Óscar Contardo's Blog, page 75
September 29, 2017
El rito del Presupuesto
Comienza la discusión sobre el Presupuesto en el Congreso Nacional. Constituye una responsabilidad mayor de la autoridad, ejecutiva y legislativa velar por el buen uso de los recursos públicos. Desgraciadamente, hasta ahora esto no ha sido posible. La forma en que el Congreso Nacional encara la discusión es de una enorme precariedad. La asimetría de información entre el gobierno y el Parlamento es gigantesca. Cada ministerio y la Dirección de Presupuesto (Dipres) disponen de información detallada y expertos sectoriales que no encuentran una contrapartida seria en el Congreso.
Se ha buscado avanzar por la vía de la evaluación externa de determinados programas. La Comisión Mixta de Presupuestos acuerda con la Dipres un cierto número de programas que serán evaluados durante el año. Se trata en verdad de un instrumento de alcance limitado. Ella asigna recursos y procede a su evaluación contratando ella misma los estudios pertinentes.
Los sectorialistas de la Dipres tienden a ser conservadores. Así como es una mala noticia el funcionamiento defectuoso de un programa, lo es también la puesta en práctica muy exitosa de otro. En un caso se requiere de un recorte drástico o derechamente la eliminación del programa. En el otro, se hace necesario un fuerte aumento de la dotación presupuestaria. En ambos casos se requiere romper con la inercia y asumir riesgos a los que la burocracia es alérgica.
Se anunció recientemente que 11 de 25 programas que fueron objeto de evaluación muestran resultados deficientes. Se encuentran entre ellos la “Beca Presidente de la República, el “Plan Comunal de Seguridad Pública”, el “Programa de Mejoramiento al Acceso a la Atención Odontológica”, entre otros. El resultado deficiente de un programa debiera conducir a determinaciones drásticas respecto de su futuro. Es difícil que el gobierno pueda tomarlas por sí solo.
Los grandes congresos como el norteamericano han resuelto este problema por la vía de la creación a su interior de una Oficina de Presupuesto dotada de personal altamente calificado. Esta le permite al Congreso discutir mano a mano con el Ejecutivo y respaldar técnica y luego legislativamente decisiones que son necesarias pero que pueden ser dolorosas desde el punto de vista político.
No es una idea original. Muchos hemos tratado de avanzar en esa dirección. Instituciones importantes como la OCDE y el Banco Interamericano han ofrecido respaldo para generar un dispositivo de este tipo. Pero, al final las resistencias se han impuesto. Por un lado, de la propia Dipres que no le interesa tener que confrontarse con una institución sólida que rompa con su monopolio de la información. Pero las resistencias han provenido también del propio Parlamento. Los celos absurdos entre la Cámara de Diputados y el Senado por el control de la nueva institución han constituido un obstáculo hasta ahora insalvable.
En momentos en que existe una áspera discusión acerca del uso de las asignaciones a los parlamentarios, sería interesante retomar la idea de crear una sólida Oficina de Presupuesto que asegure una asesoría de calidad y le permita al Parlamento ejercer en serio sus atribuciones, garantizando un debate que sea algo más que un rito anual.
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Coherencia entre política y terrorismo
La normas contra el terrorismo sancionan hechos y actos con independencia de la condición racial, étnica o religiosa de quien los realice. Así operan en la mayor parte de las democracias occidentales. Quien realice una acción terrorista -o participe de ella- queda expuesto a procedimientos especiales de investigación y se expone a sanciones mayores. ¿La razón? La sociedad ha considerado ciertos delitos como mayormente lesivos para la sociedad, los sanciona con mayor dureza y provee a sus investigadores mayores atribuciones, sin caer en afectaciones del debido proceso.
El problema en Chile es que se trata de una ley controvertida, por su origen y aplicación en el denominado conflicto mapuche o violencia rural, lo que sumado a los traumas de toda una generación han dilatado y contaminado la discusión de una nueva norma que -respetando los derechos fundamentales- logre la protección de la sociedad.
Mas allá de las deficiencias propias de la actual ley, las decisiones políticas de las autoridades han mermado el éxito de las investigaciones. Recordemos el caso del intento de homicidio de un fiscal en la Araucanía. Fiscalía y gobierno invocaron la Ley Antiterrorista, hasta que la presión pública llevó al gobierno de Piñera a desistir de la acción y solo perseguirlo como delito común. Luego en el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, el juez condenó a Celestino Córdova por delito común.
Más allá de las promesas del gobierno de Piñera de pedir la recalificación por Ley Antiterrorista, la administración nunca presentó el recurso de nulidad para exigir su recalificación.
Finalmente otra huelga de hambre doblegó al gobierno, el que modificó la Ley Antiterrorista y eliminó la presunción que permitía considerar como autor de delito terrorista a quien colocaba un artefacto explosivo, al presumir la intención de causar temor en la población. A raíz de ello, los fiscales deben probar, (1) la participación en la colocación del explosivo y adicionalmente; (2) la intención del autor de causar temor. Al tratarse de un elemento subjetivo, ha resultado imposible condenar a alguien por esa circunstancia. De hecho en el caso Pitronello, no se le condenó como autor del delito terrorista debido a que los fiscales no lograron acreditar su intención de causar temor en la población.
Chile debe ser intransigente con el terrorismo. Debemos discutir seria y profundamente respecto de la seguridad e inteligencia que el país requiere para hacer frente al terrorismo y las amenazas emergentes. Debemos tener condiciones que aseguren inteligencia preventiva para desarticular ex ante a personas, grupos, u organizaciones que busquen afectar la seguridad de la sociedad.
Debemos contar con inteligencia reactiva para identificar y detener a los autores de un hecho de esta naturaleza y contar con policías, fiscales y jueces especializados en este tipo de delitos para lograr resultados procesales de las investigaciones que se realicen.
Es todo un desafío para Chile, ya que los cambios que hagamos hoy condicionarán la seguridad de la sociedad del mañana. Aquí no caben dobles estándares. La seguridad se gana con más y mejor democracia y con normas discutidas de cara a la sociedad, basadas en evidencia y no en eslóganes o consignas populares. Lamento que esta discusión sea consecuencia de una nueva huelga de hambre, ya que las legislaciones reactivas carecen de la racionalidad que requiere un tema de estado como la protección frente al terrorismo, pero quizás sea una oportunidad para dotar a Chile de nuevas normas que mejoren la eficacia en la prevención y control del terrorismo a la altura de la nueva realidad global.
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Luces y sombras de la Operación Huracán
La inteligencia de Carabineros, después de un intenso y valorable trabajo, logró recolectar pruebas contundentes que llevaron a los tribunales de justicia a determinar la prisión preventiva para un grupo de personas, en el marco de la denominada Operación Huracán.
Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno que debería respaldar el correcto funcionamiento de las instituciones, solicitó el cambio de las medidas cautelares en el caso de los comuneros que iniciaron una huelga de hambre en el mes de junio como medio de presión para que se le modificara la tipificación de delito terrorista. Delitos son delitos y la política no debe intervenir en ello.
¿Puede existir un contraste más claro que este -actuar de la justica versus actuar del gobierno- que permita explicar de manera más clara por qué no se avanza en la lucha contra el terrorismo doméstico en Chile?
Sectores de la Nueva Mayoría y aquellos que se ubican aún más a la izquierda, han instalado desde hace años una inaceptable tolerancia hacia los actos de violencia como medios legítimos de representación de demandas, lo que evidentemente tiene que ver con el “parentesco ideológico” de algunos de estos con los grupos subversivos de su signo, entre ellos el MIR, a los que pertenecieron líderes de la CAM como Héctor Llaitul, que disfrazan su lucha de siempre bajo un proyecto secesionista que no representa a la inmensa mayoría del pueblo mapuche.
Esta falta de una mirada común frente al fenómeno es la que explica por qué razón desde Argentina, donde se sienten también los efectos de este conflicto, se comienza a instalar con fuerza el concepto de “inacción del gobierno chileno en La Araucanía”, por lo menos hasta antes de este logro de Carabineros.
Por parte del Estado, la invocación de la Ley Antiterrorista es lo único que cabe ante hechos que en cualquier parte del mundo son considerados terrorismo y , de hecho, el problema que tenemos hoy no tiene que ver con la utilización o no de esta herramienta, adecuada a las normativas internacionales a partir de los cambios introducidos en el gobierno del Presidente Piñera, sino que el hecho de se trata de una normativa insuficiente para obtener los resultados que espera la gran mayoría de los chilenos.
El año 2010, fue la Nueva Mayoría la que impidió que un área sensible de la reforma a la Ley N°18.314 llegara a puerto: el capítulo referido a técnicas especiales de investigación, uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas, etc. Es esto lo que genera, en gran media, que la Ley Antiterrorista sea ineficiente para perseguir delitos como avisos de bomba y explosiones que se han registrado en Santiago y otras regiones. Y si a esto agregamos la actitud de debilidad del gobierno al solicitar cambio de medidas cautelares para los detenidos, tenemos elementos para un perfecto bloqueo en la lucha contra el terrorismo.
A lo anterior, hay que sumar la necesidad de avanzar, a través de la adecuación de la ley vigente, de manera rápida hacia un sistema integrado y funcional de inteligencia al servicio de la seguridad pública, que permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas a la seguridad interna/externa, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, ciberataques y protección de la infraestructura crítica del Estado, con la incorporación y participación de todos los organismos e instituciones relacionadas (FF.AA., Policías, Aduanas, UAF, SII, entre otras), algo básico y de sentido común, donde también es necesaria la cooperación internacional, dentro de la cual se debe valorar el viaje del subsecretario Aleuy a Argentina, como un primer paso en la dirección correcta.
Mejor inteligencia, legislación antiterrorista y, sobre todo, un clima político de condena real a la violencia, dejando atrás los cuestionamientos al legítimo uso de estos instrumentos, es lo que Chile necesita para avanzar en la lucha frente a este desafío que es local y, al mismo tiempo, global.
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Regla fiscal, ¿sinopsis o película?
En el cine, las sinopsis son un potente medio para tentarnos a volver a las salas. En pocos minutos, nos muestran una cinta supuestamente imperdible. Pero basarse en ese tráiler puede ser una apuesta arriesgada. ¿Quién no se ha ensartado alguna vez con una película que prometía en la sinopsis pero que resultó ser un fiasco? ¿El error? Creer que la sinopsis es representativa del largometraje.
Nuestra regla fiscal, con todos los beneficios que ha acarreado al manejo de las finanzas públicas, tiene algo de este problema de la sinopsis versus la película.
La regla se basa en la saludable premisa que el gasto corriente del fisco no debe estar determinado por sus ingresos corrientes, sino que por sus ingresos cíclicamente ajustados (estructurales) que dependen del crecimiento y del precio del cobre de largo plazo determinados por expertos independientes. Varios son los efectos benéficos: menor discrecionalidad para afectar el ciclo político, menor volatilidad del gasto público y mayor estabilidad en el financiamiento de los programas sociales. Además, y esto es fundamental, en principio la regla garantiza tener finanzas públicas de largo plazo ordenadas.
Digo “en principio” ya que hay ciertas fisuras. Primero, nada muy robusto obliga a que el gobierno de turno cumpla con la meta de saldo fiscal estructural que comprometió para su mandato. Pero incluso si honrara su palabra, ello no es garantía de tener finanzas de largo plazo balanceadas. Es aquí donde emerge el problema de la sinopsis versus la película.
Suponga que, durante su periodo, el gobierno gasta exactamente el equivalente de sus ingresos estructurales, mostrando así un equilibrio fiscal estructural que lo llenará de elogios por su responsabilidad. Esta es la sinopsis. Imagine ahora que ese mismo gobierno lanzó, con bombos y platillos, una serie de programas que comprometieron gastos que van mucho más allá de su mandato. Esos gastos no aparecen en la sinopsis, pero sí afectan la solvencia fiscal de largo plazo. El aparente rigor fiscal del gobierno puede que ya no sea tal. Esta es la película.
Este problema tiene varios alcances. Primero, la inconsistencia temporal entre sinopsis y película puede inducir a comportamiento estratégico de los gobiernos: siempre será atractivo cortar la cinta de un nuevo programa y que la cuenta, fuera de balance, se refleje en otro gobierno. Segundo, dejar gastos comprometidos restringe el margen de maniobra de futuros gobiernos para implementar el programa con que fueron electos (al menos si quieren ser rigurosos fiscalmente). Esto lesiona la democracia.
Actualmente la Dipres informa ex post los gastos comprometidos a tres años plazo. Es insuficiente. Tal vez sería momento de pensar en incorporar un criterio adicional a nuestra regla fiscal. Uno que, en lugar de reposar únicamente en la sinopsis fiscal estructural, obligue a los gobiernos a internalizar todos los gastos de largo plazo de sus decisiones. Estos gastos podrían cuantificarse en valor presente y los gobiernos, al plantear sus políticas, quedar obligados a dar cuenta ex ante de su sostenibilidad de largo plazo
Esta suerte de regla fiscal en valor presente podría ser de gran utilidad. Y es que, al final del día, en materia fiscal, al igual que en el cine, para saber si la película es buena o mala, conviene mirarla completa.
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El sabio recluido
Rudolph Amandus Philippi entró a estudiar Medicina en 1826, cuando la entonces célebre Universidad de Berlín era dirigida nada menos que por Hegel, y entre los maestros que tuvo el joven aspirante a doctor figuraban lumbreras de la talla de Humboldt y Lichtenstein. Esto permite suponer que, nomás poner un pie en Chile, Philippi pasó a ser el hombre mejor educado del país, mérito que, sin embargo, no conmovió demasiado a sus coterráneos. Alentado por un hermano aventurero y al ver que sus opciones profesionales se veían disminuidas por razones políticas, Rudolph decidió emigrar a Chile en 1851. Y aunque hoy desconozcamos gran parte de la tremenda labor que el sabio desarrolló en su patria adoptiva (murió en Santiago en 1904), su empeño no pasó desapercibido para el naturalista más importante de la época, Charles Darwin, quien le escribió felicitándolo por la dedicación puesta en divulgar el conocimiento de la naturaleza chilena.
Si bien Philippi no comulgaba a pie juntillas con la Teoría de la Evolución, a él le debemos un logro crucial en nuestra educación laica. Así lo cuenta Ulrike Steenbuck en el prefacio de El orden prodigioso del mundo natural, el magnífico libro que rescata la figura y la obra del sabio alemán: “No fue fácil para Philippi establecer la obligatoriedad de la enseñanza de las ciencias en un país donde el catolicismo todavía formaba un frente al progreso científico. Sin embargo, tras arduos debates logró implementarla, en 1866, en el Instituto Nacional de Santiago. Para ello redactó Elementos de historia natural, el primer libro de instrucción de Ciencias Naturales en Chile”.
Asolado por la tragedia de haber perdido a seis hijos pequeños, dos hijos adultos (una mujer y un hombre) y finalmente a su esposa, Philippi escribió frases lúgubres desde su refugio en la Quinta Normal, el jardín botánico que había creado en 1876 luego de un dilatado encargo estatal: “Yo vivo acá como un eremita, no visito a nadie, no conozco a nadie, y desde la muerte fatal de mi señora soy, no quisiera decir más hostil hacia los hombres, pero sí más retraído”. No obstante el dolor y el desencanto manifiesto de estas palabras, tras ellas aún es posible percibir la inmutable convicción que el sabio abrazó desde muy joven: la necesidad de reclusión total para poder desarrollar su trabajo. Philippi publicó centenares de artículos sobre la historia natural de Chile, exploró buena parte del país, descubrió más de mil especies botánicas y llegó a ser el mayor contribuyente al saber zoológico autóctono de su época.
Llamativos también son los apuntes etnográficos referidos a los indios valdivianos. Allí, el observador destaca las propiedades gastronómicas y nutritivas del ulpo, apunta que “las mujeres son tan anchas de cinturas como de caderas”, menciona una misteriosa planta alucinógena que se da en la zona, y a través de una pincelada irónica, o una suerte de trabalenguas bien urdido, coteja a los mapuches con los huincas: “Se les ha descrito como ladrones y es verdad, no es raro que roben mucho, pero ni mucho menos tan frecuentemente como los descendientes de los españoles, entre los cuales incluso hay muchos a quienes les gusta pasar por caballeros y practican el robo del ganado casi como profesión”.
El orden prodigioso del mundo natural contiene fabulosas láminas a color que hablan del talento del sabio para el dibujo, actividad que emprendió con esa reconocida seriedad suya a partir de los seis años. El volumen cuenta con un puñado de cartas de su hija Ella, que adoraba a su papaíto, las cuales profundizan en la dimensión humana del personaje. A lo anterior se suman artículos luminosos, escritos por expertos, que explican en detalle la importancia del legado de Philippi. Además, todo el material reunido proviene de las colecciones de la Universidad Austral de Chile, cuya casa editorial viene sorprendiéndonos desde hace un buen rato con sus intachables publicaciones.
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Puro riesgo, cero beneficio
Sorprendido, extrañado, golpeado. “Se me está señalando de muy mala forma y eso me duele”, dijo Marcelo Díaz. Y tenía toda la razón. El cuerpo técnico de Chile decidió usarlo como chivo expiatorio, como principal “culpable” de la crisis. Lo que, aparte de injusto, es tremendamente mala leche. Y muy poco frecuente. Rompiendo su discurso tradicional respecto de la importancia de los majaderos “códigos”, Juan Antonio Pizzi no ha hecho otra cosa que dispararse en los pies. Más aún ahora que se lesionó Pedro Pablo Hernández.
¿Decisión válida? Por supuesto. No hay nada más sagrado que el derecho de un técnico a elegir a “su gente”. Tan lícito como discrepar frontalmente con Claudio Bravo, el capitán y referente máximo del plantel, respecto del relajo detectado en Pinto Durán. Riesgoso, eso sí. Más aún en estos momentos de tensión total, donde no corresponde gallito alguno hacia adentro. Sigo con Díaz: sin dar explicaciones claras al jugador, al resto del plantel y a la opinión pública, no resulta sencillo digerir que, de un día para otro, uno de los miembros fundamentales del Grupo de los Diez (que también integran Bravo, Isla, Medel, Jara, Beausejour, Aránguiz, Vidal, Sánchez y Vargas) se quede afuera ya no del equipo, sino de la nómina. Justo cuando se necesitaba más unión y calor de grupo que nunca, a Díaz se lo estigmatiza, otorgándole una responsabilidad brutal sobre problemas y errores que comparten varios. No es razonable.
Veamos. ¿Estaba pasando por su mejor momento el jugador? Claro que no… al igual que Jara, Johnny Herrera, Beausejour, Maripán, Valencia, Roco, Felipe Gutiérrez, Martín Rodríguez y tantos otros que siguen adentro. ¿Se paga la falta de fútbol con la salida del equipo? En este Chile nunca fue así. Los casos de Isla, Vargas, Jara, Beausejour y varios más lo ratifican. Siempre jugaron, pasara lo que pasara con ellos en sus clubes. El tema no va por el lado del “presente”, entonces. ¿Jugó tan mal Díaz ante Paraguay y Bolivia? Igual de mal que Sánchez, Isla, Vidal, Beausejour, Hernández o Vargas, por nombrar sólo a algunos. Y si la pretensión era remecer, las verdaderas revoluciones siempre son generales, nunca tienen que ver con una sola persona.
¿Es un riesgo futbolístico? También. ¿De titular a nada en semanas?. Raro. Afecta, desde luego, la paz del camarín, como lo ratificaron de inmediato las reacciones de Vargas, Aránguiz, Bravo e incluso Pinilla. Pero también el juego del equipo. Un equipo que, convengamos, en la última etapa no se ha caracterizado precisamente por preparar y machacar sus movimientos tácticos, sus cambios de nombres y esquemas durante los días de práctica.
¿Quién va a hacer ahora el triángulo defensivo-y-de-salida con Medel y Jara cuando Chile se vaya con todo al ataque ante Ecuador? ¿Gutiérrez? Difícil imaginarlo. ¿Hay tiempo para improvisar? Muy poco. Y ante Brasil, donde resultaba imperioso el buen pie y el toque de primera en el medio para quitarle la pelota a los locales, ¿quién podía ayudar a eso mejor que Díaz? Me temo que nadie.
La peor de las teorías dice que esto es una pasada de cuenta por las quejas públicas del propio Díaz, en Calama, ante los movimientos tácticos en el mediocampo sin el trabajo ni la convicción necesaria. Puede ser, pero hablaría de una miseria humana tan brutal, que es mejor negarlo. ¿Falta de compromiso? Tampoco es muy creíble tomando en cuenta que otros miembros del plantel hicieron cosas mucho peores en la última jornada de concentración sin recibir ni un solo comentario en contra. ¿Los errores ante Alemania y Bolivia?
Eso es no entender nada de fútbol. No funciona así la cosa en los deportes de conjunto. Todos ganan, todos pierden. Y un referente tan importante como Díaz merece, desde luego, respeto. De hecho podrían haberlo llamado antes, al menos, para contarle lo que venía. Enterarse por la prensa fue espantoso. Muy poco educado.
¿La cercanía del jugador con Sampaoli? Capaz, pero también sería horrible. Hasta aquí Pizzi se había sabido controlar ante el peso del técnico anterior, ante su mayor valoración y su fantasma siempre presente al interior del equipo y entre los hinchas y periodistas. ¿Ya no? ¿Estamos viendo su verdadera cara antes de partir? Puede ser.
Soñemos: quizás ahora Chile le gane por paliza a Ecuador y Brasil.
En una de esas. Pero no le quitaría peso al grave error cometido. Los procedimientos no dependen de los resultados. Para conseguir el tesoro siempre es vital el camino, el mapa, el recorrido. Y en esta estación no sólo no hubo coherencia, sino que, además, se generaron graves daños colaterales ¿Podía salir Díaz? Podía. Pero merecía una explicación más creíble.
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Contra viento y marea: el amor
Pero hay problemas. El programa consiste en eso, en cómo los superan. A ella la odia la suegra, que ha perdido dos hijos y un marido y no quiere que su niño sufra de algún modo. Entonces llega Francico Saavedra y acompaña a la pareja en los preparativos de la boda. Es lo que hace el programa: convertir las vidas en crisis en una cuenta regresiva que puede vislumbrarse como una fábula que va a tener un final feliz. O no tanto, pues en lo que vemos todo es complejo y está lleno de acusaciones cruzadas y de traumas apenas verbalizados: a las aprensiones de la suegra se suma el hecho de que el novio ha engañado a la novia ya tres veces.
Y Saavedra los acompaña. Saavedra es Saavedra; un encantador animal televisivo que se mete en su vida y quizás los salva de sí mismos. Ese es el sentido del programa: ver cómo él entra en las vidas ajenas para transformarlas. Tiene sentido, es tan transparente como empático, puede ser un amigo severo pero también un ángel de la guarda, alguien que ríe y llora mientras los días avanzan hasta el fin del plazo fatal. Vemos de este modo, los preparativos de la fiesta mientras los escuchamos a ambos y todas esas confesiones cruzadas en los momentos en que van por el vestido de boda, en que prueban el menú, en que tratan de ordenarlo todo. Él llora a veces, es de lágrima fácil. Ella es más estoica. Lo ha tenido difícil, el casamiento supone la promesa de una vida nueva. Saavedra permite que miremos todo eso de soslayo, vislumbrando las leves fisuras de un mundo que puede llegar a desmoronarse en cualquier momento. Pero Saavedra no los deja romperse, no lo permite, en un momento pasa a ser parte de la familia.
El día de la boda todo se vuelve más tenso, todo está al borde de irse al carajo: ella se demora más de la cuenta en llegar al lugar, queda atrapada en un taco por culpa de una marcha, el juez del registro civil quiere irse. Mientras, el novio se emociona de nuevo. Piensa en sus familiares que no están. Saavedra trata de salvar la situación, hace hora, convence al juez de esperar un poco más, lo detiene con sus ruegos. El hombre se pasea nervioso: lo están filmando. En ese momento, ella llega. Ha cruzado la ciudad con el alma en vilo. Entonces, se casan finalmente. Él llora de nuevo. Ella sostiene a la perrita poodle en brazos. Hay un final feliz y Francisco Saavedra llora también; sus lágrimas verdaderas. Ha triunfado. Lo ha conseguido. La televisión ha salvado a la pareja, ha logrado que se sobrepongan al drama y al miedo.
Así, Contra viento y marea termina con una fiesta. Saavedra ya es parte de la familia, en el mundo falso de la tevé, él luce como algo real, es un héroe secreto hecho de sentido común. Cerramos entonces las imágenes de la fiesta, con pura reconciliación familiar, con la suegra que acepta a la nuera, con el baile y un futuro que se despliega en medio de la celebración. Por unos segundos, gracias a Saavedra, la ilusión flota en el aire como una burbuja de fantasía: la tele no se parece, a la vida.
Es la vida.
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Nos están robando el cerro
Escribo estas palabras con una sensación que se mueve entre la pena y la rabia. El principal acceso a uno de los cerros favoritos de los santiaguinos para hacer senderismo, el Manquehue, fue clausurado hace algunos días y ese cierre parece ser definitivo. Famoso por la majestuosa vista que tiene desde su cumbre, la primera vez que uno llega a ese hito queda atesorado entre los recuerdos importantes de la vida. Es una pequeña gran hazaña para quien no tiene la práctica habitual de subir cerros, se transpira harto y, si se tiene la suerte de ascender después de una lluvia, la imagen panorámica es doblemente emocionante.
Ahora esto será mucho más difícil, pues el acceso por Vía Roja, en Lo Curro, que es por lejos el más fácil, el más seguro y el más corto, le ha sido extirpado. Triste. Muy triste. Y violento, pues la razón que se entrega públicamente es absurda: se supone que el cierre se debe a un fallo de la Corte Suprema a raíz de un juicio iniciado en 2008 en contra de dos particulares y la Municipalidad de Vitacura, por daño ambiental en los faldeos del cerro. Ese fallo impone a las empresas demandadas y al municipio realizar acciones de reforestación, estudios de fauna afectada y su repoblamiento; y la estabilización de taludes y laderas. Todo centrado en el área donde se ejecutó el proyecto inmobiliario que generó el daño y no en otras zonas del cerro que no fueron materia del litigio. “Es decir, la justicia no impuso el cierre de accesos, ni la prohibición de realizar actividades deportivas o recreativas en este sector del cerro Manquehue”, explican en la ONG Andeshandbook, en referencia al sector por donde entran y caminan los visitantes.
¿Entonces? Aquí viene lo increíble. Una de las empresas demandadas por daño ambiental hizo un estudio -a su medida- que fue aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), donde se sugiere el cierre de Vía Roja a la altura del número 10.000. O sea, el daño ambiental que genera un proyecto inmobiliario tiene como consecuencia la prohibición del acceso para todos los santiaguinos. ¿Se entiende? Ni usted ni yo ni nadie puede volver a subir el cerro Manquehue por Vía Roja, que es el único camino que está bien señalizado, que es el más corto para llegar a la cumbre, que es parte del acervo cultural de los habitantes de esta ciudad pues lo conocemos y lo usamos hace años, a pesar de que la justicia jamás consideró como causante del daño ambiental la práctica del senderismo. En cambio, el responsable del daño, el que quiere construir un proyecto inmobiliario en un área de preservación ecológica según el Plano Regulador Metropolitano de Santiago, “zona excluida al desarrollo urbano y que permite exclusivamente acotadas actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales” como explica Patricio Herman en su columna “Se disfraza una devastación ambiental sobre la cota mil en el cerro Lo Curro”; ese empresario nos cierra la puerta a todos, en vez de ser él y su proyecto depredador los que paguen los costos del daño ecológico. Absurdo. Injusto. Y, repito, violento.
Así como la Municipalidad de lo Barnechea tuvo el coraje para expropiar el Cerro del Medio y ya trabaja para convertirlo en un gran parque urbano, es momento de que la Municipalidad de Vitacura use a su equipo legal o destine parte de su presupuesto para ponerse en el lado de los ciudadanos y liderar la recuperación de la principal entrada al cerro Manquehue, y ojalá, por fin, convertirlo en un parque de acceso público, hecho y derecho. Si uno de los municipios más ricos de Chile no es capaz de proteger su patrimonio geográfico y, peor aún, se presenta como cómplice de daño ambiental a su propio entorno, ¿qué le podemos pedir al resto de Santiago a la hora de preservar los 26 cerros isla de la ciudad antes de que sean saqueados?
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Chile – Japón: una mirada de futuro
Con la visita a nuestro país de los príncipes de Akishino, Chile y Japón celebran por estos días 120 años de una larga y fructífera historia de relaciones diplomáticas formales, marcadas por el ánimo de cooperación y amistad recíproca que ambos países exhiben con orgullo desde que en 1897 suscribieran el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, el cual fue ratificado el año 1906, mismo año en que Chile estableció su embajada en Tokio.
Muchos podrían pensar que es difícil mantener relaciones profundas y duraderas entre dos países tan lejanos y distintos. Pero son justamente estas diferencias las que se han convertido en un complemento exitoso. Ambas naciones exhiben importantes relaciones comerciales, destacando el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) cuyos orígenes se remontan a 2004, momento en que Chile recibió de la Cumbre de Líderes APEC y se manifestaron las intenciones de comenzar esta negociación, que culminó en 2007, cuando en septiembre de ese año el acuerdo entró en vigencia.
La importancia de esta alianza no solo radica en la apertura comercial que representa para ambos países -el el 60% de las exportaciones chilenas al país asiático quedaron liberadas de arancel desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo- sino también por el hito que constituye para Japón con la región, pues este es el primer tratado bilateral comercial firmado por Japón con un país de América del Sur.
Hoy día, Japón ocupa el tercer lugar en las exportaciones que se realizan desde nuestro país, destacando una amplia gama, como el cobre, el salmón, la madera, frutas y vino. Por su parte, entre los productos japoneses que ingresan a nuestro mercado destacan vehículos, maquinarias y productos eléctricos.
Además, ambos países participan del Acuerdo Transpacífico de Colaboración Económica (TPP), el que pese al retiro de Estado Unidos, sigue vigente. De hecho, hace solo unos días se realizó en Tokio una nueva reunión técnica para avanzar en el proceso destinado a darle vigencia al TPP, donde Chile ha jugado un rol activo en las negociaciones, para hacerlo acorde a nuestra legislación y así abrir nuestros mercados a un importante número de productos para exportación con países con los cuales hasta ahora el comercio es parcial o bien cerrado.
Pero además de las exportaciones, en los últimos años se ha evidenciado una creciente presencia de la inversión de empresas japonesas en nuestro país, en áreas como la minería, industria, silvicultura, pesca y acuicultura. Tras la llegada de la inversión japonesa al sector minero en la década de los 80, el desafío de esta década es expandirla hacia nuevas áreas, a través de grandes corporaciones, como Mitsui y el Grupo Cobra, o Eurus Energy Holdings Corp., así como con el mundo del conocimiento, tal como ocurre con el convenio entre la Bunka Gakuen University con la Fundación Artesanías de Chile.
Con algunas de estas corporaciones nos reunimos la semana pasada en Japón, donde no solo pudimos conocer de primera fuente los avances que ha desarrollado el empresariado nipón en los ámbitos industriales, tecnológicos, comerciales y académicos, sino que también buscamos reforzar el trabajo legislativo coordinado.
El llamado es hoy a incrementar los diálogos internacionales, reforzar nuestras relaciones diplomáticas y construir las relaciones bilaterales por los próximos 120 años considerando y respetando la importancia del eje del Pacífico como eje del futuro, del desarrollo y del progreso del mundo en este siglo XXI.
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Más sociedad civil para Chile
Más del 95% de los chilenos ha escuchado hablar de al menos una Organización de la Sociedad Civil, quizá no bajo ese concepto, pero sí entendida como clubes deportivos, centros de padres, juntas de vecinos o fundaciones y asociaciones que prestan servicios sociales. Por otra parte, en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia casi todo tipo de instituciones públicas, religiosas y empresariales, es muy notable que el 70% de las personas le otorgue una alta valoración a este tipo de organizaciones. Este dato es solo una parte de la evidencia que el proyecto Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas UC y Fundación Chile+Hoy, ha sacado a la luz sobre este sector, que en nuestro país se compone de más de 230.000 organizaciones que desarrollan actividades en educación, cultura, desarrollo social, medioambiente y salud, entre otras. El año 2015 representaron el 2,1% del PIB de Chile, movilizando una fuerza laboral equivalente al 3,6% de la población económicamente activa, reflejando su importante dinamismo económico y con un crecimiento notorio en la última década, a una tasa superior a la del propio PIB. Por estos días, este estudio cierra más de dos años de investigación con la publicación de un libro que entrega una radiografía completa de este sector y que levanta una serie de desafíos para su desarrollo futuro.
Si miramos a la región y el contexto internacional, se vislumbran grandes retos para que la sociedad civil chilena crezca y pueda desplegar todo su potencial de aporte al desarrollo integral del país. El estudio realizado en el marco de Sociedad en Acción, bajo el alero de la Universidad Johns Hopkins, permite el análisis comparado y el resultado no es muy alentador. Por una parte, se observa que el tamaño de la sociedad civil chilena es considerable en el contexto latinoamericano, pero si nos medimos con países que tiene un desarrollo económico similar, se constata que nuestro sector sin fines de lucro tiene una magnitud muy inferior a lo esperado para nuestro nivel. Para ilustrar mejor el caso, países como Irlanda y Portugal, que según el Banco Mundial estarían en un status de desarrollo similar al de Chile, tienen un tamaño de la sociedad civil mucho más extendido. Por lo tanto, a pesar del dinamismo, creatividad y valoración que la sociedad civil tiene en nuestro país, y que ha permitido constatar esta investigación, todavía es un actor relevante que debe potenciarse.
Hay al menos cuatro ámbitos a partir de los cuales se podría impulsar este sector. En primer lugar se necesita reconocer transversalmente la contribución que estas organizaciones hacen a través de la entrega de bienes y servicios a la población. Esto significa tomarlas mucho más en consideración al momento de definir estrategias para abordar los problemas públicos. En segundo lugar, y dado que son autónomas, pero colaboran en la implementación directa de políticas públicas, se requiere una relación mucho más simétrica con el Estado, tanto a nivel nacional como local, para aprovechar mejor la evidencia práctica que ellas están generando. En tercer lugar, si bien estas organizaciones gozan de una alta valoración de la ciudadanía, deben desarrollarse procesos que ayuden a resguardar la fe pública en ellas. Finalmente, en relación al financiamiento de este sector, se requiere mantener un adecuado equilibrio entre las distintas fuentes de ingresos. Al igual que en todo el mundo, se requieren aportes del Estado, pero estos deben ser otorgados en un contexto de autonomía y no imponer condiciones exageradas o arbitrarias que lleven a una captura de intereses. Por otra parte, también son importantes los ingresos propios que generan, por los servicios que prestan, pero debe cuidarse que esto no termine en una mercantilización. Finalmente se requiere un creciente aporte desde las donaciones, que si bien pueden ser proporcionalmente menores como fuente de financiamiento, estas contribuyen a asegurar más independiencia en su actuar.
Chile tiene una gran sociedad civil pero aún está a mitad de camino de acuerdo a su nivel de desarrollo; es necesario avanzar destrabando algunas de los aspectos mencionados que pueden estar limitando su despliegue pleno. La evidencia internacional, pero sobre todo, la oportunidad que la investigación nos abre para observar su trayectoria, importancia económica, social y valoración ciudadana, ilumina el rumbo que debiese abordar la política pública para darle mayor protagonismo como un actor clave en el crecimiento integral de nuestro país.
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