Óscar Contardo's Blog, page 100

Queens of the Stone Age: Don Diablo se ha escapado

Queens of the Stone Age. Se invoca su nombre cuando declaran en agonía al rock. El líder Josh Homme marcó distancia cuando The Strokes y The White Stripes representaban el último estertor masivo del género. El guitarrista que se niega a revelar la química de su sonido a revistas especializadas, comprende el pasado como la tinta para escribir el futuro -no para repetirlo-, la misma conclusión que hace medio siglo puso en práctica Jimmy Page. Homme se convirtió en referente. Iggy Pop lo convocó para Post Pop Depression (2016). Fue su mejor disco en décadas.

Villains carga una presión enorme como si nos tuviera que salvar de algo, la misma exigencia destemplada para Arcade Fire en su reciente retorno. Aún desestimando la expectativa desentonada, la síntesis de este séptimo álbum desilusiona si la esperanza ante cada título de QOTSA es la sorpresa y la confirmación indiscutida de su lugar como punto aparte en la oferta musical reinante. Hasta ahora su discografía está exenta de pasos en falso como anota al menos un par de obras con cartel de clásicos modernos incluyendo Rated R (2000) y Songs for the Deaf (2002), rock muscular y dúctil que puso en jaque los clichés de macho arraigados en la etiqueta.

El álbum persiste en la saludable tradición del conjunto por explorar alternativas, solo que ahora los resultados carecen de la inmediatez y la efectividad embriagante de antes. La entrega previa, … Like Clockwork (2013), mostró a un Homme vulnerable y pesimista, estado que supo traducir nítidamente en sus característicos riffs acorazados, narcóticos y cachondos. Ahora no queda particularmente clara la dirección del álbum vaticinado como bailable por la presencia del productor de moda Mark Ronson (Adele, Bruno Mars), sin que tal elemento subordine la obra.

Con lupa se advierte, a ratos, que los teclados ganan presencia contribuyendo a esos ambientes pastosos y siniestros rúbrica de QOTSA. Pero en una banda donde la guitarra protagoniza una buena parte del encanto, es la voz el centro de gravedad. Domesticated animals ejemplifica lo seguro que se siente Homme como cantante. Si bien es un intérprete que suaviza con ingenio la ruda naturaleza de su música, cuela una buena dosis de auto condescendencia en un largo y aburrido segmento de dibujo ramplón con la voz en primer plano.

Tras los nueve temas y sus 49 minutos sabes que estas canciones tienen equivalentes de mejor calidad en el catálogo de QOTSA. Hay decorados que lucen desgaste como esa insistencia por una textura radial del periodo de entre guerras y cadencia de vodevil que en clásicos como No One Knows funcionaban de maravilla, pero tres lustros después suena repetido.

Probablemente Villains resulte un éxito comercial por la presencia de Ronson. El británico define su sello en el single The Way You Used to do, instalando a estos rockeros duros bajo una bola de espejos. Kiss hizo algo parecido cuando lanzó I Was Made for Loving You (1979), una gran canción con la que vendieron como nunca mientras perdían reputación entre sus fans. Este caso no es así de dramático pero guarda ligera relación. Aunque la inquietante portada grafica la idea de Josh Homme observando la realidad con los ojos de un demonio, Villains no contiene el azufre de antaño.

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Implementación ley de cuotas: mirando el vaso medio lleno

El debut de la ley de cuotas parece estar resultando muy auspicioso a lo menos en su dimensión cuantitativa. En los hechos se cuadruplico el número de candidatas mujeres respecto de la elección de 2013. Si en esas últimas elecciones parlamentarias solo 100 mujeres postularon al Senado y la Cámara esta vez, en el plazo final para declarar candidaturas, los tres grandes bloques optaron por 421 mujeres para competir en las elecciones de noviembre próximo.

Como sabemos hasta ahora se elegían pocas mujeres al Congreso. Dado que no contábamos con una legislación que discriminara positivamente por sexo, en las siete elecciones legislativas entre 1990 y 2013 la mayor parte de los candidatos a senador y diputado fueron hombres. Según datos del Programa Electoral de la Universidad Central, las estadísticas muestran que en cada elección senatorial solo 10% del total de candidatos fueron mujeres, de las cuales solo 25% logró ser elegida. Asimismo, los datos muestran que en cada elección a la Cámara baja solo 15% del total de candidatos fueron mujeres, de las cuales solo 22% logró ser electa.

Las bajas tasas de éxito de candidatas mujeres se explica por el sistema político —además de los otros ámbitos de la sociedad— excesivamente favorable a los hombres que operó entre 1990 y 2014. Históricamente la gran mayoría de los cargos políticos, desde presidentes de partido a operadores electorales, han sido ocupados por hombres. Otras democracias han buscado a través de leyes de cuotas corregir en parte esta desventaja estructural, de modo de aumentar la cantidad de mujeres nominadas como candidatas, y en algunos casos asegurar una cierta porción de escaños para ellas. Con todo, la evidencia comparada nuestra que los parlamentos contemporáneos están integrados preponderantemente por representantes del género masculino, con las mujeres que superan muy raramente, solo en cinco países, todos del norte de Europa, el 30 %.

El cambio notable que comenzamos a observar ha sido sin embargo invisibilizado por ciertas voces que han puesto el acento en la mitad del vaso medio vacío. Esta crítica —legitima por cierto— se expresaría en el déficit de la dimensión cualitativa de la representatividad sociológica de la mujer. Se sostiene que los partidos solo habrían buscado dar cumplimiento al requisito de incorporar mujeres solo para formalmente cumplir con la llamada Ley de Cuotas. Como sabemos esta estipula que “de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo”. No obstante, sostienen los críticos que en la gran mayoría de los distritos y circunscripciones se privilegió nuevamente a candidatos hombres como las cartas fuertes por la vía de ubicarlos en posiciones priorizadas en las listas presentadas por los partidos y en la búsqueda de apoyos cruzados —en clave binominal— en las negociaciones buscando su blindaje.

Ciertamente, como en toda innovación de política pública —y esta reforma sin duda lo es— sus resultados e impactos no son inmediatos sino que toman tiempo, más aún cuando se trata de cambios culturales como éste que busca romper la profunda asimetría entre géneros.

Habrá que esperar a los resultados de los próximos comicios y al progresivo cambio en las prácticas para evaluar que tanto se avanza en este proceso lento de cambio estructural que por cierto no puede reducirse únicamente al espacio político. Lo cierto es que las elecciones obligaran a los partidos a rendir cuenta a los electores de lo que han hecho o bien omitido hacer, para confirmar en los hechos la validez de la teoría electoral de la representación que busca corregir la ley de cuotas.

 

 

 

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50 años de Gremialismo

Los distintos conflictos sociales y políticos que se generaron en la década de los 60 en nuestro país, generaron un clima de polarización ideológica que  penetró las diferentes esferas de nuestra sociedad. Dicho ambiente de demandas y enfrentamientos incluyó al mundo universitario a través del impulso de una reforma a la educación superior, que modificaba en forma importante el andamiaje y sentido de las universidades chilenas.  Aquel proceso tuvo como protagonistas, entre otros, a distintos miembros que fueron parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, lo cual implicó la proliferación de un campo político cargado de antagonismos dentro de esa casa de estudios que debe entenderse dentro del entorno macro político que se vivía por esos tiempos. En ese contexto, y con la intención de oponerse a la instrumentalización política de la Universidad y de los cuerpos intermedios en general, surgió el Movimiento Gremial, liderado por Jaime Guzmán hace ya más de 50 años.

A partir de la convicción de que el sentido de la Universidad no pertenece a ninguna ideología, sino que su fin es buscar el genuino conocimiento y la verdad, es que se desarrolló un proyecto organizado que defendió el carácter católico y científico de la UC.

Si bien su centro de gravedad práctica  estuvo en plantearse como oposición  al movimiento de reforma universitaria liderada por la izquierda, el Movimiento Gremial se sostenía en una doctrina que hunde sus raíces en una antropología que permite comprender el orden social y el rol del Estado.  Esto permite afirmar al gremialismo que las personas que integran las diversas organizaciones sociales, además de su cada vez más evidente diversidad y natural libertad, poseen en realidad un fin común, producto de una naturaleza substancial. Por lo mismo, la médula teórica que cubre a este movimiento -la subsidiaridad- guarda una estrecha relación con el bien común y con la necesidad humana de alcanzar la mayor perfección posible a través de la vida en sociedad, y no mediante el aislamiento de sus diversas partes individuales.

A cinco décadas de su creación, es innegable el avance de las tendencias que niegan los cimientos doctrinarios del Movimiento Gremial que nace en la Universidad Católica. Asistimos a un nuevo discurso que acusa la imposibilidad de concebir la sociedad como un proyecto esencialmente común, lo cual produce la fragmentación del bien y obstaculiza cada vez más los necesarios acuerdos políticos.

La defensa de sus ideas basales es la causa de la huella,  influencia y vigencia del gremialismo durante todos estos años. De este modo, el mayor desafío para los gremialistas debe estar en lograr trascender los patios de las universidades. Y es que los pilares que sostienen al gremialismo son perfectamente capaces de ordenar e impulsar nuevamente el sentido integrador de la vida social, en la medida que admite y reconoce roles de los distintos agentes e instituciones de la sociedad (ya sea papel de personas y cuerpos intermedios), sin ignorar sus libertades y la necesaria diversidad para una sociedad que da cuenta de nuevas valoraciones que antes no se encontraban en la esfera política y que pueden llegar a ser profundamente controversiales.

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50 años de la Reforma Agraria

Este año marca el aniversario número 50 de la Reforma Agraria de Eduardo Frei Montalva, uno de los fracasos más estrepitosos de nuestra historia. Algunos sectores políticos insisten en tratar de dibujar este proceso como un avance: como si la reforma hubiera difundido la propiedad de la tierra entre los chilenos y modernizado la agricultura nacional.  Nada más lejano a la realidad.

En primer lugar, si el objetivo de la reforma era crear 100.000 nuevos propietarios como lo decía en su mensaje el Presidente Frei Montalva, la adjudicación en propiedad no existió ni en su gobierno ni en el de Salvador Allende. Solo al 21 de mayo de 1970, según señaló el presidente Frei en su Mensaje al Congreso Pleno, se había expropiado una superficie de más de 3 millones de hectáreas y constituido 900 asentamientos campesinos, sin crear un solo nuevo propietario. Este ritmo de expropiación se radicalizó bajo el régimen de la Unidad Popular. En segundo término, la agricultura nacional no fue beneficiada y, por el contrario, la producción del sector cayó a sus mínimos históricos, la inversión en tecnología agrícola casi desapareció y ni siquiera fue capaz de abastecer el mercado nacional. Finalmente, y el mayor fracaso de todos, fue el llevar a Chile a una dinámica de enfrentamiento, al despojar a los ciudadanos de la propiedad y otros derechos, sin posibilidad alguna de evitar esta vulneración. La dinámica expropiatoria avanzó, no así la creación de propietarios.

Este último punto es sin lugar a duda la razón por la que la reforma agraria ha quedado grabada en la memoria histórica de Chile. La ley de Reforma Agraria tiene un claro origen en el sistema democrático, y desde una perspectiva formal no se puede calificar como no democrática. Pero nadie puede dudar que pasó a llevar derechos fundamentales, y tuvo un efecto digno de estudio en la destrucción de la institucionalidad democrática. Este proceso encarna el aforismo Summum ius summa iniuria: la aplicación de la ley al pie de letra puede convertirse en la máxima injusticia.

Ha transcurrido medio siglo sin que la Democracia Cristiana y los partidos de izquierda sean capaces de reconocer el fracaso de esta política pública.  La Reforma Agraria fue un campo de batalla: para los movimientos revolucionarios de izquierda que promovían una transformación en la propiedad agraria era una definición inexcusable, y las vías de hecho acompañaron las definiciones legales. Para la Democracia Cristiana era una forma de disputar a la izquierda la avanzada ideológica en la lucha por el gobierno. Chile debe evitar repetir procesos como éste, tan perjudiciales para nuestro desarrollo; muestra evidente de burocratización excesiva e ineficiente, de gasto público inútil y de vulneración de los derechos y libertades de los ciudadanos sin posibilidad de defensa alguna.

En la actualidad la Democracia Cristiana y parte de la izquierda impulsan desde el gobierno reformas en una lógica cercana a la antigua reforma agraria. Por su parte, el Frente Amplio levanta un discurso beligerante en contra de las libertades y derechos de las personas, lo que hace más necesario recordar la historia. Un sector político quiere borrar la historia reciente para volver a impulsar proyectos claramente ideologizados. Chile no puede darse el lujo de retroceder 50 años, es mucho lo que está en juego.

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¿Por qué es importante el Fondo de Infraestructura?

Un Fondo de Infraestructura (FI), como el que se ha propuesto por parte del gobierno a tramitación en el Parlamento, tiene por propósito generar condiciones para disminuir los riesgos de proyectos concesionables, sin comprometer la regla fiscal.

Uno de los principales factores de éxito de las diferentes generaciones de proyectos concesionados que, desde principio de los 90 hasta ahora se han licitado y adjudicado, es una adecuada distribución de riesgos entre el mandante, es decir, el Estado, y el concesionario. Los riesgos asumidos por el Estado,  como aquellos asociados a la demanda, al tipo de cambio y otros, han quedado registrados como contingencias en el presupuesto público. Esto quiere decir que, de producirse algún evento que comprometa estas garantías, el gobierno debe cubrir lo que le corresponda  con los recursos propios del presupuesto de la nación, lo cual compromete otros gastos de mayor actualidad y, probablemente, de mayor impacto. Esto, como corresponde, restringe el uso de garantías otorgadas por el Estado, limitando la posibilidad de aumentar la inversión privada en infraestructura pública.

Al crearse una empresa del Estado cuyo patrimonio esté constituido por Bienes Nacionales de Uso Público debidamente valorizados, de acuerdo a los flujos netos que se generan como consecuencia de su utilización (carreteras concesionadas que se relicitan), el Estado está en condiciones de localizar en esa entidad los riesgos contingentes de concesiones futuras, sin poner en cuestión el manejo del Presupuesto Público. El limite de  garantías que podrá otorgar estará condicionado  a la valoración que los acreedores hagan  del respaldo patrimonial con que cuente esta entidad y de los riesgos ya asumidos. Si el mandato otorgado a quienes asumen la responsabilidad de dirigir el Fondo es de generar utilidades, obviamente la precaución que deberán tomar son consecuentes con minimizar el riesgo de pérdida patrimonial y, por lo tanto, los bienes nacionales de uso público que constituyen su patrimonio, debiera estar bien cautelados.  En esto obviamente juega un rol muy importante el seguimiento que hagan de la utilización de este recurso los ministerios de Hacienda y Obras Públicas y los controles que pueda ejercer la Contraloría General de la República, sin poner en cuestión una gestión eficiente.

Contando con un instrumento de estas características será posible, por ejemplo, garantizar proyectos de mayor maduración que los que consiguen financiamiento actual en el mercado. Un caso que se ha utilizado como ejemplo es el despliegue de una red ferroviaria concesionada que le dé soporte a la infraestructura portuaria que el país requiere para seguir incrementando su capacidad competitiva. Es posible que esa red tenga una altísima rentabilidad, pero que sus flujos se vuelvan positivos después de los primeros 15 años. Son numerosos los proyectos  con retornos a tan largo plazo que hoy no cuentan con financiamiento y este mecanismo le daría una oportunidad la país de considerarlos en su portafolio de inversiones posible.

Otra justificación del FI podría ser la incorporación temprana de financiamiento institucional a proyectos concesionados. En la actualidad los fondos institucionales sólo compiten por entrar una vez que las obras de una concesión están terminadas. De contar con garantías que les aseguren una buena ejecución del proyecto, es posible que se dispongan de mejor forma a entrar en la fase temprana de las concesiones, aumentando la competencia en el financiamiento y, con ello, bajando las tasas de interés.

En consecuencia, la importancia del FI está asociada a la posibilidad de aumentar en forma significativa el financiamiento de proyectos de infraestructura pública, a ser materializada a través de concesiones u otras modalidades de asociación público privada, sin poner en riesgo la regla fiscal y, eventualmente, disminuyendo sus costos financieros. Con ello se amplía en forma manifiesta el espectro de los proyectos de infraestructura pública posibles de ser financiados por el sector privado. Esto deberá tener un impacto en el crecimiento, casi tan significativo como en su momento tuvo la Ley de Concesiones.

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Pensar más lento

Hace unos años, el psicólogo y Premio Nobel de Economía, Daniel Kahnemann, publicó un libro importante: Pensando Rápido y Pensando Lento. Su hipótesis es que hay dos maneras de pensar, una que es casi instantánea y que está dominada por emociones, prejuicios y valores. Es la que más usamos. Luego está el pensamiento lento, que apela a la evidencia y al razonamiento. Ella da origen a la ciencia y al pensamiento lógico. Los economistas hemos asumido que los agentes económicos, al tomar decisiones, utilizan esta segunda forma de pensar, racionalmente maximizando sus beneficios (ya sea en términos de bienestar subjetivo o de utilidades) sujeto a las restricciones presupuestarias que enfrentan.

El argumento de Kahnemann y de otros economistas conductuales es que, en la práctica, en las decisiones económicas predomina el pensamiento rápido.

Pero la intuición de Kahnemann tiene otras aplicaciones. En particular, aquí me interesan las que dicen relación con la política.

En Chile, así como en otros países, los políticos apelan al pensamiento rápido. Por supuesto, el pensamiento lento está presente en los programas que algunos candidatos (no todos) mandan a elaborar. Pero son pocos los ciudadanos que se dan el trabajo de leer, y menos aun de analizar, dichos programas. En las campañas se suele apelar más a los temores, las preferencias inconscientes, las emociones, y los prejuicios del electorado. Vuelan las descalificaciones y, por supuesto, la afirmación de las bondades del candidato fulano de tal. En la elección presidencial estadounidense de hace apenas siete meses, el ahora Presidente Trump apeló a la ira de quienes se han quedado a la vera del progreso económico, siendo su argumento principal que él mismo era el único que tenía la solución y que podía devolverles sus puestos de trabajo a quienes los habían perdido. En el Reino Unido, los temores a los supuestos males que acarrean los inmigrantes y la aversión a la tiranía de “Bruselas” le dieron el triunfo al Brexit. Movimientos populistas que no son capaces de cumplir sus promesas también han ganado elecciones en un sinnúmero de países.

¿Y en Chile? Enfrentamos una elección presidencial donde se nos presentan alternativas que también apelan a nuestros temores, ideales y frustraciones. Por una parte, unos utilizan la palabra “mercado” o “lucro” como un insulto, como si el Estado fuese la solución a todos nuestros males. Otros, que hay que echar pie atrás para dejar que operen mercados idealizados que distan mucho de los reales. Ni lo uno ni lo otro. Un mejor Estado y mejores mercados. Necesitamos un debate de ideas, no de consignas idealizadas o epítetos. Propongamos programas que apunten a lo que los chilenos quieren: mejorar sus condiciones de vida en democracia y con igualdad de oportunidades. Y hacerlo con medidas que pasen la prueba del análisis y el contraste con la evidencia de Chile y del mundo.

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Un muy buen programa

El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo más inclusivo de un país, un objetivo generalmente compartido en Chile. Está directamente asociado a la reducción de la pobreza (que en nuestro país aún afecta al menos a unos dos millones de personas) y permite el financiamiento de una buena red de protección social para la clase media. En las últimas décadas Chile ha crecido como pocos países, pero lamentablemente durante el actual gobierno esta situación se ha revertido dramáticamente.

Esta última preocupante situación indujo a un conjunto de gremios empresariales (Asoex, Acti, Asimet, Corporación de Bienes de Capital, y Asexma) a encargarle a un grupo transversal de muy distinguidos economistas y/o cientistas políticos vinculados a las universidades Adolfo Ibáñez, Católica, y de Chile (Manuel Agosín -decano y mi vecino columnista en La Tercera-, Claudio Agostini, Ignacio Briones -decano-, Guillermo Larraín -coautor de El Otro Modelo-, Verónica Mies, José Miguel Sánchez -decano-, y Raimundo Soto, coordinador del proyecto), una propuesta para lograr más y mejor crecimiento de largo plazo.

Después de seis meses de trabajo, el mencionado grupo de siete expertos ha entregado a la opinión pública un valioso trabajo, que incluye dos partes complementarias.

Una muy breve -pero esencial- resalta la importancia que tiene la confianza en el proceso de crecimiento económico. Aún a riesgo de sobre simplificar, los agentes -sean éstos personas o empresas- han ido perdiendo en Chile la confianza en que podrán recibir el fruto de sus esfuerzos, lo que desincentiva el ahorro, la inversión, la innovación y el trabajo, entre otras cosas. Los autores le atribuyen buena parte de esta falta de confianza a las instituciones públicas existentes, que se deben perfeccionar y modernizar para evitar su captura por grupos de interés, y apelan a la colaboración del sector privado en esa tarea.

En otras palabras, el informe señala que el objetivo debe ser la creación de un clima en que el actuar de todos los agentes, públicos y privados, sea visto como beneficioso para toda la sociedad, y en que los cambios institucionales -al contrario de lo que sucede en la actualidad- no sean percibidos como una amenaza, sino como una oportunidad de progreso para todos.

La otra parte del informe -la más extensa y concreta- propone una serie de medidas importantes para lograr lo anterior. Lo hacen a partir de lo que sugiere la teoría económica y los estudios existentes sobre nuestra realidad, teniendo como trasfondo una economía de mercado en que el Estado interviene para corregir fallas, si esto resulta costo-eficiente. No todos los economistas estarán de acuerdo con cada una de las medidas propuestas y una parte de ellas posiblemente sean políticamente incorrectas, pero si adoptadas, en su conjunto, permitirán lograr un mayor y mejor crecimiento en Chile.

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“Picardía políitica”

La reforma previsional del gobierno tiene múltiples aspectos positivos. En un contexto de creciente crispación social, representa un llamado a enfrentar la vejez, también, conjunta y solidariamente. Viabiliza el aumento de las cotizaciones previsionales, cuya necesidad es compartida por casi todos pero que aparece políticamente inviable por el rechazo de muchos a entregar mayores recursos a las AFP. Termina con una falla mayor y excepcional del sistema en cuanto no contemplaba un aporte patronal. Mejora las futuras pensiones de los trabajadores activos próximos a jubilar y las pensiones de los actuales pensionados de ingresos medios.

Aborda la discriminación de la mujer propia del sistema de capitalización individual al crear el bono mujer. Al incorporar al Estado termina con el monopolio de las AFP en el manejo de los ahorros de los chilenos e introduce la participación de los afiliados mejorando las regulaciones de las AFP que les permiten obtener rentabilidades absurdas.

Pone en serias dificultades a la oposición de derecha que había presentado ideas genéricas de reforma concentradas en una contribución patronal de 4 puntos sin introducir mejoras regulatorias al funcionamiento de las AFP dejando en evidencia acuerdos fundamentales con las posiciones sostenidas por esas entidades.

No obstante, desde que se presentó el proyecto, la discusión se centró en que según uno de los informes de productividad la medida podía generar una pérdida de 394 mil empleos. La propia Presidenta fue sorprendida con esta cifra la cual con razón rechazó. La cifra en cuestión aparece en el informe como una estimación para el caso de que el aumento de 5 puntos se realizara de una vez.

El Ministerio de Hacienda defendió la cifra como una muestra de transparencia y acusó a opositores e, incluso partidarios del gobierno, de haber hecho una interpretación abusiva de uno de los escenarios previstos en el informe.

Desde el punto de vista técnico, no tiene sentido tomar en cuenta un escenario que no está contemplado en el proyecto. Más grave es sin embargo, la explicación de que habría faltado “picardía política” pues denota incomprensión de los desafíos de gestión política. Todo el esfuerzo necesario para convencer a la ciudadanía de los beneficios del proyecto, para unificar las distintas visiones que existen en el país y en la propia coalición de gobierno, para inducir a la oposición a discutir un problema que les resulta difícil, para eludir los esfuerzos por torpedear la reforma y para hacer consistente la iniciativa con una visión de país, es reducido a “falta de picardía política”. Denota menosprecio por la política como el arte de lograr acuerdos en sociedades complejas con múltiples intereses y visiones del mundo. Aunque el ministro reconoce que se necesita “política y técnica” parece sugerir que lo político es un tema menor frente a la calidad técnica cuando la capacidad de estructurar mayorías es la única forma de resolución de las controversias. El debate político no es un debate académico (en su visión idealizada) pues están en juego intereses y pertenece a la naturaleza de la política el uso ( y hasta el abuso) de los errores del adversario.

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El necesario impulso a la investigación

Esta columna fue escrita junto a Christian Nicolai, Director ejecutivo de Conicyt.

Una de las etapas más inciertas en la carrera científica es sin duda el momento de la inserción como profesionales. Según cifras de la Primera Encuesta de Inserción de Investigadores, realizada por la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), entre un 56% y un 67% encuentra trabajo en menos de seis meses, pero el valioso conocimiento que traen los nuevos doctores no siempre parece seducir a quienes debieran “emplear” dicho saber. ¿Por qué resulta tan difícil la inserción?

Aunque Chile es el segundo país de Latinoamérica con más publicaciones en revistas científicas de calidad, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, nuestra sociedad aún no termina de incorporar a la ciencia como motor del desarrollo económico y social en sus distintos niveles. Esto explica por qué la academia parece ser la única opción laboral con que cuentan nuevos investigadores.

También explica la urgente necesidad de reformular el sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país, cambio que está representado en el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero la nueva cartera no llega sola, viene de la mano de una serie de iniciativas tendientes a dar respuesta a los problemas de inserción.

Conicyt acaba de presentar dos concursos que van en beneficio de científicos en etapa inicial. Uno de ellos, Subvención a la Instalación en la Academia, busca incorporarlos como investigadores en universidades, en igualdad de condiciones que sus pares, y velando por que cuenten con el máximo posible de tiempo para realizar sus estudios.

El segundo instrumento, Apoyo a la Formación de Redes Internacionales para Investigadores en Etapa Inicial, busca crear redes que permitan a estos profesionales generar nuevos lazos, medida que también apunta a su desarrollo profesional.

Estas nuevas convocatorias no son el primer esfuerzo que realiza Conicyt en aras de la inserción. El programa Fondecyt realiza el Concurso de Postdoctorado, también con miras a la incorporación de científicos en el ámbito académico, a través de su participación en grupos de investigación consolidados, iniciativa a la que se suma el Concurso de Proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación, que financia propuestas con 2 a 3 años de duración.

Otra estrategia clave es incorporar a nuevos doctores en grupos de investigación consolidados a nivel internacional, lo que es facilitado por las becas de postdoctorado en el extranjero que entrega el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado.

Además, gran parte de nuestros instrumentos, como el Concurso de Investigación Tecnológica en Minería y el de Investigación y Desarrollo en Acción IDeA, incluyen como requisito la incorporación de investigadores que hayan obtenido su doctorado hace no más de cinco años. Si bien todas estas iniciativas constituyen un avance, se requiere de una mayor participación de todas las áreas de nuestra sociedad para generar la sinergia necesaria entre ciencia y desarrollo. Esto no solo redundará oportunidades de trabajo para los científicos jóvenes, sino que contribuirá a pavimentar el camino de Chile hacia un enfoque basado en una industria del conocimiento y no en la mera explotación de los recursos naturales.

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El último golpe a la clase media

Hace exactamente cuatro años, en plena campaña, Michelle Bachelet anunció 50 medidas para sus primeros cien días. La gran promesa para la clase media y el adulto mayor, era mejorar las pensiones y crear una AFP estatal.

Ha pasado el periodo presidencial casi completo, la AFP estatal se archivó y la Comisión Bravo, creada el 2014, nunca llegó a acuerdo y sus propuestas se guardaron en un cajón desde septiembre de 2015. Recién hoy, nuevamente en campaña, el gobierno presentó su propuesta de pensiones. ¿Se trata, esta vez, de una propuesta pensada y seria o es un nuevo Hospital de Curepto, con objetivo únicamente electorales? Júzguelo usted mismo: el gobierno aumenta 5 puntos las cotizaciones con cargo al empleador. De ellos, el 40%  se quita al trabajador y se destina a una nueva entidad estatal llamada Consejo de Ahorro Colectivo.

La principal oferta de esta propuesta es un aumento de las pensiones en un 20%. ¿Es cierto? Definitivamente no. Muchos chilenos no recibirán nada, partiendo por los 600 mil chilenos más vulnerables que viven de una pensión básica de 120 mil pesos y que no recibirán ni un solo peso. Lo leyó bien: ni un solo peso.

Tampoco se aumentará la pensión al cerca de medio millón de chilenos pensionados del sistema antiguo y que están en el Pilar Solidario, ni a los trabajadores más jóvenes, quienes deberán aportar y no recibirán nada a cambio. A pesar de lo anterior, el gobierno defiende su reforma como “solidaria”.

Veamos si es cierto. Primero: la propuesta tiene un costo de 1.400 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto de este costo lo paga el Estado? Nada. Todo es pagado con la cotización del trabajador.

Segundo: ¿Serán los trabajadores de mayor ingreso, quienes más contribuyan para financiar la propuesta? Tampoco.

Aunque parezca el mundo al revés, el trabajador que menos gana, por ejemplo, pues percibe el sueldo mínimo, deberá contribuir proporcionalmente más que el gerente cuyo salario es veinte o treinta veces mayor, y que además tiene un tope imponible por el que no cotizará sobre el total. Tampoco aportarán los que no están en el sistema de AFP, aun cuando ganen más de los que si deberán aportar, ni los que reciban otras rentas, distintas a la remuneración y que generalmente son los  de mayores ingresos.

Tercero: ¿Es solidaria la propuesta a la hora de repartir los beneficios? Todo lo contrario. Con esta propuesta, el trabajador que ahorró para una pensión de 150 mil pesos, podrá recibir hasta 30 mil pesos de incremento; mientras que el ejecutivo que tiene una pensión de 3 millones de pesos, recibirá un incremento cuatro veces mayor. Y no nos olvidemos que el pensionado antiguo y aquel trabajador que no pudo ahorrar y que solo cuenta con la pensión básica solidaria, no recibirá nada.

¿Qué nuevo paradigma pretende imponernos el gobierno ahora, que al tiene más se le entrega más y al que tiene menos se le da menos?

El sesgo ideológico de la nueva mayoría es más fuerte. Se pretende crear una entidad estatal para que sea la única que administre los nuevos fondos, sin que el trabajador pueda elegir. Lo que no se dice es que este Consejo no será gratuito y cobrará al trabajador tanto y finalmente más que lo que hoy cobran algunas AFP. Se propone construir, entonces, un sistema más caro que el que hoy existe.

Finalmente, este mundo al revés del gobierno es más evidente cuando los propios creadores de la propuesta reconocen en el informe de productividad, que su “idea” podría terminar afectando hasta 400 mil puestos de trabajo,  lo que obviamente aumenta  las lagunas previsionales y bajan las pensiones.

Cuesta imaginar lo qué pasa por la cabeza de quienes diseñaron esta reforma. Es regresiva, injusta y poco solidaria. En mi opinión, esto ocurre, precisamente, cuando se legisla en forma improvisada, con fines electorales, por un gobierno de salida.

Chile necesita una reforma para aumentar las pensiones, pero hay que hacerla bien. Se trata de un cambio demasiado importante para una nueva improvisación del gobierno.

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