Óscar Contardo's Blog, page 76

Créditos bancarios y financiamiento electoral

A raíz de la dificultad de algunos candidatos presidenciales y parlamentarios para obtener créditos de la banca para sus campañas, han vuelto al tapete las recientemente aprobadas nuevas reglas de financiamiento a la política. Recordemos que estas surgieron de los casos Penta y SQM que tanto escandalizaron a la opinión pública y que destaparon un entramado de financiamiento irregular a la política, particularmente de empresas a través de boletas denominadas ideológicamente falsas.

Como consecuencia de lo anterior, a principios del año pasado, se aprobaron por el Congreso una serie de reformas a las normas de financiamiento a la política que se implementaron por primera vez en las elecciones municipales pasadas.

Entre ellas, se prohibió el financiamiento de empresas a candidatos, se redujo el límite al gasto electoral a prácticamente la mitad –excepto para las elecciones municipales-, se aumentó considerablemente el financiamiento del Estado –vía anticipos y reembolsos-, se estableció un límite máximo de aportes propios que los candidatos pueden realizar y se dio mayor transparencia a todo el sistema de aportes privados. Todo lo anterior con el objetivo de una mayor rendición de cuentas de candidatos y autoridades electas hacia la ciudadanía, evitar la captura de la política por parte de intereses privados y equiparar la cancha entre los distintos aspirantes a cargos de elección popular.

A diferencia de lo que han señalado varios, estas nuevas reglas en nada vienen a cambiar la posibilidad de los candidatos de acceder a créditos del Banco Estado o la banca privada. En ese aspecto, salvo la prohibición de que estos realicen donaciones, en nada se innovó y, por el contrario, se estableció un mecanismo de pago directo con los reembolsos correspondientes. Por esto, extraña que se hagan llamados a hacer cambios a leyes recientemente aprobadas por estas dificultades. Las razones de estas negativas se deben a una interpretación que hace más de 20 años tiene el Banco Estado sobre la posibilidad de otorgar créditos a parlamentarios en ejercicio (por una disposición constitucional de larga data), o a que los bancos privados no quieren asumir riesgos, ya sea por motivos reputacionales o por la imposibilidad de cobrar los créditos ante eventuales fracasos electorales.

El acceso al crédito es una forma relevante de financiar campañas con cargo al reembolso que luego hace el Estado. No cabe duda de que es un modo que puede contribuir a equiparar la cancha para candidatos desafiantes que no cuentan con ciertas ventajas propias de un incumbente, o para independientes que no cuentan con las espaldas y apoyo de un partido político. Por esto, no hay que cerrarse a buscar fórmulas para que esta opción siga siendo un modo importante de financiar campañas.

Sin embargo, lo anterior no puede implicar que retrocedamos en estándares en los cuales hubo consenso hace un año atrás, como el prohibir el financiamiento de empresas. Tampoco abrir la puerta a malas prácticas que se han visto en el extranjero, como préstamos bancarios simulados, que luego son condonados, de modo que finalmente se tratan de una donación encubierta o que los créditos sean pagados por terceros de manera poco transparente o con vulneración a las reglas de donaciones.

Para que los principios que orientaron las nuevas reglas se respeten, el acceso al crédito debe ser bajo reglas equivalentes para todos, transparentes y que de garantías a los bancos e instituciones financieras para que no asuman solos los riesgos propios de una elección –ya sea mediante la exigencia del aval de una persona o un partido, por ejemplo-.

Las nuevas reglas no están escritas en piedra y pueden seguir perfeccionándose con el aprendizaje obtenido de su implementación en las elecciones municipales y de este año. Sin embargo, hay que estar atentos a que no abramos nuevas puertas a financiamiento irregular que impliquen una captura de la política. Eso solo puede llevar a continuar aumentando la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas y desincentivar la participación.

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Racismo judicial y violencia

Hablemos de la Operación Tauro. Así bautizó Carabineros una operación de inteligencia para desbaratar una supuesta “escuela de guerrillas” en las comunidades de Ercilla. En enero de este año hubo allanamientos y detenidos en cuatro regiones. Se logró la incautación de armas largas y cortas, incluidos modernos fúsiles de guerra expuestos en una concurrida rueda de prensa. Solo había un pequeño detalle; se trataba de armas de plástico. Tal como lo leen.

El arsenal trataba de réplicas para practicar airsoft, deporte que cuenta con decenas de clubes en todo Chile y cuyos implementos se venden libremente por internet, no siendo necesario encargarlos a Siria o Colombia. Aun así, uno de los detenidos, el dirigente mapuche Hugo Marileo Lican, fue acusado de formación de milicia privada, tenencia ilegal de armas y otros graves cargos. Y encarcelado ipso facto, sin posibilidad de otra medida cautelar.

Esta semana Marileo fue llevado a juicio oral. Y finalmente solo por una vieja escopeta de caza hallada en su casa, similar a la que muchos campesinos usan para espantar zorros y peucos. ¿Resultado del juicio? El dirigente fue absuelto por la unanimidad de los jueces y dejado en libertad. Pero la delirante acusación de los fiscales lo tuvo ocho meses preso en la cárcel de Angol. Ocho meses alejado de su comunidad y familia. También de su rol público.

Hablemos de la Operación Huracán. Un nuevo operativo de “inteligencia policial”. Nuevas acusaciones en primera plana. Y nuevos mapuche detenidos que pasarán tal vez un año o más tras las rejas antes de que un trio de jueces evalúe la seriedad del trabajo de policías y fiscales. Pero poco importa. Para el gobierno, gremios y la derecha el caso está más que resuelto; los supuestos terroristas del wasap son culpables. No tienen dudas al respecto.

“El fiscal no decide si hay o no culpabilidad, presenta pruebas a un juez quien es el encargado de evaluar los antecedentes”, escuché decir esta semana a Francisco Undurraga, presidente de Evópoli, en entrevista con CNN Chile. Undurraga no se refería a los mapuche detenidos en la Operación Huracán. Tampoco al ciudadano Hugo Marileo a quien el Estado privó injustamente de su libertad por ocho largos meses. Hablaba de Sebastián Piñera y sus nexos poco santos con SQM.

¿Es idea mía o al sur del Biobío la presunción de inocencia es solo una curiosa idea posmoderna? ¿Por qué la inocencia que se presume de políticos y empresarios ante cualquier acusación penal en el caso mapuche brilla por su ausencia? Permítanme decirlo; lo arbitrario de la persecución penal contra los mapuche ha adquirido ribetes de segregación racial, de verdadero apartheid judicial. Y el racismo, sépanlo, es el perfecto abono de la estupidez de unos y la violencia de otros.

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Los desafíos de la infraestructura digital

El mundo está inserto en un proceso de cambio tecnológico que el Foro Económico Mundial ha calificado como la Cuarta Revolución Industrial. La Primera fue la mecanización de los procesos productivos usando agua y vapor. La Segunda incorporó la electricidad que permitió la producción en masa. La Tercera habría sido la revolución informática que permitió la automatización de los procesos. Esta Cuarta Revolución Industrial sería una revolución digital que se caracteriza por la fusión de tecnologías que está borrando la línea divisoria entre las esferas física, digital y biológica. Según Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, esta no sería una prolongación de la Tercera debido a “su velocidad, el alcance y su impacto sistémico”. La velocidad de los avances evoluciona a tasas exponenciales en vez de lineales, como ocurrió en el pasado. Su alcance es tal que está alterando casi todas las ramas industriales en todo el mundo. La amplitud y profundidad de estos cambios no sólo está transformando los sistemas de producción, sino también los medios de gestión y gobernanza.

Chile no está al margen de esta Cuarta Revolución. De hecho, ya tenemos sectores, como la Gran Minería, donde el proceso productivo está cada vez más automatizado y crecientemente se maneja desde sedes remotas. De hecho, una parte creciente del transporte de los minerales se hace en camiones “autónomos”, es decir, sin chofer No está lejos el día en que la extracción y procesamiento de minerales sea tarea de robots.

Para mantener la competitividad de nuestras industrias de exportación, esto que ya se vislumbra en la minería tendrá que ocurrir en otras ramas industriales. No hay que tener mucha imaginación para prever las aplicaciones de nuevas tecnologías en la industria forestal, en los puertos y, en general, en cualquier actividad repetitiva, incluyendo el transporte de todo tipo.

A la vez, se nos abre la posibilidad de gestionar de mejor manera la infraestructura existente y la que construyamos en el futuro. Si las carreteras tuvieran controles electrónicos y los vehículos se condujeran automáticamente, podríamos poner muchos más autos en el mismo espacio y moverlos mucho más rápido. Ya hay varios estados de los EE.UU. y ciertas carreteras europeas donde se están probando camiones autoconducidos. El mismo principio se podrá aplicar en zonas urbanas para gestionar de mejor manera el desplazamiento de los vehículos motorizados, limitando los efectos adversos de la congestión. En esa dirección apuntan “aplicaciones” digitales como Waze.

También hay avances en medicina (ya se hacen operaciones robóticas y se han desarrollado brazos artificiales que permiten manejos tan finos como hacer tatuajes), en control remoto de aparatos (el Internet de las cosas, se venden estufas que se prenden y se apagan por celular), en comunicaciones (cada vez más intensivas en el uso de videos), en educación personalizada (donde hay avances notables) y medios de transporte alternativos (como los drones).

Seguir avanzando en esa dirección requiere una base de infraestructura digital que hoy no tenemos y donde, a pesar de los importantes avances, nos hemos ido retrasando respecto de otros países. Nuestra velocidad promedio de banda ancha es equivalente al 40% de la OCDE y 60% menor que las de los 10 países de mejor desempeño.

De ahí que una de las tareas fundamentales que enfrentamos como país es expandir y reforzar las redes nacionales e internacionales de fibra óptica y mejorar su calidad (capacidad de transmisión). En seguida hay que mejorar la calidad de la conexión de “última milla” (a hogares, oficinas, servicios públicos, etc.) para permitir a los usuarios transmitir grandes cantidades de datos en alta velocidad. Esto permite ver películas “en línea” o que un médico con algunas enfermeras simultáneamente monitoreen las condiciones de salud de 150 pacientes distribuidos en distintas lugares de una misma ciudad, como ocurre en los EEUU.

Las naciones que no se suban a la Cuarta Revolución Industrial corren el riesgo de quedarse en el pasado. Ese es un riesgo que, como país, no debemos estar dispuestos a correr.

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¿Fortalecer las universidades del Estado?

Con ocasión de la reciente aprobación de la idea de legislar el proyecto de Ley de Universidades del Estado, salta a la vista las incongruencias entre la idea de base de fortalecer a los planteles estatales y los términos que propone su articulado preliminar.

En efecto, el proyecto contiene, al menos, dos aspectos inconsistentes con el pretendido fortalecimiento que estaría en su espíritu.

El primero reside en establecer un régimen diferenciado entre aquellas instituciones que han promulgado sus estatutos post ‘90, consagrando regímenes de gobernanza emanados de la autonomía y soberanía de sus comunidades –condición indispensable de cualquiera universidad pública- y aquellas que integrarían las normativas explicitadas en el Proyecto. Si bien puede ser un avance para éstas ultimas contar con criterios específicos como universidades del Estado, el sentido de una Ley de la República debería establecer criterios transversales, que, respetando las especificidades de los planteles, definiera un marco común basado en la participación democrática de sus comunidades.

No hubiera sido tan difícil diseñar un proyecto de Ley que, en acuerdo con las universidades que han podido prosperar en estos aspectos, avanzara en un proyecto con valor país y no dejara la ambigüedad –y peor aún, un eventual conflicto- entre instituciones del Estado. Lamentablemente, el gobierno no quiso, no pudo o no supo apoyarse en un análisis riguroso de lo que sería mejor para el sistema, a fin de entregar una señal política que le habría hecho tan bien al país.

El segundo punto, tanto o más importante, se refiere al financiamiento. El fortalecimiento no puede ser sólo una declaración de principios, ni sólo establecer normativas diferenciadas para instituciones de naturaleza diferente. Requiere, en cambio, avanzar en aportes financieros permanentes y progresivos para las instituciones del Estado.

A esto debe sumarse un aumento de la matrícula para las universidades estatales – que deben realizar no solo formación profesional, sino generación de conocimiento y vinculación con el medio- que vendría a restituir al menos parcialmente la condición desmejorada en que éstas se encuentran. A ello es necesario agregar un estimulo real que le dé perspectivas de desarrollo a estas instituciones en el marco de un proyecto país.  Ninguna de estas medidas se consideran en el Proyecto..

De mantenerse, la situación es muy grave porque no solamente evita la real restitución de un sistema publico de educación superior fortalecido por el Estado, sino que puede terminar por consagrar el mismo modelo que tanto este Proyecto como el de Reforma al Sistema de Educación Superior se suponía proponían superar.

Esta situación se suma al hecho que instituciones privadas reciben recursos públicos a través del sistema de gratuidad, incrementando su patrimonio financiero –ya facilitado por una escasa regulación–, manteniendo la lucha por la sobrevivencia de instituciones de naturaleza muy distinta al amparo de la oferta y demanda.

Aún es tiempo que el Ejecutivo como el Parlamento puedan reconocer que una verdadera Ley de Universidades del Estado no es solo una declaración de principios, sino una plataforma política, normativa y financiera. Es de esperar que la necesaria movilización de las comunidades de los planteles estatales ayude a este reconocimiento y a un verdadero cambio en el sistema de educación superior chileno.

 

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Los ejes de fin de gobierno

La presidenta Michelle Bachelet ha marcado un eje de fin de gobierno que retoma parte del hilo de sus planteamientos programáticos. La etapa gubernamental del “realismo sin renuncia” implicó aceptar una reforma tributaria mínima, que no le permitió realizar una política social más activa, junto a no hacer gran cosa en materia de escuela y universidades públicas, además de dejar en manos de un ministro de Hacienda neoliberal una reforma laboral deslavada -y disminuida además por el Tribunal Constitucional – y un proyecto de reforma previsional que deja a las AFP tal cual, pero sobre todo dejar de lado la idea de una nueva Constitución a ser tramitada en su gobierno como prioridad política.

Ahora una renovada voluntad reformadora se ha evidenciado en las decisiones presidenciales en la crisis de gabinete por el proyecto minero Dominga, así como en su discurso en la ONU, en el que destacó la ley del aborto en tres causales, la gratuidad universitaria y el crecimiento sustentable como concepto alternativo al del crecimiento a toda costa. Esto se acompañó de un proyecto de ley que restringe el uso de las bolsas de plástico, junto a la voluntad de avanzar en una ley migratoria protectora y en temas de derechos humanos como permitir para fines judiciales con menos trabas, si así lo desea la víctima, el levantamiento del secreto de los testimonios de tortura. Veremos si la agenda legislativa que queda permite avanzar en algo de todo esto.

Tal vez, en todo caso, contribuya a recomponer el prestigio del espíritu reformador y animar mayores debates sobre el futuro de nuestra sociedad y sobre los fines colectivos deseables y los medios para alcanzarlos. Estos debates han escaseado, por el momento, en la campaña presidencial, aunque los dilemas de fondo permanecen. Los ejes de estructuración del campo político se han desdibujado por la confusa nueva identidad de “centroizquierda” en que devino la Concertación y luego la Nueva Mayoría, es decir un centrismo inocuo de baja coherencia política. Con la consecuencia de alejar a una mayoría de ciudadanos de la participación política y de contribuir a desacreditar –junto a la nostalgia autoritaria que sectores de la derecha no dejan de propagar- a la democracia como el espacio de la deliberación y decisión propio de las sociedades modernas. Y con la consecuencia, de paso, de facilitar el vuelco de muchos electores hacia el voto pragmático e individualista a favor de una derecha que promete mejorar la economía con el mensaje subyacente -y falso pues sus políticas básicamente no conducen a otra cosa que mantener la concentración aguda del ingreso y de las oportunidades- de que tiene la clave de una mayor prosperidad. O bien con la consecuencia de incitar nuevas identidades políticas generacionales contestarias sin capacidad de articular alternativas mayoritarias de cambio social.

El eje izquierda/derecha es básicamente el de la diferenciación de posturas sobre la igualdad/desigualdad social. Como Chile es campeón internacional de la desigualdad (el 1% más rico controla el 33% del ingreso, según el Banco Mundial), pasará mucho tiempo antes de que ese eje deje de estar vigente. Las diferencias de ingresos y de propiedad de activos no pueden entenderse como hecho natural (‘siempre ha habido pobres y ricos’) sino como fruto de una construcción política y económica históricamente dada, y por tanto modificable por la acción política, en nuestro caso con vocación reformadora y que apunte a disminuir brechas de ingresos, de oportunidades económicas y territoriales. Eso implica inevitablemente conflicto y requiere, también en nuestra opinión, asumirlo en los cauces del Estado de derecho pero con decisión y voluntad. Y supone no prolongar la ilusión de un centrismo blando puramente adaptativo a las contingencias como supuesta única vía de funcionamiento correcto de la democracia. Se podrá discutir si este enfoque centrista, al que se terminaron sumando las representaciones tradicionales de la izquierda que priorizaron su participación en el Estado y abandonaron a la sociedad de la que provenían, cumplió o no una función necesaria en la transición a la democracia. Pero indiscutiblemente ya no cumple función alguna en la evolución hacia una democracia madura, basada en la deliberación sobre las opciones que existen en la sociedad frente a los problemas diversos que la aquejan, acompañada de la reorganización eficiente del Estado para llevar adelante más y mejores políticas públicas alejadas de las promesas clientelistas.

“Representar a la ciudadanía” desde la izquierda o el centro reformador no puede hacerse ya sin asumir los intereses de la mayoría social. ¿Existen intereses contrapuestos entre los sectores de la sociedad que viven básicamente de su trabajo y los de las minorías oligárquicas que concentran el poder en la economía y la política? Evidentemente es así, por lo que la agenda de redistribución del poder en Chile permanece enteramente vigente. Una nueva constitución y una nueva estrategia de desarrollo diversificado basado en mayores capacidades humanas son los dos grandes medios para avanzar al objetivo de construir una democracia social que sostenga y amplíe el bienestar de las mayorías.

Más allá de los aciertos y errores de uno u otro gobierno, incluyendo el actual, o de uno u otro liderazgo, la hoy en retroceso izquierda democrática tiene el desafío de proyectarse. Y eso solo podrá lograrlo planteando con claridad una renovada agenda para hacerse cargo de disminuir las desigualdades de ingresos y oportunidades mediante nuevas reformas tributarias, laborales, territoriales y educacionales que fortalezcan servicios públicos universales y un Estado de bienestar moderno y eficiente. Esto requiere sin ambigüedades de un gobierno más fuerte para redistribuir recursos y de una economía dinámica para tener qué redistribuir. Esto supone, en el contexto de una economía mixta, no suprimir el mercado sino regularlo y reemplazarlo total o parcialmente cuando es necesario, y bien sabemos que lo es en educación, en salud, en pensiones, en inserción social y empleo decente, en medio ambiente, donde resuelve muy poco o nada. Especial relevancia tiene la defensa de los ecosistemas contra el productivismo destructor, defensa que se reconoce en el deber de responsabilidad con las nuevas generaciones preservando los equilibrios ecológicos (empezando por la lucha contra el cambio climático) y la biodiversidad. Chile debe crecer en ciertas cosas y decrecer en otras, y no seguir con la religión del crecimiento a toda costa que, además, concentra el ingreso de manera persistente.

Esa izquierda moderna también debe seguir asumiendo, más allá de la economía y en contra del autoritarismo conservador, la lucha por el derecho a una vida autodeterminada. Esto incluye los derechos de las mujeres a disponer de su vida y de su cuerpo, el respeto de la diversidad sexual, de la diversidad cultural y de la libertad de pensamiento y expresión mediante la laicidad del Estado. Es fundamental seguir bregando para conquistar una dimensión civilizatoria moderna central: la emancipación de la mujer del patriarcado. Así como honrar la deuda histórica con los pueblos indígenas, respetando su cultura y autodeterminación en un Estado plurinacional basado en valores comunes y derechos universales.

Asimismo, la reforma de la acción política, luego de su visible deterioro en la última década, debe mantener una alta prioridad, incluyendo la promoción de la transparencia, la veracidad en la deliberación pública, el respeto de las minorías, el reconocimiento del otro a partir de una común base de derechos fundamentales, la reciprocidad y la cooperación. Representar al pueblo es defender sus intereses de corto plazo, pero también reconocer la diversidad de esos intereses -no siempre compatibles entre sí – y reconocer que no se puede hacer todo al mismo tiempo, lo que supone una nueva elaboración estratégica para hacer congruentes los fines y los medios en los tiempos actuales. Por eso los partidos son necesarios, especialmente los que se proponen transformar la sociedad hacia más igualdad y sustentabilidad, no como un fin en sí mismos, sino para articular intereses legítimos diversos y articular el corto y el largo plazo. No se puede pedir esa tarea a los movimientos sociales. Pero si esos partidos se burocratizan y defienden solo los intereses de aquellos de sus miembros que procuran el acceso a empleos en el Estado o, peor aún, se subordinan a los poderes económicos en nombre del realismo mal entendido, entonces hay que darlos por obsoletos y recrearlos.

 

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Turismo: en el día mundial, Chile bate todos los records

El 27 de septiembre es el día instaurado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para conmemorar cada año el Día Mundial del Turismo. En Chile es la época del año donde comienza a llegar la primavera, con todos sus matices y tonos, y con el colorido de su temporada sigue floreciendo y trayendo brotes alegres para nuestro turismo. Un simple recorrido por las calles de Santiago alcanza para apreciar el semblante de su nueva cara, cosmopolita, pluricultural, heterogénea, plena de visitantes, turistas, inmigrantes, que sin duda decoran, nutren y otorgan a la patria nuevos y refrescantes bríos.

Cuando menciono cuentas alegres, hablo de records y cifras históricas y que dicen relación con los indicadores de llegada de turistas internacionales a nuestras tierras. Para entrar en cifras elocuentes y por dar un ejemplo, hoy y según reporta la OMT, el año 2016, Chile fue capaz de atraer más turistas que Argentina, totalizando poco más de 5.6 millones de visitantes. Este último resultado posiciona a Chile en la actualidad, en el segundo lugar a nivel sudamericano entre los países que más reciben turistas internacionales antecedido solamente por Brasil.

Lo anterior dista ostensiblemente de lo que ocurría hace una década atrás, donde Argentina prácticamente nos duplicaba en número de llegadas de turistas y en Chile sólo se trabajaba a base de expectativas y sueños de largo plazo, que hoy por hoy y a buena hora, son una dulce realidad.

Al correr de este año ya las cifras de este indicador avanzan con fuerza y superan a las del año pasado en lo que respecta a llegadas de turistas, dejando al haber y trazado en el horizonte por parte del Gobierno, un pronóstico de 6.7 millones de llegadas – cifra que para que el lector se haga una idea – supera incluso, al mejor año de Brasil, en lo que se refriere a este indicador, el cual alcanzó las 6.6 millones de turistas internacionales el año 2016. (Juegos Olímpicos de por medio).

Mientras en América y el mundo el turismo receptivo crece a tasas en torno al 4% anual, en Chile creció un 26% el 2016 y el año en curso ya suma un incremento del 17% durante el primer semestre respecto del año anterior.

¿Cuáles son los factores o variables que explican este boom?, probablemente existen varios, pero creo que al ojo práctico del buen entendedor, debemos mirar hacia el otro lado de la cordillera. Con poco más de 3.000.000 llegadas, los turistas argentinos se consolidan como el poder comprador más efectivo en la actualidad. Esta cifra de llegadas, corresponde a poco más del 60% del total de turistas internacionales llegados a Chile el año 2016 y nos deja la mesa servida para seguir incentivando y realizando todo tipo de esfuerzos de promoción y de mejoramiento de la calidad de la oferta, tanto para ese mercado como para todos aquellos considerados estratégicos y de alto potencial.

Desafíos para Chile existen aún varios, como por ejemplo, el abordaje de estrategias público privadas en ámbitos de promoción internacional, diversificar y mejorar la matriz de productos para capitalizar de mejor forma la demanda actual, la especialización del capital humano, etc. No obstante todo lo anterior, sin duda que el desafío central es mantener los halagüeños indicadores contractuales con una orgánica, la misma fuerza, y también con la convicción para aprovechar ese viento primaveral que golpea la popa, para la priorización, la inyección de recursos, además de promover una estructura pública en pos de la industria del turismo, que esté a la altura de ese nuevo Chile, que en el correr de esta primavera, ya no sólo crece, también florece.

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La importancia del apoyo a profesores principiantes

El  profesionalismo del docente está en el foco de las reformas educativas y es altamente exigido desde una etapa inicial. El docente no tan sólo requiere dominar el conocimiento disciplinar de su ámbito o “asignatura” específica y el conocimiento pedagógico y didáctico para enseñar y lograr los resultados esperados de aprendizaje en sus estudiantes, sino que requiere desarrollar altas competencias en el ámbito socio-emocional para abordar eficientemente las demandas provenientes de los diferentes agentes de la comunidad educativa. A lo anterior, se suman los bajos sueldos, la cantidad de alumnos dentro del aula incluyendo la composición del alumnado, el excesivo número de horas de clases, que no le permiten al docente el tiempo necesario para planificar, actualizar y estudiar las próximas clases, entrevistas con padres y apoderados, entre otras tareas fundamentales de su labor pedagógica, que pretenden repararse con la ya promulgada Ley sobre Sistema Profesional Docente.

Sin duda el proceso de acompañamiento de profesores principiantes, incluido en la Ley, reconoce la complejidad que reviste la inserción profesional en los centros educativos considerando la multiplicidad de incidentes críticos posibles de experimentarse tanto con estudiantes, colegas, jefes de UTP, directivos, padres y apoderados. Los incidentes críticos, en tanto eventos inesperados y de alto impacto subjetivo e intersubjetivo, para los cuales los proyectos educativos de formación inicial no preparan a los profesores y profesoras, suponen calar en las concepciones-creencias, sentimientos-afectos y estrategias para abordar el aula real del día a día.

Si profundizamos en las problemáticas de los docentes, se suma a las condiciones laborales y bajos sueldos, las licencias médicas por estrés laboral, la falta de liderazgo directivo y débil apoyo a los y las profesoras noveles, sin posibilidades de una carrera profesional atractiva, por lo que se dificulta que los profesionales puedan proyectarse a largo plazo en los establecimientos educacionales. Los factores antes mencionados acarrean consigo un enorme desgaste emocional que habitualmente anticipa la decisión del abandono de la profesión docente.

El empaparse de la cultura organizacional de un determinado centro educacional e ingresar al aula sin desconocer lo que ocurre extra-aula es un proceso complejo que congrega, por tanto, competencias personales, pedagógicas, disciplinares y de gestión de la propia práctica e inciden, irremediablemente, en la construcción de la identidad profesional del docente.

Si coincidimos con el neurobiólogo chileno Francisco Varela en que “la mente no está en la cabeza”, entonces, requerimos atender al novel profesor y profesora como un ser integrado que paulatinamente va logrando utilizar a su favor el instrumental que ha aprendido y reflexionado en su formación inicial a la vez que desarrolla nuevas competencias en la práctica profesional. Por ello, el acompañamiento requiere estar en manos expertas de profesionales íntegros que han logrado sortear los obstáculos del quehacer diario sin poner en jaque su bienestar personal y familiar, a la vez que han ido conformando una identidad profesional clara y definida sin dejar de ser flexibles a los contextos.

Por ello, nos parece fundamental: poner especial atención en la selección apropiada de los mentores;profundizar en la articulación formativa de dimensiones pedagógicas, de auto-gestión y relacionales; reparar sobre un tránsito paulatino de la dependencia a la autonomía profesional que, a nuestro juicio, no se logra con seis horas semanales no lectivas de preparación y apoyo. Al respecto, se propone un programa de acompañamiento de mayor a menor intensidad horaria basado en una observación prolija de las prácticas in situ que apunte a aspectos conceptuales, procedimentales y, especialmente, actitudinales del «ser docente». Por último, atender a la dignificación del profesor y profesora desde una vulnerabilidad inicial superada y re-significada como oportunidad es una de las grandes ventajas de los y las estudiantes de pedagogía que emergen de las casas de estudios.

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El terrorismo no es broma

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía ha formalizado a Héctor Llaitul y otros siete activistas de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como miembros de una asociación ilícita de carácter terrorista. Según los antecedentes, la organización ha dispuesto de mucho dinero, armas y municiones para efectuar los atentados del último tiempo. En estas horas, Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, recaba información en Argentina sobre el posible tráfico de armas hacia nuestro país.

La CAM y los otros grupos que han usurpado la representación del pueblo mapuche buscan proyectar internacionalmente la imagen de que en Chile existe un conflicto racial provocado por el intento del Estado de avasallar al pueblo mapuche y su cultura. Con ese relato han obtenido apoyo político y financiero, y Llaitul ha aparecido hasta en la televisión iraní. Por eso, el objetivo es mantener vivo “el fuego de la resistencia”.

Lo que más ha ayudado a los incendiarios es el discurso biempensante de quienes, en los partidos, los medios de comunicación y las universidades, sostienen que la violencia del presente se explica por las injusticias del pasado. El victimismo, en rigor una forma de chantaje moral, ha dado frutos envenenados. Para Llaitul y su gente nunca habrá reparación suficiente por el pasado y, por ende, no sirven la entrega de tierras, el reconocimiento constitucional, las becas de estudio y los demás beneficios: solo la autonomía territorial puede detener el fuego.

La CAM no es el eco de la historia, sino el instrumento de un plan de raíz guevarista o rodriguista, que desprecia la democracia y la ataca sin asco. Le ayuda el oportunismo de los políticos que le quitan gravedad a las tropelías, preocupados de no ser estigmatizados como fachos o aliados de la derecha, los empresarios y las fuerzas policiales. Es la actitud que ha predominado en la centroizquierda. El temor a ser increpados desde la izquierda populista, chavista o norcoreana, ha llevado a la mayoría de sus parlamentarios a callar frente a los atentados y a cerrar los ojos ante sus víctimas, entre ellos los fieles de las iglesias quemadas y los comuneros mapuches hostilizados por los activistas profesionales.

Los violentos necesitan que los vean como luchadores por la justicia y generar un clima de comprensión hacia lo que hacen. No les ha ido mal. Por ejemplo, los profesores del Colegio San Ignacio, de Alonso Ovalle, escenificaron un enfrentamiento entre “niños carabineros” y “niños mapuches”, alumnos de 3° básico, a partir de simplificaciones que, en el fondo, se traducen en una especie de pedagogía del odio.

La convivencia en libertad solo subsistirá si nos oponemos a los violentos, cualquiera que sea su raza o ideología. Para impedir que Chile sea empujado hacia una nueva catástrofe, tenemos que defender sin vacilaciones el pacto de civilización que es el régimen democrático.

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Violencia de exportación

El narcotráfico como producto audiovisual es el equivalente a lo que en los 60 fue el realismo mágico y la novela de dictadores. El imaginario fantástico patentado por García Márquez cedió ante el hiperrealismo violento de obras como Narcos y El Chapo, y la caricatura del tiranillo de república bananera dio paso a la imagen de democracias infiltradas por el dinero proveniente de la coca, donde no se salvan ni presidentes ni jueces ni policías.

Ahora se estrenó la tercera temporada de Narcos, una realización excepcional en varios sentidos, que arroja luces sobre la violencia como fuente de poder y como amenaza permanente, sobre la imposibilidad de escapar a un destino marcado por la fatalidad, y sobre el rol de la familia.

Las primeras dos versiones estaban centradas en Pablo Escobar y cubrían desde principios de los 80 hasta la muerte del capo del cartel de Medellín. No estaba fácil encontrar un personaje con la capacidad seductora y los niveles de ambigüedad de Escobar. Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que al mando del cartel de Cali acapararon la mayor tajada del negocio a mediados de los 90, están lejos de ese magnetismo. Por ello los guionistas trasladaron el eje del relato al policía de la DEA Javier Peña y al encargado de seguridad de los hermanos Rodríguez, Jorge Salcedo. Este último, cada vez más incómodo, aspira a formar una empresa de inteligencia y a vivir en paz con su esposa e hijas.

Poco se ha dicho de la familia en Narcos. Puede que Escobar haya sido uno de los canallas más grandes de la historia, pero aquí se lo ve como esposo, padre e hijo ejemplar. La mafia, además, constituye en sí misma una suerte de gran familia a la que llegan hombres “huérfanos”, sin otro soporte, ni económico ni emocional. Ellos son adoptados a cambio de su lealtad, el único valor intransable.

En esta última temporada, la familia de Salcedo representa algo así como un espacio impoluto por el que valen la pena los mayores sacrificios. Y por el lado de Miguel Rodríguez, el dilema que plantea la serie es cómo distinguir entre la ética del sentimiento (el amor filial) y la ética del poder (el éxito y la perpetuación del negocio).

Pero hay un aspecto que Narcos ignora por completo: el de los consumidores. Estados Unidos es la mayor fuente de ingresos de los traficantes, pero en la serie lo único que vemos es que gracias a la pericia de la DEA los capos son ajusticiados. No hay, tampoco, elementos que cuestionen la política de la “guerra contra las drogas”.

Si consideramos que hoy siguen muriendo miles de personas a causa del narcotráfico y que la corrupción penetra todas las instituciones, de pronto es hora de pensar seriamente en legalizar las drogas. Así se controlaría tanto su calidad como el precio, y todo el dinero que se gasta en represión podría destinarse a prevenir el consumo. A 40 años de que se declarara la guerra a los carteles, es obvio quienes la van ganando.

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Productividad y educación técnica

El Informe de la Comisión Nacional de Productividad, que está pronto para ser dado a la luz pública, tiene conclusiones que han permeado a la opinión pública. El reconoce en la Educación Técnica Profesional (ETP) falencias mayores, como la falta de articulación entre los niveles medio y superior, obsolescencia de los currículos de media, y la insuficiencia de programas Sence para abordar los problemas realmente importantes. Este diagnóstico es correcto y consistente con lo que revelan las decisiones de miles de familias que vienen “sacando” a sus hijos de la ETP a nivel medio a un ritmo grande. Así, mientras entre 2006 y 2016 la matrícula de la educación media científico humanista cayó en 3%, la ETP de media lo hizo en más de 30%.

Lo que se conoce del Informe, sin embargo, adolece de tres problemas principales. Primero, no distingue lo que es propio de la ETP de lo que le corresponde a la educación general. La incapacidad de los chilenos de entender lo que leen, o los límites de pensamiento crítico en los estudiantes de educación superior, tiene correlato con la educación general en Chile, y no solo con la ETP. En segundo lugar, adolece de no reconocer que detrás de los promedios, hay enorme heterogeneidad del sector. En efecto, existen en la ETP de nivel medio un conjunto importante de liceos que lo hacen muy bien; bastante mejor que la mediana de los liceos científico humanistas. Lo mismo ocurre en la educación superior, donde un conjunto de instituciones que cuentan con alta acreditación y concentran la mayor parte de la matrícula, tienen tasas de retención, titulación, y empleabilidad sustancialmente mayores que, por ejemplo, el promedio de las universidades estatales.

En tercer lugar, el Informe plantea aumentar los años en la educación media técnico profesional. Hemos propuesto en distintas instancias que el mayor problema de los liceos técnico profesionales es la obsolescencia de muchos talleres, de sus currículos, y de sus profesores. Que adelantar a nivel superior alumnos que carecen de competencias que pueden enseñarse en liceos, particularmente asociadas al currículo científico humanista, es caro y eventualmente muy ineficiente. También, que desarrollar centros técnicos donde los alumnos de media puedan adelantar su formación técnico profesional, particularmente al interior de centros especializados, es más prometedor.

Estimo, sin embargo, que la medida más urgente para incrementar la productividad y que aplica en particular a la ETP, es “cortar la cola izquierda de la distribución de calidad”. La acreditación obligatoria para las instituciones de educación superior, y el cierre de liceos que no entreguen formación relevante y articulable con instituciones de educación superior cortarán esa cola izquierda que es la que ha estado detrás de mucho escepticismo a innovaciones y políticas jugadas por el desarrollo de curricular y de métodos de enseñanza del sector. Cortar la cola izquierda para aumentar la productividad también demanda depurar un conjunto significativo de OTEC, cuya falta de relevancia pega muy directamente en la capacitación, un área que debiera progresivamente complementar a la formación de ciclos más largos.

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