Óscar Contardo's Blog, page 79

Gente de bien

Ha acontecido esta semana, sin mayores contratiempos, el 72 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Convocados bajo el sugerente título de “Centrarse en los Pueblos, luchar por la paz y por una vida digna para todos en un planeta sostenible”, representantes de todo el orbe tuvieron sus 15 minutos de fama para dirigirse al mundo ante una sala semi o completamente vacía.

Fue así como en ese espléndido edificio en pleno Manhattan, epicentro mundial de la paz, el respeto de los derechos humanos y la libertad de los pueblos, habló Paul Kagamee, el presidente de Ruanda, acusado por jueces de Francia y España por el genocidio de más de 3 millones de personas. El mandatario se refirió, entre otros asuntos, a la “falta de confianza y rendición de cuentas” que existe en el contexto internacional. Sin comentarios.

El 21 fue el turno de Robert Mugabe, jefe del gobierno de Zimbabue desde 1987. Países como EE.UU. y Gran Bretaña lo consideran ilegítimo, mientras su pueblo sufre las consecuencias de una economía que ha llegado al 100.000% de inflación y un 94% de desempleo. Obviamente, nos habló sobre la importancia de respetar la soberanía y los derechos de cada país para tomar sus decisiones. En la misma línea se manifestó Jacob Zuma, el polígamo presidente de Sudáfrica, acusado de abusos sexuales y corrupción.

El mismo día en que Bachelet presentó ante tan digna asamblea su idea de prohibir las bolsas plásticas en la playa, se dirigió a los presentes (pocos, habría que añadir) el rey Mswati III de Suazilandia, un reconocido poco amigo de la democracia y la participación popular. Hace un tiempo hizo noticia por comprar, con recursos públicos, un jet que costó un cuarto del presupuesto nacional. En esta oportunidad, su majestad nos recordó la importancia de hacer frente a la amenaza nuclear para que así todos gocemos de una vida pacífica y próspera.

El discurso fatalista estuvo a cargo de Cuba, representada por su canciller, Bruno Rodríguez Parilla, quien nos advirtió que “los patrones de producción y consumo propios del capitalismo neoliberal son insostenibles e irracionales y conducen, inexorablemente, al fin de la especie humana”. Por cierto, efectuó una férrea defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Otros partícipes de la asamblea fueron Azali Assoumani, el presidente comoro que llegó la primera vez a dirigir su país tras encabezar un golpe de estado, y Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, su par de Guinea Ecuatorial, que ocupó la misma fórmula, pero que ahora regenta de manera legítima porque ganó las últimas elecciones con el 93,7% de los votos (nada mal considerando que suma 38 años en el cargo y se reeligió por otros seis). “Queremos un mundo en el que exista un espíritu participativo e igualitario”, planteó. A todo esto, Trump utilizó su popular cuenta de Twitter para añadir que la ONU “es solo un club de gente para reunirse, hablar y pasárselo bien”.

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Las tragedias ajenas

En algún momento alguien se dio cuenta de que frente a la tragedia ajena lo único que nos conmueve es una historia. Tal vez nos podemos sorprender momentáneamente con una cifra que la describa -millones de desplazados por conflictos en el este de África, miles de musulmanes masacrados en Myanmar-, pero la concentración del público perdurará más si el desastre se encarna en una biografía en particular. Entonces, cuando eso ocurre, los segundos de interés podrán extenderse durante días, semanas, años o quizás quedar alojados para siempre en la memoria.

Por mucho que me esfuerce no podría recordar el número de muertos que provocó en 1985 el aluvión que siguió a la erupción de un volcán en Colombia, pero siempre estará en algún rincón de mis recuerdos la imagen de una muchacha atrapada, que sólo podía asomar su cabeza fuera del barro. Estuvo tres días así, rodeada de cámaras que intentaban ilustrar con ella la catástrofe de un pueblo. Los rescatistas agotaron todas las posibilidades, pero no había medios para salvarla. Aquella desgracia, la de un pueblo cubierto por el lodo en una región rural de un país extranjero, para mí y para muchos de mis coetáneos quedó resumida en la imagen de un helicóptero que se elevaba y dejaba atrás a una adolescente que agonizaba en medio de un paisaje arrasado.

La guerra en Afganistán logró tener un rostro cuando National Geographic puso en su portada la imagen de una joven refugiada de ojos verdes, que miraba con la desconfianza de los perseguidos a la cámara, y la tragedia desatada en Bielorrusia luego del estallido de un reactor nuclear cobró otra dimensión cuando Svetlana Alexievich publicó las historias de las víctimas en sus Voces de Chernobyl. Del mismo, más recientemente, la opinión pública mundial se volcó sobre la tragedia Siria cuando la fotografía de un niño muerto sobre la playa se multiplicó hasta el hartazgo. Supimos de su padre desesperado huyendo de los bombardeos y de las razones que se confabularon para que el niño terminara a merced de la marea y de nuestra compasión. Había cientos de miles como él, pero sólo su tragedia o más bien la imagen de su cuerpo inerte transformado en un ícono macabro pareció remecernos.

Esta semana hubo un terremoto en Ciudad de México. Vimos imágenes de edificios desplomarse y escuchamos recitar todo el alfabeto sísmico -magnitud, epicentro, placas tectónicas- al que estamos acostumbrados. Pero antes de conocer los números y los datos del desastre, apareció una historia que como una carnada o como el péndulo de un hipnotizador capturó nuestra atención: había una niña atrapada entre los escombros de una escuela. La niña se llamaba Frida Sofía y se había comunicado con leves susurros con los rescatistas; las autoridades a cargo pensaban que era posible sacarla con vida.

Un canal de televisión mexicano tomó el caso de Frida Sofía como la columna vertebral de sus transmisiones, los medios titulaban con el nombre de la niña, los periodistas llamaban a tener calma y fe. Pero todo era mentira. No había una niña viva con ese nombre ni con ningún otro bajo los muros desplomados. Los periodistas de la cadena que inició la cobertura del supuesto rescate aseguraron que ellos no eran los responsables del engaño y las autoridades no supieron explicar de dónde había salido aquel relato perfecto para una audiencia hambrienta de tragedias con desenlaces de telenovela. Los reporteros de un medio más pequeño, en cambio, encontraron testimonios que aseguraban que los rescatistas y las autoridades sabían desde el principio que no existía tal niña esperando ser rescatada.

En algún momento alguien se dio cuenta de que frente a la tragedia ajena lo único que nos conmueve es una historia transformada en espectáculo. Un relato que estimule nuestras emociones, que fabrique con la desgracia de los otros un producto que nos brinde compasión en formato de consumo; que transforme la superficie más dúctil de nuestros sentimientos de solidaridad en una soga que nos mantenga a raya, capturados en la comodidad vulgar de una lástima pasajera.

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Summer is coming

Viene el verano y, con él, los incendios forestales. Si uno entra al sitio web de Conaf encontrará mucha información y noticias relacionadas con distintas acciones preventivas. Esto podría tranquilizar a algunos. Después de todo, ¿no es obvio que luego de los traumáticos hechos del último verano se hayan destinado muchísimos más recursos que antes a la prevención de este tipo de catástrofes? Sin embargo, quienes piensan así podrían estar siendo víctimas de un sesgo optimista. El mismo que debe haber llevado a los vecinos de Valparaíso a recibir cada año con renovada sorpresa los feroces incendios forestales, que no han parado desde el 2014.

¿No debería el gobierno haber lanzado ya una campaña comunicacional potente llamando a las personas a organizarse para prevenir estos fenómenos? ¿No debería ocupar esto un lugar absolutamente privilegiado dentro de la agenda, considerando la gravedad de lo ocurrido el verano pasado, y los enormes costos económicos, ambientales y humanos involucrados? Hagamos memoria: se quemaron más de 600 mil hectáreas (para hacerse una idea, la superficie del “gran Santiago” llega a las 85 mil hectáreas), 11 personas murieron, 1.500 viviendas se perdieron, Santa Olga completo fue borrado por las llamas, y casi 100 especies vegetales y animales amenazadas se vieron dañadas. El costo fiscal de los incendios fue de U$ 347 millones, la Sociedad Nacional de Agricultura estimó las pérdidas de los sectores ganadero, agrícola y forestal en U$ 400 millones, y el turismo cayó en un 35% en las zonas afectadas. Todo esto sin mencionar los vergonzosos delirios comunicacionales en búsqueda de “culpables” a los que buena parte del país contribuyó, repitiendo rumores sin sustento y afectando y poniendo en riesgo a personas inocentes.

A menos de un año de estos traumáticos sucesos, parecemos haber corrido un tupido velo sobre ellos. Sin embargo, si no queremos que se repitan nuevamente este verano, eso es lo peor que podemos hacer. Es necesario que el gobierno explique cuál es su plan para enfrentar esta temporada, movilizar a la sociedad civil, crear conciencia sobre las conductas peligrosas, despejar las zonas de riesgo, cavar y limpiar cortafuegos. Y es necesario hacer todo esto ahora, antes que el verano y el fuego hayan llegado.

Los políticos, lamentablemente, tienen pocos incentivos para abordar este asunto. Al estar todos de acuerdo en que es bueno prevenir incendios, el tema no resulta polémico y tiene, por tanto, poca rentabilidad. Menos todavía en un año electoral, en que todos intentan diferenciarse. Además, la agresividad y extensión de estos fenómenos nos han enseñado que la muy chilena actitud de esperar que “el Estado se haga cargo” es simplemente ingenua. La sociedad civil organizada, que tanta capacidad y heroísmo mostró durante los siniestros, debe mostrar ahora la misma capacidad para evitar que ocurran. Y si bien el gobierno debe jugar un rol importante en ello, la magnitud del desafío lo desborda totalmente, y sería bueno que lo reconociera, para que los ciudadanos tuviéramos clara la responsabilidad que nos compete y actuáramos en consecuencia. Summer is coming. Y no hay magia que detenga las llamas.

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Incendios forestales

Viene el verano y, con él, los incendios forestales. Si uno entra al sitio web de Conaf encontrará mucha información y noticias relacionadas con distintas acciones preventivas. Esto podría tranquilizar a algunos. Después de todo, ¿no es obvio que luego de los traumáticos hechos del último verano se hayan destinado muchísimos más recursos que antes a la prevención de este tipo de catástrofes? Sin embargo, quienes piensan así podrían estar siendo víctimas de un sesgo optimista. El mismo que debe haber llevado a los vecinos de Valparaíso a recibir cada año con renovada sorpresa los feroces incendios forestales, que no han parado desde el 2014.

¿No debería el gobierno haber lanzado ya una campaña comunicacional potente llamando a las personas a organizarse para prevenir estos fenómenos? ¿No debería ocupar esto un lugar absolutamente privilegiado dentro de la agenda, considerando la gravedad de lo ocurrido el verano pasado, y los enormes costos económicos, ambientales y humanos involucrados? Hagamos memoria: se quemaron más de 600 mil hectáreas (para hacerse una idea, la superficie del “gran Santiago” llega a las 85 mil hectáreas), 11 personas murieron, 1.500 viviendas se perdieron, Santa Olga completo fue borrado por las llamas, y casi 100 especies vegetales y animales amenazadas se vieron dañadas. El costo fiscal de los incendios fue de U$ 347 millones, la Sociedad Nacional de Agricultura estimó las pérdidas de los sectores ganadero, agrícola y forestal en U$ 400 millones, y el turismo cayó en un 35% en las zonas afectadas. Todo esto sin mencionar los vergonzosos delirios comunicacionales en búsqueda de “culpables” a los que buena parte del país contribuyó, repitiendo rumores sin sustento y afectando y poniendo en riesgo a personas inocentes.

A menos de un año de estos traumáticos sucesos, parecemos haber corrido un tupido velo sobre ellos. Sin embargo, si no queremos que se repitan nuevamente este verano, eso es lo peor que podemos hacer. Es necesario que el gobierno explique cuál es su plan para enfrentar esta temporada, movilizar a la sociedad civil, crear conciencia sobre las conductas peligrosas, despejar las zonas de riesgo, cavar y limpiar cortafuegos. Y es necesario hacer todo esto ahora, antes que el verano y el fuego hayan llegado.

Los políticos, lamentablemente, tienen pocos incentivos para abordar este asunto. Al estar todos de acuerdo en que es bueno prevenir incendios, el tema no resulta polémico y tiene, por tanto, poca rentabilidad. Menos todavía en un año electoral, en que todos intentan diferenciarse. Además, la agresividad y extensión de estos fenómenos nos han enseñado que la muy chilena actitud de esperar que “el Estado se haga cargo” es simplemente ingenua. La sociedad civil organizada, que tanta capacidad y heroísmo mostró durante los siniestros, debe mostrar ahora la misma capacidad para evitar que ocurran. Y si bien el gobierno debe jugar un rol importante en ello, la magnitud del desafío lo desborda totalmente, y sería bueno que lo reconociera, para que los ciudadanos tuviéramos clara la responsabilidad que nos compete y actuáramos en consecuencia. Summer is coming. Y no hay magia que detenga las llamas.

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La encuesta de las AFP

La discusión de la reforma de pensiones se viene dura y será uno de los temas de la campaña presidencial que entró en una nueva fase esta semana. Es probable que no se alcance a legislar en este gobierno y que el tema quede pendiente para el gobierno entrante, con mucha presión por despacharlo el año que viene. Legislar sobre pensiones presentará un desafío mayor para quien resulte electo, pues por un lado tendrá un número creciente de jubilados muy descontentos con sus pensiones, que en la mayoría de los casos no llegan ni a la mitad del último sueldo, y por otro lado, tendrá el lobby históricamente poderoso de las AFP.

Esta semana vimos indicios claros de cómo las AFP defenderán sus intereses. El miércoles, un influyente medio reveló los resultados de una encuesta evaluando la percepción ciudadana del proyecto de pensiones del gobierno. El reportaje, destacado en portada, no mencionaba que la encuesta había sido encargada por la Asociación de AFP de Chile. Mal. El gremio que agrupa a las AFP tiene derecho a encargar las encuestas que estime conveniente, pero debe ser transparente y exigir a los medios que cubren la noticia, en este caso probablemente en exclusiva, ya que no apareció en otros medios, que mencionen quién fue el mandante.

Segundo problema con la encuesta es que al momento en que el presidente del gremio da una entrevista comentando sus resultados, esta debiera ser pública, lo cual tampoco fue el caso. Contacté por teléfono al gerente de la Asociación de AFP, con quien trabajamos juntos en el directorio de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas hace casi una década, para pedirle la encuesta y hacerle notar que no estaba disponible en la web de su asociación, por lo cual probablemente esté disponible cuando se publique esta columna, pero llamadas como esta no debieran ser necesarias.

Vamos ahora a los resultados de la encuesta. Un primer dato es que un 52% de los encuestados está en desacuerdo con la propuesta del gobierno vs. un 30% que está de acuerdo. La pregunta obvia para hacer a continuación habría sido averiguar los motivos de quienes no están de acuerdo, porque es probable que se dividan en dos grupos muy distintos, uno que quiere menos AFP de lo que considera el proyecto del gobierno y otro que quiere más AFP. El proyecto del gobierno deja a las AFP con el negocio que tienen en la actualidad, ni más AFP, ni menos AFP, lo mismo.

Que la mayoría desaprueba la propuesta del gobierno lleva al presidente de la Asociación de AFP a concluir que “las buenas reformas previsionales que tienen efecto en el largo plazo no solo tienen que estar bien hechas, sino que deben conciliar un respaldo mayoritario de la ciudadanía”. Ergo, siguiendo la línea argumental del representante gremial, la reforma del gobierno no debe aprobarse, porque no concita un apoyo mayoritario.

El objetivo planteado por el máximo representante de las AFP es razonable, pero desgraciadamente no incluyó preguntas que permitan concluir si existe una reforma capaz de lograr este objetivo. La conclusión a la que llegamos con el grupo que trabajamos el tema de pensiones en Espacio Público es que puede ser más realista conformarse con una reforma que concite una “aceptación mayoritaria”. El tema nos divide demasiado para aspirar a más que eso.

La encuesta también busca legitimar el principal argumento que han esgrimido las AFP para que los montos adicionales que coticen los afiliados sean administrados por ellas, que están dispuestas a hacerlo gratis. En la encuesta se pide a los encuestados elegir entre pagar y no pagar una comisión por la administración del 5% de cotización adicional. Esa es la pregunta. Era que no, entre pagar y no pagar, la mayoría prefiere no pagar (58 vs. 28%).

Faltó incluir algunas preguntas donde las respuestas sean menos obvias y así puedan contribuir a un mejor debate. Acá van algunas sugerencias, a ver si alguna es recogida en la próxima versión (la cuarta) de la encuesta. Primera sugerencia: “Si las AFP se comprometen a no subir sus comisiones ahora y en el futuro, ¿usted cree que cumplirán con su promesa?”. Segunda sugerencia: “¿Cree usted que la oferta de las AFP de no subir sus comisiones guarda relación con las altísimas rentabilidades sobre su patrimonio que siguen obteniendo las administradoras (27% anual promedio desde 2010)?”.

En la entrevista que da a conocer la encuesta, el presidente del gremio concluye que “es muy importante escuchar la voz de la gente y no el grito de algunos de la calle”. De acuerdo. El problema es que la encuesta nos dice poco sobre “la voz de la gente” y mucho sobre “lo que a la Asociación de AFP le gustaría hacernos creer es la voz de la gente”.

El gremio de las AFP tiene derecho a defender sus intereses, pero en un país mucho más informado y exigente en materias de transparencia sería bueno que se pusiera al día en cómo realiza su labor. ¿Cómo? Al menos publicando las reuniones que sostienen con las autoridades para hacerles ver sus puntos de vista, publicando las encuestas que encargan antes de divulgarlas y revelando que fueron los mandantes cuando las promocionan con bombos y platillos por los medios. Lo que vimos esta semana sugiere que las AFP siguen viviendo en el Chile del pasado.

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¿Qué tan a la derecha, qué tan al centro?

Si el llamado “nuevo ciclo de la política chilena” termina como pareciera que va a terminar -con el regreso a La Moneda de Sebastián Piñera-, lo de estos años habrá sido sólo un paréntesis y no el inicio de una nueva era. Sobre este tema se hizo mucho caudal el año 2014, cuando la ciudadanía trajo de vuelta al gobierno a la Presidenta Bachelet, y los analistas anticipaban un futuro al que ningún rastro y tampoco ningún rostro del pasado sería capaz de sobrevivir. Todo indica que fue una confusión dictada por el exceso de entusiasmo. La idea del borrón y cuenta nueva podrá ser atractiva en el mundo adolescente, pero simplemente los países no evolucionan así. Las continuidades a veces son más fuertes que los propósitos de ruptura y, en este caso específico, el triunfo probablemente será del mismo gobierno y de la misma coalición que la Nueva Mayoría creyó haber derrotado para siempre.

Es arriesgado hacer planes y pronósticos de largo plazo en política. La DC con Frei Montalva iba a gobernar 30 años y tuvo que conformarse con seis. Allende se vio a sí mismo como el gran adelantado de un viaje irreversible al socialismo y, no contento con los 16 años que ya había estado en el poder, Pinochet fracasó cuando quiso extenderlos por ocho más. Y el nuevo ciclo que iba a comenzar ahora por lo visto se chingó. Por lo mismo, Piñera debiera tomarse con calma las versiones que le adjudican a la derecha no solo el próximo mandato sino también el siguiente. Eso nadie lo puede saber y, por las dudas, incluso para que nadie pierda el tiempo pensando en la pirámide que sueña construirse, es mejor que no se sepa.

Lo que haga o deje de hacer la derecha en los próximos años será bien decisivo para los rumbos que el país adopte en el futuro. Esta vez el reto será mayor. Si el primer gobierno de Piñera, que fue afectivo en términos de rendimientos pero pobre en legado, tuvo el mérito de disipar las dudas que planteaba el compromiso de la derecha con la institucionalidad democrática, ahora el sector será desafiado en su capacidad de hacer de Chile un país estabilizado y moderno.

El debate de qué tan a la derecha o qué al centro podría gobernar Piñera de momento es ocioso. Hasta en esto el expresidente, que es más hijo de las oportunidades que de la regla de cálculo y que siempre ha sido un político pragmático, ha tenido suerte, porque esa definición no le concierne. Bachelet está dejando el país con tantas distorsiones a cuestas que cualquier definición en ese sentido es un poco ridícula. La gente está demasiado desanimada, la economía con demasiados desequilibrios en la mochila y la política sobregirada de más como para que el nuevo mandatario se dé el lujo de preguntarse -por llevar el dilema a una caricatura- si quiere ser un Luis XVIII o ser un Macron. Son leseras. El horno no está para esos bollos. Lo que el país está pidiendo a gritos es un gobierno no de derecha, sino moderado, que vuelva a conectar la función gubernativa con el sentido común y con las principales expectativas nacionales, que básicamente son de seguridad, de respeto a la ley, de crecimiento y también de equidad. Nada de retroexcavadoras y nada tampoco de regresiones.

Al margen de lo que haya aprendido el país en estos años, que no se olvidará fácilmente, se supone también que la derecha debe haber aprendido algo. Aprendió, de partida, que la política es importante, a veces incluso más que las cifras. Aprendió de sí que es un sector mucho menos monolítico de lo que alguna vez ella misma y sus adversarios imaginaron. Aprendió también, según se pudo ver en las primarias recientes, que todas sus corrientes importan -la matriz conservadora, la vertiente liberal, la derecha popular, el mundo tecnocrático, la tradición socialcristiana- y que su desafío consiste no solo en respetar cada una de estas hebras, sino también en diversificarlas todavía más. La gran tarea de la derecha va a ser no que el país se parezca cada día más a ella, sino que ella se parezca un poco más al país.

Lo que todavía la derecha no aprende -y de esto hay pruebas contundentes en las últimas semanas- es a reaccionar adecuadamente cada vez que el gobierno acude a los temas valóricos y a las cuentas pendientes del pasado en materia de derechos humanos para colocarla contra las cuerdas. En unos y otros temas el sector tambalea. Aunque La Moneda sabe que es difícil que estos asuntos sean capaces de decidir la elección, la derecha pareciera tener miedo de reconocer que en estas materias (y también en otras) no tiene por qué tener un pensamiento monolítico.

La gran lección que dejarán estos años es que los gobiernos se ganan o se pierden en los sectores moderados. Piñera arriesgó el suyo en esa cancha, cuando la mayor parte de la opinión pública apoyó las movilizaciones estudiantiles del 2011, y el actual gobierno se descapitalizó por la razón exactamente opuesta: por tomarse demasiado literalmente las demandas de los líderes de ese movimiento. En esto Bachelet no hizo otra cosa que repetir la antigua fatalidad de la izquierda que -no es la primera vez- la lleva a enajenarse la confianza y el respaldo de los sectores medios. Si en otro tiempo este efecto fue decisivo en términos políticos -basta recordar que fue el factor que selló el destino del gobierno de Allende-, la ruptura ahora, cuando la clase media es más robusta y resueltamente mayoritaria, tiene resultados mucho más severos. R

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Veto inconfesable

Beatriz Sánchez no estuvo dispuesta a compartir un set de televisión con Sergio Melnick, un ex “ministro de Pinochet”. La decisión fue cuestionada por unos y aplaudida por otros, pero hay que reconocerle un mérito: ella hizo visible una de las claves históricas que explican la espiral de polarización que hoy recorre a la sociedad chilena y, en particular, a su sistema político.

El día del plebiscito de 1988, los partidarios del “No” tuvimos que empezar a hacernos cargo de una dura realidad: se derrotaba en las urnas a Pinochet, pero descubríamos que él y su régimen tuvieron un respaldo enorme. Se inventaron argumentos para intentar explicar lo que en ese entonces resultaba inexplicable. El miedo, el uso abusivo del poder, la censura, etc.; pero el tiempo terminó de confirmar que la derecha ha tenido un apoyo electoral que, en promedio desde 1990, se empina por sobre el 40%.

Esa evidencia fue para muchos “soportable” en la medida en que no puso en riesgo la hegemonía y la continuidad de la Concertación en el poder. Pero eso terminó en 2010, cuando a la centroizquierda se le apareció el peor de sus fantasmas y tuvo que aceptar no solo la pérdida del gobierno, sino algo todavía más doloroso: el país que había construido por veinte años hizo posible que la derecha, los otrora partidarios de la dictadura, pudieran finalmente ganar elecciones en democracia y con mayoría absoluta. Para no pocos, eso dejó las cosas más allá de lo “soportable”.

Y ese es, en último término, el fondo inconfesado e inconfesable de esta historia; que para un sector muy significativo de la centroizquierda, los partidarios de la dictadura no tienen autoridad moral y -menos- legitimidad democrática para ser mayoría y gobernar. No la tienen hoy ni la tendrán jamás, y por ello lo ocurrido en 2010 produjo un quiebre insospechado, que llevó a la Concertación a la insólita aventura de renegar de sí misma, y a la centroizquierda a replantearse el imperativo de una nueva Constitución y de una agenda “refundacional”. Se requería no solo “otro modelo”, sino “otro país”.

Las secuelas de este proceso están a la vista: una sociedad cada vez más polarizada y una incapacidad creciente para generar acuerdos trasversales; precisamente porque ello supone reconocer en los “otros” una legitimidad equivalente a la propia y eso, para un segmento relevante de la sociedad, la dictadura y la violación a los derechos humanos no lo hace aun posible. Al final del día, entonces, hay que reconocerle a Beatriz Sánchez su honestidad y transparencia, su disposición a explicitar algo que, por razones obvias, no resulta fácil verbalizar públicamente.

En definitiva, la madre de todas nuestras polarizaciones actuales se funda en esta sensación de muchos de que en Chile la “gobernabilidad democrática” solo la garantiza la centroizquierda; si eventualmente la derecha gana -algo que 2010 demostró posible y ahora puede volver a ocurrir- es porque el país ha caído en una “anomalía” que es necesario corregir, no expresión de la competencia normal entre proyectos alternativos con igual legitimidad democrática. En efecto, la Nueva Mayoría se explica a sí misma en el deseo de corregir la anomalía.

Mientras no transparentemos y asumamos lo que esta realidad implica, vamos a seguir girando en círculo, poniendo muchas de las urgencias y desafíos del país, en problemas equivocados o abiertamente irreales.

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Historia de un gazapatón

Sucinta relación de hechos. En junio de 2016, el diputado comunista Hugo Gutiérrez presentó un proyecto para hacer pública la información proporcionada a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que recogió entre 2003 y 2004 los testimonios de más de 35 mil víctimas. En el decreto de creación de la comisión se decía expresamente que dicha información debía ser reservada; y la ley que cerró las tareas de la comisión y estableció las compensaciones fijó también un plazo de 50 años de secreto sobre tales testimonios.

El Presidente Ricardo Lagos ha explicado que él mismo decidió aumentar el plazo desde 30 a 50 años luego de oír a una víctima joven que no quería que su caso fuese conocido antes de su probable muerte. Extraoficialmente se ha sabido que esa víctima tuvo un hijo producto de una violación en cautiverio. Con todo, no importa tanto la casuística, sino el hecho de que el Estado tomó un compromiso formal con 35 mil personas, ninguna de las cuales ha quedado impedida de presentar su caso ante la justicia si así lo desea.

La primera moción del diputado Gutiérrez fue rechazada. Pero tres meses después, en septiembre de 2016, presentó una segunda, mucho más sencilla, que sólo abriría acceso a los Tribunales de Justicia, bajo condiciones de reserva y en casos donde el testigo no sea parte del proceso. Estos procesos, sujetos al procedimiento penal antiguo, son los que ven ministros de fuero de las cortes de Apelaciones de todo el país.

Esta, entre otras, ha sido una demanda de la Coordinadora de Ex Presos Políticos Salvador Allende, que hasta lleva una mesa de negociación con el gobierno. Dicho sea de paso, la Coordinadora mantiene “tomadas” las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el 31 de mayo pasado.

En octubre de 2016, el proyecto corregido fue aprobado por la Cámara de Diputados y entró a su segundo trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la senadora de la UDI Jacqueline van Ryssel-berghe. Recién en mayo de este año el gobierno le dio su patrocinio, rotulándolo con “suma urgencia”, que significa despacharlo en dos semanas. Ocho veces fue renovada la “suma urgencia” sin que la comisión lo viera. El senador socialista Juan Pablo Letelier llegó a anunciar una acusación contra la senadora ante el Comité de Ética.

El caso es que, sin el conocimiento de los involucrados, ni del gobierno, ni del Congreso, el 11 de septiembre la Presidenta Bachelet anuncia que el Ejecutivo pedirá al Parlamento someter el proyecto a “discusión inmediata”, lo que significa despacharlo en seis días. La polémica estalla de inmediato, con palabras fuertes. El ex Presidente Lagos recuerda que hay un compromiso del Estado; el diputado Gutiérrez suelta la idea de que Lagos forma parte de un “pacto de silencio”; entre los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas recuperan fuerza los “duros”, que por años han rechazado toda colaboración con la justicia; la sensación de trizadura entre la moral concertacionista y la neomayoritaria se convierte en un abismo. Se meten políticos, juristas, moralistas, religiosos, opinantes, candidatos, catilinarios, cada cual con su sentencia ética. La polémica adquiere proporciones tan descontroladas, que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, debe pedir una audiencia al ex Presidente Lagos para explicarle los reales alcances del proyecto.

Para entonces, el gobierno ya sabe que el anuncio fracasará en el Senado, porque en estas condiciones, la Nueva Mayoría vuelve a quebrarse: las advertencias de Lagos harán que todo el “laguismo” lo rechace. Quien logra darle una salida es el senador DC Jorge Pizarro, mediante una indicación que restringe el proyecto un poco más y que permite que pase a la sala del Senado.

Hasta aquí los hechos.

Ahora, las primeras preguntas: ¿Quién tuvo la ocurrencia de hacer este anuncio resonante el 11 de septiembre? Algo se puede asegurar: esto no salió de su “sede jurídica”, el Ministerio de Justicia, sino de La Moneda. Dejando de lado su posible efecto en el Congreso, ¿qué objetivo buscaba quien promovió la idea, convertida de la mañana a la tarde en una de las mayores controversias del gobierno? ¿Es cierto que faltaba algo para anunciar un 11? ¿Es cierto que alguien creía que era necesario anunciar algo?

Y la segunda línea de preguntas: ¿A quiénes se quería favorecer en un período tan claramente electoral? El único grupo que ha mantenido esta posición respecto del secreto del informe Valech ha sido el Partido Comunista, porque el resto de la Nueva Mayoría siempre respaldó la decisión de ex Presidente Lagos; y el mentor concreto del proyecto es el diputado Gutiérrez, que como casi todo el mundo, aspira a su reelección. ¿Se siente el PC triunfador en esta escaramuza? ¿Le ganó el gallito a Lagos, a quien parece querer torear con este y otros temas?

El tercer grupo de interrogantes: ¿Con qué compromisos se quería cumplir? En lo interno, podría ser parte de una táctica de apaciguamiento de los ex presos políticos, pero parece improbable que estos se sientan mejor tratados con este solo gesto. En lo externo, es sabido que los organismos internacionales, en especial los vinculados al sistema de Naciones Unidas, recomiendan someter este tipo de casos a los Tribunales de Justicia, pero también es un hecho que casi no existen precedentes de lo que hizo la Comisión Valech. ¿Se quería satisfacer algún requerimiento o solamente promover una cierta imagen?

Las últimas preguntas son las que envuelven a las instituciones, a su seriedad y a su continuidad. Quien tuvo la idea de hacer el anuncio ¿pensó que esto podría hacer aparecer a la Presidenta promoviendo la ruptura de un compromiso del Estado, con el añadido de que en los años de la Comisión Valech era ministra de Defensa, participaba del gobierno de Lagos y tenía todas las oportunidades de plantearle al Presidente (y al país) su discrepancia, de haberla tenido? Y, entendiendo que ella misma conoce bien el proyecto, ¿nadie evaluó el significado de abandonar la representación del Estado, violando un compromiso público y masivo? ¿Nadie vio estas dimensiones, nadie lo dijo, nadie lo advirtió?

Así se aproxima el gobierno a sus últimos meses.

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Secretos a voces

Como con todas las discusiones-tongo generadas en nuestro país, no queda claro cuál sería el tremendo “secreto” que quieren levantar, guardado supuestamente por la Comisión Valech I. Dicha comisión cumplió una función importante aunque estrictamente informativa.

No estuvo facultada para ejercer como órgano jurisdiccional, de modo que lo que pudo haber recopilado tendría, a lo sumo, un valor testimonial: probatorio, ninguno. Tampoco es que haya calificado delitos o atribuyera responsabilidades (ni siquiera sirvió para recoger denuncias formales). En fin, no es que por cuenta suya crímenes hayan quedado impunes, sino que en Chile basta con que alguien acuse y reclame para que ello equivalga a sentencia condenatoria. Y si también le lleva papel sellado y timbre (de una comisión de gobierno nada menos), el asunto queda, además de oleado y sacramentado, listo para su ejecución. ¿Eso lo que buscan?

¿Lo que ya se sabe? ¿Alguien duda que la información recabada no anda circulando hace rato? Después de la publicación que hiciera WikiLeaks, de 250 mil documentos filtrados del State Department en 2010, nadie cree que subsistan secretos de Estado. Jenifer Hart, la mujer del gran filósofo legal, H. L. A. Hart, lo dijo a su manera brutal de honesta: en Oxford se entiende por secreto “algo que se le dice a una sola persona a la vez” (tras lo cual medio mundo se entera). Ella era historiadora, y Oxford, como todo pueblo chico, vive de chismes; por eso quizá ha producido óptimos historiadores.

Lo que no significa que los libros de historia sean mejores porque consignan una mayor información documental y hagan “noticia”. Yo nunca he leído un libro de historia bueno basado en material “desclasificado”; los que desentierran datos “de archivo” son francamente aburridos aunque la prensa los celebre como hallazgos únicos. Algo les falla o no aciertan. Naufragan en un mar de detalles y pierden el sentido de conjunto. De igual manera que los actuales estudiosos del imperio romano aunque sepan más datos no superan a generalistas de los siglos XVIII y XIX, a Edward Gibbon y Burckhardt desde luego.

Entendámonos: noticias e historia podrán parecerse pero son géneros distintos, e información de lo que pasó en Chile entre 1973 y 90, más lo que sobra que lo que se ha sabido procesar. Me puedo imaginar los efectos si el proyecto del “luchador social” y candidato Hugo Gutiérrez hubiese prosperado. Se habría procedido a abrir los archivos, mandado a circular una cantidad de información ya conocida (los datos los “custodia” el Instituto Nacional de Derechos Humanos), y vamos sacándole punta al lápiz, morbo voyerista mediante. Cuando lo que de verdad se precisa seguirá en veremos: comprender por qué ocurrió lo que sucedió, y por qué aún no aparece el historiador lúcido capaz de entender y explicarlo.

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Bolsas plásticas

En las series de televisión, la historia o el guion, se va ajustando a la popularidad de los personajes o eventos. Por ello, sucede a veces que un acontecimiento o personaje que en la mente del autor eran menores, adquieren un significado tan profundo en la audiencia que obliga a hacerlos protagónicos. Así, una anécdota pasa a ser central. Todo por el maldito rating.

En la política, sucede con frecuencia lo mismo. Hay temas que estaban fuera de la agenda, que se vuelven protagónicos. A veces, por necesidad, otras por conveniencia, esto es, por la urgencia de salvar el rating. Algo de esto parece estar ocurriendo ahora con Bachelet, cuando ad portas de terminar su gobierno, intenta un cambio de guion hacia la ecología.

Se trata de un hecho curioso, no solo porque no estaba en su agenda, sino también porque nadie se lo pidió. Más parece ser un escape, una consecuencia o aprovechamiento del polémico rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, que significó la mayor crisis de gabinete, con la renuncia de todo el equipo económico.

Pese a ello, y como si gobernar fuera una teleserie, el guion y los personajes cambiaron. Ahora, el ministro de Hacienda ya no es un actor clave, como es en todos los gobiernos, sino el titular de Medio Ambiente. Y ahora la historia no se centra en temas anecdóticos como el crecimiento, el empleo, la educación o la salud. No pues, lo único que importa es la sustentabilidad, vaya a saber lo que ello signifique en la mente de la Presidenta.

Claro, su nuevo discurso es el crecimiento sustentable, pero todos saben que ese no es más que un eslogan, toda vez que este gobierno tiene a su haber el peor desempeño económico de la historia reciente. O sea, sin crecimiento, solo queda lo sustentable.

Pero en esto también hay dudas, toda vez que aquello nunca ha sido su prioridad. Baste decir que su primer gobierno tiene el récord de centrales a carbón. Tampoco fue su sello ahora. Pese a ello, se pasea por el mundo como una suerte de Capitana Planeta, dando cátedra sobre el tema. Y su anuncio estrella en la ONU fue que enviará un proyecto que prohíbe el uso de bolsas plásticas en las 102 comunas que limitan con el mar. Algo que suena bien, pero que tiene poca novedad, ya que hoy hay al menos 60 comunas que regulan el uso de las mencionadas bolsas.

Si el mayor legado de Bachelet es ese, ésta seguirá siendo una teleserie de bajo rating local. Porque el guion es malo: un país sin bolsas plásticas, pero más pobre, es una mala historia. Intentar esconder su mal desempeño con la excusa de salvar el planeta, no convence a nadie en Chile. Salvo que la Presidenta busque captar nueva audiencia, la burocracia extranjera, para proyectar no solo su actuar, sino también su futuro. Eso haría sentido, pero solo recuerda la tragedia de Shakespeare, cuando Ricardo III, desolado en el campo de batalla, implora: “Mi reino por un caballo”.

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