Óscar Contardo's Blog, page 81

Crecer juntos

Hace aproximadamente un mes, un grupo de siete economistas académicos de tres universidades entregamos a la opinión pública un documento con un conjunto de ideas que podrían contribuir a que el país retome la senda de crecimiento que parecemos haber extraviado. Los involucrados, por la Pontificia Universidad Católica, fueron José Miguel Sánchez, Raimundo Soto y Verónica Mies; por la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones y Claudio Agostini; y por la Universidad de Chile, Guillermo Larraín y quien escribe.

El objetivo era proponer un conjunto de ideas que fuesen un buen punto de partida para quien quiera que gane la elección presidencial de noviembre. El informe se puede encontrar en el sitio web crecerjuntoschile.cl, los invito a leerlo. Quizás lo más importante fue que pudimos ponernos de acuerdo, a pesar de las diversas perspectivas que solemos tener acerca de la economía.

En este breve espacio, me es imposible resumir las siete áreas temáticas del informe. Me referiré a algunos aspectos concretos en futuras columnas. Distanciándome de los detalles, creo resumir su contenido en algunas ideas fuerza importantes. En primer lugar, sin crecimiento no podremos progresar en equidad. El crecimiento es frágil y, como lo hemos visto en los últimos años, no lo podemos dar por sentado; tenemos que cultivarlo, mejorando los niveles de confianza entre los chilenos.

Segundo, nuestra fortaleza institucional se ha deteriorado con el correr del tiempo y las personas y empresas ya no están tan confiadas en que es sensato hacer apuestas al futuro. Tercero, debemos mejorar e institucionalizar la evaluación profunda y reflexiva de las políticas públicas a adoptarse en el futuro. Aunque muchas de las reformas implementadas en el actual gobierno han sido bien intencionadas, su diseño y ejecución dejan mucho que desear.

Cuarto, en el área de la educación, recogemos el consenso internacional en que el acento debe estar en mejorar la calidad de la educación preescolar y escolar, en lugar de la gratuidad total en la educación superior. La educación técnico profesional, que atiende a la gran mayoría de los jóvenes en la educación superior, es otra área de gran importancia para asegurar una mayor productividad y una relación más estrecha entre las destrezas de las personas y las necesidades de las empresas.

Quinto, se hace indispensable revisar la reforma laboral para enfatizar la ineludible interdependencia entre empleados y empleadores, en lugar de centrarse en los aspectos conflictivos de la relación laboral. Por último, hay algunas áreas de política económica que es necesario revisitar. Una de ellas es la política fiscal, donde observamos que sucesivos gobiernos han ido alejándose de la meta de un balance fiscal cíclicamente ajustado. Un segundo aspecto es diseñar e implementar una política moderna y transparente de desarrollo productivo que propenda a diversifica nuestra producción.

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El agua, un recurso escaso

Tuve la oportunidad de asistir a un novedoso seminario sobre Recursos Naturales y Seguridad organizado por el Ejército de Chile. Expositores nacionales y extranjeros abordaron temas relacionados con el efecto de los recursos naturales sobre el desarrollo y la seguridad del país. Me resultó de especial interés el caso del agua, en que las proyecciones del World Resource Institute sugieren que hacia 2040 Chile será uno de los países que -como consecuencia del desarrollo y del cambio climático- tendría una aguda escasez del mencionado recurso.

Tenemos la oportunidad de escapar a ese peligro. En Chile más del 80 por ciento del agua escurre al mar. Y según la estrategia nacional de recursos hídricos, si bien tenemos déficits hídricos en el norte del país, tenemos excedentes muy significativos en el sur, que compensan con creces la anterior deficiencia. Lo que sucede es que -debido a regulaciones y costumbres imperantes- no hemos realizado las obras de infraestructura necesarias para aprovechar adecuadamente el agua.

El agua en Chile es y ha sido un bien nacional de uso público, en que sin embargo, por la asignación de los derechos correspondientes, se le ha otorgado a los privados el uso, goce y disposición del recurso (ley Nr.8944 de 1948). El sistema fue evolucionando hacia uno en que -en lo principal- los caudales fueron y están siendo administrados por asociaciones y/o comunidades de regantes. Es más, hasta 1979 estos derechos eran inseparables de la propiedad de los terrenos que regaban (Ugarte 2003).

Pues bien, mediante el DL Nr. 2603 de 1979 se confirmó la titularidad de los mencionados derechos de aprovechamiento del agua, pero se separó el avalúo de los terrenos de aquél de los derechos hídricos. La intención fue fortalecer los derechos de propiedad correspondientes y crear un fluido mercado del agua, lo que solo ha sucedido parcialmente. Conspiraron contra ello las características de los entes que administran el agua y los sistemas de distribución que usan. Es por ello urgente modificar las disposiciones pertinentes para facilitar que en el sector operen empresas por acciones que tengan la capacidad de hacer importantes inversiones e de innovar en la materia que nos concierne.

Un país crece cuando se van abriendo nuevas oportunidades de inversión. El progreso tecnológico es una fuente de creación de tales ocasiones, pero también lo son aquellas reformas institucionales que generen -para una tecnología conocida- los incentivos para aprovechar mejor los recursos disponibles. Chile tiene abundantes recursos hídricos, pero muy mal aprovechados. Tanto así, que podríamos llegar a duplicar la producción agrícola en relativamente pocos años si es que -mediante cambios legislativos y regulatorios- generamos las oportunidades de inversión en sistemas de captación, almacenamiento, canalización y distribución de aguas de última generación.

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Discriminaciones en la Cancillería

El cónsul de Chile en Melbourne ha sido removido por opinar en las redes sociales respecto al monumento de un expresidente. Sin embargo, el embajador de Chile en Washington aparece en la prensa tratando la contingencia nacional, sin que sea amonestado. Si la regla de oro es que los diplomáticos, de capitán a paje, no hagan declaraciones sobre política interna, porque ellos debieran representar los intereses todo el país en el exterior, no corresponde que un cónsul hable sobre cuáles son los estadistas que merecen estatuas ni que un embajador nos venga a regalar un análisis de la situación de la centroizquierda. Ambos están errados, pero -desde hace un tiempo a esta parte- se estila en la Cancillería hacer diferencias entre el “chipe libre” de un embajador “político” y las responsabilidades de un diplomático (cónsul) profesional. ¿A qué se debe esta discriminación?

En primer lugar, la política chilena sufre un nivel agudo de polarización. Algunos dirán que el clima crispado se da por la proximidad de las elecciones presidenciales, pero aquello no es algo nuevo ni especial para nosotros. Lo que hay es un sector político temeroso de perder el gobierno y que no cree en la alternancia del poder. Al decir de un analista, se está “pinochetizando” la campaña para que la elección de noviembre sea equivalente al plebiscito de 1988. Incluso, la presidenta de la CUT (supuestamente una dirigente gremial) se ha dado la maña para decir que “nuestro trabajo es evitar que la derecha vuelva a gobernar”.

¿Y qué tiene que ver ese clima político con los embajadores y cónsules? La verdad es que a todo el mundo le ha dado ahora por hacer declaraciones. Y no digamos que los representantes oficiales están muy preocupados del país, sino más bien de cómo posicionarse en la coyuntura poselectoral.

En segundo lugar, la Cancillería arrastra un proceso de politización (intromisión de partidos) y de desprofesionalización (militancia de funcionarios), que se ha agudizado bajo el gobierno de la NM y que está arruinando el Servicio Exterior, base y factor de continuidad de la política exterior. El servicio diplomático está socavado por el clientelismo político, en razón de: la discrecionalidad y abuso de la facultad presidencial respecto de los nombramientos (la carrera diplomática no termina en el grado de embajador), la presión de los partidos políticos por colocar a sus “operadores” en embajadas y la Cancillería, y en el hecho de que los embajadores “políticos” (por representar a partidos) se sienten inmunes respecto de los códigos y prácticas de la diplomacia. Este proceso ha tenido sobre los funcionarios de carrera efectos nefastos: sus miembros más activos asumen la militancia partidista, en tanto que los más pasivos mantienen un perfil bajo y no hacen aportes mayores. El resultado es que falta una masa crítica entre los diplomáticos.

Se requiere una reforma urgente de la Cancillería, pero no el proyecto del gobierno que acentúa los vicios. De no ser así, la política exterior chilena seguirá dependiendo de la improvisación de los gobiernos de turno.

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Infraestructura logística, ¿cómo hacer más eficiente los traslados en Santiago?

El año 2025, Santiago podría llegar a tener 7,5 millones de habitantes. ¿Puede suponer cómo será su desplazamiento desde su casa al trabajo? ¿Y cuánto demorará? Peor todavía, ¿puede dimensionar cómo será la salida de Santiago un día viernes de fin de semana largo?

Existen condiciones que podrían hacer que todos estos desplazamientos fueran mucho más eficientes de lo que son hoy. Entre ellos, la infraestructura logística.

Las grandes ciudades y centros urbanos necesitan abastecerse de fuentes externas de la mayoría de los productos e insumos que requieren sus habitantes y empresas en el día a día. En el caso de nuestro país, y particularmente de Santiago, estos productos provienen de variados orígenes, teniendo todos en común la necesidad de ser trasladados en camiones a centros intermedios de acopio antes de ser distribuidos al punto de consumo final.

Los principales accesos de estos productos son las rutas que conectan la ciudad con los puertos de San Antonio y Valparaíso, la Ruta 5, el paso Los Libertadores y, con cada vez más preponderancia, el Aeropuerto AMB. Estos camiones contribuyen al 40% de las emisiones de material particulado, a gran parte de la congestión de las calles y avenidas de la ciudad y es fuente principal de su desgaste.

La mejor manera de reducir estos impactos, siendo más eficientes en la distribución y almacenaje de productos, es mediante el uso y desarrollo de grandes Centros de Transferencia de Carga (CTC). Estos combinan las optimizaciones de los Centros de Distribución conocidos, con la convivencia de una gran cantidad de empresas, chicas, medianas y grandes, y con la existencia de múltiples servicios que complementen su funcionamiento y operación.

Por su parte, la creciente penetración del e-commerce como forma de consumo en nuestro país, con un 70% de la población realizando compras por Internet y un crecimiento anual en torno al 20%, necesita de una infraestructura adecuada a su funcionamiento y que le permita reducir los costos de la “última milla” y distribuir en pocas horas o días. Los CTC ofrecen una excelente plataforma para minimizar este impacto en nuestras ciudades y deberán ir adecuándose a esta nueva tendencia.

Estos polos logísticos son un verdadero pulmón para descongestionar la ciudad, pero se requiere más. Se requiere reconocer y apoyar su contribución al permitir “amortiguar” los efectos del transporte de carga en la ciudad.

Y es que, pese a estos beneficios, hoy no existen a nivel gubernamental mecanismos que promuevan su desarrollo. No se han definido áreas logísticas dentro de la Región Metropolitana y en no existen normas específicas que regulen la actividad de este tipo de centros. Es más, en lo que se refiere a permisos y uso de suelo, se les da el mismo tratamiento que a las industrias, siendo que el tipo de actividades e impacto que generan es totalmente diferente

Un tímido avance en este sentido, se esbozó en el Plan Maestro del Ministerio de Transportes 2014-2025 que planteó analizar la construcción de polos logísticos públicos y conformar una red para mejorar la logística de distribución. Sin embargo, no se conocen avances en tal sentido

En cambio, países vecinos, como Argentina, están avanzando en este sentido e impulsando la construcción de centros logísticos, a través de una ley aprobada en 2012. Así, el año pasado el Presidente Macri inauguró el primer Centro de Transferencia de Cargas (CTC) de Buenos Aires, iniciativa del Gobierno porteño -que entregó un terreno fiscal- a la Federación de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Diseñar una política nacional en Chile que incentive estos centros podría contribuir al paquete de medidas que está aplicando el Gobierno para mejorar la calidad del aire en la ciudad y reducir los tiempos de viaje que, según proyectan cifras oficiales, aumentarán de 38 a 48 minutos en la Región Metropolitana hacia el 2025.

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¿Cómo podría ser una guerra con Corea del Norte?

El primer discurso de Donald Trump en Naciones Unidas era uno de los momentos más esperados en el marco de esta 72ª Asamblea General. Y fue por completo consecuente con lo que él ha dicho y hecho en los últimos ocho meses, como Presidente de Estados Unidos.

Irán, Cuba, Venezuela y el terrorismo islámico fueron algunos de los blancos a los que dirigió sus dardos. Pero Corea del Norte, sin duda, fue el que concentró la mayor parte de su artillería. Sobre todo cuando aseguró que si Pyongyang no pone fin a su programa de armas nucleares ni detiene sus ensayos con misiles balísticos, “no vamos a tener ninguna otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte (…) Estados Unidos está dispuesto, está listo y es capaz. Y esperamos que eso no sea necesario”.

El día anterior Nikki Haley —la cada vez más poderosa embajadora de EE.UU. en la ONU— ya había afirmado a CNN que “si Corea del Norte prosigue con su temerario comportamiento, y los Estados Unidos se ven en la necesidad defenderse a sí mismo o a sus aliados, Corea del Norte será destruido. Todos lo sabemos y no lo deseamos”. Un preámbulo de lo que sería el discurso del propio Trump.

El hecho de que el gobierno estadounidense asegure que “destruir” a Corea del Norte es una de las posibilidades que tiene sobre la mesa, no deja a nadie indiferente. Sobre todo considerando que no estamos hablando de algo abstracto, sino de un país de 25 millones de personas.

Ciertamente, tanto los actos como la retórica de Kim Jong-un han empujado a Trump a dejar en claro que él gobierna el país más poderoso del mundo, y que tiene los medios y la voluntad para acabar con su régimen, esgrimiendo la defensa de sus aliados asiáticos y del propio EE.UU.

Pero, ¿esto es realmente posible?

Un primer escenario sería que Corea del Norte decidiera atacar, sin provocación previa, a Corea del Sur, Japón o algún territorio estadounidense a su alcance, como la isla de Guam. El uso de armas convencionales —proyectiles con ojivas no nucleares, el uso de bombarderos, tanques, infantería— generaría una respuesta similar por parte de los actores atacados.

Si bien Norcorea tiene un ejército que supera el millón de soldados, lo cierto es que hace décadas que las guerras no están determinadas por el número de combatientes —tal como lo demostró la Primera Guerra del Golfo (1990-1991)—, sino por el uso de tecnología y el tipo de estrategia. Y, en ese contexto, Estados Unidos, Surcorea y/o Japón, obligados a responder militarmente, podrían derrotar a Kim en cuestión de semanas.

Un segundo escenario sería similar al primero, pero con la intervención de China, respaldando a Corea del Norte. En ese caso, la mayor potencia de Asia habría tomado la decisión de enfrentar a EE.UU. con consecuencias que tendrían un enorme impacto en lo militar, pero sobre todo en lo económico, generando una crisis global en el corto plazo y haciendo impredecible la duración del conflicto. Fundamentalmente porque Beijing no podría permanecer al margen, considerando que Norcorea es un antiguo aliado fronterizo que está dentro de su esfera de influencia regional.

Una tercera posibilidad sería que Estados Unidos organizara un “ataque quirúrgico de alta tecnología” sobre Norcorea. Por ejemplo, usando pulsos electromagnéticos que destruyan la electrónica de sus armas, comunicaciones y sistemas de defensa —tal como ocurrió durante la guerra contra Serbia en 1999—, mientras fuerzas especiales estadounidenses y surcoreanas toman el control de las diferentes instalaciones nucleares y de misiles norcoreanas.

El ataque podría concluir en cuestión de horas, incluso con la captura o muerte de Kim, aunque deja abierta la interrogante de cómo reaccionaría China.

Sin embargo, lo cierto es que cualquiera de los tres escenarios anteriores involucraría una crisis humanitaria a gran escala en el este de Asia, con refugiados de ambas coreas intentando escapar de las zonas de conflicto —eventualmente hacia China, Rusia o Japón— en busca de seguridad, alimentos y medicinas; sin duda, un nuevo desafío de proporciones para Naciones Unidas.

A pesar de lo anterior, lo cierto es que mientras la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos se mantenga dentro de este guión recurrente de bravatas, sanciones económicas y ejercicios militares, la opción diplomática seguirá vigente. Pero basta un pequeño error, como un tiroteo en la Zona Desmilitarizada que separa ambas Coreas, el derribo de un avión de combate o que alguno de los misiles norcoreanos caiga en una zona poblada de Surcorea o Japón, para iniciar un conflicto de proporciones globales.

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Crónica de una muerte anunciada

En marzo pasado se publicó un estudio que recoge las respuestas de directores de 300 colegios municipales. Dos de cada tres afirma que el principal conflicto que enfrentan a diario es la droga, muy por encima de las movilizaciones o la delincuencia. También reconocen mayoritariamente que no cuentan con estrategias ni protocolos para enfrentar el tema y casi todos optan por derivar los casos particulares a Carabineros, amparándose en la ley 20.000. Otra respuesta inquietante es que el 51% considera la falta de participación de los padres como el problema de mayor frecuencia, antes incluso de la droga que ocupa el segundo lugar.

Esta es la situación en los establecimientos públicos, que ciertamente no difiere de los privados, como lo demuestra dramáticamente el suicidio de Nicolás, el alumno de 17 años de la Alianza Francesa, caso que ha impactado con razón, pero dada la realidad antes descrita resulta, por usar un cliché periodístico, la crónica de una muerte anunciada.

Mientras no exista prevención y estrategias particulares, generadas en conjunto con los tres estamentos involucrados -alumnos, padres y profesores-, para cada comunidad educativa, los resultados de la encuesta mencionada se seguirán repitiendo y profundizando, con resultados dramáticos y lamentables, como la muerte en soledad de Nicolás.

A partir de nuestra experiencia implementando programas preventivos del uso del tabaco, alcohol y otras drogas tanto en colegios privados como medios y también de alta vulnerabilidad social, podemos afirmar que es clave involucrar e impactar efectivamente a toda la comunidad educativa, de manera permanente en el tiempo. No sirve una charla masiva y aislada, por buena que sea. La prevención debe ser sistemática e iniciarse desde los primeros años, reforzando factores protectores y entregando herramientas a los docentes, las familias y los propios estudiantes, de manera participativa.

Los protocolos de acción construidos entre todos -y, por lo mismo, conocidos por todos- evitan las respuestas reactivas y arbitrarias. Estas acciones deben favorecer que los jóvenes puedan pedir apoyo amparados en la confianza, en lugar de ocultar una situación problemática por miedo a recibir exclusivamente sanciones. También es clave salvaguardar la información, para evitar la delicada estigmatización del que tiene el problema y establecer medidas disciplinarias por todos construidas y por todos conocidas, centradas en lo formativo y lo restaurativo, que fomenten el aprendizaje sobre la experiencia, más que la exclusión o lo meramente punitivo.

Reiteramos que esta lamentable muerte no debe prestarse para enjuiciar el actuar de una determinada institución, sino que debe invitarnos a reflexionar constructivamente sobre qué estamos haciendo como sociedad en los distintos contextos en que nuestros niños y adolescentes se desarrollan. Y cuán importante es la prevención, que es lo opuesto a la negación de la realidad.

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Suicidio colectivo

Cataluña vuelve a estar de moda, pero no por las razones de siempre: un equipo de fútbol como el Barça, la cantidad de estrellas Michelin que acumula, los diseñadores más chic o una capital que está entre las mejores del planeta. El motivo que la lleva a ocupar las portadas de todos los rotativos es la convocatoria a un referéndum unilateral de independencia. Ello me ha llevado a revisar algunas las ideas que, acerca de ella, mi entorno me devolvía mientras viví en Chile. Cada vez que aludía a mis raíces gallegas para explicar mi acento español, no faltaba el interlocutor de turno que presumía de su conocimiento de España por haber visitado Barcelona. En momentos en que los políticos independentistas, mediante referencias a un nacionalismo democrático y a la “soberanía del pueblo”, abogan por la desconexión con Madrid a través de la purga y del acoso, del atropello de la oposición y haciendo saltar por los aires su propio Estatuto de Autonomía, no deja de resultar irónico que pudieran ser los catalanes los que más contribuyan a colmar la imagen que fuera se hacen de España. Que, entre las universidades españolas, Barcelona domine el podio universitario en el ranking de Shangai no hace más que reforzarlo, aunque solo sea a nivel de círculos académicos.

¿Verá el 1 de octubre el nacimiento de una república catalana independiente? Improbable, dado el suicidio colectivo que supondría esta nueva versión del Brexit. El escepticismo inicial del Presidente Mariano Rajoy ha dado paso a una intensa arremetida judicial y policial que, día que pasa, aumenta en su escalada. El PSOE y Podemos, más ocupados hasta ahora, uno de sus primarias internas y otro, de hacer política circense, han logrado instalar la idea de que el gobierno habría abandonado el recurso a la política pero ¿no es, acaso, la garantía de la seguridad externa y la concordia interna mediante la posibilidad del uso la fuerza, generalmente basada en el derecho, lo que hace a su esencia?

A medida que se acerca la fecha, la sensación es de vértigo. Además de un nuevo capítulo en la utilización espuria de los referéndums la sociedad catalana saldrá, luego del sprint de cinco años que ha significado el procés, más movilizada pero también más dividida. La posibilidad de una salida pactada no sustituye la urgencia de acometer la actualización del modelo territorial autonómico. La actual situación ha revelado sus contradicciones e inconsistencias. Y, si todavía alguien tiene dudas, ahí está la banda terrorista ETA con sus anuncios. Habría iniciado un proceso de debate interno para decidir cuál será “su función y ciclo”, una vez culminado su desarme. Mientras tanto, ha ido entregando pistas, como la de asignarse un papel de “facilitación de la acumulación de fuerzas” independentistas.

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Tiempos modernos

Recurriendo al pragmatismo utilitarista, varios miembros de nuestra élite reclaman que el país y sus sectores políticos se modernicen. Hay que hacerlo -dicen- porque conviene mantenerse en línea con lo que las mayorías quieren. El último fue Harald Beyer. El director del CEP quiere una derecha moderna. Para él, esto significa ponerse a tono con lo que demandan las mayorías en asuntos como el aborto o el matrimonio homosexual, porque así se ganan elecciones. Lo suyo es un silogismo aparentemente impecable: si las mayorías son modernas y la derecha se hace moderna, entonces la derecha será mayoritaria.

Pero las cosas no son tan sencillas ni lineales. Felipe Kast, el más “moderno” de los candidatos en las primarias de la derecha, obtuvo un distante tercer lugar en esa votación. El ex primer ministro británico David Cameron -el ejemplo internacional que usó Beyer- terminó su carrera sorprendido por una mayoría que tomó la muy poco moderna decisión de abandonar la Unión Europea.

Hay tres consignas que repiten para justificarse quienes demandan modernidad: es lo que quieren las mayorías, es lo que exige el progreso y es lo que reclama la historia. Sin embargo, la experiencia demuestra que las primeras son volubles, que el segundo no está garantizado y puede adoptar muchas formas, y que la tercera no avanza en dirección conocida.

En lugar de escudarse en consignas, sería más transparente que los que creen en el aborto o el matrimonio homosexual lo digan sin más. porque casi la totalidad de las medidas de la agenda valórica libertaria tiene su origen no en conceptos abstractos como el progreso, la historia o la voluntad de las mayorías, sino en impulsos y deseos concretos provenientes de miembros de la elite.

A menudo esas medidas terminan dañando a los sectores vulnerables, mientras las elites que las impulsan se solazan en su estilo de vida progresista. Cuando, por ejemplo, la elite libertaria propone legislar en favor de la despenalización de las drogas, los más afectados son quienes no tienen los apoyos familiares, culturales y económicos para enfrentar el impacto de una liberalización de ese estilo. Si un miembro de la elite abusa de las drogas legalizadas, su red de apoyo lo ubicará en una clínica de rehabilitación para superar su adicción. Si lo mismo le sucede a un habitante de una población periférica, su vida y la de su familia serán un infierno.

Este efecto, denominado “desigualdad moral” por el intelectual católico norteamericano R.R. Reno, jamás es mencionado por los miembros de nuestras elites cuando promueven que nos hagamos más modernos y adoptemos la agenda valórica que a ellos les gusta.

La elite progresista a menudo hace gala de un “egoísmo refinado” -el término pertenece al comentarista conservador David Brooks- que está en la base de sus propuestas y que la lleva a satisfacer sus deseos proponiendo iniciativas perjudiciales para las mayorías que dicen interpretar.

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Haití: qué inversiones priorizar

Haití tiene necesidades profundas casi en todo: los problemas de salud incluyen las tasas más altas de mortalidad infantil, de menores de cinco años y materna en el hemisferio occidental; las carreteras están mal mantenidas; el acceso a la educación es bajo. El sistema judicial está tan quebrado que muchos esperan en prisión durante años sin juicio. Un donante internacional importante, el gobierno canadiense, retiró recientemente parte de su financiamiento: la “fatiga” del donante fue adjudicada a la corrupción y a la disfunción haitiana.

Sin embargo, Canadá ha apoyado un proyecto diseñado para examinar diferentes maneras de hacer que el dinero gastado en Haití rinda más -ya sea por gobiernos extranjeros, filántropos o por Haití misma, que tiene un presupuesto anual de USD$2 mil millones.

El proyecto, denominado “Hatí Priorise” fue dirigido por mi grupo de expertos, el Copenhagen Consensus, para generar datos sobre la manera de aumentar la prosperidad y la salud. El objetivo es aportar inspiración para el diseño de nuevas políticas.

Los investigadores estudiaron propuestas tan diversas como la vinculación de los agricultores al mercado internacional del carbono, la creación de sistemas de alerta contra inundaciones, la ampliación de la red de asistencia jurídica, la creación de una política de licencia paterna remunerada para incorporar a más mujeres a la fuerza de trabajo formal, y enseñarle a los niños en su lengua materna criollo haitiano en lugar de francés.

Un tema que surge entre los principales en la lista de prioridades: propuestas que aprovechan la corta ventana antes y después del nacimiento cuando se puede hacer la mayor diferencia en la vida de un niño. Se trata de una inversión a corto y largo plazo, con vidas salvadas casi inmediatamente, y mejoradas durante generaciones.

El acceso a la estimulación educativa a una edad muy temprana puede crear las condiciones para el éxito de los adultos. Cada dólar gastado en la educación de la primera infancia generaría reembolsos a la sociedad por un valor de $14.

El panel también respaldó la inversión para reducir el flagelo “oculto” de la deficiencia de micronutrientes. El gasto de alrededor de 5 millones de dólares en diez años para fortificar el 95% de la harina de trigo con hierro y ácido fólico evitaría anualmente 140 defectos en el tubo neural y más de 250.000 casos de anemia. El presidente haitiano estaba tan impresionado que se ha comprometido a asegurarse de que la fortificación suceda.

Para que los niños contribuyan de manera significativa a Haití cuando crezcan, es vital mejorar las condiciones para hacer negocios. Muchas personas sugieren que la mayor barrera económica de Haití es la falta de electricidad confiable. El haitiano promedio consume sólo 39kWh durante un año. Menos de un tercio tiene acceso a la electricidad – y por solo 5-15 horas al día.

Nuestros investigadores encontraron que la reforma costaría alrededor de $33 millones. Sugieren cambiar el marco institucional y normativo, corporativizar y reformar el proveedor y establecer tarifas que reflejen los costos.

El resultado sería una reducción significativa de las pérdidas y electricidad más confiable. Cada dólar generaría $22 de beneficios sociales.

Se eliminaría la fuga de $200 millones de dólares en el presupuesto de Haití. El distinguido economista haitiano Kesner Pharel señaló que “este dinero podría gastarse mejor en áreas como la salud y la educación, para lograr mucho más”.Haití y los donantes estarán mejor equipados para enfocarse en las soluciones que lograrán el mayor provecho por cada dólar gastado.

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Periodistas canallas vs. honorables senadores

El periodismo de investigación vivió días esplendorosos la semana pasada en Chile, en contraste con la oscuridad casi terminal que exhibe el Senado. Y ambas situaciones son las dos caras de una misma moneda. Gracias al excelente trabajo de Bio-Bio, Mega, Ciper y otros medios escritos y audiovisuales, nos hemos enterado de que una tercera parte de los diputados, al menos, ha pagado por informes plagiados total o parcialmente, con el consiguiente perjuicio para todos los contribuyentes. Además, dejaron al descubierto las inconsistencias y contradicciones de candidatos como Alejandro Guillier, quien en sus buenos tiempos como periodista llegó a enfrentarse a la Justicia con tal de exponer lo que, a su juicio, era incorrecto o corrupto, y de autoridades como el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien en dictadura sufrió el exilio por enfrentarse a los abusos, pero quien ahora aparece ante la opinión pública como un autócrata que se niega a rendir cuentas ante la ciudadanía y ante el Ministerio Público, y desoye las exigencias de más transparencia que le llegan desde los medios de comunicación.

Muy encomiable fue el trabajo de esa docena de periodistas que durante meses estudió y  comparó cientos de informes de la Cámara de Diputados, sorteando, con paciencia y tenacidad infinitas, las barreras impuestas por la burocracia parlamentaria. Durante horas y horas, con una envidiable tolerancia a la frustración después de recibir portazo tras portazo por parte del Senado, ese puñado de reporteros realizó un trabajo de investigación serio y preciso, y expuso de forma irrefutable cuán leve e insustancial puede llegar a ser la redacción de las leyes en nuestro país y cuán millonaria puede ser la hemorragia de dinero fiscal despilfarrado.

Como antes hizo la revista Qué Pasa con el “caso Caval” y La Tercera con la trama “Mop-Gate”, los periodistas chilenos han sabido enfrentarse a los gobiernos de turno y a los políticos que han merecido reprimendas públicas por su falta de honestidad e incompetencia. No resulta sorprendente, en consecuencia, que esos mismos políticos amenazados por los periodistas se atrevan, cada cierto tiempo, a proponer más restricciones y “leyes de medios”, similares a la que han impulsado gobiernos populistas y demagógicos en Argentina, Ecuador y Venezuela.

Frente a esos ocasionales arranques revanchistas de políticos ansiosos por acallar las críticas de la prensa nacional, es imperioso que la sociedad civil se muestre atenta y precavida, pues son precisamente los ciudadanos—no los políticos—los que en primer lugar resienten la falta de libertad de información y expresión.

En estos tiempos críticos, la prensa necesita más protección que nunca y nadie, tal vez, ha expresado esa necesidad con tanta elegancia intelectual y pasión, como hizo hace algunos años el ex presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Charles Evans Hughes: “La gestión del Gobierno se ha vuelto más compleja, se han multiplicado las oportunidades de fraude y corrupción, el delito ha aumentado hasta sus cotas más altas, y el grave peligro que corremos por dejar en manos de burócratas deshonestos la salvaguardia de nuestra seguridad personal y la de nuestras propiedades para hacer frente a grupos criminales y a la negligencia administrativa, refuerzan la necesidad imperiosa de contar con una prensa valiente y vigilante, especialmente en las grandes ciudades. El hecho de que la libertad de prensa pueda verse menoscabada por malignos atizadores de los escándalos no hace menos necesaria la inmunidad que necesita la prensa para lidiar, sin restricciones previas, con el mal comportamiento de nuestros funcionarios”.

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