Óscar Contardo's Blog, page 72

Tramposa resiliencia

Durante el actual frenazo económico la tasa de desempleo ha subido, pero muy moderadamente, lo que ha sido malinterpretado en muchas ocasiones como un reflejo de que el menor crecimiento económico ha tenido un impacto pequeño sobre el mercado laboral. En efecto, diversas autoridades han sido majaderas en señalar que el mercado laboral ha sido resiliente a la desaceleración. Desde que comenzó el actual frenazo, es decir, desde el cuarto trimestre de 2013, un 56% del tiempo el tipo de trabajo que ha liderado la creación anual de empleo es el empleo por cuenta propia, llegando en 2016 a representar prácticamente la totalidad del empleo creado. El problema de esta situación es que el 50% de estos empleos gana menos de $200 mil al mes y hay una altísima informalidad, donde casi el 90% no realiza cotizaciones para la vejez. Además, un trabajo reciente de Clapes UC mostró que mayoría del aumento de este tipo de empleo en el periodo de desaceleración correspondió a alguna forma de subempleo, ya sea por insuficiencia de horas (trabaja una jornada parcial pero en forma involuntaria, porque la persona quiere y está disponible para trabajar más horas en forma inmediata) o por competencias (personas trabajando en empleos significativamente por debajo de su calificación). En la práctica esa “resiliencia” se refleja en carros de metro atestados de cantantes y vendedores ambulantes, asados en plena Alameda, un Paseo Ahumada en el que es muy difícil caminar por el fuerte incremento del comercio callejero, obreros que han perdido su trabajo y suben a la micro a vender golosinas para poder llevar algo de dinero al hogar y profesionales que están ejerciendo un trabajo que requiere calificaciones muy inferiores para el que se prepararon. Estos son algunos de los muchos rostros humanos que conforman esa “resiliencia”.

Sin embargo, el elemento más novedoso de las últimas 3 entregas de las cifras de empleo del INE es que está surgiendo una nueva forma de “resiliencia”: un drástico incremento anual de empleo asalariado público que ha pasado a liderar la generación de puestos de trabajo, dejando en segundo lugar a los cuenta propia. El último dato informa un aumento de 89.670 nuevos empleos asalariados públicos, lo que ocurre en conjunto con una destrucción de más 8 mil empleos asalariados en el sector privado. Si descomponemos el aumento anual de empleo asalariado público se observa que casi 56 mil son con contrato indefinido y poco más de 22 mil son definidos renovables una vez al año. Si la descomposición se hace por forma de pago, más de 80 mil son con liquidación de sueldo. De esta manera la conclusión es clara: estamos hablando de un incremento de funcionarios públicos con carácter más bien permanente, esencialmente empleos de planta y contrata.

Lo interesante es que ambas formas de “resiliencia” permiten tener tasas de desempleo oficiales bajo control, pero eso no significa autoengañarse y concluir que la falta de crecimiento ha tenido un impacto moderado sobre el mercado laboral. Ninguna de esas formas de mantener el desempleo a raya es un signo de fortaleza económica. En el caso del aumento del empleo por cuenta propia, hablamos de trabajos con ingresos en torno a la mitad de un empleo asalariado, alta informalidad y lagunas previsionales, además del hecho de que la mayor parte del aumento de empleos de este tipo durante el actual frenazo son formatos de subempleo, es decir, de desempleo encubierto. En el caso del empleo asalariado público, si bien tiene características de mejor calidad, es una cuenta que vamos a tener que pagar en algún momento. Resulta bastante complejo que en el actual contexto de estrechez y creciente endeudamiento fiscal la contratación de empleo asalariado público esté liderando la generación de puestos de trabajo. De acuerdo a un reciente informe de Clapes UC, la próxima administración –cualquiera sea su color político- enfrentará una situación de holguras fiscales negativas, es decir, que el gasto fiscal que ya está comprometido es mayor al gasto que se puede realizar para cumplir con la meta fiscal. El próximo gobierno deberá enfrentarse al dilema de tener que recortar gasto que ya estaba comprometido o tener que dejar de cumplir las metas fiscales.

En definitiva, si la tasa de desempleo oficial solo ha subido en forma moderada desde que comenzó el actual frenazo, eso no se debe en ningún caso a un signo de fortaleza económica. Transmitir que el mercado laboral ha sido resiliente porque las personas están recurriendo a autoemplearse en formatos de desempleo encubierto, o porque se está echando mano a los recursos fiscales para aumentar en forma desatada la contratación de funcionarios públicos-por cierto generando una cuenta que vamos a tener que pagarla todos en algún minuto- es simplemente hacernos trampa.

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Universidad Católica: debate fariseo

Larga discusión –y variadas críticas– ha suscitado el actuar de Ignacio Sánchez en la rectoría de la UC, tanto al enfrentar el tema del aborto como al ejercer su liderazgo social en otros temas. Quizás la principal crítica es que el rector asumiría la “vocería” de toda la universidad sin incorporar la visión cambiante de sus alumnos. Esta parte de la discusión podría centrarse en responder la siguiente pregunta: ¿debe una universidad ser gobernada buscando representar las posiciones políticas y sociales de su comunidad? ¿Debe el rector estar atado a lo que sus estudiantes quieran promover? La respuesta, sobre todo a esta última pregunta, no puede ser un rotundo sí o no. En cualquier caso, admitiremos ciertos límites y restricciones que nos forzarán a matizar esa respuesta.

No sería adecuado que la voz de los alumnos tuviera un poder omnipotente, ni tampoco que sea considerada tan irrelevante que ni siquiera sea escuchada. Poco razonable sería que, por ejemplo, los alumnos puedan determinar qué profesor debería o no enseñar; pero sí es sensato que su voz sea atendida al respecto y, por eso, los alumnos evalúan a sus profesores semestre a semestre –en la mayoría de las universidades– y dicha valoración es tenida en cuenta para renovar a los profesores. Nadie consideraría la opinión de los estudiantes –aún mayoritaria– si promoviese acciones discriminatorias o violentas contra estudiantes por su origen socioeconómico. Siempre habrá un marco, la duda es ¿cuál es? ¿cómo lo definimos?

Por eso es un engaño camuflar los ataques a las declaraciones del rector en una supuesta falta de representatividad (tanto en la elección y el ejercicio de su cargo), cuando el verdadero problema es que el rector respete ese ideario particular. Como el problema no es que existan ciertos límites –sería imposible negar que deben haber algunos como ya se mostró–, la razón de la molestia se refiere a cuáles son esos límites: la catolicidad de la universidad limitando la acción de sus autoridades. Así, la verdadera pregunta es: ¿pueden los miembros de un organismo social cambiar sustancialmente su ideario, es decir, aquello que constituye su marco de actuación?

La respuesta, obviamente, no es absoluta. Dependerá exclusivamente del carácter de la institución social. Hay algunas en que es evidente que la comunidad puede modificar esencialmente su rumbo (en algunas empresas, corporaciones y otro tipo de organizaciones en general), pero existen otras instituciones en que su ideario no es simplemente un punto de partida, sino que es un ideal al que se aspira a llegar y desde el cual se contribuye a la sociedad. En estos casos,  al ser su sentido –y no un factor puramente instrumental– su modificación implica generar otra institución.

Ahora, en nuestro caso, ¿puede una institución que se jacte de ser universitaria, tener ciertas restricciones y límites? De nuevo, dependerá de cuáles sean esos límites (y no que ellos existan). Siempre los habrá, incluso una universidad con absoluto cogobierno los tendrá. ¿Son incompatibles los límites de las universidades católicas con la idea misma de universidad? En este punto central, quizás lo único relevante es mirar el origen e historia de la universidad: no es posible separarla de la religión, en especial, de la Iglesia Católica.

Así, el debate en torno a la Universidad Católica y su actuación pública tiene mucho de fariseo. Se le ataca camuflando el verdadero objetivo de los disparos: su inspiración fundacional. Además, siempre considera el ideario como un límite, cuestión que sólo lo empobrece pues pone el acento en una faz negativa. Lo iguala, en cierta medida, al giro de cualquier persona jurídica: esos listados de actividades que realizará y en que, aquello que no se enuncia, no se puede hacer. Pero el verdadero sentido de un ideario es su faz positiva: aquellos valores e inspiraciones que expresa permiten el verdadero despliegue de dicha comunidad en pos del objetivo declarado. No es ni un límite, ni un simple punto partida, es el sentido final que mueve a realizar toda la labor y, por lo tanto, el sentido que mueve al compromiso a quien adhiere al desarrollo y proyección de dicha comunidad.

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Dos cabezas

Desde siempre la mitología ha incorporado la figura de seres de dos cabezas; la Hidra, que tenía varias, regeneraba dos cada vez que perdía una. Dos personas en una, la contradicción que expresa lo que, de alguna manera, todos somos y que la siquiatría ha estudiado en el mundo contemporáneo. Sin embargo, las personas tienen en realidad una sola cabeza y, con ella, una sola personalidad que prevalece y las define, si ello no sucede estamos ante una patología, un desorden que impide el desarrollo normal del ser humano.

Con las organizaciones sucede algo semejante, necesitan una cabeza que defina su identidad, que decida frente a las distintas opciones que se presentan en su diario vivir. Es lo que en la cultura militar se llama “unidad del mando”, representando que luego de la deliberación colectiva viene la fase de decisión que es unívoca y que garantiza coherencia en la acción. Es difícil imaginar una organización en que esta cualidad es más indispensable que en el gobierno de un país, por la complejidad de las materias que enfrenta, por su tamaño y por lo importante que resulta que sea predecible para los ciudadanos.

Esta unidad en su conducción es algo de lo que este gobierno ha carecido, crecientemente se han expresado en su interior posturas radicalmente distintas, que compiten entre sí, sin que haya una definición clara, que dé certeza respecto de la ruta elegida. Así sucedió a propósito de la reforma laboral entre el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo; luego fue todo el equipo económico, liderado por Rodrigo Valdés, quienes se senfrentaron al ministro de Medio Ambiente por el proyecto Dominga, con el resultado conocido.

Ahora, es el terrorismo en la Araucanía el que ha dado lugar a una divergencia expresada públicamente entre el Ministro de Desarrollo Social y el Subsecretario del Interior. De una manera inédita el secretario de Estado calificó como un “montaje” un operativo policial dirigido por el subsecretario Aleuy y negó la existencia de delitos terroristas.

El ministro Barraza no parece haber hablado en función de las responsabilidades propias de la cartera que encabeza, sino que expresó la posición del partido al que pertenece: el PC. Así, el Partido Comunista se ha ido transformando en un verdadero gobierno dentro del gobierno. Ello no habría sido posible si es que no se hubiera instalado esta lógica bicéfala que ya cobró la salida de todo el equipo económico y ahora parece estar a punto de cobrar la del subsecretario Aleuy -quien ayer presentó su renuncia- , completamente desautorizado en sus atribuciones.

El resultado en la conducción económica es conocido, el periodo de menor crecimiento e inversión desde el retorno a la democracia y ahora la disputa e indefinición en materia de seguridad nos puede dejar un legado de terrorismo injustificadamente fortalecido. Las coaliciones pueden tener dos almas, pero los gobiernos no pueden tener dos cabezas.

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Después del 1-O

El referéndum independentista de Cataluña del 1 de octubre (1-O) concluyó en una violenta represión policial que dejó cientos de ciudadanos heridos y un gran signo de interrogación sobre el futuro. Hasta antes del 1-O, el porcentaje de independentistas en Cataluña alcanzaba un 48% y los partidarios de zanjar este tema a través de una consulta democrática pactada sobrepasaban el 70% (muchos de los cuales eran contrarios a la independencia). Es muy probable que el número de independentista haya crecido después del 1-O.

La reivindicación de Cataluña como nación viene de lejos, pero la coyuntura actual se explica por el fallido Estatuto de 2006. En ese año, bajo el impulso del socialista catalanista Pascual Maragall, se logró la aprobación de un nuevo estatuto para Cataluña, primero en el Parlamento catalán y luego, en una tensa sesión en marzo de 2006, en el Parlamento español. Sin embargo, este nuevo estatuto -a instancias del Partido Popular- fue tumbado por el Tribunal Constitucional de España en junio de 2010.

Se malogró así la posibilidad de renovar el anclaje de Cataluña en España a través de una solución institucional que podría haber durado varias décadas. A partir de ese momento se inicia un vertiginoso ascenso del independentismo, expresado en multitudinarias manifestaciones. Comienza la cuenta regresiva de lo que la mayoría comenzó a llamar resignadamente el “choque de trenes”. El 1-O recién pasado fue el día y la hora señalada de ese choque.

A la caída del Estatuto se sumó la crisis económica de 2009, que rápidamente contagió a Europa y golpeó a España y Cataluña con recortes al Estado de Bienestar y políticas de austeridad, y un gran descontento social que se expresó en el movimiento de los indignados del 11-M (2011), redibujando el mapa político y social español y catalán.

Cataluña es una nación sin Estado, como existen varias en el mundo. Su identidad nacional es una mezcla de verdades e invenciones históricas como todas las identidades nacionales, incluida la de España y del nacionalismo español. O la “identidad chilena” construida desde el Estado después de la independencia. Tratar de refutar las identidades nacionales -que son entretejidos culturales y emocionales complejos- es inconducente. El tema es si existe para estos pueblos y naciones sin Estado una solución político-institucional satisfactoria.

El 1-O deja escaso margen a soluciones intermedias. La rigidez política del gobierno de Rajoy es hoy más parte del problema que de la solución. Volver al malogrado estatuto de 2006 se ve difícil. Podría ser el momento del siempre postergado federalismo o bien de pactar un referéndum -a lo David Cameron con Escocia- y jugarlo todo allí. Ninguna opción es sencilla, pero el inmovilismo político y la represión -como quedó demostrado este 1-O- solo aleja, peligrosamente, una solución democrática y pacífica en Cataluña.

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Sumisión

El pasado 9 de junio un grupo de individuos interrumpió un servicio religioso en la Iglesia Pentecostal del Señor en Padre las Casas, lo que hizo salir a la gente en medio de disparos y en su presencia incendió la Capilla con líquidos acelerantes. En este caso los presuntos autores fueron detenidos y el gobierno presentó una querella fundado en la Ley 18.314 sobre delitos de carácter terrorista, esto es, aquellos que se cometen con la finalidad de producir en la población o parte de ella, el justificado temor de ser víctimas de un daño que les pudiese ocasionar grandes estragos. El incendio que obedece a un plan premeditado es uno de los ejemplos que señala la ley. De allí que, hasta hace pocos días, iniciada la huelga de hambre por los procesados, el gobierno sostuvo que no se doblegaría ante presiones para modificar la querella.

Es la propia ley 18.314 la que establece que uno de los propósitos que puede perseguir una conducta terrorista es la de arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. En este caso, la mantención de la huelga de hambre, con riesgo de la salud de los imputados, puso en aparente jaque el resguardo de la seguridad nacional. El gobierno abandonó este deber y asumió una obligación humanitaria, explicando su conducta en una falsa colisión de derechos. Frente a una huelga de hambre con peligro real siempre se ha recurrido de protección invocando el derecho a la vida. Existen numerosos precedentes en que la justicia ordena preservar la salud de las personas pues existe un momento de debilidad y pérdida de conciencia en que no se está en situación de adoptar decisiones racionales. El gobierno no hizo uso de esta herramienta constitucional y creó un inexistente dilema entre una querella por conductas terroristas y el derecho a la vida, optando por ésta por la vía de renunciar a la acción penal idónea.

Pero en el caso que se analiza, la recalificación de la querella a un delito no terrorista presenta otras consecuencias más graves. Los imputados no solo accederán a penas inferiores, sino que dejarán de tener aplicación las normas sobre protección de la identidad de los testigos regulada en la ley 18.314. Una de las exigencias presentadas por los imputados, además de la recalificación, consiste en conocer los nombres de los testigos. ¿Por qué razón lo reclaman entre sus demandas para abandonar la huelga de hambre? ¿Qué medida de protección ha anunciado Interior para estas personas y sus familias? Ninguna. Por otro lado, también han quedado en una suerte de peligro quienes han actuado conforme a la ley, persiguiendo la conducta antiterrorista o aplicando sus normas, como es el caso de los fiscales y tribunales. Recientemente, denegaron la reducción de las medidas cautelares por constituir los imputados un peligro para la sociedad. ¿Ahora qué? Depuesta la huelga de hambre, pan para hoy…¿nuevas conductas contra personas y bienes para mañana?

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Centro Metropolitano

*Esta columna fue escrita junto a Luis Fuentes, Centro de Desarrollo Sustenatable CEDEUS, PUC.

 

En Santiago, el desplazamiento de las actividades centrales hacia el sector oriente ha sido constatado en diversos estudios sobre sus tendencias de crecimiento en las últimas dos décadas. La prolongación de la red de Metro, la concentración de habitantes de altos ingresos y las modificaciones a los planes reguladores de varias comunas, entre otros factores, han incentivado que los servicios financieros, comercio y otras empresas, se localicen formando una cuña desde Santiago centro hacia el oriente, prolongándose cada vez más hacia Lo Barnechea. En su tesis de magister en ciencias de la ingeniería, Gonzalo Suazo muestra que de cada 100 m2 autorizados de edificación destinada a servicios, 65 se localizan en este sector que apenas representa el 12% de la superficie de la ciudad.

Así, el suelo del sector oriente alcanza precios – para uso residencial – que solo un grupo minoritario de la población puede enfrentar.

Para acceder a un crédito hipotecario y comprar una vivienda “barata” en este sector, se debe ganar más de $1.500.000 mensuales aproximadamente, de hecho, la inmensa mayoría de las viviendas en este sector exige un ingreso bastante mayor. Esto genera una barrera insalvable para más del 85% de los hogares de la ciudad

Este fenómeno influye decisivamente en la desigualdad imperante en Santiago. Mientras el sector más acomodado atrae hacia sí las oportunidades laborales, el resto de la ciudad ve aumentados sus tiempos de viaje. Para estos viajes, cada vez más largos, los modos más sustentables como la caminata, bicicleta o transporte público pierden atractivo frente al automóvil. Y sabemos que promover el uso del automóvil solo siembra congestión y otras externalidades.

Además, los viajes más largos en transporte colectivo aumentan el costo de proveer este servicio.

Por décadas el desarrollo de la ciudad ha estado en manos del mercado, mientras las políticas públicas y las inversiones del Estado han sido reactivas. Prueba de ello es el diseño de la línea 7 del Metro, paralela a la línea 1, que parece necesaria para responder a los pronósticos de patrones de viaje. Sin embargo, uno de los principales efectos en la ciudad en términos de estructura urbana, será incentivar aún más la localización de actividades en el sector oriente, acentuando el desarrollo tendencial que ha ido marcando el mercado en las últimas décadas y que perjudica a quienes viven en el resto del área metropolitana. Por esto, parece oportuno cuestionar el efecto urbano de las inversiones públicas, ¿vamos a seguir reaccionando a lo que el mercado plantea o vamos a incentivar una estructura más equitativa y eficiente para Santiago?

Se necesitan más centros de actividades lo que exige proveer de incentivos económicos. Se requiere también una autoridad metropolitana que planifique integradamente el transporte y uso de suelo con visión de largo plazo. En ausencia de esta autoridad, la evolución seguirá gobernada por el mercado con el beneplácito de los municipios que se ven favorecidos en desmedro de los demás. Necesitamos más discusión y acuerdos políticos y creemos que un tiempo de elecciones es un momento fértil para ello.

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La posverdad del discurso presupuestario

Con mucha atención escuché el discurso de la Presidenta Bachelet a propósito de la Ley de Presupuestos, y varias veces sentí que vivíamos en un país distinto, ya que mi seguimiento diario del acontecer nacional, y especialmente del comportamiento macroeconómico del país, me llevaba a conclusiones opuestas a lo dicho por ella. Analizando en detalle los planteamientos del discurso, pude detectar, en su análisis macro, siete frases que no se ajustan a la realidad, y que paso a detallar, ya que lo mínimo que se le puede exigir a la autoridad máxima del país es que sea rigurosa con lo que dice.

La presidenta parte señalando que vemos un repunte del empleo asalariado, y aunque eso es así, no es cierto que sea señal alguna de dinamismo económico, ya que el INE nos acaba de informar que en los últimos doce meses se perdieron 8 mil empleos asalariados en el sector privado, mientras en el sector público el empleo aumentó en 90 mil. Más que algo positivo, me parece muy negativo, ya que además de un posible clientelismo político y un amarre de gasto, esos empleos se están financiado con deuda pública. Ella dice que “hemos resguardado el empleo”, sin embargo, de los 363 mil nuevos empleos desde el inicio de su gobierno, un 65% corresponde a empleo por cuenta propia, mientras se han perdido 35 mil empleos asalariados en el sector privado.

A continuación, plantea que “hemos hecho bien la pega”, lo que adolece del más mínimo sentido de autocrítica, ya que hemos recibido dos rebajas de la clasificación de riesgo y un deterioro de perspectiva, a lo que se suma una caída muy significativa en la evaluación del manejo macroeconómico en el índice Doing Business, pasando del puesto 17 en 2013 al 36 actualmente. Estas caídas en las notas de Chile tienen sustento; muy bajo crecimiento, cuatro años de caída de inversión y marcado deterioro fiscal. También plantea que “hemos tenido un comportamiento similar al de otros países exportadores de materias primas”. Eso no es efectivo. Mientras entre 2010 y 2013 Chile creció un 5,8% promedio, Australia, Nueva Zelanda, Colombia y Perú se expandieron un 3,8% promedio, es decir, nuestro país superó en forma significativa a otros exportadores de materias primas. Sin embargo, entre 2014 y 2017 el crecimiento de Chile será 1,8% y el de los otros países un 2,6%. Por ende, en Chile el crecimiento cayó 4 puntos porcentuales, y sólo 1,2 puntos en los otros países. No me parece similar.

La Presidenta señala también que ha habido un aumento responsable del endeudamiento. Es bien poco exigente su criterio, ya que en cuatro años la deuda del gobierno central se duplicó en términos del PIB, pasando de 12,7% en 2013 a un estimado de 27% a fines de este año. Este es el aumento más significativo de endeudamiento desde el gobierno de la Unidad Popular. Plantea también que “va a disminuir el nivel endeudamiento”, lo que no es correcto. El presupuesto es claramente expansivo, por lo que en 2018 la deuda pública seguirá aumentando (habrá déficit efectivo), sólo que crecerá a un ritmo un poco más bajo.

Por último, dice que “vamos a mantener una importante inversión pública”. Sin embargo, en 2016 la inversión pública cayó un 4,8% real, y entre enero y agosto de este año acumula una caída de 4% real. El aumento del gasto fiscal en estos años, que triplica el crecimiento del PIB, se explica por gasto corriente, la inversión no ha sido prioridad.

 

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Derechos y deberes de los inmigrantes

Recientemente la prensa difundió imágenes de niños haitianos compartiendo animadamente junto a sus compañeros y amigos chilenos en una fiesta de un colegio de la capital.

Esos rostros de niños de diferentes orígenes celebrando alegremente, representan una buena metáfora de lo que debieran ser las relaciones entre los habitantes de Chile y las personas que llegan desde países de la región en busca, normalmente, de mejores horizontes de vida.

En esa dirección, la Presidenta Bachelet, al presentar el proyecto para una nueva ley de migración, puntualizó que el texto contempla “un sistema de principios, derechos y deberes”  con un enfoque en los derechos humanos, la igualdad y no discriminación en los aspectos laborales, de seguridad social, justicia, educación y salud.

Lo anterior contribuye a tener una mirada compresiva y de acogida frente a los inmigrantes con independencia del lugar del cual provengan y de los prejuicios que podamos tener respecto a otras naciones y culturas. No hay que olvidar que la xenofobia, el resentimiento y  cualquier expresión de odio frente al otro ─el que aparece como disputándome los espacios de trabajo o ha llegado masivamente a mi barrio─ está casi siempre fundada en la ignorancia y el miedo: una mezcla nada de buena cuando se le suma, además, como ha sucedido con peligrosa frecuencia  en elecciones recientes de países extranjeros, el discurso populista.

Tal como lo señaló en una entrevista  Rodrigo Sandoval, ex director de Extranjería e Inmigración, “si miramos las cifras, los inmigrantes tienen mayor nivel educacional, mayor disposición al trabajo y menor tasa delictiva que los chilenos. Mejoran todos nuestros estándares”. El propio Cardenal Ezzati durante la homilía de Fiestas Patrias hizo un llamado a darle una “acogida empática, de respeto mutuo y de colaboración generosa” a los inmigrantes que día a día llegan a nuestro país y se refirió al “rostro de inmigrantes y chilenos que juntos buscan amasar el mismo pan de la dignidad, de la acogida, de la integración”.

Se ha dicho y se ha repetido, pero no está demás insistir: una parte importante de la población chilena proviene de la migración de argentinos, alemanes, suizos, por supuesto españoles, y también peruanos, palestinos, sirios, libaneses, judíos, vascos, catalanes, croatas,  bolivianos, italianos. Apellidos como Balmes, Luksic, Frei, Bachelet, Gumucio, Saieg, Maluk, Sauma, Larraín, Kirberg,  Fantuzzi, Chaskel y tantos otros, nos remiten a la persistente presencia y al aporte de los extranjeros y sus descendientes en la historia de nuestro país.

Mis abuelos llegaron a Chile desde Belén, Palestina, a principios de 1900, en búsqueda de mejores oportunidades. Aquí fueron acogidos muy generosamente y se les  brindó la posibilidad de desarrollarse, echar raíces y  formar un nuevo  hogar. Como director del Estadio Palestino, puedo constatar la presencia centenaria de medio millón de chilenos de origen árabe, que han realizado una importante contribución  al desarrollo y progreso del país. 

Ahora son nuestros hermanos y vecinos peruanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, dominicanos y haitianos los que por razones económicas y/o políticas abandonaron sus países de origen y eligieron Chile como destino.

Ayer fueron los exiliados por la dictadura, los acogidos por países cercanos  y también distantes. En ese flujo, ese tránsito de seres humanos, se  van conformando las naciones ─desde los integrantes de los pueblos originarios hasta el último inmigrante─ y nos vamos transformando en una amalgama de colores de piel, de culturas y de orígenes, en un crisol de nacionalidades. 

De derechos y de deberes habló la presidenta. El derecho de los miles de  inmigrantes a ser aceptados en un país diferente al que nacieron, y  asimismo, el deber de ellos de respetar las reglas del juego y la idiosincrasia imperantes en Chile, en el entendido que les hemos abierto las puertas de nuestra patria si  ningún tipo de discriminación.

En consecuencia, el proyecto enviado al Congreso Nacional para la discusión legislativa, además del conjunto de medidas que propone, podría considerar, como lo han señalado diversos expertos,  la viabilidad de la creación de una nueva institucionalidad migratoria: Un Servicio Nacional de Migraciones que aborde de un modo integral y multidimensional el creciente fenómeno migratorio que enfrenta nuestro país.

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Conflicto chileno-mapuche: directo al despeñadero

Alguien dijo una vez que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y es eso lo que ha ocurrido en las últimas décadas. gobierno tras gobierno se hacen falsas promesas, al poco andar emerge la violencia, se presentan sendas querellas, unos piden que se aplique el Estado de derecho y otros replican que este no existe, se dictan larguísimas prisiones preventivas, luego vienen las huelgas de hambre, aparecen los oportunistas políticos que toman palco solo para criticar, se crean ilusas mesas de diálogo, se absuelve o condena a los imputados, luego vienen otra vez las falsas promesas, repitiéndose el mismo guion una y otra vez.

En la última semana dos hechos monopolizaron la agenda comunicacional, uno de ellos la “Operación huracán”, en donde se detuvo a los supuestos cabecillas de la CAM y la WAM, paradojalmente para muchos no está en discusión la inocencia de los imputados, con un par de WhatsApp basta para declararlos terroristas. Los más descarados son los políticos que rasgan vestiduras defendiendo su inocencia cuando se les acusa a ellos de corruptos por emails en donde les dicen hasta como votar, para que hablar, de los audios en donde supuestamente algunos carabineros ofrecían sus servicios como guardias privados.

Después, entre gallos y medianoche el gobierno pidió modificar la prisión preventiva de los cuatro mapuche en huelga de hambre, y prometieron enviar al Congreso dos iniciativas legales para modificar la ley antiterrorista y los requisitos y plazos para la prisión preventiva. Días después el Ministro de Interior, Mario Fernández anuncio que el gobierno pedirá recalificar delitos de carácter terrorista en la querella contra mapuche que estaban en huelga de hambre.

Honestamente, no recuerdo un gobierno más oportunista en materia indígena que el segundo de Michelle Bachelet. Primero, importa bien poco que el gobierno haya pedido la recalificación del delito, toda vez que el Ministerio Público sigue su causa bajo la calificación de terrorista. Además, es irrisorio que en los últimos seis meses de Gobierno digan que enviaran dos nuevos proyectos de ley, cuando no pudieron en 4 años aprobar los proyectos de ley para crear el Ministerio y el Consejos de Pueblos Indígenas.

¿Qué pasara después? Bachelet dirá: Si los huelguistas fueron condenados por ley antiterrorista es culpa del Ministerio Público, si no se aprobaron las modificaciones legales, es culpa del Congreso. Dejando en evidencia que el perdón de Bachelet era mera demagogia y su nombramiento como integrante de una junta consultiva de alto nivel sobre mediación de la ONU es un chiste cruel.

Lo más frustrante de todo es que discusión se centra en si los actos son terroristas o comunes, y no en la solución al conflicto, existe un grupo minoritario de izquierda que dice que nada es terrorismo, mientras que otro grupo minorista de extrema derecha dice que todo es terrorismo, otro grupo, más numeroso y más sensato, dice que, si bien son terroristas, no representan a los mapuche y suelen preguntarnos a los mapuche si nos representan o no. Al respecto, el peñi Francisco Huenchumilla fue muy claro en el programa “En Buen Chileno” de Canal 13 y con eso se ganó mi voto:

“El mundo mapuche tienen como dos o tres estrategias, la inmensa mayoría, se va por la estrategia del diseño político, por la acumulación de poder político y hay un sector que dejo de creer en el Estado, por los abusos, por el racismo y escogió el camino de la violencia, pero no nos equivoquemos, porque donde hay unanimidad en el mundo mapuche es en la identidad, en que somos un pueblo, hay unanimidad en que somos un pueblo anterior al Estado chileno, hay unanimidad en que el Estado chileno nos despojó de nuestras tierras en el siglo XIX. Por lo tanto, hay acuerdo en el fondo con divergencias en las estrategias, pero en los objetivos finales naturalmente que hay un gran acuerdo”.

Reducir el Conflicto Chileno – Mapuche a un tema de pobreza o violencia ya ni siquiera es ignorancia, es derechamente mala fe, se busca invisibilizar las demandas del pueblo mapuche, sumergiéndolas entre lo marginal y lo terrorista, dando como solución subsidios o querellas, pero sin avanzar en los problemas de fondo, esto tiene que ver con que el pueblo mapuche existía antes de la creación de la nación chilena, que posteriormente el Estado chileno nos expropio nuestras tierras y nos quiso asimilar a la nación chilena y que a pesar de lo anterior, en pleno siglo XXI seguimos existiendo.

Podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, creyendo que es posible superar la pobreza con subsidios y solucionar el conflicto con querellas, o, podemos cambiar de estrategia y construir un nuevo futuro. Por supuesto que existe pobreza y violencia, pero estas son efectos y no causas del conflicto. Lo único cierto es que debemos abandonar la estrategia de prevenir el terror en unos sembrando el pánico en los otros, ya que esta ha tenido por único resultado la muerte de unos y otros por igual. Ojalá no nos demos cuenta tan tarde que pudimos haber evitado irnos directo al despeñadero…

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Vargas Llosa y el populismo

Mario Vargas Llosa vino a nuestro país a  presentar el libro “El estallido del populismo”. Quienes hemos tenido la posibilidad de compartir en diversas ocasiones con Vargas Llosa, sabemos que las amenazas a la democracia liberal han constituido una preocupación durante toda su vida. Dando cuenta de ello, en el prólogo del mencionado libro, Vargas Llosa sostiene que el comunismo y el fascismo dejaron de ser los principales peligros para la sociedad libre. Es el populismo, nos explica, lo que debemos combatir hoy. Éste, a su vez, por su naturaleza líquida, adopta formas de izquierda y de derecha y su denominador común es la “política irresponsable y demagógica que sacrifica el futuro por un presente efímero”.

Hay ciertamente puntos en los que uno podría matizar el análisis subsecuente de Vargas Llosa. Cuando critica el Brexit, por ejemplo, que ciertamente fue promovido por grupos populistas, se debe recordar que lo fue también por sectores importantes de partidos políticos establecidos, por artistas, empresarios, académicos y otros. Incluso un académico como Niall Ferguson, que hizo campaña contra el Brexit, admitió después que, con todos sus problemas, la salida del Reino Unido de la Unión Europea era la mejor alternativa. Esto nos lleva a un aspecto poco tratado en el libro que prologa Vargas Llosa, y que tiene relación con la responsabilidad de las élites en el surgimiento del populismo en Occidente. No es razonable pensar que más de la mitad de  los ingleses y americanos se convirtieron en xenófobos de la noche a la mañana o que se dejaran simplemente lavar el cerebro por demagogos. Lo cierto, como ha dicho el mismo Ferguson, es que en los países avanzados las élites económicas, intelectuales, artísticas, periodísticas y políticas se han desconectado de la  realidad del hombre común a tal punto que han despreciado sistemáticamente sus preocupaciones tachándolas de xenófobas, ignorantes o racistas. Con ello, como nota Álvaro Vargas Llosa en el caso americano, alejaron a muchas personas que no son ninguna de esas cosas, pero que experimentan problemas reales de los que las élites políticamente correctas no se hicieron cargo. No es casualidad que el populismo sea siempre una reacción en contra de la élite.  

“El estallido del populismo” es, en todo caso, una completísima radiografía de lo que con razón Mario Vargas Llosa identifica como una amenaza potencialmente letal a la democracia liberal. Muy interesante resulta entre ellos el análisis de Colombia realizado por Plinio Apuleyo, quien nos advierte que en 2018 Gustavo Petro, un exguerrillero afín al chavismo, podría llegar a la presidencia. Además explica la verdadera trampa que es el acuerdo de paz con las Farc, que dará poder político decisivo al populismo de izquierdas en el país. El otro caso inquietante es México, que podría elegir pronto a López Obrador como presidente y que Enrique Krauze analiza en detalle. Si ambas cosas ocurren veremos un regreso del engaño populista que hará retroceder fuertemente a la región.

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