Óscar Contardo's Blog, page 107

Sostenibilidad empresarial: un objetivo corporativo

¿Persiguen las empresas la sostenibilidad como un objetivo corporativo? ¿Por qué hacerlo? En algunas empresas se observa poca disposición a incorporar este objetivo toda vez que se asume que aquel implicaría introducir mayores costos en los procesos productivos (como en otras dimensiones de relevancia para la compañía), sin que ello se traduzca en beneficios de corto plazo para la empresa. Mal que mal, el mandato de la administración, correcto por lo demás, es el de maximizar el valor de la compañía para los accionistas (para ser precisos, la regulación de la relación de agencia entre los dueños del capital y los administradores del mismo no excluye el interés de otros stakeholders en tanto se entiende que están integrados al gobierno corporativo por la vía de acuerdos contractuales –trabajadores, proveedores- o extracontractuales –comunidades, grupos de interés). Se observa entonces que la sostenibilidad empresarial estaría ubicada, para algunos, en las antípodas de la rentabilidad del negocio o de la competitividad de la empresa. Los altos ejecutivos estarían ante una elección: o desarrollan estrategias corporativas y de producción sostenibles (aparentemente caras y no rentables en el corto o mediano plazo) o estrategias empresariales rentables que no disminuyan la capacidad de competir de las empresas. La sostenibilidad empresarial estaría aparentemente divorciada de los objetivos del negocio y correría, para algunos, por un carril separado o paralelo, más parecido tal vez al de la responsabilidad social empresarial (RSE).

Sin embargo ¿Son realmente contradictorios los objetivos? Me parece que no. Y es que en materia de sostenibilidad empresarial no se trata de quien llega primero a cumplir metas socialmente populares que no guardan relación con el interés de la compañía, o de quien tiene más RSE o hace mejor marketing de su RSE. Se trata más bien de adoptar una estrategia corporativa que aborde las diversas dimensiones del quehacer de una compañía, observable, evaluable y revisable de cara a sus accionistas y sus stakeholders. De hecho diversos estudios demuestran que la búsqueda de sostenibilidad empresarial se traduce, en el mediano y largo plazo, en un sin número de innovaciones organizacionales, tecnológicas, de procesos y otras que reditan en retornos para las empresas. Y es que, contrario a lo que pudiera pensarse, el fin de maximizar el valor de la compañía no es contradictorio con la sostenibilidad empresarial. Por supuesto que presenta desafíos e implica que deberán repensarse ciertos modelos de negocios y procesos, pero no se trata de una tarea inabordable o que complote contra el interés de los inversionistas. Una de las ganancias que obtienen las compañías que asumen la sostenibilidad como un objetivo de negocios es que se adelantan a la regulación en la materia. En efecto, ser el primero en “mover la ficha” otorgaría ventajas sustantivas en lo que se refiere a la promoción de la innovación. Las empresas que se anticipan a la regulación, y se guían por los mejores estándares, ganan tiempo para experimentar con proyectos a escala, con nuevos insumos, tecnologías y procesos, aprendiendo valiosas lecciones de dicha experimentación, al tiempo que de ella suelen surgir nuevas oportunidades de negocios. Pero ¿Por qué tendrían las empresas que cumplir con un estándar superior, y no solo el mínimo normativo exigible? La evidencia demuestra que las empresas que se han anticipado, cumpliendo con los mejores estándares globales en materias corporativas y en sus procesos productivos, y que realizan un esfuerzo colaborativo, por la vía de alianzas productivas, no solo han logrado producir ahorros importantes (al beneficiarse de la optimización de los procesos, entre otras), sino que han liderado el camino del cambio y han transformado al regulador en un aliado. En efecto, las empresas que están a la vanguardia en materia de cumplimiento suelen ser aquellas que detectan tempranamente nuevas oportunidades de negocios. El caso de Hewlett Packard, en Europa, resulta ilustrador. El cumplimiento de mejores estándares se transforma así en una oportunidad competitiva y no es una carga.

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¿Qué podemos esperar de la política?

Se aproxima un nuevo cambio de gobierno. Como siempre ocurre en este contexto, cada bando se dispone a regresar a sus trincheras (aunque, en realidad, muchos nunca las han abandonado). Ni siquiera por los niños del Sename se ha podido dejar de lado por un momento la lógica maniquea que permea el debate democrático desde hace ya varios años. Todos presumen mala fe del otro, impidiendo acuerdos básicos. ¿Les interesa Chile? La pregunta no es trivial. De cuando en cuando, tanto la derecha como la izquierda dan muestras de importarles más el poder que el servicio.

Quien sea que asuma el mando de nuestra nación, debe tener presente este diagnóstico y esforzarse por superarlo. El panorama de un país dividido por visiones políticas no es esperanzador. Precisamente la voz nación alude a la unidad, al consenso, a aquello que llamamos Chile y que está por sobre todas las disputas. Eso es algo que todo debemos cuidar.

Diálogo y acuerdos. Dos conceptos que la política debe esforzarse por gravar a fuego. ¿Ingenuidad? Por ningún motivo. El mejor momento de la historia de nuestro país estuvo marcado precisamente por ambos (no por nada todos recurren ahora a la imagen de Patricio Aylwin). Es cierto que las diferencias nunca van a dejar de existir y, en cierto sentido, es sano el pluralismo ideológico. Con todo, ello no puede nublar el juicio al punto de, por ejemplo, negarse a aceptar buenas ideas solamente porque vienen de quienes están en la vereda del frente. Quizá la transición podría haber sido todavía más exitosa si la derecha hubiese tenido esto presente.

Encontrar la raíz de este problema es una tarea no menor. Aunque bien puede atribuirse a la misma naturaleza humana: después de todo, la política la hacen las personas. En este sentido, entablar una política que esté asentada en el diálogo y el acuerdo, en gran medida, constituye un desafío personal, un cambio de actitud. Este reto tiene múltiples aristas, entre ellas, superar la inmediatez que tiene capturada a la política, y que se expresa en la ganancia pequeña, el aplauso fácil, las tendencias en Twitter, los codazos para alcanzar el mejor lugar en la foto. Pero también, tiene que ver con una apertura de mente, con el desafío de comprender al que piensa distinto, con la buena disposición a escuchar sus argumentos (lo que implica, también, estar dispuestos a entregar argumentos) e interpretarlos de la mejor manera posible.

No se puede gobernar sin acuerdos. Consecuentemente, tampoco se puede gobernar sin diálogo. La izquierda, de manera sumamente irresponsable, renunció a estas dos cosas y, en alguna medida, esto explica el fracaso del gobierno de la Nueva Mayoría. El próximo gobierno deberá tener la entereza de tratar con igualdad de condiciones a los diferentes espectros políticos a la hora de avanzar en múltiples materias (por ejemplo, la crisis de la infancia). Además, deberá mostrar no poca habilidad política para generar consensos ahí donde actualmente sólo hay división. No se trata, obviamente, de dejar a un lado los principios (no hay política sin convicción). De lo que se trata es de enfrentar de una manera diversa las controversias, de manera respetuosa, sin encerrarse en posturas que muchas veces responden a sin sentidos. De esto dependerá, no sólo la gobernabilidad, sino también la superación del desprestigio de la política.

 

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Más y mejor infraestructura portuaria

En medio de la vorágine que significan las campañas presidenciales ha sido muy reconfortante conocer en detalle, en el Consejo del CPI, los avances que se han hecho en la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) para ampliar su capacidad y poder extender sus áreas de concesiones en forma significativa. Se aspira a que el nuevo puerto cuente con dos nuevos concesionarios en relación a los que actualmente operan en él y pueda movilizar una capacidad total de 6.000.000 de TEUs anuales. La inversión estimada es de casi US$ 3.400 millones que será financiada por la propia operación de los terminales, que estarán a disposición del país a partir del año 2026.

¿Es este el Puerto de Gran Escala que el gobierno ha anunciado? Si todo se hace bien, este podría ser una alternativa para constituirse en ese instrumento que Chile requiere para mantener su incumbencia en el comercio exterior y, progresivamente,  constituirse en la “plataforma comercial del sur de América Latina” a la que nos convocó la Presidenta de la República  en su último viaje a China. Para ello será  necesario responder las dudas que muchos escépticos levantarán ante tan significativa iniciativa. Así mismo, será muy importante asegurar la continuidad en la realización de los estudios que se requieren para dar las seguridades necesarias antes de poner la primera piedra.

De igual forma, y en ese mismo contexto, debieran darse a conocer los proyectos complementarios que un puerto de esta nueva envergadura requiere para movilizar con eficiencia y eficacia las cargas de importación y exportación que tendrá a su cargo.  Es evidente que la actual dotación de carreteras y ferrocarriles no es suficiente para cumplir con ese objetivo. Tampoco la ciudad de San Antonio está debidamente equipada para soportar el movimiento de personas y mercancías que coparan sus disponibilidades. Todo esto es parte de una mirada estratégica que, según se nos ha informado al presentar el proyecto, está en curso, liderada por el Ministerio de Transportes y con la concurrencia de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el MOP, la municipalidad de San Antonio  y la propia Empresa Portuaria.

Un proyecto de esta naturaleza es una iniciativa que debe ser mirada al largo plazo. De hecho, los primero esbozos de este proyecto provienen del año 2009 y su materialización definitiva se presume  será el año 2035. Cautelar la continuidad de iniciativas de estas características requiere de una institucionalidad que asegure la interacción entre las políticas de corto plazo, muy arraigadas en la contingencia política en un contexto de gobiernos de 4 años, y la mirada estratégica que es necesario tener para planificar las grandes obras de infraestructura que el país necesita.

El esfuerzo que se ha hecho en relación a este proyecto debiera ser la antesala para avanzar en la constitución de esa institucionalidad y, de esa forma, asegurarse una mirada de largo plazo en el diseño de las políticas de infraestructura. Esta institucionalidad es una de las propuestas en las que el CPI ha insistido con reiteración por estimarla imprescindible para alcanzar resultados exitosos en el campo de la infraestructura.

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Identidad de la UC

El reciente debate respecto del rol e importancia de la catolicidad al interior de la comunidad de la universidad católica, permite reflexionar sobre los principios que la distinguen frente a otros proyectos educativos. La universidad como institución se consagra a la investigación y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber. Aquellas de naturaleza católica, se distinguen además por su libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios. En cuanto universidad, es una comunidad que de modo riguroso y crítico, contribuye al desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y el aporte a la comunidad.

El esfuerzo permanente de la UC se debe orientar a promover la excelencia en la generación de nuevo conocimiento y en la formación de personas, junto con fortalecer nuestra identidad católica. Lo anterior permite potenciar a nuestro cuerpo académico, aumentar el ingreso de los mejores alumnos de distintos sectores de la sociedad, -con crecientes criterios de inclusión-, realizar investigación e innovación de frontera, acrecentar la internacionalización y el vínculo con la sociedad como un aporte al desarrollo del país.

La inspiración cristiana de nuestra universidad nos plantea el desafío de valorar las conquistas de la ciencia, del arte, las humanidades y de la tecnología en la perspectiva global del ser humano. Así, las universidades católicas debemos tener una continua renovación, tanto por el hecho de ser universidad como por el hecho de ser católica, trabajando con el anhelo de que la universidad sea un lugar inclusivo para aprender a razonar con rigor con el fin de obrar con rectitud y servir mejor a la sociedad. De esta manera, la universidad debe comprometerse en el diálogo entre fe y razón, de modo que se encuentren en la verdad al servicio de los hombres.

El desafío actual es potenciar una formación integral, con sólidas bases en lo disciplinar y con una concepción amplia de la cultura, el bien y la belleza. El Papa Francisco, nos solicita cuatro aspectos que deben identificar a una universidad católica: un lugar de “discernimiento” para comprender y alimentar lo conocido; ser un proyecto lleno de “sabiduría”, para alimentar la esperanza. Nuestras universidades deben ser un espacio de desarrollo de “la cultura de la proximidad y de la cercanía”, para valorar las riquezas del otro, y finalmente, debe ser un lugar de formación de la “solidaridad”, que genere vida abundante.    

Debemos contribuir  a que nuestros jóvenes descubran el sentido de la vida y propiciar en ellos el nacimiento de nuevas esperanzas. Esperamos ser un lugar para todos, que estén invitados a tener una experiencia en la verdad, orientada a la dignidad de las personas y al bien común. Ser fieles a esta respuesta se basa en un camino de conversión personal. Así, nuestro proyecto universitario se debe distinguir por su calidad, su identidad, generosidad e inclusión, al servicio de la sociedad, por el bien de todo el país y especial, de cada uno de sus habitantes.  

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Distinto es en democracia

Los problemas de probidad, corrupción y otras limitaciones éticas para ejercer el poder no tienen un domicilio ideológico único, ni pertenecen a nación o sector social determinado. En otras regiones del mundo, la corrupción degenera en regímenes que a sangre y fuego mantienen estilos de vida de tiranos tales como Kim Jong-un en Corea del Norte, o algunas economías del Golfo Pérsico. Todos ellos desprecian lo poco y nada que tienen de institucionalidad y estado de derecho. Sus poblaciones no pueden esperar nada.

Nuestra región latinoamericana, a su nivel, experimenta también un periodo complejo motivado por muchos países donde la corrupción y otros ilícitos han generado crisis políticas, desconfianzas entre votantes y autoridades, además de un descrédito absoluto de la mayoría de los partidos políticos. Un ícono del drama que se vive en la región es el caso Odebrecht. Esta constructora brasileña está directamente implicada en pagar a doce gobiernos en la región sobornos a cambio de proyectos de infraestructura. El último capítulo se ha escrito por estos días en Ecuador. El presidente asumido en mayo, Lenin Moreno, cortó relaciones con su propio vicepresidente, Jorge Glas. A éste se le acusa de haber recibido favores de la constructora. En su decisión, el Presidente Moreno ha señalado que si bien no lo puede destituir, establece que en la práctica su segundo queda sin ninguna obligación ni derecho al ejercicio diario del cargo, en espera para una formal destitución.

La situación que es tan grave como la que obscurece al gobierno del Presidente Michel Temer de Brasil, que también enfrenta graves acusaciones de corrupción. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que ocurre en nuestro continente y lo que acontece en esos sectores del planeta que viven el abuso diario de sus poblaciones. Nuestra región sí vive en Democracia, con las dolorosas excepciones de Cuba y Venezuela. Así es. Vivimos en una zona del mundo donde podemos expresar nuestras diferencias y se puede exigir accountability a todas las autoridades.

Es verdad, tenemos muchas limitaciones de calidad de la democracia y gobernabilidad. También es cierto que los sistemas judiciales de muchos de nuestros países tienen demasiadas fallas para cuando deben enfrentarse a los poderosos. No existen todos los recursos y muchas veces justos pagan por pecadores. Sin embargo, hoy nadie habla de una regresión autoritaria, ni las Fuerzas Armadas son actores de las crisis.

Por trágicas y vergonzosas que hayan sido las conductas de algunos líderes, no deja de ser interesante que el sol finalmente es el mejor desinfectante. Esa luz es una herramienta para promover más y mejor sistemas judiciales. También es fundamental reconstruir un sistema de partidos que se alejen del populismo y corrupción. Proteger los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho es parte del remedio y no la enfermedad. Es mucho mejor así. La democracia se protege con más democracia.

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Punta Peuco: los temas de fondo

A tres meses de las elecciones, ha vuelto al tapete el eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco, lo que pone a los 95 condenados de ese recinto en el centro de la disputa electoral que se avecina. Como muchos temas que dividen el alma nacional, el debate se perfila nuevamente desde miradas maniqueas, lo que no ayuda a encontrar los puntos medios, más justos y aproximados a la justicia o a la caridad.

Las cárceles diferenciadas no son un fenómeno exclusivo de Chile, ya que ellas están validadas en las denominadas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, en donde se establece la conveniencia de separar a los reclusos de acuerdo a las necesidades especiales de los grupos privados de libertad, por la sencilla razón de que las penas privativas de libertad no implican la supresión del resto de los derechos que aseguran la dignidad humana.

El resguardo de la dignidad de los presos debe ponderar caso a caso ciertas circunstancias, como la finalidad de la pena, el derecho a la verdad y la justicia, la reparación de las víctimas, la gravedad de los delitos, la seguridad y su reinserción social. Por ello, el primer gran error de esta discusión tiene que ver con considerar a los 95 condenados, cuya edad promedio supera ya los 77 años, como una especie de “paquete”.

Es indudable que no se debe desatender la necesidad de justicia de quienes perdieron a sus seres queridos o sufrieron personalmente actos delictuosos. Debe ser un tormento permanente no saber qué sucedió con un familiar desaparecido. Esta demanda, sin embargo, debe conciliarse necesariamente con el deber del Estado de resguardar la salud, la seguridad y la dignidad de los privados de libertad.

Desde esta óptica, si desde el punto de vista político se considera que estas personas deben terminar sus días en el penal de Colina, ¿puede sostenerse lo mismo desde la mirada de los derechos humanos, que debe atender las condiciones médicas y de seguridad de los internos?

Por razones de seguridad y de edad, donde quieran que se encuentren, estarán necesariamente sometidos a normas especiales de segregación y de cuidado. Así lo entendió también Gendarmería, que está rápidamente habilitando algunas dependencias en Colina para recibir a esta población. Frente a todos los presos de la tercera edad, sin distinción, el Estado debe tener mayores estándares de compromiso, ya que se trata de una población más vulnerable en términos de seguridad y salud. El debate no es serio ni va al fondo, si no se analizan las condiciones de este grupo de personas por separado, como exige la ley, de acuerdo a sus condiciones de edad y físicas. Tampoco se va al fondo, si un país como el nuestro no aborda con criterios técnicos la situación de los condenados de la tercera edad en general, que cumplen castigo en distintos centros penitenciarios, ya que más segregación de la población penal, y no menos, es el camino para mejorar nuestro sistema carcelario, algo que la discusión no puede desconocer.

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La tercera causal

El viernes el Tribunal Constitucional (TC) definirá el destino del proyecto de ley de aborto. Y una de las definiciones más complejas será resolver si es procedente o no en casos de violación. Ante todo, no cabe duda que la situación de la mujer que se ve enfrentada a esa decisión es dramática. Es innegable la tragedia que antecede tal encrucijada. El derecho debe tener en consideración esta realidad pero sin olvidar que, para bien o para mal, hay algo más en juego que también debe ser ponderado.

Una forma de abordarlo es definir con precisión la pregunta que debe responder la sentencia. El asunto no es si la Constitución prohíbe todo tipo de aborto. Lo que se debatirá el viernes es mucho más preciso: la pregunta que deben responder los ministros del TC es si la Constitución prohíbe o autoriza este proyecto de aborto. La diferencia es sustancial. No se trata de una discusión abstracta sobre el aborto y su regulación sino que del control de constitucionalidad de un proyecto que contiene tres causales y un conjunto de regulaciones que concretan su aplicación. Son esas causales y reglas lo que debe ser objeto de análisis y no el aborto en abstracto. El punto es relevante porque más de alguien podría concluir que la Constitución, en línea con lo fallado por el TC Alemán, no prohíbe despenalizar el aborto en ciertos casos pero sí prohíbe, dado que está en juego la vida, ciertas regulaciones que no superan un control sustancial intensivo o un escrutinio estricto.

Y desde esta perspectiva, ¿qué decir de la causal que autoriza el aborto por violación? A mi juicio la forma que tiene el proyecto de regular la causal no es adecuada y permite justificar la inconstitucionalidad. La razón de ello es la vieja proporcionalidad en virtud de la cual el legislador debe optar por el camino menos gravoso para limitar los derechos comprometidos.

El proyecto de ley, ante una situación tan trágica, debió haber optado por una vía menos dañina para la vida del que está por nacer. Así pudo haber legislado para evitar la criminalización de la mujer que aborta en estas particulares circunstancias; pudo también haber reglamentado un mecanismo serio de disuasión y acompañamiento. Pero el proyecto no tiene nada que permita que, enfrentados a tal tragedia, se intente reducir el grado de afectación del derecho de una de las partes. Por el contrario, consagra una causal de justificación que autoriza a anular completamente los otros derechos en juego. Para el proyecto los derechos de la mujer son elevados sin matiz alguno por sobre el derecho del que está por nacer. Incluso si, como sostienen algunos, este último no es un derecho sino un interés relevante, la Constitución exige que la ley haga mucho más para protegerlo pues se trata de un mandato no condicionado de proteger la vida del que está por nacer lo que, a mi juicio, prohíbe esa desprotección desbalanceada que se abre con la tercera causal.

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Socialcristiano

Este viernes 18 de agosto se celebra el “Día de la Solidaridad”. Fue la ley N° 19.928, de 1993, queriendo rendir un homenaje a la memoria del sacerdote jesuita Alberto Hurtado, fallecido precisamente un 18 de agosto, hace 65 años, la que instituyó oficialmente esta fecha.

Se recuerda este 18, entonces, el legado del Santo de los pobres, de los niños abandonados, de las familias, de los viejitos sin techo y de los sindicatos. Teniendo claro que no corresponde reducir el mensaje de San Alberto al terreno de lo político, ni menos todavía, usar su figura para fines partidistas; me parece de toda justicia, sin embargo, aprovechar esta ocasión para renovar una reflexión sobre la vigencia del pensamiento socialcristiano en Chile.

San Alberto fue, en efecto, un socialcristiano de verdad.

Entendiendo que la fe cristiana trasciende lo terrenal, comprendió que cualquiera que quiera ser discípulo de Jesús no puede permanecer impasible frente a las injusticias de nuestro mundo. En su visión, la respuesta a la pobreza no podía ser simplemente la caridad. Debía ser, también, la justicia social. Nunca estará de más recordar, por otra parte, los muchos sinsabores que debió padecer San Alberto, precisamente por perseverar en esta convicción.

En mi lectura del socialcristianismo, -estoy abierto a escuchar otras-, la vida del que está por nacer, persona con dignidad, es merecedora de protección. Eso influye fuertemente en mi convicción y posición pública contraria a la ley de aborto. Me preocupa, sin embargo, que a veces pareciera que solo nos acordamos de la enseñanza social de la Iglesia Católica cuando se trata de los así llamados temas valóricos (arriesgando, de esta manera, devenir en “sexualcristianos” antes que en “socialcristianos”). Me parece reduccionista que no apliquemos los principios socialcristianos cuando discutimos sobre otro tipo de asuntos. Los que tienen que ver con los que ya nacieron (la situación de los inmigrantes, el salario ético, las brechas de desigualdad, los crímenes de la dictadura, la seguridad social, el derecho a la sindicalización, etc.).

El valor del socialcristianismo estriba, en buena medida, en asumir la riqueza y complejidad de una persona que es, a la vez, individuo y parte de una comunidad, un ser con necesidades materiales y, al mismo tiempo, sujeto espiritual. Muy frecuentemente, los distintos intereses intentan quedarse solo con la parte de este mensaje que les sirve e ignoran la que resulta molesto. Invito a todos quienes se autoproclaman como socialcristianos a que se animen a conectar esa doctrina con la necesidad de solidaridad en la reforma previsional o a que lean la bonita -aunque ignorada por los medios- declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal sobre la Reforma Agraria de hace dos semanas.

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Echar por la borda

Ha costado un enorme esfuerzo y décadas salir de la profunda crisis a la que caudillos ideologizados condujeron a Chile. El camino seguido para superar la pobreza, modernizar el país, mejorar las condiciones de vida y el acceso a la educación de su población y la consecución de numerosos otros logros sociales ha sido arduo y espinoso. Ha resultado tan difícil desarrollar y construir, como fácil fue desandar y destruir. En este sentido, el acontecer nacional reciente resulta altamente inquietante. El derrotero que han ido tomando los acontecimientos muestra un peligroso amasijo de desconfianza social, corrupción, pérdida de dinamismo económico, delincuencia impune, conflictividad social, radicalización político-ideológica, descomposición moral, y un largo etcétera negativo.

Chile necesita con urgencia liderazgos a la altura de sus desafíos. En caso contrario, existe el riesgo inminente de echar por la borda lo conseguido, junto con frustrar las esperanzas de la mayoría silenciosa. El reto no es menor. En primer lugar se requiere tener una visión de Estado y actuar de tal modo que se haga posible gradualmente el rescate del sentido común, en especial el gubernativo, la revaloración social del servicio público y las responsabilidades directivas en general, la apuesta por la unidad y el entendimiento, la concentración de voluntades y energías en la satisfacción de las principales necesidades de la ciudadanía dejando de lado las “agendas particulares” y las ensoñaciones utópicas, el reordenamiento del equilibrio perdido entre derechos y deberes, el otorgamiento de garantías al trabajo esforzado y honrado, la persecución efectiva del delito, y más. Y de esta forma, dar cabida a la restauración de las confianzas perdidas. Al mismo tiempo y con un horizonte de acción en el largo plazo, se debe atender a la mejora substancial en campos de los que se ha hablado demasiado y se ha hecho menos y mal. Entre ellos, existen dos que claman prioritaria dedicación dada su trascendencia para el mañana: la educación y la familia.

La educación debe ser de buena calidad y al alcance de todos los chilenos. Esto es lo relevante. Habrá que concordar formas de mejorarla que incluyan el aporte de todos los sectores nacionales. Dentro del ámbito de la educación se comprenden los conocimientos, la cultura cívica, los hábitos éticos, las formas de trato y el uso de lenguaje, todos aspectos ostensiblemente desmejorados en nuestra vida cotidiana. Sin avances reales en este rubro, no se puede esperar un futuro esplendor sociopolítico, ni tan siquiera económico. La familia, en cuanto núcleo y fundamento del ordenamiento social, debe ser apoyada y fortalecida. Si como institución ella decae, la comunidad que se conforma sobre su base seguirá necesariamente igual suerte. El deterioro que ha venido experimentando la familia en Chile es un factor relevante que pareciera ser olvidado al momento de analizar la crisis por la que atraviesa el país. Urgen entonces políticas revitalizadoras de la familia, las que hasta ahora brillan por su ausencia.

Habiendo tanto por hacer para retomar una senda de prosperidad espiritual y material para Chile, realmente es imperativo enmendar el rumbo.

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¿Mis ahorros… mi pensión?

Finalmente el gobierno firmó la esperada propuesta de reforma al sistema de pensiones, la cual trae varias novedades tanto en términos de nuevos beneficios como de modificaciones al marco regulatorio de la industria, y cuyos detalles sólo serán conocidos una vez que se difunda el texto de los proyectos de ley firmados la semana pasada.

Sin embargo, uno de los cambios más trascendentes que se anunció como parte de esta reforma es la idea de utilizar parte de la cotización de los trabajadores para mejorar las pensiones tanto de los actuales como de los futuros jubilados.

Esto corresponde a un importante cambio de paradigma sobre la forma de hacer política social, que sustituye a las rentas generales como la fuente de financiamiento de los beneficios sociales. En la práctica ¿quiénes serán los que pagarán la cuenta de este cambio? No serán las arcas fiscales del Estado, que es lo mismo que decir que no serán las personas de mayores de ingresos a través del pago de sus impuestos. Muy por el contrario, los beneficios se financiarán por los cerca de 5,2 millones de cotizantes, en su mayoría trabajadores dependientes, con un sueldo líquido en promedio cercano a los $ 600 mil. De hecho, más de la mitad de estos trabajadores recibe para su bolsillo menos de $ 430 mil al mes. Ellos representan 63% de todos los ocupados, lo que no es sino reflejo que aún un porcentaje considerable de la fuerza laboral no cotiza para su pensión.

No parece del todo justo que sea este grupo el que, en vez de aprovechar el aumento en la cotización en un necesario incremento en su ahorro previsional para mejorar sus pensiones, deba traspasar parte de sus ingresos al Nuevo Ahorro Colectivo, y con ello destinar sus ingresos a mejorar las pensiones de los actuales jubilados (incluso los de pensiones altas) y las de los futuros pensionados que no alcancen un ahorro determinado.

El que parte del ahorro de los trabajadores deje de financiar su propia pensión, además de ser un impuesto a sus ingresos altamente regresivo, desincentiva la cotización y la formalidad laboral, ambas variables clave para justamente resolver el problema de mejorar las pensiones en el largo plazo (que es lo que buscaba esta reforma).

Estar en desacuerdo con la fórmula de financiamiento escogida por el gobierno para mejorar las pensiones NO implica oponerse a mejorar las pensiones en curso y futuras, sino al camino propuesto para introducir mayor solidaridad a nuestro sistema previsional. Se equivocan nuestras autoridades cuando nos tratan de convencer que el sistema de pensiones vigente no fue o no es solidario. Desde su origen éste contó con la entrega de Pensiones Asistenciales (PASIS) a quienes no tenían ahorros, las que fueron reemplazadas (y mejoradas) en 2008 por la Pensión Básica Solidaria y complementadas con el Aporte Previsional Solidario, que hoy entrega un suplemento en sus ingresos a todos aquellos pensionados que pertenecen al 60% más pobre y no alcanzan una pensión autofinanciada de cerca de $ 310 mil. Todo esto financiado con rentas generales y no con los ahorros de los trabajadores que cotizan. ¿Por qué no mejor profundizar este camino, ya sea mejorando los beneficios que éste entrega, o aumentando la pensión máxima con aporte solidario o incrementando su cobertura? Si la respuesta es la falta de recursos basta recordar, por ejemplo, que si el gobierno no ampliara la gratuidad desde el 50 al 60%, esto liberaría recursos fiscales equivalentes a aproximadamente US$ 1.000 millones, lo cual permitiría aumentar en cerca de 50% los recursos que hoy se destinan al Pilar Solidario.

En suma, ya es un hecho que el gobierno descartó incorporar todo el futuro aumento en la cotización en las cuentas individuales de los trabajadores. Con esto, además de desaprovecharse la oportunidad de maximizar el incremento en sus pensiones, se instalaría un componente solidario altamente regresivo, que podría traer serios perjuicios a las determinantes de una mayor pensión en el futuro. Y si de introducir solidaridad se trata, existe sobre la mesa una propuesta alternativa, cuya fuente de financiamiento son las arcas fiscales, un camino más justo para alcanzar el objetivo último (trasversalmente compartido) de mejorar las pensiones.

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