Óscar Contardo's Blog, page 101

Los cambios que traerán los vehículos autónomos y conectados

Se indica que estamos ad portas de la irrupción en nuestras ciudades de vehículos autónomos y conectados. “Autónomos”, pues estos autos podrían moverse prescindiendo de un conductor. “Conectados”, porque actuarían coordinadamente con otros vehículos, equipos e infraestructura, aumentando la eficiencia del flujo vehicular. Esta irrupción transformará muchos aspectos de la movilidad urbana. Analicémoslo desde la perspectiva de su oferta y de su demanda.

Desde la oferta, si todos los autos fuesen de este tipo, la capacidad vial aumentaría, pues las pistas podrían ser más estrechas, los vehículos reaccionarían más rápido a cambios en el sistema, y la distancia requerida entre autos sucesivos sería menor. Si la capacidad actual en avenidas urbanas es de mil autos por hora por pista, algunas proyecciones apuntan a que esta cifra podría duplicarse. Con automatización vehicular plena, los semáforos podrían ser solo necesarios para peatones y ciclistas.

Desde la demanda, cabe preguntarse qué se hará con el auto cuando se concluya un viaje. Algunos podrían optar por compartirlo con otras personas, lo que podría reducir la necesidad de adquirir autos. Otras personas podrían dejar el auto circulando en la red local, para evitar el costo de estacionamiento, o enviarlo de vuelta a su hogar mientras se realizan actividades en el destino de su viaje, y programarlo para que retorne a recogerlas en la puerta, en el momento preciso. Cómo gestionar la irrupción urbana de estos autos circulando vacíos y la congestión que generarían es una pregunta importante. Aún más, si el costo operacional cae fuerte, producto de la irrupción de vehículos eléctricos.

En un sistema en que todos los vehículos estén conectados, es posible imaginar que todos se desplazan minimizando el costo total. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la operación de las bodegas más modernas en que los movimientos de las grúas autónomas son sincronizados en el tiempo y espacio de forma espectacular. Algo similar ocurre en los puertos de contenedores más sofisticados en donde se automatiza la operación de vehículos y grúas.

Para que esta sincronización de viajes ocurra en una metrópolis es necesario considerar una de las externalidades más importantes que generan los viajes en la ciudad: la congestión. Cada viaje que se desplaza en una serie de colas, genera demoras y costos de operación a otros viajeros. Para minimizar el costo global, esas externalidades deberían ser internalizadas por quienes las causan. Esto significa que en ocasiones a los viajeros se les forzaría a tomar rutas o a viajar en momentos que eviten los de mayor congestión. Así, esta operación eficiente exigiría que los vehículos se sometieran a un esquema que no solo permite que el auto se ponga en marcha simultáneamente con el que le precede y que coordine automáticamente la circulación por las intersecciones, sino que también limita las opciones para el viaje respecto de la ruta o el momento de viajar. Así como hoy algunas ciudades empiezan a regular el tipo de propulsión de los automóviles, limitando aquellos que circulan con combustibles fósiles, es posible imaginar que ellas podrían exigir que sus autos se sometan a un planificador central único que regule los viajes de la misma forma que las grúas en la bodega.

Evidentemente un esquema organizacional como el que describo exigirá que la privacidad y anonimato de los desplazamientos sea debidamente resguardada, de la misma forma que actualmente se resguardan los registros que dejamos de nuestros movimientos y actividades en las aplicaciones de nuestros celulares.

A pesar de los aumentos en eficiencia, dudo que la movilidad urbana se centre en el automóvil. Producto de la concentración en tiempo y espacio de los viajes urbanos, el aumento de la capacidad vial seguirá siendo muy insuficiente como para que ello ocurra. A modo de ejemplo, la línea 1 de Metro mueve más de 45 mil pasajeros por hora desde el poniente en la mañana. Esta demanda no sería posible moverla con una flota de autos por Alameda, por muy eficiente que sea la automatización. Además, progresivamente hemos descubierto la importancia de reorientar el apreciado espacio vial desde estacionamientos y vías para automóviles, hacia espacios públicos y usos que favorecen el encuentro social. No debemos perder de vista que este encuentro da vida y explica en parte la existencia de las ciudades.

De esta manera, la irrupción de estas tecnologías no modificará la necesidad de priorizar los modos alternativos al automóvil para los desplazamientos urbanos. Por el contrario, debiese fortalecer el nivel de servicio de esos modos alternativos. Sí, la misma tecnología que permitiría a los automóviles circular en forma eficiente y segura debiera restringir su movimiento cuidando no obstaculizar a los modos de transporte más eficientes y sustentables. Así, ciclovías, peatones, buses y tranvías recuperarían las vías prioritarias que son imprescindibles para una operación eficiente. Intuyo que el proceso de automatización de la movilidad urbana traerá un impulso a los modos alternativos al automóvil.

La automatización debiera beneficiar a los modos de transporte colectivos de superficie, como el bus. Adicionalmente, podrá corregir una de sus más graves y sistemáticas carencias respecto de las expectativas del usuario: intervalos regulares entre buses e, incluso, ajustarse a horarios de pasada. Otra de sus externalidades positivas será hacia la multimodalidad entre modos de transporte colectivo, facilitando la coordinación de transbordos. Toda una revolución.

Hace dos años ingresó a Chile la empresa Uber que revolucionó la industria de los taxis. Mediante un uso intensivo de las tecnologías ofrece un servicio que mejora drásticamente la experiencia del usuario de este modo de transporte. En muchos países, el ingreso de Uber pilló desprevenidas a las autoridades que se vieron enfrentadas a un conflicto directo con el gremio de los taxistas. Por ello, se tuvo que generar sobre la marcha una regulación para esta nueva forma de desplazarse en la ciudad. Esta vez nuestros legisladores deben anticiparse y conducir la irrupción de los vehículos autónomos y las oportunidades que ofrecerá su coordinación colectiva. Falta poco.

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Fin de las preexistencias, fin a la discriminación

Aún no hemos escuchado de nuestros candidatos presidenciales propuestas para mejorar el sistema de salud chileno, como por ejemplo soluciones al problema de las “pre-existencias”. Por el contrario, pudimos observar en la pasada campaña en EE.UU. que el tema de la Salud estuvo siempre en primera página. Una de las más importantes promesas de campaña de Trump era que ¨revocaria y reemplazaria¨ el Obamacare, aunque si mantendría el fin de las preexistencias. Esta reforma al sistema de salud llevada a cabo por el expresidente Obama, estableció que negar o subir la prima de un seguro de salud por alguna preexistencia, o por ser mujer, era un acto de discriminación quedando absolutamente prohibido.

Trump no logró ni terminar ni reemplazar el Obamacare. Tres senadores republicanos se unieron a los demócratas y votaron en contra de la propuesta de la Administración Trump. La discusión tuvo de todo, incluso imponderables de último minutos como el diagnóstico de cáncer al Senador McCain, figura emblemática de los Republicanos. Pero lo que nunca se puso en duda, lo que ni siquiera los más anti-Obama pusieron en duda, era que castigar por preexistencias es un acto de discriminación. El mayor punto de conflicto, y por el cual no se logró consenso,  fue el insuficiente monto para el fondo de compensación, con que el gobierno central subsidiaría a cada Estado, para compensar los altos costos de las preexistencias y grupos de riesgos. Es decir, no sólo se aceptó que es una discriminación rechazar a alguien por una preexistencia, sino que se asumió que el costo es significativo y debía ser asumido por todos.

Es interesante ver cómo en un país de libre mercado, en donde el financiamiento de la salud está entregado a manos de privados, y la salud no se concibe como un derecho social, el Estado asume un rol claro al financiar a aquellos que padecen alguna condición crónica para evitar discriminaciones en el sistema de salud.

Si llevamos este tema a Chile vemos que este problema, que abarca exclusión, cautividad y poca cobertura para las personas con enfermedades ya diagnosticadas, es mucho más acotado. Al tener un sistema de previsión de salud mixto, quienes optan por el Asegurador Estatal o Fonasa- no son rechazados ni quedan cautivos por alguna enfermedad previa. Ellos son poco menos del 80% de la población.

Quienes si son víctimas de esta discriminación son quienes están fuera del sistema (2%), los afiliados a alguna Isapre que ya tienen un diagnóstico- quedando cautivos a un plan dentro de su isapre-, y un tercer grupo de personas que están en Fonasa y quisieran estar en una Isapre pero no pueden debido a sus preexistencias.

La solución que proponen en Estados Unidos de crear un fondo público de compensación para los individuos de alto costo, es una alternativa a evaluar que esperamos los candidatos y sus equipos técnicos revisen, y respondan de manera urgente. Este no es sólo un problema de las Isapres, aunque si se espera de ellas una actitud más proactiva, es un problema país y debe pensarse con una mirada tan global como humana.

Por el bien de Chile, no se puede permitir de nuevo que quien conduzca la nación no se haga cargo de este tema. No olvidemos que en el Congreso descansa el proyecto “Plan Garantizado de Salud” del ex-Presidente Piñera, ni que la Presidenta Bachelet, por su parte, no llegó ni a presentar su “Proyecto de Reformas a la Ley de Isapres”, prometido y luego pospuesto en varias oportunidades, que tenía entre otros objetivos buscar mecanismos de financiamiento a las preexistencias.

 A modo de declaración de intereses, señalo que, al igual que una proporción cada vez mayor de chilenos, en este tema tengo conflicto de interés por alguna preexistencia.

 

 

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Una selección improvisada

En una misma semana, se alinearon los astros a favor de la equidad de género. Al tiempo que la decisión del Tribunal Constitucional permite la promulgación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales, el Servel recibió las listas de candidatos para las elecciones parlamentarias. Chile logrará salir del club de los escasos países que todavía prohíben el aborto en toda circunstancia a la vez que las listas parlamentarias deben incluir, por ley, una novedad: al menos, 40% de candidaturas femeninas. Desde 1990, su porcentaje histórico no ha superado el 20%. Ello explica, entre otros factores, nuestro 15,8% de parlamentarias, por debajo del promedio de América Latina, de 25,2%. Se trata, en síntesis, de dos medidas que permiten aumentar la autonomía, tanto física como política, saldando una deuda que la transición arrastraba con las chilenas.

Sin embargo, desde los partidos, se han alzado voces señalando que la implementación de la cuota se ha convertido en un dolor de cabeza. A primera vista, cuesta entender por qué. La tardía recepción de la cuota en nuestro país ha permitido contemplar los errores que su puesta en marcha supuso en otros contextos, en orden a superarlos. Además las mujeres, no sólo constituyen la mitad de la militancia sino que, muy probablemente reproducen, en términos de capacidades, otros fenómenos que vemos en la sociedad como un todo. Un ejemplo es la mayor tasa de titulación de mujeres. En 2016, fue de 56,7%. Se podría pensar que las mujeres sienten más dudas a la hora de ser candidatas, lo que es razonable. Desde el punto de vista histórico, el ingreso femenino a la política es relativamente reciente, lo que nos convierte en aprendices al lado de la carrera de fondo que los hombres vienen corriendo desde hace siglos.

El problema, más que por el lado de la oferta, se encuentra en los partidos. Adoptaron una posición improvisada y, en ocasiones, claramente frívola frente a lo que la ley de cuotas exigía. Más allá de alguna excepción que, de seguro la hay, otro cantar hubiera sido si, en vez de buscar “acompañantes” de lista, incorporasen prácticas de búsqueda temprana de aspirantes y su exposición a experiencias novedosas, así como la superación de actividades que, rotuladas como formación política, no pasan de una u otra charla aislada, a veces un tanto anodina, que se hace más bien por cumplir.

Es cierto lo que plantea el senador Andrés Zaldívar. Una vez concluida la elección, sería deseable revisar la medida. Pero no para una flexibilización que contenga retrocesos sino para evaluar, por un lado, las sospechas de un uso que posibilitaría mantener sin alteraciones las bases generizadas de la política y, por otro, cerrar el ciclo de la reforma. Para ello, avanzar hacia listas cerradas y bloqueadas -con mandato de posicionamiento- sí vendría a suponer un vuelco.

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Herida sangrante

La aprobación del aborto será, por lejos, el legado más duradero y dañino del gobierno de Michelle Bachelet. Una herida que no dejará de sangrar, no solo porque permitirá una práctica médica cuestionable, sino también porque consagrará un principio de amplias consecuencias: en Chile es ahora legal poner fin de manera deliberada a una vida inocente.

Los promotores y los defensores de la iniciativa repiten una y otra vez que se trata de una opción modesta, acotada a tres situaciones concretas. Pero, tanto en el mensaje presidencial que acompañó el proyecto de ley como en las intervenciones que celebraron el “triunfo” tras el dictamen del Tribunal Constitucional, los argumentos invocaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, incluso si ello supone pasar por encima de la vida del que está por nacer. O sea, fueron mucho más allá de la justificación de las tres causales, utilizando en cambio razones que se aplican más al aborto libre que a uno restringido.

Al enmarcar su discurso de esa forma, los promotores del aborto consiguieron una victoria cultural que abre posibilidades insospechadas. Un 70% de la población respalda el aborto en tres causales. Y, aunque la mayoría rechaza hoy la posibilidad de legislar a favor del aborto libre, no es capaz todavía de advertir que los argumentos para impulsar un proyecto de esa naturaleza ya han sido validados en el debate.

La Presidenta Bachelet señala que ha cumplido “un compromiso fundamental que asumimos con las mujeres”. Como siempre, deja de lado un componente clave de la ecuación: los niños que no verán la luz a raíz de la legislación aprobada. La Mandataria parece no comprender que, como decía Edmund Burke, vivimos en una asociación entre los vivos, los muertos y los que están por nacer.

Todos ellos son parte de nuestra comunidad. Al permitir y validar el aborto, Chile ha decidido amputar parte de su riqueza más básica, hiriendo profundamente el alma nacional.

Tampoco parece entender la Jefa de Estado la innegable ironía que supone la aprobación del aborto bajo su mandato. Un gobierno que declaró desde el comienzo que su propósito era poner atajo a la desigualdad promueve la peor de las injusticias, que es la que se comete contra seres inocentes e indefensos. No hay asimetría mayor que la del aborto, el cual siempre es perpetrado contra una persona cuya voz no es escuchada y cuyos derechos son ignorados y atropellados. El aborto involucra la más radical de las desigualdades.

Es imposible que una sociedad que avala este tipo de injusticia no sufra consecuencias negativas. La herida abierta continuará sangrando, como ocurre en prácticamente todos los lugares donde existen legislaciones similares. Varias de esas sociedades están reconsiderando y dándose cuenta del enorme perjuicio que se han causado a sí mismas al terminar de manera prematura con la vida de los que carecen de voz, pero no de derechos.

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Productividad

Este concepto, el de la productividad, es un signo de nuestros tiempos, un mundo globalizado en que la competencia se ha elevado a niveles planetarios, hace que todos busquen obtener el mayor rendimiento al menor costo, porque en alguna parte hay alguien que lo está intentando, probablemente con éxito.

Este gobierno ha criticado reiteradamente a la gestión que le antecedió por, supuestamente, no haber hecho nada para incrementar la productividad de nuestra economía. El mensaje implícito parece ser que el efecto de sus reformas es secundario, en el esfuerzo orientado a que nuestra economía vuelva a crecer.

Con el ingreso de la reforma previsional adquirió un enorme protagonismo esto de la productividad, porque el Ministerio de Hacienda acompañó al Congreso un informe que, haciéndose cargo de los efectos de dicha iniciativa, augura que pueden destruirse hasta casi 400 mil empleos. Obviamente el impacto fue grande, porque cuesta entender que se presente un proyecto sabiendo que este puede tener este efecto devastador sobre los trabajadores, especialmente si su finalidad central es mejorar las pensiones.

Pero el problema mayor vino cuando la Presidenta de la República reconoció que no había leído dicho informe de productividad, pero que creía que sus efectos no eran “tantos”. Luego de lo cual el propio ministro de Hacienda dijo que él lo habría redactado de otra manera. De manera que habría que asumir que tenemos dos problemas: el que se generará con la reforma misma y otro, tanto o más grave, que es el de la productividad del gobierno. Porque parece difícil que su gestión sea realmente productiva si no existe un mínimo de conocimiento de sus propios documentos y estudios.

Al final del día el episodio es un buen ejemplo de los males que han afectado a esta administración y que se pueden resumir en exceso de intenciones -a estas alturas ni siquiera me atrevo a calificarlas de buenas- con falta de rigurosidad en los instrumentos y la gestión. Los gobiernos también tienen que hacer esfuerzos de productividad, eso es obvio, y la política tiene una dimensión simbólica que es fundamental. En esa línea, el impacto del espectáculo que dieron las autoridades es devastador a la hora de recuperar la imagen de un Estado que hace las cosas bien y que puede pedir productividad, con la autoridad que da predicar con el ejemplo.

Los chilenos parecen estar un poco cansados de las buenas intenciones, cuando no van acompañadas de los medios para volverse realidades concretas; el sano equilibrio entre esas buenas intenciones y la capacidad de materializarlas se perdió por un rato, en gran medida por el crecimiento de un discurso quejoso, de una calle vociferante y de un liderazgo político que todo lo canaliza hacia “sueños”. Han dado señales de querer un gobierno que haga informes de productividad, los lea y los aplique. No parece ser pedir demasiado.

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¿Otra política?

A propósito de la disputa del Frente Amplio (FA) en el distrito 10 por el cupo parlamentario de Alberto Mayol, se ha instalado una dura crítica a lo que sería un presuntuoso y fallido intento del FA de desarrollar una “nueva forma de hacer política”. Cabe preguntarse: ¿Existe realmente la posibilidad de pensar y construir “otra política” o hay una sola manera de entender y hacer política?

Es cierto que la política -en su dimensión de acumulación y disputa del poder- tiene ciertas constantes. Prueba de ello es que un libro como El Príncipe de Maquiavelo siga siendo lectura obligada para estudiosos y políticos después de 501 años. Pero también es cierto que la política es ante todo una lucha por definirla: quiénes la hacen, en torno a qué temas, con qué medios y para qué fines. No existe “una” política porque es parte de su naturaleza estar redefiniéndose al mismo tiempo que se la vive y ejerce.

El presidenciable J. A. Kast -a su manera- entiende el tema cuando plantea “basta de politizar la política”, retomando así el ideario despolitizador gremialista. Esta frase -recibida con sorna- pone en disputa la noción misma de política. En las antípodas, una mirada progresista debería intentar hacer más extensivo y gravitante lo político en la vida de la sociedad y de las personas. Es decir, estar permanentemente “politizando la política”, lo que significa evitar que ésta se convierta en un espacio vacío de sentido, indiferenciado en sus opciones, y en un quehacer desprestigiado en que todo vale lo mismo. La despolitización es el aliado natural del statu quo.

Si buscar “otra política” es esencial e irrenunciable para un proyecto transformador, ¿qué es lo que generó, en este caso, tanto revuelo y pérdida de imagen al FA? El error del FA estuvo en reducir el desafío de la “otra política” a una idea excesivamente moralizante -la política no es el lugar para salvar el alma, diría Weber- cayendo en una prédica que terminó por volverse en su contra. Al final, quedó la impresión de que no solo no podían sostener el estándar moral que se autoimponían (“no serás candidato si te salió mal la alcoholemia” o “si quieres serlo, arrepiéntete y pide perdón por tu pasado concertacionista”), sino que el latiguillo moral parecía estar siendo usado como excusa para sacar adversarios políticos del camino (la acusación inicial de violencia de género contra Mayol, que luego no pudo sostenerse, instaló la sospecha). Envolver rudas acciones de poder bajo un halo de “buenismo” y razones “éticas” es lo que ha generado los efectos más corrosivos de este episodio. Una moraleja podría ser: si vas a hacer alguna cosa “mala” (una decisión difícil de poder, por ejemplo), mejor explícala políticamente y sobre todo evita darles una connotación moral a acciones que no la tienen. Quizás no quedarás siempre como “el bueno de la película”, pero a la larga serás más creíble.

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Imperativo cambio de rumbo

Las cifras de cuentas nacionales dadas a conocer por el Banco Central la semana pasada fueron una mala noticia. De acuerdo al instituto emisor, el crecimiento del PIB del primer semestre de 2017 fue de solo 0,5%, la cifra más baja registrada desde 2009, cuando el país se encontraba en medio del remezón financiero que afectó a los mercados. Sorprendentemente, en un contexto internacional bastante favorable, nuestra economía continúa debilitada, y si la medición se realiza en términos per cápita, lo que las cifras muestran es que estamos retrocediendo.

Pero ésta no fue la única mala noticia. Tan o más preocupante que lo anterior ha sido la estimación del PIB tendencial realizada por el grupo de expertos convocados anualmente para estimar este parámetro, de cara a la elaboración presupuestaria del año 2018, la cual fue ajustada a 2,6%, continuando así la tendencia decreciente que hemos venido observando en los años recientes. Como factores determinantes de esta nueva proyección han influido el débil comportamiento de la inversión y un deterioro adicional en la contribución de la productividad al crecimiento, estimando los expertos una cifra negativa de -1,2% para 2017 por este concepto.

Estas cifras hablan por sí solas, y dejan de manifiesto que las deficiencias de las reformas más emblemáticas impulsadas por el gobierno, unido al cuadro de incertidumbre que han generado, nos han conducido por un rumbo que hoy día tiene a la economía chilena empantanada. Acercándose un nuevo ciclo político, para retomar la senda extraviada será imperativo introducir un golpe de timón que cambie el marco de referencia.

Como primer paso va a ser prioritario elaborar una agenda orientada a reimpulsar el crecimiento económico, reposicionando el rol del emprendimiento y la innovación como motor del desarrollo. Para esto será fundamental remover trabas que están afectando la inversión, corregir los problemas técnicos contenidos en las reformas aprobadas, y cambiar las señales que continúan afectando negativamente las expectativas. Pero ello no será suficiente para darle sustentabilidad al crecimiento económico. Hay que aprovechar esta oportunidad para reforzar las condiciones requeridas para que el país pueda insertarse exitosamente en la nueva revolución industrial que está teniendo lugar, y así lograr mejoras en la productividad que tomen en cuenta este nuevo escenario. Una legislación laboral más flexible, que se haga cargo de la realidad y de las necesidades del siglo XXI; un fortalecimiento de nuestro capital humano, partiendo en los primeros años de educación de nuestros niños, motivándolos con una actitud emprendedora y creativa para que puedan programar soluciones orientadas a resolver desafíos; una capacitación digital efectiva para los trabajadores chilenos; y un esfuerzo decidido para que todas las empresas y especialmente las de menor tamaño- puedan mejorar su competitividad y capacidad de innovación, de manera de posicionarlas para jugar un rol protagónico en este reimpulso al crecimiento, serán los elementos fundamentales requeridos para reencauzarnos al desarrollo.

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¿Es ésta la reforma que necesitan las universidades estatales?

Las universidades estatales todavía esperan por una reforma a su marco regulatorio. La mayoría es gobernada por los mismos estatutos que les fijó el general Pinochet, cuando el sector era diez veces más pequeño y la profesión académica y las instancias de representación estudiantil eran sujetas a un férreo control gubernamental. El gobierno universitario era ejercido por rectores militares, el financiamiento no había sido diversificado (en múltiples líneas independientes) y la competencia por prestigio no cumplía un papel importante en la operación de estas instituciones. Sin embargo, es útil notar que la reforma de 1981 no sólo definió los estatutos de las universidades estatales, sino que también fijó el tipo de relación que emergería entre el Estado y sus instituciones formativas de nivel superior. Siguiendo la recomendación de Bruce Vogeli, se impuso el criterio que el Estado debía ser muy estricto con sus universidades, para evitar su expansión descontrolada a costa del sector privado y el erario nacional.

La ausencia de una agenda que permitiera reconfigurar esa relación ha sido la constante durante los años siguientes. El último esfuerzo sustantivo de reforma – el proyecto de ley de 1997 – no tuvo ningún destino. En la mirada del ejecutivo, la culpa fue de las universidades: no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre un modelo común de estatutos. Desde entonces, y a falta de un modelo de gobernanza común, los gobiernos han insistido en aplicar un modo de relación con todo el sector que presta poca atención a las universidades estatales a la vez que enfatizan un trato “igualitario” para todas las instituciones de educación superior, dentro del contexto competitivo que han contribuido a crear las políticas públicas. Esa consistencia discursiva, sin embargo, no se aviene bien con los múltiples controles que se imponen a las universidades del Estado.

La administración de la Presidenta Bachelet apuesta hoy por una nueva reforma, pero su avance es incierto pues ella es resistida desde las universidades estatales. Amparadas en la defensa de su autonomía, las comunidades académicas no quieren adecuar su estructura de gobierno a una mayor injerencia externa, en particular, desde el mundo político y la industria. También se oponen a que los funcionarios del gobierno y los partidos tengan mayores atribuciones explícitas para el desarrollo de nuevas políticas universitarias. Por su parte, los rectores y directivos celebran discretamente la posibilidad de ser liberados de los controles burocráticos, tanto administrativos como financieros, que afectan su propia gestión.

Este modo de discusión de la reforma de las instituciones del Estado – que coloca al frente el interés de cada universidad – ha postergado un análisis más global sobre el sentido (y posibilidades) que puede tener esta iniciativa para fortalecer la educación superior pública. Por lo pronto, no define el lugar que las universidades estatales deben ocupar en el sector. Esto es importante porque, en menos de tres décadas, ellas pasaron de tener más del 80% a menos del 20% de la matrícula a nivel nacional a medida que el sistema se expandía de la mano de una provisión privada pobremente regulada. Vale la pena notar que el actual proyecto de ley no aspira a generar nuevas estructuras ni producir recursos, como la renovación y ampliación de las plantas docentes, para expandir la oferta académica estatal.

Por el contrario, la iniciativa legal en trámite en la Cámara de Diputados parece buscar una competencia más justa entre todas las instituciones, aligerando el control administrativo sobre las universidades públicas. Eso, que en el corto plazo puede ser útil para que ellas mejoren su posicionamiento, también conlleva riesgos sistémicos importantes. Exacerbar la competencia en un sector tan competitivo como la educación puede acarrear nuevos problemas de corrupción. Especialmente, cuando la matrícula total se contrae en 2017 por primera vez desde la reforma de 1981, como reporta INDICES del CNED. A su vez, un renovado énfasis en la competencia puede desincentivar la colaboración entre universidades y al interior de ellas, limitando un uso más eficiente de los recursos que el país invierte en educación superior.

Por otra parte, el proyecto desdibuja la identidad de las universidades estatales y la función que cumplen en el sector. ¿Están llamadas a ser instituciones de referencia, centradas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? ¿Deben ser la guía que oriente el desarrollo de los procesos formativos de las nuevas universidades privadas? Si el objetivo consiste en que las universidades estatales ocupen un nicho de excelencia (aunque acotado) dentro del sector, la principal consecuencia de la normativa propuesta será que el acceso masivo a la educación profesional y técnica quedará reservado para las instituciones privadas de absorción de demanda, sin ningún contrapeso desde lo público. Los gobiernos deberán confiar que la regulación será suficiente para evitar el desbande de la oferta privada. Difícilmente tendrán otra alternativa, aunque la experiencia acumulada por las agencias de evaluación de la calidad sugiera que este resultado es bastante incierto.

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Combatiendo al real enemigo

En la escena más notable de la ya clásica película ‘Crimson Tide’ (Marea Roja, 1995), el comandante de un submarino nuclear estadounidense intenta comprender -sumergido en medio del océano Atlántico y rodeado por su plana mayor- la posición político-moral de su oficial ejecutivo respecto al uso eventual de bombas atómicas frente a un grupo de militares separatistas rusos que se habían adueñado de una parte del arsenal nuclear de dicho país, amenazando con atacar a los Estados Unidos. En medio de la tensión misma de la conversación, el comandante del submarino cita una de las ideas más interesantes del libro ‘De la Guerra’, obra magistral del mariscal prusiano Carl Von Clausewitz: ‘La guerra es la continuación de la política por otros medios’. Independiente de la discusión respecto al real sentido de la afirmación de Clausewitz, la intención del comandante de la embarcación era forzar a su oficial ejecutivo a aceptar que, en tales condiciones, la opción nuclear, además de ser una señal política, podría eliminar por completo la amenaza de enemigos tan complejos. Frente a ese emplazamiento, el oficial ejecutivo responde con prudencia que, en su opinión, lo que Clausewitz quería decir era algo más complejo; que incluso en la actualidad y en medio de una era nuclear, el real enemigo no se podía vencer; en sus palabras, ‘el real enemigo es la guerra en sí misma’.

Hoy, al igual que en este diálogo ficticio, nos enfrentamos a condiciones históricas tremendamente complejas. Los conflictos políticos, sociales y religiosos alrededor del mundo no pueden dejarnos sin opinión ni respuesta. Desde la crisis política en Venezuela y la tragedia derivada del poder del narcotráfico en Méjico hasta la permanente crisis climatológica, sectaria y humanitaria en el África subsahariana. Desde el incipiente nacionalismo radical en los Estados Unidos y sus símiles europeos, hasta la tensión entre Washington y Moscú por la influencia geoestratégica sobre Europa del Este y Oriente Medio. Desde la tragedia siria y la crisis de los refugiados, hasta la movediza frontera del Kurdistán. Desde la explosiva frontera en Cachemira al norte del subcontinente indio, hasta la belicosa retórica del régimen de Pyongyang. El planeta sufre una serie de conflictos que no sólo repercuten en esferas regionales o hemisféricas, sino que los efectos de cada uno de ellos afectan la seguridad global desde una perspectiva unitaria. Estamos en guerra, sí, y uno de los frentes de batalla más importante se juega en el campo de las ideas.

El reciente atentado en la ciudad de Barcelona, reconocido en su autoría por el E.I. (tal como su símil en Londres y antes en Manchester, Berlín, Bruselas, París…) es un ejemplo más de la masificación de las trincheras ideológicas. La radicalización islamista y sus manifestaciones a partir de actos terroristas representan, efectivamente, una de las guerras más importantes de nuestros tiempos. Esto no significa que las guerras convencionales hayan terminado, no es que las teorías liberales hayan prevalecido necesariamente por sobre las realistas, no es que nuestro actual estadio civilizatorio haya superado la natural inclinación humana hacia los conflictos. Al parecer, una posibilidad es que la radicalización ideológica -simplistamente atribuida sólo a islamistas integristas- ha secuestrado la atención de Occidente, poniendo énfasis en una afirmación tremendamente compleja: ‘Europa y Occidente están bajo fuego’.

En la más reciente publicación de Azar Gat, ‘The causes of war and the spread of peace. But will war rebound? (Oxford University Press, 2017), el autor pareciera ser muy asertivo al señalar que esta ola de terrorismo yihadista no pone en riesgo la existencia misma de lo que podríamos definir como el Occidente liberal. Su argumento descansa en que, paradójicamente, la amenaza ideológica del nacionalismo europeo de la primera mitad del siglo pasado infirió un peligro mucho mayor; esto, debido a que corroía desde sus propias instituciones, los fundamentos mismos de dicha estructura civilizatoria. Gat concluye su idea señalando, además, que el peligro del terrorismo islamista radical se profundizaría siempre que estas células coordinadas lograsen tener acceso a armas de destrucción masiva. Esta posibilidad, por el momento y de acuerdo a lo que sabemos, pareciera verse lejana. Que el terrorismo islamista radical es una amenaza, no cabe duda, pero cuidado de no ponderar los riesgos como corresponde.

Creo que la atención debiera ponerse en la amenaza real. Ésta -sin obviar el hecho que estos innumerables atentados afectan el corazón de la sociedad europea en lo más profundo- se hace fuerte desde la radicalización ideológica y no particularmente desde lo artesanal de sus armas. Es por lo mismo que un atropello indiscriminado, signo de la vanguardia terrorista de esta nueva ola de violencia, genera pavor no sólo en Barcelona, sino que en toda Europa. La respuesta frente a estos radicales debiera fortalecerse entonces no sólo desde los servicios de inteligencia, sino que por sobre cualquier cosa desde las estrategias de de-radicalización. Para ello, lo primero que debemos entender es que este problema no es religioso, sino que ideológico. Es más, es desde una tribuna supuestamente religiosa desde donde los ideólogos radicales conminan a sus soldados a perpetuar actos de violencia en nombre de una idea, generalmente política. El terrorismo sistemático en Oriente Medio opera de la misma forma. La violencia sectaria que atenta contra la vida de decenas de musulmanes de diversas etnias, todos los días, descansa en posiciones ideológicas, no religiosas. Recordemos esto cuando nos quieran convencer que sólo Europa sufre.

Si en una era nuclear el verdadero enemigo es la guerra en sí misma, en un contexto de radicalización, el verdadero enemigo es la sacralización de una idea que justifique la violencia y la muerte. Perseguir, combatir y eliminar a estos radicales no terminará con el problema fundamental. Perseguir y detener las ideas que alimentan a estos violentistas es un camino más certero. El gran problema es que este proceso es lento y, mientras se desarrolla, la facilidad con que el nacionalismo se fortalece es, al menos, preocupante. En suma, no podemos permitir que el miedo y la ansiedad nublen el juicio; esto es, en efecto, lo que los ideólogos del radicalismo esperan de nosotros. No por combatir a los soldados olvidémonos de los generales; no por combatir radicales olvidémonos de las ideas.

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Mejorar perfiles de selección y convenios de desempeño de directores de escuelas

La ley 20.501 de Calidad y Equidad de la educación promulgada el año 2011, estableció que los directores de establecimientos educacionales municipales deben ser elegidos con participación del Sistema de Alta Dirección Pública, basado en el mérito. La elaboración de las bases de estos concursos, que incluye perfil del postulante y convenio de desempeño, es responsabilidad de los municipios. Para apoyarlos en estas tareas, el MINEDUC y el Servicio Civil disponibilizaron modelos de perfiles y de convenios que permitan a los municipios contar con una orientación para realizar una tarea inédita en nuestro sistema escolar. Desde el Servicio Civil, hemos enfrentado esta tarea considerando las definiciones que se han dado en el marco de la Reforma Educacional en marcha, proceso que se verá reflejado en las convocatorias para la selección de Directores a partir del mes de agosto del presente año.

Tres han sido los elementos a considerar en la reformulación de los Perfiles de selección y Convenios de Desempeño, y que dan cuenta de los nuevos desafíos educativos para el Sistema Escolar en su conjunto: el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBD), los proyectos de ley de inclusión educativa y la orientación de que cada establecimiento defina su Proyecto Educativo Institucional.

El MBD generado desde el CPEIP en el año 2016 establece una serie de competencias requeridas para un buen director, considerando que la actual Reforma Educacional ha definido que la gestión de los líderes escolares requiere un foco fundamental en la calidad de los procesos que inciden en el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Un segundo elemento que incide en las nuevas orientaciones para el perfil, dice relación con la ley de Inclusión educativa. Esta, conlleva valiosos cambios en la forma de entender el funcionamiento de la comunidad escolar y los principios democráticos y participativos a la base de la reforma.

Un tercer término que requería nuevas directrices era el referido a plasmar en los perfiles, las competencias específicas que un líder debería demostrar en una comunidad en específico. Así, si bien el perfil se orienta por competencias generales que debería poseer cualquier director, es necesario que las mismas se anclen  en las particularidades de cada unidad escolar, con sus sueños, desafíos, historia y cultura comunitaria.

A la fecha, considerando la tarea de asesoría técnica que el Servicio Civil debe brindar a los municipios, se han realizado talleres de capacitación a una parte importante de las regiones de nuestro país, en coordinación con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Educación: 165 comunas han participado de los talleres regionales de capacitación llegando a un total de 287 equipos municipales capacitados para enfrentar los siguientes procesos de selección de Directores con las nuevas orientaciones.

Chile avanza cada día hacia una educación de mayor calidad y diversidad, por lo mismo, más compleja y desafiante. Esto nos obliga a hacernos cargo de ello, y seleccionar para nuestros establecimientos educativos mejores directores, considerando las particularidades de cada comunidad como una riqueza que se debe potenciar. De esta manera entendemos que el sistema de selección de directores está al servicio de los nuevos desafíos pedagógicos de la educación en Chile.

 

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