izquierda retornó igual al poder-, por qué habría de ser útil a un gobierno caído en el total descrédito. Más bien, puede ser síntoma que saben van a perder, que habrá cambio de gobierno y que quizás se extienda por más de un período. Por consiguiente, hay que trata de amarrar todo lo que sea y, por último, darse todos los gustitos posibles, no importa cuál sea el daño.

¿Cuál sería el daño? El primero, que la sociedad siga crispada por los hechos del pasado y que no haya posibilidad de superarlos. Pero hay más. El proyecto que pena la negación de las violaciones de los derechos humanos persigue que no haya miradas alternativas ni matices, lo que constituye un atentado a la libertad de expresión, la base de la democracia. Algunos dicen que ésta pudiera resultar afectada, depende de cómo se redacte. Un completo error: establecer un castigo por no adherir a la verdad oficial constituye por antonomasia un ataque a la libertad de expresión. No se requiere ser libre para adherir a la verdad oficial, sino para disentir de ella.

Pero lo más grave es la derogación de la norma que aseguró 50 años de reserva a las declaraciones de las víctimas. No importa si era necesario hacerlo o si son útiles las declaraciones para los juicios, lo que importa es que el Estado asumió un compromiso y que antes del plazo establecido se quiere desconocer. A partir de ahora, quien crea en una oferta hecha por ley pasará por leso, pues bastará con aprobar otra ley que desconozca la oferta; argumentos para hacerlo siempre habrá.

La ONU nombra a la Presidenta asesora para mediaciones en conflictos internacionales. Para ser mediador se requiere capacidad de buscar la concordia, convencer a las partes que lleguen a acuerdos, lo que implica renunciar a legítimas posiciones, y que cumplan con la palabra empeñada. Lo contrario a lo que se está haciendo aquí.

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No debate en ciencia y tecnología

El jueves de esta semana dos canales de televisión hicieron un no “debate” sobre las ideas en ciencia y tecnología para sus eventuales gobiernos. Esto patrocinado por la gran iniciativa Congreso Futuro de Guido Girardi. Si bien es necesario felicitar la iniciativa de los canales, también hay que señalar la pobreza del programa y lo mal preparados que estaban los periodistas. Si siete aspirantes al más alto cargo de la nación no lograban entender preguntas hay solo dos alternativas: o bien los candidatos son todos mediocres, o la pregunta estaba simplemente mal formulada.

Sin perjuicio de que hay varios candidatos mediocres, me inclino por la segunda opción.

Más patético aun fue cuando el canal, haciendo gala de las nuevas tecnologías, entregó tablets a los candidatos para responder preguntas. Y cuál sería la sorpresa increíble, al ver que los tablets fueron usados para poner, en toda la pantalla, un signo gráfico de apruebo-rechazo.

En todo el programa solo un candidato, una vez y a la pasada, ocupó el término big data, que es central en lo que viene, especialmente en relación con computación cognitiva e inteligencia artificial. La vaguedad de las respuestas fue alarmante. Era como la historia del estudiante que solo había estudiado a los fenicios y debía rendir un examen.

Debate, al menos, yo no vi nunca, ni menos fue estimulado por los periodistas. Una vez ME-O emplazó a Guillier, pero no por ciencia y tecnología, sino por sus votos personales en las campañas anteriores. El caso más patético fue Artés, que daba lo mismo lo que le preguntaran porque la respuesta era refundar al país y hacer una nueva Constitución que resolvería todos los problemas.

Apenas hablaron los candidatos de la carretera digital e Internet, y la tecnología en salud y, por cierto, solo vaguedades de sentido común. Nunca se habló de biotecnología, biología sintética, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Web 3.0, realidad aumentada, neurociencias, epigenética, nanotecnología, nuevos materiales como el grafeno, complejidad, la impresión ya no 3D sino 4D, o la habilitación del 5G en telecomunicaciones. No apareció ni en el horizonte del transhumanismo en curso (la singularidad de Kurzweil), la reproducción humana tecnológica que se viene. Hoy se habla profusamente del cuarto paradigma de la ciencia que acompaña la nueva visión de la realidad, tema que ningún candidato trajo a colación, y menos los periodistas. El tema fundamental de la nueva mente tecnológica colectiva global que se forma en la nube, ni se vislumbró. Palabras como blockchain, bots, wearables, Deep web, ciudades inteligentes, espacio exterior, memes y temes, o lenguaje postsimbólico simplemente no existieron. Los periodistas hablaban de la sociedad del conocimiento, cuando eso ya no es la cave.

No me puedo imaginar la decepción que debe haber sentido Girardi, que estaba presente. Todos estos temas han sido abordados por expertos mundiales cada año en Congreso Futuro; los candidatos no podrían alegar ignorancia. Si alguno de estos candidatos llegara a La Moneda, al menos en el tema ciencia y tecnología nuestro país se seguirá rezagando irremediablemente. Nuestra clase política cree que el tema se resuelve con un nuevo ministerio, lo que indica exactamente que no han entendido siquiera el problema.

Finalmente, es más o menos obvio por qué Piñera no participó. Llamó la atención la bajeza de los comentarios de ME-O al respecto y la de otros candidatos. Según los canales y una encuesta al menos dudosa, Sánchez ganó el debate: una candidata que ni siquiera debe saber la diferencia entre técnica, máquina y tecnología.

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Ingenuidad política

Cuando de titulares se trata, la Iglesia Católica parece inclinarse por la economía de palabras. Así, por ejemplo, las encíclicas papales llevan por nombre apenas las primeras líneas del texto con que su santidad ilumina a sus ovejas.

El Te Deum, el ahora tan polémico Te Deum, constituye otra demostración. Significa “A ti, Dios” y corresponde a las primeras palabras del cántico de acción de gracias cuya autoría la Iglesia atribuye a los santos Ambrosio y Agustín.

Ahora bien, lo que nosotros en general entendemos por Te Deum (esto es, una ceremonia “republicana”, como algunos la llaman, que se celebra cada 18 de septiembre) se remonta a 1811 y nació a solicitud del entonces Director Supremo, José Miguel Carrera. No crea, por favor, que soy muy letrado en estas materias. Simplemente (y lo confieso, no como algunos honorables parlamentarios) lo leí en Wikipedia.

A partir de 1970 se convirtió en ceremonia ecuménica, pero sirva este breve repaso histórico para dejar bien en claro que se trata de una oración católica y que, al menos hasta 1870, se efectuaba al final de la misa.

En 1975, a Pinochet se le ocurrió la idea de sumar un “Te Deum” evangélico. Desconozco sus motivos, pero para nadie es un misterio que las relaciones del general con la jerarquía católica no eran de las mejores, así que un acercamiento al mundo evangélico no le venía nada de mal.

No obstante este origen, a ninguno de sus sucesores en La Moneda le pareció tan mala la idea. Después de todo, no hay que ser adivino para advertir los intereses que rondaban por la cabeza de las siguientes autoridades: los evangélicos son muchos (léase, muchos votos) y sirven como contrapeso frente a la poderosa Iglesia Católica. La propia Bachelet fue especialmente considerada con ellos. Les abrió las puertas de los cuarteles militares, creó una oficina de asuntos religiosos en La Moneda (para así atenderlos a todos por igual y no al arzobispo en particular) e, incluso, les instauró su propio día, con feriado y todo lo demás.

Pero por mucho que a los periodistas les cueste comprender, las iglesias evangélicas (nótese el uso del plural) no tienen mucho que ver con la jerarquía y la estructura católica (y ahora, el singular). Prácticamente cada pastor es una iglesia en sí mismo, lo que sirve para explicar la diversidad de opiniones y actitudes que usted puede encontrar en su interior.

Esto es, precisamente, lo que los señores y señoras políticos no entendieron ni previeron. Como resultado, les salió el tiro por la culata. Pensaron que con feriados y reconocimientos tendrían a los evangélicos (y sus votos) en la mano y, de paso, contrapesados a los obispos católicos. No les resultó y ahora lloran y vociferan por las ofensas de unos pastores convertidos en candidatos.

¿Cómo tan ingenuos?

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Derecha y liberalismo

¿Qué relación debería tener la derecha con el liberalismo? La pregunta ha vuelto a surgir a partir de las (mal llamadas) cuestiones valóricas, que suelen tensar al sector. Algunos argumentan que la derecha debería abandonar las posturas conservadoras, supuestamente superadas por la Historia. Agregan que la derecha no puede mantenerse ajena a los cambios de opinión, reflejados en las encuestas.

Más allá del fondo del asunto, es interesante notar un escisión persistente entre, por un lado, el establishment intelectual y mediático de la derecha,que sostiene posiciones crecientemente liberales en algunos temas, y sus dirigentes políticos, que son muchos más cautos y de paso obtienen votos. Los más liberales llevan años presionando por imponer su agenda, pero con éxito escaso. De hecho, resulta paradójico que una versión conservadora de Sebastián Piñera está ad portas de La Moneda, y ni hablar de los votos de Ossandón.

Me parece que parte del equívoco, o de la distancia, se debe -al menos parcialmente- al cosmopolitismo intelectual de esa elite. Me explico: se trata de personas muy inteligentes, con estudios en el extranjero, y que se han fascinado con algunas versiones sajonas del liberalismo. Por lo mismo, su afán constante (que es al mismo tiempo su frustración sistemática) es que Chile se convierta de una buena vez en un país moderno. Miran con admiración a Macron, Cameron y Obama, y se maravillan con las novedades venidas del exterior (hay una reminiscencia de esa obsesión por lo extranjero que tanto divertía a Gonzalo Vial).

La dificultad estriba en que esa cosmovisión carece de mediación. Es más, no tiene conciencia de la necesidad de la mediación. Sin ella, el liberalismo no podrá superar una esterilidad más o menos solitaria (de allí la vieja quimera del centro liberal) porque, al resistirse a otras fuentes constitutivas de la derecha, pierde toda su politicidad, pierde toda su capacidad operativa. Es digno de atención, por ejemplo, que cierto liberalismo nacional haya producido pocas obras intelectuales de peso sobre Chile. Esto se explica porque tiende a creer que basta con implementar mecánicamente recetas o modelos, como si la realidad fuera una masa informe que debe ser modernizada cuanto antes.

En el fondo, creen que basta con imitar allí donde primero hay que conocer, reflexionar y comprender. Pedro Morandé -inspirado en la hermenéutica de Gadamer- insistió mucho en este punto: nuestra modernización no puede ser pensada sin tomarse en serio las especificidades latinoamericanas, tan distintas de las sajonas. Resulta entonces indispensable elaborar una reflexión singular, que se corresponda con nuestra realidad y con nuestra historia (y en ese trabajo las encuestas son solo un insumo más). Sin ese trabajo, el liberalismo criollo se condena a seguir siendo, como apuntaba Alberto Edwards en 1903, una entidad puramente negativa: su rechazo a asumir nuestra particularidad lo inhabilita a la hora de transformar sus reflexiones teóricas en un pensamiento que pueda inspirar una auténtica acción política.

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El Papa Francisco, en campaña

La reciente visita del Papa a Colombia y la aparición de un libro, Política y sociedad, en el que el Sumo Pontífice dialoga con el investigador Dominique Wolton han reabierto la discusión sobre si Francisco es un hombre político y, lo que es más controversial, si es de izquierda.

En América Latina, el asunto interesa especialmente: es un Papa argentino, América Latina es, junto con África, la mayor zona de influencia de una Iglesia Católica con competidores tanto seculares como religiosos en todo el mundo, y la implicación del Vaticano en cuestiones políticas en esta región es obvia.

La respuesta a la primera pregunta -¿es este un Papa político?- es un rotundo sí. Todos los Papas lo son en virtud del poder de su institución. Este lo es también porque participa personalmente en la discusión pública y en procesos de naturaleza política.

Hace apenas unos días, Francisco provocó en Europa un debate con unas declaraciones a favor de la inmigración en las que usó la palabra “incondicional” y en las que desarrolló la idea de crear sistemas de integración y protección para inmigrantes. Para los sectores de derecha críticos de la inmigración, esta postura papal va contra la tradición del Vaticano como baluarte del cristianismo y del humanismo, que estarían en peligro ante flujos migratorios que representan la negación de ambas herencias culturales. Para los sectores de izquierda, sobre todo sindicales, que también ven con ojos desconfiados a los inmigrantes, la posición del Papa erosiona los “derechos” de los trabajadores.

En el libro mencionado, del que Figaro Magazine publicó un adelanto en exclusiva mundial, Francisco hace una defensa de la unión civil entre personas de un mismo sexo. Insertándose de lleno en la discusión político-moral, rechaza la idea de llamar “matrimonio” a esas uniones, pero defiende su equivalencia en términos de “unión civil”, lo que representa un cambio en la posición de la Iglesia. Este Papa que no se contenta con hablar de una moralidad individual o asuntos espirituales: se involucra en la batalla ideológica y la lucha política terrenal.

Sus dos encíclicas, “Lumen Fidei” y “Laudato Si”, son polémicas. La primera cuestiona el sistema de mercado global (“gobierno de la economía mundial”) y la segunda profesa el ecologismo.

La politización papal no se agota allí. América Latina es la demostración de que está dispuesto a involucrarse en procesos políticos. Es un rol que le resultaría más difícil jugar fuera de América Latina. Quizá no sea demasiado exagerado decir que para él América Latina es lo que fue Europa central para Juan Pablo II en los años 80.

Son hasta ahora tres los “casos” en los que Francisco se ha metido de lleno: la “normalización” de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el proceso de paz en Colombia y el “diálogo” de la dictadura de Nicolás Maduro con la oposición venezolana. Se ha ofrecido también a jugar un papel en otros escenarios, trátese de diferendos, conflictos o tensiones (entre Venezuela y Colombia, Chile y Bolivia, Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo).

Francisco tomó la iniciativa de ofrecer sus buenos oficios a Barack Obama y Raúl Castro en 2014 y se involucró en las negociaciones. El anuncio, a finales de 2014, de que ambos países habían decidido restablecer sus relaciones fue el comienzo de un proceso que hoy ni siquiera Donald Trump ha revertido en lo esencial.

En el caso de la negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, los tiempos fueron distintos, pues Francisco encontró las negociaciones secretas ya en marcha (habían arrancado en 2012 y él fue elegido en 2013). Su rol pasó a ser significativo a partir de 2015, cuando Santos entendió que la resistencia de un amplísimo sector de Colombia ponía en peligro su objetivo y que, al mismo tiempo, las Farc habían endurecido mucho su posición.

Un hombre importante en las negociaciones, o más exactamente en el juego de poleas que se dio detrás de la negociación oficial, fue el obispo Giorgio Lingua, a quien el Papa nombró nuncio en Cuba con la expresa misión doble de organizar su visita a la isla y colaborar con las negociaciones entre Colombia y las Farc, que se desarrollaban en La Habana. Lingua ya conocía a las Farc desde los tiempos de Andrés Pastrana, cuando el gobierno colombiano de entonces intentó llevar a cabo, sin éxito, una negociación de paz con el grupo terrorista.

El compromiso de Francisco es tal, que respaldó a Santos cuando, derrotado el proceso de paz en un referéndum vinculante llevado a cabo en Colombia, decidió continuar haciéndolo efectivo por distintas vías. Ello, a pesar de que implicaba meterse directamente en la delicada discusión legal y constitucional interna en dicho país.

La tercera misión papal, la del diálogo entre la dictadura venezolana y la oposición democrática, no ha llegado a buen puerto y es quizá la más controversial.

Francisco eligió la oportunidad más delicada y peligrosa para favorecer el diálogo: el último tercio de 2016, cuando la oposición, amparada en la Constitución (obra del propio chavismo), pretendía que se convocara un referéndum revocatorio contra Maduro. El régimen venezolano hacía lo necesario para ganar tiempo: pronto vencería el plazo más allá del cual ya no sería posible, según la Constitución, el revocatorio. Maduro tenía especial interés en un diálogo, parecido a los que el chavismo convoca ritualmente cada vez que las cosas se le ponen color de hormiga para desmovilizar a la oposición.

Otro factor añadía peligro a la iniciativa papal: Maduro había violado la legalidad suspendiendo las elecciones para elegir gobernadores. Tener al Vaticano como aval lo protegería de cualquier cuestionamiento internacional ante este hecho dictatorial.

La historia acabó mal. Las negociaciones de la Isla Margarita (que continuaron luego en Caracas), en las que el enviado del Papa, Emil Paul Tscherrig, tuvo un rol prominente, resultaron un fiasco. Maduro no cumplió nada de lo que prometió y el año acabó con un endurecimiento intenso del régimen. Todo desembocó en el reinicio de la resistencia activa en las calles que, con el telón de fondo de nuevos diálogos esporádicos convocados por Maduro con ayuda de tres ex presidentes de España y América Latina y de organismos como Unasur, y con respaldo papal, ayudaron al chavismo a capear el temporal.

El respeto que Maduro tiene por el Papa quedó demostrado con su decisión de eliminar la Asamblea Nacional y hacer elegir, en comicios fraudulentos (denunciados, entre otros, por la empresa que organizó el recuento), una Asamblea Constituyente cuya única misión es abolir formalmente la democracia. Este hecho valió a Maduro la condena contundente de la comunidad internacional. Entre las excepciones estuvieron los facilitadores de los diálogos de Maduro con la oposición, incluyendo a los ex presidentes y al Papa Francisco. Hoy, cuando ya la dictadura venezolana se siente más segura y la oposición ha suspendido la lucha en las calles para retomar aliento, y cuando surgen serias divisiones en el seno de los demócratas por las desavenencias sobre la mejor estrategia para seguir adelante, el Vaticano ha vuelto a respaldar un diálogo ofrecido por Maduro (que esta vez tiene como escenario a la República Dominicana).

La participación de Francisco en todo esto ha provocado una división en el seno de la propia Iglesia. Los obispos venezolanos, algunos de los cuales tuvieron ocasión de reunirse con él durante el viaje que acaba de realizar a Colombia, han denunciado públicamente a la dictadura, han llamado “farsa” a los diálogos de Maduro y han afirmado que está muy avanzado el proyecto “comunista”. En privado, le reiteraron a Francisco su postura, frontalmente opuesta a que la Iglesia se preste a estas operaciones rituales encaminadas a preservar el sistema. Uno de los que han llevado la voz cantante ha sido el cardenal Jorge Liberato Urosa. Pero Francisco tiene consigo a pesos pesados que respaldan su postura, incluyendo al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que fue en su día nuncio en Caracas.

Hecha esta rápida composición de lugar, ¿puede decirse que este es un Papa de izquierda? No exactamente. Me atrevería a decir que su posición ideológica, en términos de visión económica, es más bien anticuada, parecida a la del “desarrollismo” latinoamericano de los 60 y 70, que fueron décadas clave en la formación intelectual de Bergoglio y su generación. Llamar a eso “izquierda” es difícil porque él perteneció al ala de los jesuitas (llamada a veces, precisamente, “desarrollista”) que forcejeó durante décadas con el ala izquierdista, proclive a la Teología de la Liberación. Es cierto que ha hecho las paces con esa ala (recibió a Gustavo Gutiérrez, uno de los ideólogos de la Teología de la Liberación al poco de asumir el papado) pero hoy esa corriente no representa un poder en la Iglesia y Francisco es quien tiene el mando. Por otra parte, no se puede, en esta discusión, obviar que Bergoglio fue en su día uno de los pocos contrapesos que tuvieron los Kirchner en la Argentina anterior a Mauricio Macri.

Francisco tiene razón cuando dice que la Iglesia tiene una herencia de preocupación por los pobres y desconfianza hacia el poder económico que está en los Evangelios y en la propia tradición católica. Una tradición que rescató Juan XXIII -y continuó Pablo VI- con el Concilio Vaticano II que modernizó parcialmente al catolicismo en los años 60. Lo interesante es que las dos grandes corrientes jesuitas post-Concilio Vaticano II, la de los “desarrollistas” y la de los “liberacionistas”, fueron herederas de ese momento clave de la Iglesia moderna.

Lo fueron también de otra gran reunión eclesiástica, la Conferencia de Medellín de 1968, limitada a América Latina pero quizá tan decisiva como el Concilio Vaticano II para el catolicismo latinoamericano.

Si quisiéramos estirar la liga y hablar en términos ideológicos, podríamos decir que Bergoglio encarna la vertiente “socialdemócrata” de la Iglesia frente a la otra corriente, hoy venida a menos pero en su día poderosa en América Latina, que tenía una clara influencia marxista.

La inclinación “desarrollista” y “socialdemócrata” en términos económicos pasa a ser “socialcristiana” cuando se trata de la doctrina y los preceptos básicos. De allí que, por ejemplo, Francisco mantenga la postura tradicional frente al aborto o que, en lo relativo al matrimonio gay, prefiera decantarse por las uniones civiles.

A ese cóctel hay que añadirle un ingrediente más: Francisco es un latinoamericano de los años 60 y 70. Por eso alberga cierta desconfianza y desconocimiento de Estados Unidos y, en asuntos puntuales, una comodidad más allá de la conveniente con regímenes como Cuba y Venezuela. En política exterior, Francisco está a la izquierda del Francisco de la política “interna”, es decir la relacionada con asuntos doctrinarios.

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Lagos y la comisión Valech

Inexplicablemente, el gobierno decidió patrocinar una moción del diputado Hugo Gutiérrez, que busca eliminar los 50 años de reserva que pesan sobre los antecedentes entregados a la Comisión Valech. El parlamentario comunista argumenta que las víctimas de tortura y apremios ilegítimos habrían sido engañadas, ya que no se les informó previamente que sus testimonios serían confidenciales. Del mismo modo, sostiene que lo buscado con dicha reserva era establecer un “pacto de silencio”, es decir, consagrar la impunidad de los violadores a los derechos humanos.

En rigor ambos argumentos son falsos: en el artículo quinto del decreto que crea la comisión Valech en septiembre de 2003, se establece de manera explícita que todas sus actuaciones, así como todos los antecedentes recibidos, “tendrán carácter reservado, para todos los efectos legales.” A su vez, la posterior ley que otorgó reparaciones y beneficios a las víctimas señala en su artículo 15 que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas”, pero dicho secreto “no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes”.

Así, no solo el argumento de que las víctimas fueron engañadas sobre la reserva es falso, también lo es que sus testimonios no pudieran ser entregados a los tribunales de justicia. En efecto, el mismo artículo de la ley reafirma el derecho que asiste a los titulares de los antecedentes “para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por propia voluntad”, es decir, para entregarlos, entre otros, a los tribunales y demás órganos de persecución penal.

En síntesis, si lo que en realidad se buscaba era permitir el acceso de tribunales a los testimonios de la Comisión Valech, el proyecto del diputado Gutiérrez está completamente de más, salvo que se pretendiera hacerlo sin el consentimiento de las víctimas. Pero esa no fue tampoco la finalidad: aquí, el real objetivo político nunca ha sido facilitar la acción de la justicia, sino instalar la idea de que Ricardo Lagos y su gobierno quisieron desde el inicio engañar a las víctimas a través del argumento de la reserva, con el interés explícito de consagrar la impunidad de los torturadores. En esa lógica, incluso monseñor Valech y los restantes miembros de la comisión, o habrían sido también engañados, o fueron abiertamente “cómplices”, ya que jamás levantaron la voz para reclamar por esta reserva de 50 años, supuestamente establecida con el objeto de beneficiar a los victimarios.

La Moneda no demoró mucho en darse cuenta que había caído en la trampa del diputado Gutiérrez; tuvo entonces que salir a defender el trabajo y la integridad de la comisión Valech. Pero ya era tarde: nuevamente sectores de la centroizquierda y de la actual administración fueron usados por una estrategia ya sistemática, que ha buscado demoler los cimientos éticos del Chile de la Concertación. Esta vez le tocó al expresidente Lagos y a la comisión Valech, que vieron manchados sus esfuerzos por establecer la verdad histórica en materia de torturas ocurridas en dictadura. Y ello se hizo, aunque cueste creerlo, con la complicidad pasiva de buena parte del oficialismo.

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Aleluya

Hubo un tiempo en que la televisión pública chilena transmitía prédicas de evangelistas pentecostales en horario matinal. Eran programas estadounidenses, doblados al castellano con acento caribeño, que tenían como figura protagónica a una suerte de hombre ancla de la fe, encargado de repetir un mensaje de salvación eterna a través de la oración. Los conductores solían ser varones histriónicos, que no dudaban en demostrar su furia frente a la mención de algún pecado o llorar frente a las cámaras como una manera de subrayar un punto que parecía nunca estar suficientemente claro: había que orar. Eso repetían. Lo decían una y otra vez con el semblante de los desesperados, como si no hubiera palabras suficientes para describir su propio convencimiento y transmitirlo en plenitud a una feligresía invisible tras las cámaras. Rezar y obedecer, todo consistía en eso.

Uno de esos teleevangelistas se llamaba Jimmy Swaggart. Era un señor rubio, de anteojos de marco dorado, que siempre vestía traje oscuro y hablaba con una energía desbordante. Iba y venía gesticulando en un set sencillo, mientras su señora -una versión platinada de Nancy Reagan- lo acompañaba sentada en una mesa murmurando “aleluya”. Cada tanto, ella le planteaba un problema moral y él lo resolvía invocando un pasaje bíblico. Swaggart daba a entender que todas las soluciones estaban en aquel libro.

En enero de 1987, Jimmy Swaggart visitó Chile en su gira por Latinoamérica. Venía desde El Salvador, en donde una multitud lo había recibido en un estadio. Swaggart gozaba del beneplácito de varios gobiernos centroamericanos que encontraron en su obra una fórmula de pacificación efectiva de la población en tiempos de crisis. Frente a una multitud de salvadoreños reunidos en un estadio dijo: “No les puedo prometer que vendrán mejores tiempos, pero eso no importa, porque de todos modos ustedes irán a un lugar mejor”. Claramente, no se refería a una emigración masiva, sino más bien a la conformidad que brinda creer en una vida después de la muerte. ¿Para qué criticar al gobierno por la corrupción imperante si de todos modos vamos a morir? Más importante que eso era emprenderlas contra las bandas de heavy metal -a quienes el pastor acusaba de ser seguidores de satanás- y el movimiento LGBT -el mismísimo demonio.

Tal era el alcance de su obra en Centroamérica, que a Swaggart se le atribuye en parte la conversión del general guatemalteco Efraín Ríos Montt al pentecostalismo. Luego de abrazar una nueva fe, Ríos Montt dio un golpe de Estado y encabezó una seguidilla de matanzas que lo llevarían a enfrentar en las décadas siguientes juicios por genocidio y crímenes contra la humanidad.

En aquel verano del 87, Jimmy Swaggart se reunió con el general Pinochet en Santiago. El pastor lo felicitó por haber encabezado el golpe de Estado, una operación que calificó como “uno de los grandes hechos del siglo” y que habría dado inicio a un régimen que Swaggart consideraba “una bendición para Chile”. Pinochet le facilitó el Estadio Nacional para reunirse con sus miles de seguidores, que oraron por el bienestar del general. Un año más tarde la mancha del pecado alcanzó al evangelista luego de que el hijo de un predicador rival -a quien Swaggart había acusado de adulterio- lo fotografiara con una prostituta en un motel. Vino el ocaso, pero no el fin. Donnie, su único hijo, tomó el relevo.

El domingo pasado, entre los oradores del tedeum evangélico, hubo pastores chilenos, un candidato opositor al gobierno y Donnie Swaggart, el heredero de una tradición pentecostal que ha demostrado los prodigios que pueden ejecutarse cuando política y religión se unen en una misma causa. Tal como en Centroamérica en los 80 o como en Brasil y Colombia en la actualidad, la palabra del Evangelio predicada por el líder adecuado, con las ambiciones precisas, puede servir para abrir caminos insospechados a grupos que en lugar de debatir ideas y argumentos, prefieren erigir sus convicciones de hierro como un arma en contra de quienes consideran adversarios. Es la estrategia de los supremacistas blancos cristianos, una versión rubia del Estado Islámico.

Hace una semana, en frente de las más altas autoridades del país en medio de una celebración que supuestamente festeja la república, Donnie Swaggart dijo: “La Biblia nos dice que la rectitud eleva una nación y el pecado es la vergüenza, es hora de que surja la justicia, que sus voces sean escuchadas”. Swaggart -un hombre orgulloso de su padre, un pastor que llamó “filisteo” a Barack Obama y que pretende revivir las teleprédicas en Chile- dio un sermón que sonaba como una arenga, casi como una amenaza, de esas que su padre lanzaba por la pantalla y que su madre coronaba murmurando “aleluya”, como quien pone un punto final a toda discusión. Un discurso sin dudas, repleto de certezas, pesado como una lápida de mármol que se dispone sobre algo llamado república.

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Aborto y Tribunal Constitucional

Durante las últimas semanas, los chilenos descubrieron que el Tribunal Constitucional -una institución sobre la que no saben casi nada, ni siquiera su número de miembros- tiene un poder enorme. El TC puede desrielar proyectos de ley aprobados por una amplia mayoría del Congreso, o cambiarlos en forma radical. Se ha dicho que el TC opera como “una tercera cámara legislativa”, ya que tiene el poder de alterar el sentido (y el fondo) de la legislación aprobada democráticamente por el sistema político. El problema, aseguran, es que esta “tercera cámara” está compuesta por individuos elegidos “a dedo” y en base a un cuoteo político abyecto.

Según sus detractores, eso sería lo que el TC hizo con “la objeción de conciencia” en el proyecto de aborto por tres causales. El TC cambió las palabras del texto aprobado por el Congreso, de modo que la objeción pueda, ahora, tener una base institucional. Ello, dicen, fue un traje hecho a la medida de la Universidad Católica, y le permitiría a la PUC no practicar abortos en sus dependencias clínicas. Esto, independiente de lo que piensen sus médicos en forma individual. Esta decisión del TC causó desazón, escándalo y controversia, que algunos expertos constitucionales -entre los que destaca el profesor Fernando Atria- argumentaron que la Presidenta debía vetar el proyecto y regresarlo al Congreso.

Al final, y para evitar demoras y nuevos debates legislativos, La Moneda decidió promulgar la ley tal como la reescribió el TC. Como consecuencia, Chile tiene ahora una legislación sobre aborto por tres causales, pero es una ley que no refleja en forma cabal las “intenciones originales” del legislador. Es, se puede argumentar, una ley que viola los principios básicos de un sistema democrático.

Un misterio

Pero, más allá de este caso concreto, lo más sorprendente es la poquísima importancia y el casi nulo interés que, hasta ahora, se le ha dado al Tribunal Constitucional en las discusiones políticas chilenas. No es una exageración decir que para la inmensa mayoría de los ciudadanos esta es una institución oscura y misteriosa.

Este desinterés contrasta fuertemente con lo que sucede en otros países, como los Estados Unidos, donde las acciones de la Corte Suprema -institución que juega el rol de corte constitucional- son seguidas con atención y detalle por la prensa y el público en general.

Hace unos días hice la siguiente prueba: les pregunté a ocho amigos y amigas chilenas -todas personas informadas, ex ministros, periodistas influyentes y columnistas de fuste- cuántos miembros del Tribunal Constitucional podían nombrar. El que más nombres pudo dar, nombró a tres; varios de ellos no pudieron darme ni un solo nombre (aunque casi todos sabían que el nuevo presidente del TC había sido un asiduo columnista de revistas de corte nazi).

Luego le pregunté al mismo grupo por los consejeros del Banco Central. Y si bien tan solo uno de los encuestados es economista, la gran mayoría pudo nombrar a los cinco integrantes del consejo del instituto emisor.

Repetí el ejercicio en los EE.UU. con un grupo de amigos de similares características. Todos ellos, sin excepción, pudieron identificar a los nueve integrantes de la Corte Suprema; en contraste, tan solo uno pudo referirse a más de un miembro de la Reserva Federal.

Lo recién contado no es una crítica. Es tan solo la constatación de la enorme diferencia que existe en los dos países. En Chile hay una preocupación preponderante por lo económico, mientras que en los EE.UU. hay mayor inquietud por las instituciones políticas y por el proceso a través del cual el sistema adjudica y decide las controversias constitucionales.

Transparencia vs. oscuridad

Hace unos meses, el Presidente Donald Trump nominó al juez de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, Neil Gorsuch, para una vacante en la Corte Suprema. Según el sistema estadounidense, el Senado en pleno tiene que dar su consentimiento para que el nombramiento se haga efectivo. El Senado vota después de varios días, en los que el candidato es sometido a un agresivo interrogatorio por parte de la Comisión de la Judicatura de la Cámara Alta. El proceso fue transmitido en vivo, íntegramente y sin interrupciones, por la cadena CNN, y tuvo una enorme cobertura en el resto de la prensa. No es una exageración decir que el país se semiparalizó para escuchar esta suerte de examen oral que rendía uno de los juristas más respetados del país ante una veintena de senadores.

El espectáculo fue alucinante. Un hombre calmado, seguro de sí mismo, con gran dominio de las teorías constitucionales, graduado en una de las mejores escuelas de Derecho del mundo (Harvard Law), contestaba preguntas dificilísimas, hechas por hombres y mujeres graduados de escuelas igualmente buenas, con un mismo grado de sofisticación y experiencias. Muchos de los senadores habían sido fiscales en sus respectivos estados y habían enseñado derecho constitucional. El “pimpón” que se produjo, sobre teorías legales, precedentes, historia, interpretaciones judiciales, lingüística y filosofía fue de un altísimo nivel (el rector Carlos Peña hubiera gozado; los debatientes recurrieron, en forma repetida, a su querido Emanuel Kant para subrayar sus argumentos). Se trató de una enorme lección en educación cívica. Tanto es así que varios colegios interrumpieron las clases para que los niños pudieran mirar lo que estaba pasando.

Fue un proceso transparente y abierto, de cara a la población. En todo momento la gente podía verificar si el nominado tenía la estatura requerida, los conocimientos esperados, la calma, la preparación y el temperamento necesarios para decidir casos vitales para el futuro de la nación.

La visión constitucional de Neil Gorsuch es conservadora y, por decir lo menos, controversial. Al final, y después de este largo drama, que a ratos parecía sacado de una película de suspenso, fue confirmado por un estrecho margen (54-45), y la Corte Suprema volvió a tener su contingente completo de nueve miembros.

Reformar el TC

Hay diferentes modelos sobre cómo deben ser los tribunales constitucionales. En algunos países, como en Alemania y Chile, el TC puede opinar sobre la constitucionalidad de las leyes antes de que sean promulgadas. En otros, como EE.UU., es necesario que alguna persona o institución afectada por una ley ya aprobada -en inglés, alguien que tenga “standing”- les solicite a las cortes que se pronuncien sobre su constitucionalidad. El proceso empieza en las cortes federales más bajas, y solo algunos casos -una centena por año, más o menos- llegan a la Corte Suprema. Después de un alegato corto, pero muy intenso, la Suprema emite un veredicto, pero jamás reescribe la legislación como lo hizo nuestro TC en la ley de aborto por tres causales. Eso es legislar, y el Poder Judicial en EE.UU. no puede hacerlo; es una violación del principio básico de separación de los poderes del Estado.

No sé si Chile debiera seguir el modelo alemán o el de EE.UU. Ambos tienen aspectos favorables y aristas negativas. Es una discusión que debiéramos tener durante los próximos años.

Pero lo que sí sé son dos cosas: en primer lugar, es de esencia que empecemos a prestarle más atención al TC, que sigamos con atención sus deliberaciones, que critiquemos sus errores, que le exijamos a sus miembros ser justos y dejar la política y las creencias religiosas en casa; que rechacemos con fuerza su politización, que esperemos que sean los mejores jurista quienes lo compongan. En segundo término, el proceso de nombramiento de sus miembros debe ser abierto, transparente, sujeto a audiencias públicas, a interrogatorios por parte del Senado, a testimonios televisados. Todos sus miembros, sin excepción, debieran estar sujetos a la aprobación por parte de la Cámara Alta.

La calidad de nuestra democracia depende de este tribunal: es hora de tomarlo en serio.

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