Óscar Contardo's Blog, page 78

Educación para un mundo mejor

A partir de hechos, en algunos casos dramáticos, el acoso escolar o bullying se ha hecho notar en los medios de comunicación. Ello coincide con el ciclo de matrículas escolares y es probable que la situación se tematice como unos de los factores que puede incidir en la elección de un colegio por parte de los padres, o bien, en los establecimientos que ofrecen mejor clima escolar.

La ausencia de violencia escolar es parte constitutiva de un buen clima de convivencia que, sabemos, debe ser una prioridad para toda la comunidad escolar; no solo por ser uno de los pilares para generar un clima propicio para el aprendizaje tanto de habilidades académicas como socioemocionales, sino porque es la piedra angular para una buena experiencia escolar.

Desde 2014, y en forma paralela a la prueba Simce, la Agencia de Calidad de la Educación evalúa el clima de convivencia escolar, junto con otros Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS). De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada en 2016, un 58 % de los estudiantes de II medio declara que en su establecimiento las personas no se tratan con respeto, mientras que un 52 % de estos declara que en el establecimiento no se conversa en clases sobre los efectos del maltrato o intimidación entre compañeros.

Estas cifras revelan que, a pesar de los esfuerzos de la política pública por reforzar la buena convivencia en los establecimientos, el sistema escolar presenta aún grandes tareas para mejorarla. Es necesario avanzar en la prevención y respuesta ante la violencia en las escuelas; visibilizando los diferentes tipos y magnitudes de la misma. Lo central es no reducir la problemática al bullying o al manotaje escolar, sino que priorizar la conversación y acciones respecto a la importancia de generar una educación integral en ambientes sanos.

Es difícil que en espacios de violencia se logren aprendizajes académicos y socioemocionales. A su vez, la ausencia de violencia y la prevalencia del buen trato, revela aspectos de la organización de la escuela que son, en sí mismos, deseables de potenciar. Un buen clima de convivencia es fruto de una gestión escolar centrada en el sujeto, que valora el bienestar y la opinión de los estudiantes y que, al hacerlo, forma ciudadanos integrales, tolerantes, y que aportan al desarrollo de la sociedad. En este sentido, un buen clima de convivencia es medio, pero a la vez es un fin.

Como Agencia y como Sistema de Aseguramiento de la Calidad, hemos apostado por ampliar la mirada de la calidad con foco en que cada colegio sea gestor, actor y protagonista. Esta mirada implica poner atención a otros elementos de la formación de los estudiantes, como la experiencia escolar y la formación en habilidades socioemocionales que permitan empatizar con el otro y construir una sociedad verdaderamente cohesionada. La tarea está en consolidar la escuela como un lugar seguro, donde se fomente el bienestar, el respeto y la valoración de la diversidad. Una escuela donde los estudiantes puedan generar espacios de convivencia, respeto y ejercer sus derechos para la construcción de una sociedad más justa y tolerante: la democracia que queremos para este siglo XXI.

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Educación Financiera y Regulación de la Información a los Consumidores

 

Esta columna fue escrita junto a Carlos Noton Académico Ingeniería Industrial – Instituto Milenio MIPP  – U. Chile. 

 

Existe abundante evidencia de los bajos niveles de comprensión por parte de algunos consumidores en el mercado financiero y crediticio. En efecto, los resultados de la prueba PISA 2017 fueron bastante insatisfactorios en su medición de alfabetización financiera en Chile.

Dada esta realidad, las autoridades de distintos países, como EEUU y la Unión Europea, han implementado diversas regulaciones que buscan simplificar y homogeneizar la información que los bancos deben proveer a los consumidores respecto de los costos crediticios.

En marzo de 2012 se introdujo en Chile la Ley 20.555 que regula el formato obligatorio para informar el valor total de un crédito y una medida universal de tasa de interés que incluya todos los costos, denominada Carga Anual Equivalente (CAE). El objetivo es hacer comparables los distintos productos financieros y, con ello, favorecer la elección de la mejor alternativa por parte de los consumidores.

A pesar de que este tipo de regulaciones son frecuentemente implementadas para ayudar a los consumidores e inducir a una mayor competencia bancaria, la efectividad de este tipo de políticas públicas no se evalúa empíricamente con rigurosidad.

Con el apoyo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), utilizamos  datos de créditos de consumo entre los años 2009 y 2014, con el fin de evaluar los efectos de la Ley CAE en las tasas de interés efectivas de los consumidores. Nuestro principal resultado es que la regulación CAE tuvo efectos heterogéneos en la población, dependiendo principalmente del nivel de ingreso y de la educación financiera del solicitante del crédito.

Nuestras estimaciones preliminares sugieren que un mayor ingreso y la presencia de educación financiera son los principales factores que explican reducción de tasas de interés posteriores a la implementación de la regulación. No encontramos fuertes efectos estadísticamente significativos para el resto de la población en ninguna otra dimensión.

Basados en nuestra evidencia, consideramos que se confirma la ausencia de una comprensión cabal por parte de todos los consumidores en conceptos importantes para una elección satisfactoria en mercados crediticios. En una sociedad de mercado con decisiones financieras complejas, tales como la elección de AFP, Isapres, seguros y monto de endeudamiento en distintas alternativas crediticias, la existencia de información simplificada es condición necesaria, pero no suficiente para garantizar una toma de decisiones óptima por parte de los consumidores.

Estos resultados ponen de manifiesto un gran desafío para Chile: si verdaderamente creemos en una sociedad basada en la elección individual, entonces debemos garantizar la información y los conocimientos necesarios para que podamos tomar las mejores decisiones para nuestro  bienestar.

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Reggaetón de resistencia

La música y la política siempre han tenido una estrecha relación. Desde los antiguos blueseros que cantaban sobre los sufrimientos de los esclavos en el delta del Mississipi hasta la actualidad, pasando por Bob Dylan, The Clash, Pink Floyd, Bruce Springsteen -y a nivel local, Víctor Jara o Los Prisioneros-, son algunos ejemplos de cómo la música ha servido como medio para denunciar injusticias, posicionar ideas o levantar ideales de sociedad. Hoy tenemos un nuevo ejemplo de este maridaje entre música y política, esta vez denunciando una situación que nos toca de cerca, logrando llegar a muchas personas en todo el mundo.

Y es que una de las canciones más escuchadas en Spotify -sólo hasta el momento en que escribo esta columna iba por los 341 millones de reproducciones- inicia con un mensaje cliché: “Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados”. Se trata de Me rehúso, hit del venezolano afincado en Miami, Danny Ocean.

Pero lo que a todas luces parecería una frase hecha, en este caso se trata de una fuerte denuncia contra el régimen venezolano: la sistemática represión de las libertades civiles por parte del socialismo obligó a muchos a separarse de su amor o seres queridos, experiencia que él mismo vivió. Así, toda la canción cobra un nuevo significado y pasa a ser una crítica directa al régimen chavista, que obliga a su gente a escapar lejos para recobrar los espacios de libertad.

De esta forma, la música que identifica a una comunidad cultural se transforma en un lienzo donde se expresan discursos políticos, que son asumidos -y bailados- por esta misma comunidad. Me rehúso es una canción que dice mucho de política en una breve frase, y posiciona a la dictadura venezolana como un sistema fallido en el sentido común global. Como el ritmo es bueno y masivo, se constituye en un vehículo sensible eficaz para posicionar el mensaje tantas veces repetido: en Venezuela, como en todas partes y tiempos, el socialismo ha fracasado.

Lo anterior reafirma nuevamente la importancia de los medios artísticos y culturales en la política. No se trata de instrumentalizarla, sino de tomarle el peso a su importancia en la disputa por el sentido común, en cómo entendemos la comunidad política y la manera en que nos relacionamos dentro de ella. En una sociedad cada vez más compleja, quien logre simplificar los mensajes y transmitirlos masivamente quedará un paso adelante, en mejor pie para ganar elecciones e influir en el modelo de desarrollo del país.

Es poco probable que una sola canción cambie el destino de un país. Sin embargo, como nos recuerda el propio Daddy Yankee, la música está lejos de ser inocua y puede producir cambios subterráneos: “Mi arma es el micrófono y mis rimas son las balas”.

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La moralina de Beatriz Sánchez a Melnick

Beatriz Sánchez planteó un punto moral para no ir a un programa político. Le era imposible, pues uno de los panelistas fue ministro de la dictadura. Sánchez va tercera en las encuestas, con posibilidades de pasar a segunda vuelta y de convertirse en Presidenta. Por tanto, es importante detenerse en su veto, pues puede implicar un modo en que su eventual gobierno verá la relación con los medios.

El desprecio a Melnick es comprensible. Suele ser solícito con Piñera, pese a que lo incluyó en el grupo de cómplices pasivos de los años de horror, y excesivamente crítico de las políticas de Bachelet, pese a que su empresa Anticipa recibió decenas de millones de pesos por su rol en la configuración del Transantiago.

También suele ser duro contra los gobiernos de Venezuela, Norcorea y Cuba, que quedan suficientemente lejos como para permitirle disfrazarse de demócrata, y no se le ha escuchado nunca palabra para los torturados, familiares de ejecutados políticos o exiliados (entre los que me incluyo) por el gobierno del que fue parte. Bajo su lógica retorcida, los cubanos, venezolanos o norcoreanos tienen más DD.HH. que los chilenos.

Pero nada de eso justifica vetar su rol de panelista, salvo el obvio de ocupar el control remoto para cambiar de canal cuando se explaya en su verborrea conservadora. Mucho menos podría hacerlo una candidata presidencial. Bajo su lógica, no podría asistir a algún programa periodístico donde exista algún panelista con cierta pasión por el autoritarismo. Un asunto que puede volverse peligroso para la libertad de expresión si logra llegar a La Moneda y, por tanto, tener poder real.

Sánchez debió haber elegido el camino de otros actores que han ido al programa y enfrentaron al panelista. Habilidades para ello tiene de sobra y lo ha demostrado en espacios televisivos más complejos. Habría sido aplaudida por las audiencias y ganado muchos más méritos que un par de likes en las redes sociales por personas que ya tienen decidido su voto. El Frente Amplio tiene una dura tarea en ampliar su base electoral y demostrar que son capaces de convocar a más personas que sus votos cautivos en los barrios altos de Santiago. Buena parte de esas audiencias se conquista en televisión, que sigue siendo el medio más importante de los chilenos para formarse opinión sobre las candidaturas. Su coalición debiera tener eso claro. Pese a los pocos votantes que lograron, el hecho real que los posicionó en la carrera fue su decisión de ir a primarias, y con ello tener franja televisiva, lo que les proporcionó conocimiento y aumento en las preferencias. Sin la pantalla que tuvieron estarían peleando el voto marginal de izquierda con Artés o Navarro.

Excluirse de tal ejercicio por vilipendiar a Melnick solo daña las posibilidades de Sánchez de llegar con su mensaje a más personas y, curiosamente, favorece al panelista de ultraderecha, que podrá exhibir entre sus méritos haber asustado a la candidata.

Sánchez, en su regla valórica, como definió su decisión de no ir al programa, cometió otro error. Ha terminado atrapada en la lógica maximalista de RD, el partido que la apoya, que suele mirar los asuntos públicos con una moral más parecida al Gorrión Supremo de Games of Thrones que a la de un movimiento que aspira a tener el poder en un país democrático. Además, esta regla puede terminar jugándole en contra: su esposo es editor de un periódico que no solamente apoyó sin ambages a la dictadura de la que fue parte Melnick, sino que fue clave en la conspiración para derrocar a un Presidente elegido democráticamente.

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Lecciones de México

A menos de una semana del terremoto 7.1 Mw. en México, conmueven las historias de víctimas y rescatistas que luchan entre réplicas y escombros mientras se apaga la esperanza. Hasta ayer, la cifra oficial de personas rescatadas con vida sumaba 69 y la de fallecidos 318, de los cuales 180 murieron en la Capital Federal, donde 38 edificios colapsaron.

Muchos critican que las fallas estructurales de algunos edificios, como el dramático caso de la Escuela Rébsamen, se debe a la falta de fiscalización, negligencia o incluso corrupción en la aplicación de normas sísmicas vigentes desde el terremoto de 1985. Todavía es temprano para adelantar juicio, lo que sí es relevante para entender el nivel de daños es caracterizar el tipo de sismo que afectó a México.

El terremoto del 19 de Septiembre en México se trata de un sismo “Intraplaca”, con epicentro al interior del continente a más de 50 km de profundidad, que son menos frecuentes y conocidos que los “Interplaca” -como el de 2010 en Chile- pero de gran poder destructivo. Tal es el caso del infame terremoto de Chillán en 1939, que cobró cerca de 6 mil vidas, el más alto número en Chile pese a no ser el de mayor magnitud.

En este contexto cobra importancia el trabajo del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRID y el Programa de Riesgo Sísmico PRS de la Universidad de Chile, que como parte de la Estrategia Santiago Humano y Resiliente realizaron un recuento de la situación sísmica de la capital, disponible en www.santiagoresiliente.cl.

En dicho estudio, se adelanta que la exitosa norma sísmica chilena está más bien basada en la experiencia de sismos Interplaca, y que se requieren más estudios y normativas para los Intraplaca y en particular los corticales o superficiales. También advierte que la estructura geotécnica de la cuenca de Santiago requiere considerar el efecto de sitio de la cuenca para estos tipos de sismos, que afectarían en particular zonas de Maipú y Pudahuel. Por otro lado, la Falla de Ramón tiene el potencial de generar terremotos superficiales que afectarían de manera importante la zona oriente de Santiago. Los estudios actuales de la Falla de Ramón establecen la posibilidad de un evento de magnitud Mw. comprendida entre 6.6 y 7.4, con desplazamientos promedios de 1 a 4 m.

Un estudio preliminar de Georesearch publicado en Pulso indica que en el área de influencia directa de la Falla de Ramón se encuentran al menos 80 jardines infantiles, 7 clínicas, 4 hospitales y 5 cuarteles de Carabineros y un reactor nuclear. Para no subestimar el riesgo sísmico en la región, ni alarmar irresponsablemente a la población, es necesario continuar con una caracterización de la amenaza sísmica, incorporando las vulnerabilidades físicas y sociales en las normativas y planes vigentes.

Si bien se ha avanzado en la creación de una red de monitoreo, es deber de las autoridades informar  a la comunidad sobre los reales riesgos asociados a estos peligros, y tomar medidas como en Nueva Zelandia, donde luego del terremoto de 2011 en Christchurch se zonificó y condicionó la edificación en las zonas de mayor riesgo.

Dar a conocer los mapas de riesgo sísmico y regular la edificación no será fácil, ya que afectará el patrimonio de miles de propietarios de los suelos de mayor valor en la capital, pero es nuestra obligación moral internalizar esos riesgos y prevenir, antes que lamentar, como en México, el colapso de colegios o jardines infantiles con niños adentro.

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56 días

Quedan exactamente 56 días para la primera vuelta presidencial. Con el inicio oficial de las campañas, la semana pasada, no solo la carrera por La Moneda entró en tierra derecha, con el despliegue en terreno, los banderazos y los jingles que ya comienzan a sonar. También transita por la recta final la crucial decisión que deberán tomar los chilenos, especialmente aquellos que aspiran a que exista un cambio positivo en la conducción del país. Quienes quieren que el país retome la senda del crecimiento, de creación de empleos, el sentido de unidad y diálogo perdido en estos cuatro años, la preocupación por los problemas reales de la gente.

Por todo aquello, un elemento clave será la responsabilidad con que cada ciudadano ejerce su derecho a sufragio en la primera vuelta, más aún teniendo en cuenta que en las últimas cuatro contiendas presidenciales en nuestro país ha existido un balotaje. Las estadísticas demuestran que en Chile se ha vuelto difícil alcanzar el 50% más uno de los votos en primera ronda. Claramente, no da lo mismo cómo queden posicionados los candidatos para la segunda vuelta. En 2009, el expesidente Piñera obtuvo un 44,06% de los votos y su principal contendor, Eduardo Frei, un 29,6%. El 14,46% que los separaba se transformó en una diferencia irremontable entre ambos y permitió a la centroderecha volver, después de cincuenta años, a la conducción del país.

Es cierto, aunque suene cliché, que las elecciones no se ganan hasta que se cuenta el último voto. Pero aquí el análisis es obvio: lo importante que es la diferencia que se produzca entre las dos principales candidaturas, que son las que van a pasar a segunda ronda. A mayor distancia, más se afirman las posibilidades de ganar.

Algunos hablan del “voto útil”, de la estrategia para evitar la fuga de votos hacia candidatos que no tienen opciones reales de ganar. Pero es mucho más que eso, es un voto responsable, pensando en los enormes desafíos que tiene el país por delante. Voto en primera vuelta por éste y en segunda por Piñera porque sé que va a pasar. En esta actitud está el error. No son tiempos para darse gustitos personales ni correr riesgos. Es tiempo de reflexionar sobre los profundos efectos que tendrá la decisión que cada uno tome en la soledad de la urna el próximo 19 de noviembre.

Más aún cuando en la vereda del frente la estrategia será clara. Quienes quieren aferrarse al confort que hoy les entregan los cargos públicos y las prebendas del Estado y ven con pánico la posibilidad de perder el poder, buscarán unirse en un “todos contra Piñera”.

Esta presidencial será, tal vez, la más importante desde el retorno de la democracia, pues lo que está en juego es la posibilidad de volver a poner de pie a nuestro país y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y siempre en la confianza está el peligro. Con voto voluntario, no solo está el desafío de movilizar a la mayor cantidad de personas, sino de que se comprenda la importancia de votar bien.

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Una reacción positiva

Las declaraciones de Beatriz Sánchez, aduciendo la presencia de Sergio Melnick en un programa de TV que la había invitado, como razón para no asistir, han provocado un efecto positivo dentro de todo. Salvo alguna defensa de incondicionales, el rechazo a su postura ha sido unánime y eso es un aporte en una sociedad que sufre de desconfianzas e intolerancias que se han transformado en dificultades serias para avanzar como país.

En una sociedad cada vez más diversa, culturalmente y en su representación política, la disposición a entenderse con los diferentes es de los mayores desafíos de la política actual. Chile no es gobernable sin el entendimiento entre los distintos. Lo vivimos como tragedia en La Araucanía; como nostalgia por los acuerdos durante la Concertación, cuyos balances, sin apelación, son mejores para los chilenos que la de los tiempos de retroexcavadoras y patines; como invocación para segunda vuelta en la centroizquierda; como convicción de cada político visionario, cuya ambición es no solo ganar elecciones sino hacer viable un Chile futuro mejor.

Las reacciones me abren esperanzas. Estoy convencido de que sin una disposición al acuerdo, sin una tolerancia a la diferencia mayor que en los últimos años, sin una capacidad para dejar de ser cautivos del pasado (lo que no implica negarlo u olvidarlo), no hay ganador en las próximas elecciones que pueda hacer algo valioso por Chile.

Los acuerdos fueron claves para una transición democrática en los 90, donde se olvida que 44% de los chilenos había votado por Pinochet, que este mantenía el control de las FF.AA. y que necesitábamos un acuerdo público privado para terminar con 5 millones de pobres y el sector privado desconfiaba de quienes habían ganado la elección. Los acuerdos fueron una necesidad política. Es discutible si pudieron ser mejores, pero no su necesidad política.

Hoy las razones son distintas y se requiere menos cojones que entonces para aceptar acuerdos en la actual diversidad de nuestra sociedad. La intolerancia, la cerrazón en la verdad propia hasta considerar traición cualquier acuerdo, es sinónimo de incapacidad de dar gobernabilidad a Chile. Ni más ni menos es lo que está tras las declaraciones de Beatriz Sánchez.

Y excúsenme una sensibilidad propia de quien ha vivido suficiente como para acumular mucho recuerdo. Cuando se considera “decente” excluir a alguien de los medios de comunicación aduciendo su pasado político, no puedo dejar de responder que eso fue exactamente lo que vivimos en tiempos de dictadura. Políticos, dirigentes sociales, cardenales, periodistas, vetados en los medios. Si Beatriz Sánchez fuera consecuente y ganara, debería adelantar desde ya cuales son los nombres que “la decencia” le exigen excluir de los medios. No era Sergio Melnick el único chileno que trabajó o apoyó a Pinochet, ni tampoco el único con quien ella tiene diferencias.

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Bea Sánchez define un país “decente”

Beatriz Sánchez, candidata presidencial, se negó a participar en un programa periodístico de Canal 13 simplemente porque yo soy uno de los seis miembros del programa. Según ella, un país “decente” no puede tener en la TV a quien fue ministro en el régimen militar. De paso, por el mismo expediente, y que yo considero realmente fuerte, es que de esa manera califica de indecentes al Canal 13, al diario La Tercera, la radio Agricultura, y a la Revista Capital, que son medios en los que actualmente participo. También debe ser indecente para ella Chilevisión, que me tuvo en Tolerancia Cero por tres años, o Mega también. Ni hablar la implicancia a muchos otros medios diversos que me han entrevistado desde 1990, que también pasarían a ser indecentes, partiendo por TVN, donde he ido muchas veces. También probablemente serían indecentes para Sánchez la Universidad de Chile y la UAI donde hice clases después del 90. Quizá el Estado, en su lógica, debió prohibir la formación de La Red (a mi cargo) donde ella trabajó. A todo evento no puedo sino agradecerle la tremenda importancia nacional que me ha asignado, pero que nuevamente representa un mal diagnóstico.

Para la opinión general sobre este asunto, al parecer, simplemente no se atrevió a ir al programa, al que curiosamente han asistido los máximos dirigentes del Frente Amplio, varios PC y de otros partidos de izquierda, con quienes ha habido siempre una discusión respetuosa. Hasta Artés participó en el programa.

La Sra. Sánchez se instala ahora a sí misma, y por sí misma, como una nueva versión histórica de la gran inquisidora. Ella acusa y juzga por sí misma. Ella decide quién es bueno o malo, o decente e indecente. Ella es al parecer la única poseedora de la verdad, también por cierto de lo que “realmente” fue la historia del país. Ella es quien determina la ética en la sociedad, y no la ley como ocurre en un estado de derecho. Y cree tener derecho a censura.

Si eventualmente gobernara, obviamente no podría hacerlo para todos, ya que al 44% de la población que votó por el Sí, ella ni siquiera le hablaría, es decir, casi la mitad del país. Grave problema tendría en el Congreso con muchos parlamentarios a quienes tampoco les hablaría. Me imagino que nunca dará entrevistas a El Mercurio, El Líbero, El Muro,  o La Segunda, entre muchos otros. Seguramente debe detestar profundamente a la DC que apoyó el golpe. Ni hablar de conversar con algún uniformado de más de 50 años. Me imagino que consecuentemente a sus principios, de inmediato rompería relaciones diplomáticas con Cuba, Corea del Norte, Siria, Venezuela, varios países africanos y otros. Amigos, así no se construye un país. De alguna manera me recuerda a Maduro cerrando y sancionando medios.

La Sra. Sánchez está decididamente anclada en el pasado. Sigue en la polaridad del Sí y el No. Es interesante recordar que alemanes y franceses que se odiaban en la guerra, volvieron a ser amigos. Colombia se pone de acuerdo con las Farc, que raptaba y mataba. Americanos y japoneses, con una guerra y bombas nucleares de por medio, son hoy aliados. Trump es amigo de Putin. Los chinos se hacen capitalistas y suma y sigue. Pero Sánchez sigue con la misma odiosidad taxativa que ya reventó al país en el pasado. Lo que llama “sus ideas” son slogans de hace 60 años, al menos lo que se apreció cuando tuvo que hablar de ciencia y tecnología.

Más allá de que sus comentarios se refieren a mí, creo que se equivocó severamente en esta oportunidad. Se mostró muy inmadura, y mostró una vena profundamente antidemocrática. No hace honor a su profesión de periodista.

Si no se atrevió a ir al programa, debió inventar una mejor excusa. Quizás recapacite, ofrezca una excusa, y decida ir al canal que llamó indecente. Yo por cierto estaré ahí para debatir ideas (no acusaciones o descalificaciones) con el respeto que merece la audiencia y la elección en curso.

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Cunde la impunidad

Cuatro “comuneros mapuches” formalizados por un incendio intencional de una iglesia evangélica en La Araucanía, incluyendo disparos a los presentes, iniciaron hace unos meses una huelga de hambre exigiendo que no se les aplique la ley antiterrorista y que se les deje en libertad provisional.

En un país civilizado esas demandas no tendrían oportunidad, pues los imputados no dictan las reglas, sino que se aplican las leyes y la preocupación se centra en las víctimas. Pero estamos en Chile y dado que se ha ido deteriorando la salud de los rebeldes (para eso se hacen las huelgas de hambre), las izquierdas de todo tipo se movilizan para pedir una “solución”, que no significa otra cosa que se ceda a la presión. Usted, que financia el sistema con sus impuestos, sabe que así será y que habrá impunidad por angas o por mangas.

No es primera vez que sucede: en 2015 el comunero Cristián Levinao, condenado por robo, quería que lo trasladaran a una colonia penal, no obstante no cumplir los requisitos reglamentarios, para lo cual inició la respectiva huelga de hambre. Por cierto, lo consiguió. Después del irregular traslado, se fugó de la colonia, que tiene un bajo nivel de seguridad. Quien piense que con el nuevo gobierno todo esto puede cambiar, le recuerdo que Sebastián Piñera -a quien las encuestas dan como ganador- en su anterior mandato le hicieron una huelga de hambre y cedió de inmediato a las demandas, recalificando delitos terroristas como delitos comunes.

A Héctor Llaitul, comunero condenado a 14 años por robo, el tribunal de garantía le rebajó en cinco años la pena impuesta, a pesar de que la sentencia estaba ejecutoriada. ¿Cómo es posible? Porque el Código Penal, en una norma que le fue introducida en el gobierno de Salvador Allende, dice que estando la sentencia ejecutoriada, si se dicta una ley que exima de pena o aplique una menos rigurosa, hay que modificar la sentencia, incluso si se ha cumplido la condena. Y como hubo un cambio en la ley que pena el robo, el juez resolvió que beneficia al comunero. Pero sucede que la norma del Código es inconstitucional, porque si bien la Carta Fundamental ordena aplicar la norma más favorable en materia penal, eso es para casos pendientes y no puede afectar la cosa juzgada, dado que la propia Constitución prohíbe que la ley reviva procesos fenecidos.

Pero la impunidad no solo cunde en La Araucanía. Entró en vigencia la ley que despenaliza el aborto en tres casos y sin más trámite se dejó sin castigo una causa pendiente de 2015, ya que supuestamente hubo violación. Lo grave es que con el precedente “Llaitul” se podrán reabrir hacia atrás sin límite todas las causas por aborto, alegando alguna de las tres causales y modificar las sentencias. Y qué decir del robo que usted sufrió: habrá que aplicar la norma más favorable al delincuente condenado (es un argumento retórico nada más, sé que ni se investigó).

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Preguntas

Hemos fracasado. Más allá de todos los esfuerzos e iniciativas de estas décadas, la relación con nuestros pueblos originarios y especialmente la convivencia en la región de La Araucanía solo ha empeorado. Pese a los cambios constitucionales, varias leyes, creación de institucionalidad, programas de fomento y destino de cuantiosos recursos, se vuelven a repetir los hechos de violencia -tanto delictuales como terroristas- que nos obligan a interrogarnos por cuál es el próximo paso o por dónde es posible construir una solución que deje meridianamente satisfechas a todas las partes.

Y quizás lo primero sea reconocer que no hay forma de cumplir con las expectativas de todos, y muy especialmente de los grupos más radicalizados -de uno u otro lado- cuya acción derechamente conspira con la posibilidad de una convivencia conjunta, al punto de negar la existencia del otro, como la legitimidad de sus pretensiones y el reconocimiento de sus derechos. Por lo mismo, cualquier razonable salida al conflicto supondrá siempre la posibilidad de que una minoría se resista a dicho acuerdo, aunque su acción no sea representativa de la comunidad local ni del grupo al que dicen representar.

Lo segundo, entonces, es interrogarnos por cuáles son las manifestaciones de esa disidencia que como sociedad estamos dispuestos a tolerar. Ningún acuerdo será posible si éste no se construye sobre la intolerancia radical y mayoritaria a cualquier acto que lesione gravemente el derecho de los demás. Mientras no exista un reproche y sanción colectiva a la violencia, especialmente entre los propios pares, será imposible legitimar cualquier proceso que tienda a una solución definitiva.

Pero cuando de derechos se trata, y ahora en tercer lugar, no solo me estoy refiriendo a la vida, integridad física o propiedad de los habitantes y empresas de la zona; sino que también a un conjuntos de derechos de los pueblos originarios, ancestrales y nacionales, cuyas vulneraciones históricas y sistemáticas, y su no reconocimiento y reparación todavía, alimentan la frustración e injusticia de una comunidad que seguirá viendo con escepticismo los esfuerzos y promesas que provengan del Estado.

¿Y de qué Estado? ¿Estamos dispuestos, junto con reconocer a los pueblos originarios, a declarar que Chile tiene un origen plurinacional y establecerlo así en nuestra Constitución? ¿Podemos avanzar en mayores niveles de autonomía local, donde por de pronto partamos por garantizar su representación política en el parlamento? Y por su parte, ¿están los principales líderes del pueblo Mapuche disponibles para condenar, sin matices y explicaciones, los actos de violencia que se suceden en la zona y facilitar que se investigue y condene a los culpables?

Quizás valga la pena partir haciéndose éstas y otras preguntas.

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